La política de la violencia de Calderón

El 10% de la población civil que ha fallecido o ha sufrido un daño irreparable además de la crítica situación que se vive en poblados municipios y estados de la república derivado del temor que se vive por este ambiente de violencia generalizada que no es necesario confirmar que es causada por los constantes enfrentamientos que se han suscitado entre el crimen organizado y militares o policía federal.

Señalamos de manera contundente que es el 10% de la población conforme a lo expresado por el presidente de la República quien pareciera reafirmar lo dicho por sus empleados, quienes han declarado de manera recurrente que las muertes de personas inocentes son “daños colaterales”.

Lo que hace distinta la declaración del titular del Poder Ejecutivo es su evasiva respuesta que no asume una total responsabilidad sobre los ciudadanos quienes sin ningún vínculo o relación directa con el crimen organizado sufren pérdidas irreparables de las que el presidente sólo se atreve a pronunciar que lo lamenta, pero “son los menos”. Esta vaguedad en el número y estúpida respuesta que ofrece para justificar las acciones del gobierno federal para continuar con su proyecto de militarización del país, nos debe invitar a pensar en un hombre lleno de poder que asegura el éxito de su guerra, tan sólo porque él cree que va consiguiendo golpes sobre pequeños o mandos medios de entre los líderes del narcotráfico. Mientras tanto los grandes capos siguen expresando su poder y la capacidad de fuerza en cada uno de los rincones del país, en donde el ejército o la policía no se encuentran debido a su capacidad de reacción o a que es nula su presencia. Múltiples ejemplos de esta situación hoy son parte de las noticias y del vox populi, para muestra sólo algunos casos: pueblos que son tomados por narcotraficantes, jóvenes que son asesinados en reuniones, cadáveres de niños encontrados en Cuernavaca a causa, presumiblemente, del crimen organizado.

En las declaraciones del presidente aún hay más, pues como hemos tratado de mostrar, no sólo trata las muertes de estos mexicanos (de todas las edades) como un asunto nimio, de poca monta porque su “gobierno ha dado fuertes golpes al narco”. No es cuestión de enfoques, lo que ocurre entorno de una mala política que trata de contener los efectos y daños que ha causado el crimen organizado. Es un problema de fondo, que debe buscar sus orígenes en la poca o nula capacidad del gobierno federal para contener los tentáculos del crimen en las múltiples esferas de las actividades económicas, sociales y políticas, pues la llamada “guerra” que ha venido desarrollando contra el narco es inefectiva derivado a que no ha podido limitar sus capacidades económicas, las cuales están intactas, veáse el importante comercio que circunda en el entorno del narco con un solo objetivo lavar los recursos provenientes de su actividad ilícita. La ineficiente capacidad para lograr una serie de disposiciones legales que permitan afectar sus propiedades, sus recursos monetarios.

En el ámbito social debe repensarse las propuestas legislativas entorno de prohibir los corridos porque son una apología del narco, veamos adecuadamente el fenómeno social hoy en día tenemos que observar que las generaciones de mexicanos posteriores a la década de 1970, nacieron reconociendo esta música como parte del repertorio de sus grupos favoritos, no es ajeno a su vida diaria. Más que estar en contra de los efectos que la música puede causar pensemos en la función social que cumple y no en el factor nocivo que puede representar. El corrido (la música) es parte de los medios de información conque la sociedad de recursos escasos se conforma una opinión, se informa de un mundo que ha atado su desarrollo cotidiano en la actividad política a la corrupción, a acuerdos y recompensas que atentan contra el interés colectivo.

La nula eficacia del gobierno federal también se deriva de políticas preventivas que no han buscado incorporar a los estados de la República dentro de un proyecto integral, por el contrario ven a sus cuerpos de seguridad pública como parte de sus enemigos, y en forma opuesta los actores locales ven a los miembros de las policías federales y militares como una suma de actores de los que hay que recelar porque en su trabajo poco aseado les dejan una labor titánica: recomponer la imagen de la justicia, reparar las condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana (resarcir los efectos que sobre el tejido social se han provocado), devolver el nivel de confianza y de identidad entre los habitantes, quitar esa zaga de odio y frustración que ha hecho que el crimen también lo utilice como discurso para captar miembros.

Por ello, hay que redimensionar una función ética del Estado a partir de políticas que reviertan las condiciones excluyentes de un proyecto de nación unidimensional en el que Felipe Calderón ha creído al establecer su guerra contra el narco. Un error de consecuencias difíciles de advertir para la permanencia del PAN en el poder, porque la capacidad del equipo del presidente para que desde esta serie de resultados derivados de la política de fuerza que ha venido promoviendo pueda obtener la aprobación del conjunto de la población, y que esto signifique un futuro triunfo electoral es cosa de difícil asidero con los datos con que hoy se cuentan, pues en la evaluación de abril de Consulta Mitofsky Felipe Calderón alcanza un nivel de aprobación de tan sólo el 53% de los encuestados. El resultado de la encuesta no sólo se basa en su imagen sino en su capacidad política, en su trabajo diario, en los aciertos de sus decisiones. La opinión de la población cuenta y no sólo los discursos que buscan revertir el daño que la política emprendida posterior al viraje de timón que ejecutó y que dejó en el olvido su discurso a favor del pleno empleo.

La realidad sigue confirmando los errores de sus políticas, incluso lo han reconocido sus propios miembros del gabinete, cuando al publicar las cifras oficiales de la guerra contra el narco los 22, 000 muertos son incluso mayores a aquellos datos que la prensa venía manejando.

EL INCAPAZ GOBIERNO

Y cuando lo cuentan asumen que es verdad, que el país puede estar peor sin ellos. Que el trabajo realizado es impecable que la tasa de crecimiento pudo ser peor si el exitoso equipo económico no estuviera ahí. Pero… ¿esto es verdad? El México del 2009 se encuentra en una espiral de ingobernabilidad que coloca el tema de la inseguridad como un problema de Estado. Por eso hoy se empieza a discutir con mayor fuerza la tesis del “Estado fallido”, reconociendo que el país está en un voladero.

 

Las declaraciones de las fuerzas armadas reconociendo que el combate al narcotráfico los pone en una situación crítica pues la capacidad de reacción es rápidamente superada por el crimen organizado debido al tipo y “calidad” del armamento con que se enfrenta. Si a esta contradictoria situación donde la fuerza del Estado es puesta a prueba y es rebasada por poderes fácticos no podemos esperar que el combate al narco pueda ser una estrategia que ha sido eficaz.

 

El país está inmerso entonces en un proceso permanente de desestabilización que inicia en el descontrol que el presidente de la República tiene sobre su gabinete, y prosigue con estrategias en las que prima acciones coyunturales que pretenden mostrar que tenemos un gobierno en arduo trabajo, cuando la realidad nos dice que no es así. Ahí tenemos el caso del yacimiento petrolero de Chicontepec, proyecto petrolero del que ya se tenía previsto su desarrollo desde el año 2006. Que hoy en día se recoja como novedad, sólo es para olvidar el rotundo fracaso de su propuesta de reforma petrolera que costó 221 millones de pesos tan sólo en publicidad.

 

No hay una estrategia ni proyecto gubernamental, contamos con un ineficiente gobierno, esa es la realidad. Pasamos de un plumazo de la riqueza en el fondo del mar a la riqueza de Chicontepec, no es un problema geográfico o geológico, lo que creemos es que no hay un proyecto político.

 

Los problemas del país se minimizan, por ejemplo la secretaria de relaciones Exteriores nos dice que la violencia se reduce a tres estados de la República como si estos fueran espacios territoriales pertenecientes a otra latitud geográfica y no, como lo es, a parte del territorio nacional. En fin suponemos que la lógica de nuestros gobernantes se reduce a creer que como la violencia ocurre fuera de mi patio o el de mis amigos entonces no nos corresponde atender el hecho como un problema que ha venido profundizándose a lo largo y ancho de todo el país.

 

 

 

 

EL ESTADO FALLIDO

Los territorios perdidos del Estado podría titularse el capítulo de la violencia en México pues como hemos venido señalando en artículos pasados, la inoperancia de los programas contra la inseguridad al ponerlos a prueba, han mostrado su fracaso, con lo que tenemos frente a nosotros una crisis de la función y capacidad de gestión del Estado como categoría. El fin del Estado como medio para la consecución de fines específicos como es el cuidado y la defensa de la propiedad privada, así como la defensa y protección de la vida de los integrantes de la comunidad política requiere de un análisis más profundo para observar las débiles redes de legitimidad y de apoyo con que cuenta. 

Una de las tesis más socorridas para ver esta pérdida de legitimidad y por ende de apoyo social ha sido el proyecto económico que la clase gobernante ha operado para lograr los niveles óptimos de equilibrio, esto ha traído como consecuencia que se valore que el Estado se ha desentendido de su responsabilidad social en tanto cuerpo intermediario de las relaciones colectivas; es decir, la falta de solidaridad social, de certidumbre en el individuo en cuanto a la materialización de sus expectativas de vida han sido fracturadas producto a que los proyectos de empleo y bienestar individual han sido anulados ante la falta de políticas sociales con programas universales que doten de servicios de bienestar al conjunto de la sociedad. 

 

Las causas pueden ser muchas pero destaco la ineficiente política para constituir proyectos productivos que doten de empleo al creciente número de población trabajadora que se incorpora a la índice de población en edad para laborar. Ante el poco número de población económicamente activa que se vuelve cautiva del fisco tenemos un insostenible marco de prestaciones sociales, así ante un Estado poco imaginativo para captar los recursos suficientes para implementar programas sociales universales se construye un escenario crítico ampliamente receptivo para un desequilibrio social que deriva en un malestar individual lo cual impacta en el ámbito de las instituciones, en esos valores que conforman la identidad y pertenencia a ese mismo Estado que hoy se desentiende de la función social inmediata para el sostenimiento de la idea social. 

Por eso, cuando apelan a la unidad nacional, los actores que podemos definir como parte de la política formal, ante eventos tan devastadores como el acto de terrorismo que sufrió la ciudad de Morelia no tenemos que detenernos en un programa coyuntural y de corto alcance para evaluar la utilidad del Estado, consideramos que este fenómeno de retroceso del Estado de asuntos sociales, económicos e incluso políticos ya advertían del peligro de este peligro. Advertimos que los grupos que miran al Estado como su enemigo perciben su debilidad porque compran a sus integrantes los someten a sus proyectos de manera sencilla porque tienen hambre, porque en el interior de la sociedad no encuentran el espacio adecuado para un desarrollo integral. Encuentran apoyo, recuérdese al narco regalando material para reconstruir una comunidad en algún estado de la República después de haber sufrido un evento metereológico, esto es la percepción social para soportar la presencia de estos poderes fácticos no se resuelve con denuncias sino al mismo tiempo debemos evaluar con quien vamos a llenar los espacios vacíos de apoyo, recursos, protección. No estamos hablando de que los poderes fácticos brindan bienestar, no lo creemos, consideramos simplemente que cuando el Estado se retiró aparecieron espectros que utilizaron a este sujeto depauperado -de valores, de expectativas- para sus intereses, para sus proyectos, lo que construyó una red de complicidad no social, si no más bien basada en el solapamiento. Esto ha sido producto de, volvemos a señalar, que el Estado no prosiguió su función primordial como ya lo hemos mencionado, ahora que adolece incluso de fuerza para contener la violencia recarga aun más en la sociedad para allegarse de apoyo para defender a la propia sociedad. ¡Qué contradicción! 

Haciendo un sumario histórico, el Estado se retiró del mercado, de la política corrió al ciudadano, se exento de su obligación social para dotar de un plan de bienestar a la sociedad en su conjunto mediante programas educativos incluyentes  garantizadores de la diversidad pluricultural del país, de programas de empleo que permitieran un nivel de vida considerado como aceptable, de un plan de salud y de vivienda finalmente; hoy el Estado es inoperante para generar protección, ampliar el manto de seguridad pues es incapaz de ampliar el principio de la ley como herramienta para generalizar nuestro orden y vida colectiva. 

Así el narcoterrorismo es heredero de este fenómeno que por lo menos vivimos desde hace veinte años en que se han profundizado la desigualdad social entre los mexicanos de una política amoralizada que ha adoptado los mismos códigos de la mafia, aceptando sus recursos, de un gobierno que se comporta como una clase política ajena a los problemas de corrupción, extorsión, contrabando; esto es, cuando desaparecen los valores de la política, cuando se elimina el código ético del orden social, cuando se pierde la capacidad de asombro ante los crímenes estamos ante un Estado ineficiente, ante una clase política sin capacidad para lograr que su debilidad se convierta en fortaleza el país sufre como lo dice Samuel González un Estado fallido.

EL DÍA MÁS VIOLENTO

El día más violento en la República mexicana  no sólo nos dice que el proyecto y estrategia de seguridad implementado por el Gobierno federal ha fallado si no que ha sido inoperante, también nos presenta ante los medios de comunicación a funcionarios públicos que resuelven las duras preguntas de los reporteros con argumentos tan simples que parecen desinteresados, pensar que la muerte de estas 48 personas 24 de ellas con una edad de entre 25 y 35 años nos habla de un asunto no menor, la violencia cada vez alcanza a población más joven. Esta tan evidente demostración empírica nos permite una reflexión que agudiza y pone atención sobre la función de los gobiernos para prevenir la violencia como código de interacción, la violencia como método de desarticulación social no sólo representa un problema para los índices policiacos, nos sitúa en que la justicia en México lucha contra un actor escondido bajo la piel de una sociedad en descomposición. Pero al mismo tiempo nos muestra el difícil mundo al que se enfrenta la población joven de México. La inoperancia de programas sociales de una integral política de empleo e incluso de un proyecto educativo nacional nos ofrece un cuadro crítico en la cual la salud del país se ve diezmada. Sobre todo cuando nuestro médico preventivo se encuentra inmerso en esta espiral de violencia. Por ejemplo veamos las declaraciones de García Luna quien señala que todas la policías están infiltradas por el crimen organizado, o que en casos en concreto nos enfrentamos que un agente federal está involucrado y posiblemente es señalado como un miembro más de la banda que secuestró y asesinó al joven de la familia Martí. Tanto de un bando como de otro hay hombres y mujeres que sin menoscabar su condición son mexicanos, ¿qué ha ocurrido para que los hoy delincuentes hayan hecho una vida por fuera de los marcos de convivencia que la institución del Estado ha proveído para todos?, ¿cuál es la capacidad para enfrentar este poder fáctico que puede disponer de la vida de seres humanos en plena luz del día?, ¿dónde está la acción integral de nuestra policía?, ¿cómo debemos entender los acuerdos de seguridad en los que nuestros gobernantes se desviven en reuniones que son poco productivas? Ahí queda para la historia este día viernes 12 de septiembre de 2008 como el día en que la ineficacia de los gobiernos representó la jornada en que México se quedó sin una institución formal que le garantizara sus derechos y libertades.

LA VIOLENCIA NUESTRA DE TODOS LOS DÍAS

“La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles”
Élmer Mendoza

El medio ambiente nacional presenta a la sociedad una permanente violencia que se generaliza en los distintos ámbitos del desarrollo individual de las personas, no asombre que hoy, de acuerdo a datos otorgados por el INEGI, los niños menores de 15 años consuman 7500 escenas de crímenes, que como parte de los contenidos de la televisión algo tendría que hacer la instancia gubernamental encargada de regular los contenidos televisivos.
Asimismo, la violencia ha representado un viejo debate en el que se pone a consideración, si la violencia genera más violencia, no es de suponer que tendremos una respuesta absoluta que valide tal idea, pero si consideremos el tema como parte de un problema que nos empieza a circundar en cada uno de los espacios de la vida colectiva.
Es decir, el problema está cuando evaluamos que esta exposición a la violencia provoca una alta receptividad a estos sucesos, forman parte de nuestra cotidianidad, así la tolerancia que se va cimentando en el sujeto a este ambiente crítico, también determina que desaparezca la capacidad de asombro y al mismo tiempo provoque que no exista un rechazo absoluto a esta situación anómala que socialmente afecta al conjunto de los miembros que integran a la comunidad. El nuevo espacio de convivencia trae consigo nuevas gramáticas, que constituyen espacios determinados por una cultura que favorece el crimen, el terrorismo, estados de emergencia, militarización.
Un mundo citadino y rural que se determina por un lenguaje que avizora el sometimiento y la coacción, asuntos que nos hablan de un regreso a discursos autoritarios en el que la ley del más fuerte fuerza la conducta y norma espacios de excepción en el que se constituyen espacios territoriales donde las falencias de la ley permiten la violación no sólo de derechos sociales, sino de derechos humanos y políticos, así como los llamados derechos individuales se ven trastocados, pues la garantía de libre tránsito se ve altamente impactada al no existir las garantías necesarias para que las actividades ordinarias de los múltiples sectores que integran a la sociedad puedan realizarse, así cualquier actividad que crean conveniente estos sectores acometer en el espacio de la calle, de la ciudad, es difícil llevarla a cabo, producto de estos fenómenos inestables de los que el gobierno tanto federal y estatal son incapaces de encontrar soluciones eficaces.
Cuando referimos a este ambiente de violencia, atendemos a una situación en la que el tratamiento de este tema, ha extendido sus tiempos de transmisión en los programas de noticias, sin duda es un asunto que no puede ser soslayado, el periódico La Jornada y El Universal han mostrado que el fenómeno se ha desbordado, ambas publicaciones hacen hincapié en que la generalizada violencia es producto de la inadecuada estrategia de combate al crimen organizado. Es de suma preocupación que en lo que va del mandato de Felipe Calderón (18 meses), han habido 4044 ejecuciones en el país, es decir un promedio de 7.6 muertos cada 24 horas, sean muertos inocentes o delincuentes, las acciones gubernamentales no generan el consenso necesario para este tipo de acciones, sin duda no es con más violencia como cederá este fenómeno social.
Pues, mientras ocurren estos crímenes, los desplegados aparecidos en puentes y zonas de ciudades como Culiacán, advierten de que esta espiral continuará presente, al mismo tiempo las denuncias de corrupción o de colaboraciones entre gobierno y grupos delincuenciales que aparecen en esos desplegados, no es un asunto menor, por lo que hay que estar alerta, para esperar una respuesta que aclare si esos mensajes son falsos. La búsqueda de solidaridad a las campañas contra el crimen requiere de la mayor transparencia y de una publicitación de las estrategias que el gobierno instrumente para ese fin.
Nada justifica que poblaciones enteras vivan secuestradas o víctimas del terror de las redes que grupos del crimen organizado han creado en municipios del norte del país. Un aviso claro de que las estrategias gubernamentales de silenciosamente militarizar regiones está fallando, es que los crímenes siguen ocurriendo, junto con los enfrentamientos en los que los criminales están mejor armados que los cuerpos habilitados para la protección de la sociedad. Son focos rojos, de los que no sólo necesitamos declaraciones del Procurador Medina Mora señalando que vamos ganando la batalla al narco, también requerimos de las estrategias de prevención, de proyectos que sean soluciones integrales para limitar el espacio de la violencia.Una más, los proyectos de recuperación de los espacios públicos no sólo requiere de acciones en el que se busca que la población asuma como suyos los sitios recuperados, se requiere de las garantías de que los principios que regulan una convivencia democrática primen con sus normas las relaciones que se realicen en su interior. Para ello, el gobierno no sólo tiene que pensar que la guerra contra el crimen organizado requiere que la lucha sea en varios frentes con el objetivo de restituir la civilidad y la paz en los espacios que han sido penetrados por la violencia, sino también se requiere de un pleno Estado de derecho como garante de la sociedad misma, es decir una plena sociabilización de los valores de tolerancia, igualdad, libertad, valores que regeneren el tejido social.