El asesinato de la ex Alcalde de Tiquicheo

por Salvador Mora Velázquez

Tiquicheo es un pueblo michoacano del oriente del estado que como municipio es clave porque está situado en una zona estratégica al colindar con Guerrero y el Estado de México, en donde la delincuencia organizada se ha convertido en un factor clave de inseguridad. Por eso, el pasado marzo de este año el gobierno federal, encabezado por el presidente de la República Felipe Calderón y el secretario general de la Defensa Nacional Guillermo Galván  pusieron en operaciones el 25 Regimiento de Caballería Motorizado. Con 600 hombres y 60 vehículos el regimiento dependerá de la zona militar 21 con lo que Michoacán se ha convertido en uno de los estados con mayor miembros del ejército emplazados, con ocho mil elementos castrenses.  En aquella ocasión, Felipe Calderón señaló que con la nueva instalación “estamos diciéndole a las y a los michoacanos que no están solos, que el Gobierno Federal, a través de las Fuerzas Armadas, está aquí para proteger a sus familias...” Incluso el secretario Galván indicó que el Ejército entraría en operaciones inmediatamente ya que la amenaza del crimen organizado atenta contra la paz , que no había sido una decisión unilateral que las autoridades estatales lo solicitaron, remató  la seguridad interior está amenazada.

El gobernador Fausto Vallejo apeló a la coordinación con el objetivo de hacer frente al combate frontal a la criminalidad. Estos tres actores, advirtieron de la inseguridad que enfrenta Michoacán, que enfrenta la población.

Sin embargo, el asesinato de la ex presidenta municipal, no acusa los cuidados preventivos que la acción militar se planteó cuando se propuso que el Campamento móvil del 25 Regimiento de Caballería se instaló en esa localidad. La respuesta militar en el estado, con la muerte de la militante perredista, es en el espacio micro regional, la misma historia que en la totalidad de la República Mexicana hoy determina un fenómeno del que no podemos escapar y nos lleva a hablar de la inexistente estrategia de prevención de la violencia a la que la población civil se ve expuesta en esta lucha frontal contra grupos delictivos que encuentran complejas formas para someter a las autoridades políticas, rebasar los controles y medidas que las fuerzas policiales y militares han establecido para mantener su “gramática del terror” y esta vez quitarle la vida a María Santos Gorrostieta. Presidenta municipal (de 2008-2011), en donde a raíz de su encargo recibió amenazas de grupos delincuenciales, antes de su asesinato sufrió dos atentos previos en uno de ellos asesinaron a su marido; el pasado 12 de noviembre fue plagiada, dos días después fue encontrado su cuerpo sin vida, las autoridades policiales del estado señalaron que la muerte de la ex alcaldesa fue por traumatismo craneoencefálico severo. No es la primera vez que asesinan a un presidente municipal el pasado noviembre de 2011, el alcalde panista de la Piedad Ricardo Guzmán fue asesinado a balazos, entonces el presidente de la República condenó el acto cobarde. Esta vez no hay noticias de alguna declaración, ni siquiera el gobierno del estado.

Los asesinatos de ambos políticos nos obligan a valorar que los protocolos de seguridad son exigüos porque no garantizan la protección de la vida y bienes, no blindan a la población de peligros subjetivos, no existe un ambiente de seguridad extendido que refiera a condiciones de comodidad y estabilidad personal, es decir de percibir una vida segura. También ambos ejemplos nos hablan de que la violencia se ha convertido en un factor que alcanza a los tres órdenes de gobierno. No sólo es el factor financiero, o la corrupción, los únicos factores que deben ser preocupación gubernamental, también es la seguridad subjetiva que está amenazada por la violencia cotidiana, que ni siquiera los regimientos móviles pueden detener o siquiera considerarse que con esta acciones se está generando un clima de protección de la población. Lejos de ser una ex presidenta municipal, el asesinato de una mujer más en México, debe hacer un llamado a órganos de defensa de Derechos Humanos, incluso hay que repensar si la exposición de los presidentes municipales a la violencia o amenaza del crimen organizado es con mucho producto a su trabajo próximo a la violencia de la que la población está “secuestrada”; es decir, así como las políticas ciudadanas nos ofrecen que es en el municipio el espacio para dinamizar la vida colectiva, es también un espacio –el municipio- que está amenazado por actores que de facto han doblegado a este orden de gobierno.

Por eso, ante una estrategia de seguridad en donde la estructura más endeble se ve expuesta a que las federalizadas sean exitosas quizá estaremos ante una recurrente déficit de seguridad ciudadana y subjetiva que no sólo afecta a un núcleo de actores sino amenaza al conjunto de la sociedad.

El acceso a la información pública: un asunto público pendiente en México

A partir de una revisión de la propuesta e iniciativa que ha presentado el presidente electo Enrique Peña Nieto en donde propone reformar varios artículos de la Constitución Política para dotar al IFAI de una serie de atribuciones que permitan su fortalecimiento nos enfrentamos a un escenario del que tenemos que poner atención en el argumento fundamental de la propuesta, la posibilidad de que el mayor órgano de acceso a la información adquiera su autonomía no tiene desperdicio. La serie de elementos complementarios que conforman la propuesta de iniciativa del presidente electo nos permite tener una idea de lo que implica el sistema de regulación del sistema de transparencia y rendición de cuentas que el nuevo gobierno federal tiene contemplado.

Destaquemos sus virtudes de la propuesta:

i) establece que el IFAI contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así también gozará de autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.

ii) se amplían sus competencias y atribuciones en materia de intervención en asuntos de los tres poderes de la federación, asimismo se convertirá en órgano de segunda instancia con el objetivo de que los ciudadanos puedan impugnar las resoluciones de los institutos estatales que en materia de acceso a la información y transparencia tengan las atribuciones correspondientes.

iii) se dota de un blindaje a las resoluciones del IFAI para que sus veredictos sean inatacables y definitivos

iv) se propone homogeneizar las leyes estatales en materia de acceso a la información y transparencia con las adecuaciones que la reforma federal establezca 

Hasta aquí las  propuestas de las posibles adecuaciones. A partir de la experiencia nacional con los órganos autónomos son espacios que se ven expuestos a un fenómeno de desaprobación de los actores políticos que se ven impactados con el fortalecimientos de estos órganos. Quizá por eso hay que evaluar con cierta preocupación que se mantenga que el Senado de la República se encargue de la nominación de los futuros comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información a propuesta del titular del Ejecutivo federal, el quid se encuentra en esos detalles que involucra la falta de consensos que si no se alcanzan el presidente de la República podrá nombrar directamente a los comisionados si después de las dos ocasiones en que se haga la respectiva propuesta esta no logra la mayoría. Desde esta perspectiva el cambio es un maquillaje para dotar al presidente de la capacidad para corregir las situaciones contrafácticas y de cierta manera este momento en el que el poder Ejecutivo tendrá la resolución final –insistimos si no existen acuerdos entre Senadores y Ejecutivo federal- es así que estamos ante una probable situación en la que la imposición de los futuros comisionados es una probabilidad.

A lo largo de su existencia el IFAI ha tenido que enfrentar momentos de confrontación con órganos pertenecientes al gobierno federal o estatal en los que su desempeño contingente, exige de una serie de reformas que le permitieran convertirse en el órgano garante de la transparencia que demanda un modelo democrático que pretende dotarse de un principio de publicitación que den sentido a la existencia de un gobierno abierto. Modelo que durante los dos sexenios que estuvieron bajo la influencia del Partido Acción Nacional nos ofrecen prácticas deficitarias que en el año 2010 con base al índice de presupuesto abierto tenemos que México se encuentra en un rango nada halagüeño en materia de transparencia presupuestal pues su nivel de desarrollo de políticas favorecedoras de rendición de cuentas lo ubican como un país que brinda “alguna información a sus ciudadanos” es así que sus niveles de desarrollo apenas rebasan los 50 puntos cuando la calificación más alta es 100. Para 2011 con base al informe del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal el país obtiene 45 puntos de 100 probables, enfrentamos un verdadero problema social, más que político con base a este tipo de evaluaciones.

Desde luego que la obligación para que las legislaturas locales sintonicen sus normas en materia de transparencia con los valores rectores de la Constitución federal que a partir de la posible modificación que propone la iniciativa de Enrique Peña Nieto no implica que en el plazo perentorio de un año que se propone para la adecuación estatal de las leyes esto ocurra, estas medidas no necesariamente garantizan este proceso de democratización que profundice en este proceso de autonomización de los órganos estatales. Ya que hay que dimensionar que el desempeño gubernamental tiene en las manos de los gobernadores a un actor político clave ya que el dominio que han hecho sobre sus espacios de influencia hace de ellos un lugar en el que se ha generado una feudalización de la política local. Prevenir que los órganos autónomos en materia de transparencia se vean expuestos a este avasallante control requerirá buscar que la nominación de los comisionados en el orden estatal no se vean expuestos a estos controles o manipulación de los gobernadores; de quienes se busca una sensibilidad para asumir que estos órganos autónomos son actores institucionales que como contrapesos políticos permiten dotar de una legitimidad de la que adolecen los gobiernos, de ahí que pensemos en un modelo de transparencia al que deberá garantizársele recursos en la proporción de su valor social que guarda.

Finalmente es importante reconocer que los veredictos sean inatacables y definitivos ya que al dotarlo de esta capacidad que aunado con la atribución o facultad para presentar controversias para observar leyes estatales coloca a este órgano autónomo en un nivel distinto de su desarrollo institucional. Es valioso advertir que instancias gubernamentales se verán observadas y obligadas de brindar información de esta manera estaremos ante un nuevo escenario que frene acciones de omisión como las que el Sistema de Administración Tributaria realizó al negar información sobre los nombres de personas físicas o morales a quienes se les canceló créditos por un monto de 73 mil 960 millones de pesos en el año 2007. En dicha controversia entre el SAT y el IFAI, la Suprema Corte resolvió a favor del SAT a pesar de que asumimos que el principio de máxima publicidad que establece la Constitución Política en el artículo 6º  garantizaba este derecho y obligación de que toda información pública debe estar abierta y a revisión de la sociedad.

Es también oportuno colocar el tema de lo local como preocupación en un modelo de transparencia y rendición de cuentas los controles sobre los poderes formales tienen en organismos como los órganos de trasparencia estatal espacios que si se garantiza su autonomía se gana en calidad de la vida institucional y democrática del país en la que se requiere de la corresponsabilidad en la materia ya que de nada sirve un trabajo del que no se reconoce su valor e importancia. Por ejemplo el IFAI en su informe presenta datos relevantes de su trabajo de 2004 a 2011, ha presentado 77 denuncias por incumplimiento 18 ante las contralorías que tienen competencia en materia de transparencia 59 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública de las que 21 casos están en trámite y 36 al no encontrar elementos para acreditar responsabilidad de los servidores públicos fueron desechados. Ante este panorama dotarle de capacidades de ejecución al IFAI en sus veredictos es un aporte del que lejos de celebrar tenemos que reconocer pendientes ya que las evaluaciones nacionales traen aparejadas contradicciones la existencia de un modelo de transparencia en el que los sujetos obligados se comportan de manera distinta ante un mismo marco regulatorio dependiendo del tipo de información que se solicita, el organismo público así como el estado de la República en que se hace la solicitud, esta característica hace que el sistema de transparencia sea asimétrico tal y como el CIDE lo ha expuesto. Es así que la calidad de la información que se brinda al ciudadano no es materia ni motivo de sanción o de mecanismos de verificación de quien la solicita. Esta situación obliga a plantear tres retos futuros para México:

a) los órganos autónomos que tienen competencia en materia de transparencia deben fortalecerse y romper cualquiera de los vínculos de relación con los gobiernos estatales o federales, incluyendo la nominación de sus comisionados. Dichos nombramientos quizás deban recurrir a un modelo de terna como ocurre con la nominación de los magistrados de la Suprema Corte de la Nación; b) establecer un proyecto de transparencia y rendición de cuentas que se plantee mecanismos de verificación ciudadana de la información que se publicita, los criterios de máxima publicidad debe ir regulados éticamente por acciones en los que impere la calidad de la información brindada, bajo escenarios en los que las nuevas tecnologías son parte de esta condición de plena accesabilidad y de información clara y efectiva que no debe escapar como criterio factible a seguir y, c) incentivar una sociabilización que favorezca un impulso de una cultura de la transparencia como principio democrático de confianza y certidumbre democrática. Esto son los pendientes inmediatos.

Cinco problemas transversales que determinan el narcotráfico en México

SALVADOR MORA VELÁZQUEZ

Dos son las observaciones que se pueden hacer mención con respecto al caso de los miembros de la embajada norteamericana que fueron heridos en la población cercana de Xalatlaco, estado de México, el pasado 24 de agosto. El estratégico papel que viene desempeñando la Marina mexicana en el combate al narcotráfico , función que ha sido avalada por el presidente de la República quien ha colocado su confianza en este actor. La siguiente línea de consideración lo representa la llegada del embajador Anthony Wayne quien trajo como agregado militar a un ex miembro de la tropa de élite del ejército norteamericano quien además tiene experiencia en lucha contra el terrorismo, es así que el contraalmirante Colin Kilrain se ha convertido en el punto clave para entender la relevancia y preocupación que representa México para el gobierno norteamericano.

No sólo es importante advertir la confianza que el presidente Felipe Calderón tiene en la Marina mexicana, también el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su aprobación al papel que han desempeñado, hay múltiples ejemplos de los que podemos echar mano para mostrar el agrado que manifiesta la administración de Obama con las acciones exitosas realizadas por la Marina mexicana en el combate al narcotráfico. Señalamos lo anterior a partir de que el propio ex embajador norteamericano Carlos Pascual señaló en 2010 que se capacitaba a cinco mil 500 efectivos de la Policía Federal y a cuerpos de élite del Ejército y la Marina, con un costo que alcanzaba para 2011 los 21 mil 700 millones de pesos. Los llamados “donativos” han permitido el entrenamiento del cuerpo de seguridad mexicano en materias que van desde se encuentran International Narcotics Control and Law Enforcement (Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley); Foreign Military Financing (Financiamiento Militar en el Extranjero); Counter-Terrorism Financing (Asistencia de Lucha contra el Terrorismo), y Export Control and Border Security (Control de Exportaciones y Seguridad de las Fronteras).

Bajo este escenario la Iniciativa Mérida, que al interior del gobierno mexicano se entiende como un nuevo paradigma para enfrentar el combate al crimen organizado, para Estados Unidos ha significado un pequeño avance tal y como lo ha expuesto Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, en febrero pasado durante la conferencia de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. De esta manera hay que reconocer que el gobierno norteamericano reconoce avances pero no significativos, pues existen contingencias, errores tácticos donde existe un apresurado momento político que busca que los logros trasciendan la esfera policial o militar para situarse como éxitos de la administración de Felipe Calderón que buscaban impactar positivamente en su desempeño gubernamental, el caso de la aprehensión del presunto hijo del Chapo Guzmán es uno de ellos, Jesús Alfredo Salazar “alfredillo” supuestamente fue detenido en Zapopan en junio pasado incluso existieron felicitaciones por parte de la DEA, sin embargo la PGR negó que el boletín se confirmara positivamente,  la Secretaría de Marina y el gobierno federal tuvieron que revertir el carácter festivo de la detención,  al final se convirtió esta acción militar en un elemento más de los errores que el gobierno federal tuvo que absorber y asumir como costo en la campaña electoral federal del pasado julio.

En suma, las acciones militares han tenido en la DEA un gran aliado y quien ayuda en los operativos, desde esa lógica se establecen operativos que han permitido que al cártel que ocupa la plaza cercana al lugar de los hechos ocurridos el viernes, se le haya dado uno de los golpes más duros que se pueda tener noticia en el sexenio de Felipe Calderón, en diciembre de 2009 la muerte de Arturo Beltrán Leyva y los múltiples ataques han permitido que ese grupo delictivo sea el más combatido en el sexenio y donde las acciones militares tienen un mayor éxito. De hecho una de las hipótesis que empieza a circular señala que los miembros de la embajada estaban realizando actividades encubiertas que pretendían conformar la estrategia de combate contra el cártel del Pacífico Sur.

Desde esta sintética revisión entender lo que ha ocurrido en Xalatlaco, nos obliga a preguntarnos ¿qué actividad encubierta estaban efectuando los miembros de la embajada norteamericana?¿quién y cómo se establecen los acuerdos de cooperación internacional entre México y en especialmente con Estados Unidos?¿sabía la permanente del Congreso de las acciones encubiertas?

Finalmente como lo establece el interesante artículo de Zósimo Camacho en Contralínea del pasado 5 de agosto, el documento Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada, que surge en diciembre de 2006 como el proyecto de política pública que Felipe Calderón se planteó para atacar el crimen organizado, nos invita a entender sus acciones de las que nos interesa entender cómo entendió el presente gobierno federal la cooperación internacional con Estados Unidos y que le permitiera la resolución del narco, es así que se asume que la cooperación internacional como una acción de responsabilidad compartida podría ofrecer resultados exitosos, sin embargo entendemos que esta responsabilidad compartida que se plantea entre las naciones que viven el problema no es una acción suficiente ya que retomando las tesis de Norberto Emmerich(2009) la lucha contra el narcotráfico y las políticas de seguridad deben considerar que para entender el narcotráfico se requiere definir cinco problemas que transversalmente redefinen las agendas internas de los países involucrados, lo que implica es que no es un problema de soberanía o de jurisdicciones lo que resuelve o hace viable los acuerdos internacionales, el narcotráfico como fenómeno social nos invita a situarlo en cinco ejes:

a) el narcotráfico no es un asunto sólo de seguridad si no también es político

b) el narcotráfico ase debe valorar no sólo bajo el esquema del impacto económico que representa si no es también un actor político

c) el narcotráfico es un problema global que en el ámbito nacional aprovecha las condiciones estructurales del país donde se asienta para determinar su territorialización y expansión geográfica y financiera bajo esquemas de acumulación de capital

d) el narcotráfico por su propia estructura tiene la capacidad de concentrar en sus manos los diversos tentáculos del crimen, siendo el gran articulador del crimen en amplios espacios del territorio, de esta manera tenemos que valorar el papel que ha jugado su intensificación y expansión en actividades que lógicamente estaban fuera de su influencia, es decir su ingreso a actividades como son giros negros, la búsqueda de contar con casinos, el tráfico de personas, la búsqueda de las bolsas que reparte la lotería nacional como objetivo para lavar dinero, el financiamiento de campañas electorales,  son mecanismos de su brazo financiero, ejecutor;

e) el narcotráfico por su propia lógica de reproducción rebasa las capacidades de las políticas de seguridad Emmerich(2009:11-12), lo que provoca es el congelamiento de las decisiones gubernamentales vía los programas o políticas públicas implementadas ya que la relación ley- policía- justicia- prisión son modelos que no contienen o limitan el avance e impacto que esta actividad ilegal tiene en la vida social.

La visibilidad y su capacidad camaleónica de encontrar en esferas distintas a las dominantes a su actividad criminal el narcotráfico supera la capacidad de decisión y de combate por la propia lógica que tiene la reproducción de la administración gubernamental, des esta manera la política “apela a la excepción” como forma de reproducción es ahí que la decisión se convierte en el mecanismo de respuesta siempre en un déficit de información o de lectura correcta, la acción gubernamental se traduce en prácticas reactivas, que buscan corregir, las prácticas disruptivas es el sello de su capacidad de acción en el terreno público. Es así que el resultado del combate al narcotráfico se reduzca a atrapar a pequeños distribuidores, operadores, como la gran acción de los gobiernos, con mucho posibilitado por que esos personajes detenidos se mueven en los espacios territoriales y del crimen atentatorio del orden social, es decir su visibilidad permite subordinar los programas de seguridad acciones reactivas de desestructuración más no de prevención o de buscar atacar con mayor eficiencia las finanzas del narcotráfico quien poco a poco ha logrado convertirse en una rama de la actividad económica de cualquiera de las naciones que se ven expuestas a sus tentáculos.

Ciudad Universitaria a 28 de agosto de 2012

---

Rumbo a la definición…

Rumbo a la definición…

El pequeño hombrecito

Veo la foto y la falda de su esposa no reposa enjuta al cuerpo, el porte marcial de un secretario que maneja una dicción inadecuada es lo primero que recuerdo de su mensaje para condenar el ataque terrorista en Monterrey, "un hecho ominoso que atentó contra la vida de gentes...", así califica un crimen que desafía las estructuras de los tres órdenes de gobierno mexicano. No es Monterrey, es el Estado mexicano, es el gobierno constitucional de Nuevo León, es el municipio de Monterrey a quienes se amenaza, incluso el análisis de un expresidente considera que -en una lectura sesgada- estos actos obligan a buscar acuerdos, pactos, "con el narco". Volver al narco un interlocutor con el Estado es una de las propuestas que de ser ciertas nos obligan a considerar que las estructuras político-administrativas se encuentran rebasadas. Pero no se piensa en la restitución del espacio social como medida gubernamental. El pequeño hombre que ha declarado desde un punto lejano, al lugar donde ha ocurrido la catástrofe, tres días de luto nacional no claudica en su empeño de pensar que la violencia no estatal se contiene, se aniquila desde acciones bélicas, por eso convoca a su cuerpo de élite -policía federal- a ocupar el territorio de Monterrey, de la misma forma como lo implementó para el caso de Ciudad Juárez. Son comisionados a la nueva zona de guerra 3000 efectivos.

Mientras tanto el nuevo rostro del político estatal, el gobernador constitucional de Nuevo León va más lejos, no sólo declara luto en el estado si no “los días 25 al 27 de agosto de cada año” se izará la bandera nacional a media asta en señal de duelo. No hay porque regatear la solidaridad pero, no es un atentado ajeno a las condiciones cotidianas que vive el país, sí es un momento complejo el que vive Nuevo León mas las víctimas siguen apareciendo cada día, hay un apocalipsis que renueva su fuerza y horror, ayer fue el bar “nuevo sabino gordo” donde murieron 16 personas, hoy es el casino Royale. Los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas en agosto de 2010, ¿no merecen ser reconocidos con la misma sensibilidad política?

Otra ciudad norteña del país ocupada bajo ejes no de prevención si no de reacción, el enemigo nos dice la lógica lleva mano. Somos rehenes de enanos, de la gramática de la violencia como único medio de relación, por ende es una relación desigual, en donde el más grande no necesariamente triunfa, porque los otros el enemigo se trasmuta, se mimetiza, se parece a mi, a ti, a otros. Quizá en este argumento encontremos una pequeña respuesta al empecinamiento en el discurso de la guerra, el gobierno da palos de ciego al no reconocer al criminal si se enmascara con un rostro ciudadano.

El pequeño hombre apela a la fuerza, incluso indaga -al menos en su discurso- en los oscuros propósitos y alcances de estos criminales, pero no dice, no ofrece una respuesta hasta dónde y qué estatura tiene como político para dar respuesta no al conflicto que él en otrora señaló desconocer, hoy lo sabe quizá, pero no en su justa proporción porque hay que agregar las fosas clandestinas con cuerpos de mexicanos, de migrantes, de seres humanos que a lo largo de la frontera se han venido descubriendo, los colgados, los descabezados, los sin nombre, los que caen como víctimas colaterales, los huérfanos de una guerra desigual, porque las víctimas potenciales son los civiles, estamos a doble fuego. Sí porque los criminales a la población civil le exigen cuotas para seguir desarrollando una economía de subsistencia como en Neza donde a la señora que vende quesadillas le piden cuota, por ende la línea de investigación que se reconoce como parte del crimen perpetrado en el casino en Monterrey no quiere de mucha indagación, volvemos sobre una política delictiva que nos ofrece lo que ya sabemos, lo que queremos saber no lo que verdaderamente ocurre. Incluso somete al escrutinio público -a pesar de que lo negara el gobernador constitucional y el secretario de Gobernación como posible investigación- la indagación judicial del cohecho para otorgar el permiso para la apertura de un casino que no cumplía con las reglas básicas de protección civil. Como siempre las líneas secundarias se vuelven más relevantes -el amarillismo o dentro de lo rojo lo más rojo- se vuelve noticia. ¿Qué es más importante frente al acto terrorista, la corrupción o dar cauce a las investigaciones que lleven a detener a los responsables de este crimen?

Es una duda no inocente, los medios también son corresponsables, la corrupción no es un asunto unilateral, involucra un amplio espectro social, no es que favorezcamos un tema si no el orden de posibles respuestas nos obliga a que intentemos encontrar a los responsables, que condenemos un crimen que lesiona nuestra calidad de vida -nadie puede vivir con el miedo en los hombros-, habitar requiere reocupar el espacio de discusión, criticar y condenar las situaciones de tensión y violencia vengan desde el Estado o desde el círculo del crimen organizado.

La foto sigue presente el pequeño hombre tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia el frente, sobresale entre la mujer y los hombres que participan en la ceremonia luctuosa una corona de gran dimensión, atrás como escenario faústico las ruinas de un lugar al que protección civil le otorgó el aval para funcionar como un proyecto de una empresa de sanitarios y azulejo. El abogado, representante de las empresas Conexiones y Mangueras y Entertainment Enterprises of Mexico dueñas del casino, deslinda de la tragedia a sus representados, el motivo: “la empresa no dio lugar a esos hechos, no es su responsabilidad”, suponemos que el no contar con salidas de emergencia no es parte de las acciones preventivas y de seguridad que debe brindar una empresa de entretenimiento a sus asiduos visitantes, por eso se atreve a declarar esta argucia legal. lo que es claro es que los permisos para operar no están, no los presenta la empresa, l incendio no dejó nada “sin quemar”.

Las víctimas, nos negamos a considerarlos como muertos, ascienden a más de 61 seres humanos que forman parte de los daños colaterales de una guerra que se ha focalizado en acciones unilaterales, el otro tentáculo apenas asoma la cabeza de lo que esconde un proyecto político que lo consumió la ambición y la soberbia; la corrupción hoy forma parte de las posibles explicaciones para que el número de seres humanos calcinados sea de tal proporción.

La foto no miente sobran palabras de la magnitud del crimen perpetrado en un par de minutos en un horario en que la sociedad está despierta, la seguridad está vulnerada, no hay temor del delincuente por ser reconocido, la luz del día dejo de significar un manto protector para el ciudadano común, el Estado vive un ocaso, nuestro hombre pequeño lo veo en la foto y es más pequeño todavía, su discurso es irrelevante ante más de 42000 muertos que el país arrastra desde que asumió la presidencia de la República. Esa tarde había viento.

La decisión del Tribunal: los candados a los partidos en el Df

El 21 de diciembre de 2010 entró en vigor el nuevo Código Electoral para el Distrito Federal en el que se reguló –aumentando- de manera más estricta los requisitos para constituir un partido político. Los elementos que se consideraron involucran el aumento en el número de afiliados al pasar de .5% de la Lista nominal a alcanzar el 2% de la lista en cada una de las 16 demarcaciones del país.

Como requisitos el artículo 214 del Código –Ley Ebrard- el Tribunal fue considerado excesivo, dicha resolución se dio a petición de que el Partido Revolucionario solicitó una acción de inconstitucionalidad con número 2/2011. La exposición de motivos puede valorarse en dos ángulos básicamente: a) la que guía Arturo Saldivar quien planteó su posición bajo un argumento que podemos resumir como parte de las reflexiones dominantes en los discursos académicos ante la crítica de la democracia representativa y propiamente ante la partidocracia, pues asume el ministro Saldivar que se exceden los requisitos para la creación de partidos políticos. Es decir, si vemos el tema desde la partidocracia, el sistema electoral ha tratado de cerrar el sistema de partidos a fuerzas políticas dominantes. Esta práctica que el partido gobernante del Distrito Federal implementó y que el Jefe de Gobierno avaló se toman como prácticas antidemocráticas, ya que el sistema de partidos a la larga se vuelve esclerótico al no estar abierto a las nuevas correlaciones políticas que la sociedad vive. Incluso podemos hablar que esta ley electoral olvida que los partidos políticos mexicanos contemporáneos se consolidaron en los últimos treinta años, gracias a que el sistema electoral fue sensible a esta apertura, por eso podemos decir que como código que regula la vida electoral y política de la ciudad capital del país ha sido un la Ley regresiva. excesivo que inhibe y complica en exceso la posibilidad de creación de nuevos partidos políticos”.

El segundo argumento que ha estado presente en la decisión del tribunal el 6 de junio de 2011 gira entorno de una crítica visión sobre la Ley misma, por eso el inciso b) hay que apelar a los efectos mecánicos que el sistema electoral provocaría, Fernando Franco González Salas señaló que tal disposición provocaría acciones contradictorias ya que habría delegaciones en que el 2% de afiliados llegaría a 28 mil ciudadanos y mientras en otra sólo alcanzaría mil 700 ciudadanos, este criterio bastaba para que en un hipotético caso un partido que no lograra en una demarcación delegacional el mínimo solicitado por la ley electoral no obtuviera el registro, así lo signó Guillermo Ortiz Mayagoitia. Por ende negar el registro a una agrupación política en un universo de más de siete millones era una acción factible de ocurrir si este grupo de ciudadanos no cumplían con un trabajo político en las dieciséis delegaciones. Un ejemplo de este trabajo concentrado en una demarcación lo representó René Arce y Víctor Hugo Círigo, quienes a su salida del Partido de la Revolución Democrática, han buscado capitalizar su dominancia en el escenario público-político de Iztapalapa. Sin duda no es un triunfo sólo para estos actores, ni para el PRI quien ha sido el demandante, al final es la democracia representativa y propiamente los ciudadanos del DF quienes encuentran en la decisión del Tribunal a un órgano garante que ha hecho valer el derecho ciudadano a determinar la vigencia de los partidos políticos.

¿Acuerdo en Michoacán?

Cuando la violencia se convierte en un factor de cohesión los partidos políticos se alían, buscan protegerse, incluso generan acuerdos contra la violencia, y finalmente señalan culpables por fuera del sistema político. Rechazan la violencia para ratificar la política, sí, aquella en que partidos tienen el monopolio de la representación, por eso quizá asumen que como emisarios de la democracia, como pro hombres democráticos pueden-deben omitir el espíritu democrático en que el voto determina al triunfador en una elección. Su determinación no es ajena a situaciones o respuestas de las que el modelo político mexicano es proclive a ejecutar, en 1994 año en que derivado del alzamiento zapatista en Chiapas los candidatos presidenciales y los dirigentes de los partidos políticos firmaron el Acuerdo por la paz, la justicia y la democracia, sometiendo el ejercicio de religitimación política a un entorno meramente electoral.

Los problemas sociales desde esta dimensión, están diluidos, los espacios de expresión y propiamente las acciones no son reconocidas, fuera de la esfera electoral.

Esta observación sobre las prácticas públicas de la clase política para encontrar respuestas a la emergencia social (bien puede decirse inestabilidad) que vive el país, se resume en una frase: los actores resuelven un problema de legitimidad de origen como un asunto transicional. Se invierte la ecuación de los componentes consensuales que dieron existencia a las instituciones del sistema político mexicano cuando los partidos asumen que bajo acuerdos interpartidistas se puede resolver la selección y nominación de un gobernante, porque si advertimos que un gobierno representativo se conforma bajo el principio de consentimiento del mando, al presentar su oferta de candidato así como la agenda posible de gobierno, todo partido en competencia no asume que existe una contradicción en el seno de la democracia ya que no necesariamente el político nominado para competir por el cargo público en disputa emana del pueblo sino responde al interés y principios políticos que definen a la organización política. Ante ello, ¿qué argumento permite que el partido político acuerde con otra fuerza política quién y cómo se debe competir por un cargo público?

Si se privilegia este procedimiento estamos ante el fortalecimiento de un nuevo modelo de selección político, de un plumazo en el estado de Michoacán, con base en argumentos que no corresponden a una clase política capacitada para leer los hechos sociales que hoy determinan situaciones extraordinarias a la cotidiana realidad que hasta ayer México vivía, asumen que es posible adoptar un procedimiento oligárquico-representativo con lo que se violenta el marco democrático representativo.

El modelo democrático-representativo tiene a los partidos nominando candidatos y en una competencia abierta exponen ante los electores sus proyectos y programas políticos con el ánimo de allegarse su preferencia y su voto. Mientras tanto el modelo oligárquico-representativo tiene a los partidos como actores que nominan y anterior al proceso deciden al futuro triunfador, dejando fuera de este ejercicio el principio original de la democracia que se constituye a partir de que al ser una elección individual, es decir en la que cada voto representa la intención de un ciudadano se anima un principio de certeza y fiabilidad en las elecciones y por tanto en el gobierno que de este proceso emane. Sin embargo, al ser oligárquica la selección e identificando a los partidos como los actores responsables de este ejercicio tenemos que advertir una contradicción de la representación, pues se parte que representar implica proponer y por ende se da implícitamente un consentimiento a que el gobernante surge de este derecho que los partidos se arrogan inmanente a su acción pública. Derivado de lo anterior podemos problematizar esta situación si consideramos la siguiente pregunta ¿qué pasa política y procedimentalmente si el candidato que por consenso se ha designado no satisface a la sociedad? Como podrá verse la pregunta es un post más que un ante por ende la pregunta no afirma el problema de origen, ¿dónde los partidos fundamentan que la nominación del futuro gobernador puede ser consensual y que sea por encima de las preferencias de la ciudadanía?

Otro problema es la advertencia que proviene del propio sistema de partidos en la que el espectro ideológico es una variable determinante para juzgar negativamente una alianza del tipo que se pretende conformar en Michoacán, ya que la izquierda y la derecha e incluso el partido que hoy funge como centro en nada comparten principios, políticas o programas, mucho menos estrategias que permitan resolver los diversos problemas que en el citado estado hoy vive recurrentemente. Automáticamente se traduce en una alianza o acuerdo anti natura que no se resuelve su contradicción de origen (ideológica) considerando que el programa de gobierno será sensible a las demandas ciudadanas, ya que la experiencia inmediata que hemos tenido con las alianzas es la falta de mecanismos para rendir cuentas cuando el gobernador aliancista coloca a miembros de su familia en cargos públicos (Guerrero), cuando la capacidad de negociación es nula para resolver problemas que aquejan a la entidad en cuestiones educativas (Oaxaca), cuando los problemas de violencia aquejan y disminuyen la capacidad de acción del gobierno y la respuesta gubernamental se reduce a limitar la reproducción de narco corridos o en el caso extremo prohibir las minifaldas (Sinaloa), en suma administrativamente o políticamente un acuerdo no es una acción garante para que un gobierno sea eficiente, dotándose de las herramientas para que lo políticamente deseable sea administrativamente factible.

Por ende, una coalición de partidos que piensa en el Pacto de la Moncloa como mecanismo de solución de un problema sociológico, no político como fue la transición española es desconocer que la solución requiere un gobierno fincado en la sociedad, en el que los partidos son sólo unos agentes mediadores que posibilitan transformaciones legales, políticas y culturales para cimentar una sociedad basada en valores democráticos.

NUEVO LIBRO!!!

NUEVO LIBRO

Discutamos México, X Historia de Estados y Municipios 64.- El federalism...

¿QUIÉN ES ARELY GOMEZ?

El nombramiento de los tres consejeros electorales del IFE que se ha venido posponiendo desde el 30 de octubre de 2010 nos impone una evaluación que rebase las posturas que semejan pronósticos o quiniela que los partidos políticos han manifestado al presentar a sus “favoritos” para ocupar estos importantes espacios.

El perfil del candidato no es suficiente para determinar su inclusión pero tampoco es de poca monta desdeñarlo ya que se puede derivar que su desempeño o posicionamiento se ve influido por la carrera que este miembro ha tenido en su desarrollo profesional vinculado o con cierta relación a alguna de las fuerzas políticas que los nominan. Esta relación candidatos-partidos políticos nos expone a un fenómeno en el que los cargos en el Instituto Federal Electoral son entendidos como un “botín” en el que el partido mayoritario en la Cámara de Diputados lleva mano en la selección y propuesta.

La Junta de Coordinación Política como órgano encargado de lograr el acuerdo que permita la nominación de los tres nuevos miembros para el Consejo General del IFE tiene el reto de lograr que haya unanimidad en la decisión evitando rupturas que provoquen de nueva cuenta un déficit de confianza que los partidos transmitan al árbitro electoral.

Sin embargo, los legisladores encargados de esta encomienda parece que no guardan memoria del accidentado proceso de nominación del año 2003 donde vía el mayoriteo PAN-PRI excluyeron al PRD de la nominación e integración del entonces nuevo Consejo General, hoy (abril de 2011) nos exponemos a que ocurra un escenario semejante si el PRI como partido mayoritario no deja fuera argumentos negativos que se oponen a buscar el mayor consenso en la designación de estos miembros que por lo demás han sido pospuestos desde hace casi seis meses.

Por eso el perfil cobra relevancia pues los partidos están en su derecho de vetar candidatos que abiertamente son proclives a que en su potencial desempeño como consejeros manifiestan sesgos políticos que repercuten en el desempeño de las actividades del órgano electoral. La principal observación la formulamos con base a que el Instituto se expone a ejercer un parcializado trabajo si sus miembros no son actores con capacidad de independizarse de los partidos que los han propuesto, el daño inicia hacia el Instituto en la falta de confianza que los partidos pueden manifestar ante el trabajo electoral, prosiguiendo con los ciudadanos quienes mantienen una posición que ha sido difícil de superar después del proceso electoral de 2006. Es menester contar con un árbitro confiable para los actores en competencia y para el ciudadano.

La propuesta de Arely Gómez resulta contradictoria si entendemos que el Partido de la Revolución Democrática la avala ya que cuando fue nombrada como nueva titular de la FEPADE en el año de 2007 y posterior a su renuncia aplaudió su salida de este espacio, el motivo que expuso Jesús Ortega fue que Arely Gómez y propiamente la Fiscalia no atendía “con eficacia y prontitud las quejas” . Este partido al día de hoy avala a una cercana protagonista pro gubernamental que estuvo involucrada en el desafuero de López Obrador e incluso en los video escándalos al lado del entonces presidente de la Suprema Corte de la Nación del Poder Judicial Federal, Mariano Azuela, pues fungía como secretaria de la presidencia y luego como oficial mayor en ese espacio judicial. Arely Gómez es hermana de Leopoldo Gómez alto directivo de Televisa y cadena de televisión que ha mostrado un denodado esfuerzo por demeritar el papel de los partidos así como del propio Instituto, Jenaro Villamil ha propuesto que este simple vínculo filial la ubica como una funcionaria cercana a este monopolio y quien al mismo tiempo es parte de la estrategia del proyecto Televisa Enrique Peña Nieto para –como dice Fermín Alejandro García columnista de la Jornada de oriente-, ganar las elecciones presidenciales de 2012.

A lo largo del último trienio del gobierno de Felipe Calderón 2009-2012 hemos visto un activo papel de las televisoras para atacar al árbitro electoral ya que ha ejecutado acciones legales que han implicado cobros millonarios por su antitético papel con la difusión de los spots electorales al que están mandatados por la ley electoral a transmitir. Por esta otra razón Arely Gómez debe verse como una candidata de la que se tienen que presentar severas dudas sobre su autonomía e independencia para manejarse en un cargo de tal envergadura.

Sin embargo, como hemos señalado tal parece que la memoria de los partidos es corta, ya desde octubre de 2010 la ex fiscal de la FEPADE era la propuesta del PAN y PRI pero no así del PRD quien ha mantenido a Emilio Álvarez Icaza como su propuesta pero que al sumarlo como la propuesta del grupo opositor minoritario compuesto por el PAN, PRD, Convergencia lo expone a no ser seleccionado, ya que si hay algo seguro debido al lugar de preferencia que han manifestado los dos grupos más fuertes en la Cámara de Diputados Arely Gómez se ubica como la más sólida candidata. El PAN y el PRD la han colocado en su primera preferencia seguida de David Gómez y de Emilio Álvarez Icaza, mientras tanto el PRI y PVEM la colocan en la segunda posición por detrás de Enriqueta Ochoa y precedida de Cecilia Tapia.

Cuidar al IFE es un objetivo que los partidos tal parece que no asumen, por lo que la decisión entorno del nombramiento de los próximos consejeros se ve expuesta a ser rehén del proceso electoral venidero en donde se juega más que la permanencia del PAN en la presidencia sino la posible victoria del PRI con un entorno favorecido por apoyos en diversos ámbitos de influencia en el escenario electoral.

La Jornada: Llama el Ifai a revalorar las bondades de la transparencia

La Jornada: Llama el Ifai a revalorar las bondades de la transparencia La redefinición de lo público como un asunto que debe federalizrse, un factor clave para la democratización del país.

La Jornada en Internet: Ratifica TEPJF multa de IFE por 113.5 mdp a Tv Azteca

La Jornada en Internet: Ratifica TEPJF multa de IFE por 113.5 mdp a Tv Azteca

Una nota clave del papel que ha jugado este medio de comunicación como un actor opuesto a la democracia.