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miércoles, 5 de abril de 2017

Algunas notas sobre élites

La elección del análisis del reclutamiento tiene como consideración una dimensión sociológica donde se toman en cuenta elementos como son el origen social así como el tipo de relaciones y posiciones sociales que los legitiman generando entorno de los líderes un capital social sustantivo para su mantenimiento y consolidación política, lo anterior implica reconocer en qué medida su posición social así como su desempeño público permite consolidar la reputación pública que se va conformando desde su  ingreso y que se va fortaleciendo a partir de un proceso de movilidad de la carrera política que eligen.
La forma de profesionalización de la vida pública de los funcionarios electos como designados se convierte en un tema de estudio a partir de que en el siglo XX los procesos de modernización política trajeron la incorporación de grupos políticos profesionales quienes ya habían desarrollado competencias y habilidades técnicas. Lo importante es destacar que los estudios del reclutamiento buscan encontrar cuales son los mecanismos de adscripción política que se implementan al interior del sistema político para incorporar y producir a las élites políticas.
Desde esta perspectiva el estudio de las élites políticas y propiamente el proceso de reclutamiento político debe considerar la comunidad de ubicación como un elemento determinante en la primera fase de formación de los líderes, en el caso estudiado estamos hablando de funcionarios designados y electos, pues están en un ambiente de compartir los mismos eventos y datos. Conformados como grupos que mantienen las estructuras sociales y definir políticas, por eso las élites políticas son actores que junto con el sistema político, las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos determinan el cómo accede a un cargo dirigente un individuo.
De ahí que se diga que el reclutamiento político se define como el proceso por el que los individuos acceden a los puestos. Los procedimientos pueden ser formales o informales. La diferencia de ambas reglas se determina por factores de ingeniería constitucional o lo que es lo mismo, por elementos determinados por la política convencional. Destaquemos por ejemplo las leyes y reglamentos así como en la Constitución, marcos normativos que exponen el mecanismo como se desarrolla la selección de los candidatos así como la forma de participación de la ciudadanía. Asimismo, es necesario identificar que el propio sistema político presidencial establece como base de sus características quién y ante qué autoridad los miembros de los gabinetes son responsables, en una especie de selección dirigida el presidente goza de esta prerrogativa que hace funcional y estable al régimen.
Esto es si tomamos que una de las características del sistema presidencial es que la designación de los miembros de la Administración Pública por lo menos en los cuadros dirigentes son designaciones que provienen desde el Ejecutivo tenemos que reconocer que el proceso de selección por lo menos hasta el gobierno de Ernesto Zedillo tuvo en la universidad en el centro de reclutamiento, muy por encima del partido o el electorado. Asimismo no podemos desconocer que el presidente establece un trabajo de selección a partir de su experiencia personal de ahí que haya diversos círculos de donde puede conformar su proceso de reclutamiento.

Hay casos que podemos reconocer como sui generis debido a que su carrera política-pública al desarrollarse en el interior de secretarías de despacho, cargos técnicos o asesores, establecen vínculos con figuras ambiciosas que les abren un espacio en el terreno de la política, espacio al que se van interesando de manera más activa hasta que escalan importantes posiciones en la burocracia gubernamental. A partir de lo anteriormente expuesto podemos reconocer que un estudio sobre el reclutamiento de élites trata de mostrar cuales han sido los centros de reclutamiento más socorridos por la clase política y ver los cambios o mutaciones de este proceso selectivo.
La élite política como grupo mantiene una estructura de dominación entorno de una coalición dominante que mantiene un control y poder de decisión por encima de otros miembros de la élite. Así definida la élite entorno de su función de acción y a su contingente capacidad de inclusión. Esto es no hay una cohesión tal que pueda identificar a la élite como un grupo homogéneo, por el contrario en su interior existen grupos que manifiestan intereses y una diversidad de posiciones lo que vuelve a nuestro objeto de estudio en una red complicada de aprehender.
Realizar la distinción del concepto de élite  del de clase política es determinante pues nos permite situar las características y mecanismos de interacción así como espacios de interacción y de influencia, pues mientras a la clase política “… pertenecen todos los políticos en la medida en que participan de la estructura de privilegios…”[1], mientras que las élites se subdividen en económicas, culturales y de los medios de comunicación, además de la política. Incluso podemos ubicar que su elemento distintivo es la posibilidad de la cooperación con otras élites de otros ámbitos para lograr respuestas eficientes a los problemas con que se enfrenta la actividad política.

     



[1] Klaus von Beyme, La clase política en el Estado de partidos, España, Alianza Editorial, 1995, p. 30

jueves, 2 de marzo de 2017

Los movimientos sociales en el contexto democrático y la garantía de la libertad de expresión

El momento de la democracia acompaña al nacimiento del nuevo movimiento social, con agendas que reflejan nuevas circunstancias sociales , incluso las formas de interacción implican intercambios y relaciones en los que podemos considerar que a mayor democracia la diversidad posibilita que se logren una serie de confluencias de partidos políticos, grupos de poder, presión y movimientos sociales. Bajo lo anterior consideramos que no debe ni creemos que una agenda altamente democratizada evapora la presencia de movimientos sociales. Por el contrario, entendemos que debemos atender las contingencias de la política representativa como factor que permite que el atributo de desempeño que un movimiento social manifiesta a partir de “... redes que pueden incluir organizaciones formales o no, dependiendo de las circunstancias...” (Della Porta y Diani, 2011: 48) le permite al MS superar la crisis de representación de intereses, a partir de una interacción directa con el tomador de decisiones: el gobierno.
De ahí que nos interese analizar qué ocurre y cómo se desarrolla esta relación en un contexto de confrontación política. Para ello retomamos las categorías analíticas de Tilly en torno del tema de la violencia, represión política, coerción, incluso identificamos la existencia de los profesionales de la violencia,  quienes en un contexto de régimen neoliberal determinan formas de acción que lesionan un modelo democrático.
Desde luego no desconocemos que en el contexto de la protesta hay tres tipos de acciones que puede realizar un gobierno a decir se destaca: acciones prescritas (adhesión a través de ceremonias de lealtad); toleradas (cuando no afectan de forma directa a los gobernantes y los recursos del gobierno); y prohibidas (suponen amenazas contra los gobernantes y los recursos gestionados por el gobierno). En virtud a las variables señaladas arriba podemos tipificar el tipo de régimen yendo de uno democrático de alta capacidad a otro no democrático de capacidad alta, a un régimen democrático de baja capacidad a otro no democrático de baja capacidad. Los tipos de régimen permiten sacar conclusiones útiles que describen formas de interacción entre el poder político y los actores sociales, destacamos las conclusiones siguientes:
             “... las actuaciones toleradas aumentan con la democracia y disminuyen con la       capacidad de gobierno . La violencia es elevada en regímenes no democráticos de          capacidad baja, alcanza cotas moderadas en regímenes no democráticos de   capacidad alta y democráticos de capacidad baja, y es reducida en regímenes             democráticos de capacidad alta.” (González Calleja, 2011)
Si leemos los tipos descritos tenemos que valorar que tanto la desigualdad incentivada o promovida desde los espacios de decisión política son generadores de violencia, es así que la desigualdad alimenta a la violencia que se convierte en un mecanismo ejecutado desde el poder vía el uso de especialistas de la violencia, quienes se colocan en las zonas grises del Estado (Auyero, ) al hacer uso de prácticas ilegales apara garantizar cierta normalidad y uso del espacio público –pensamos en la represión de la protesta, en la prohibición del uso de explanadas públicas que son claros ejemplos de acciones inhibitorias del uso del espacio lesionando de facto derechos de manifestación y de expresión por parte de núcleos poblacionales que deberían contar con la respectiva garantía de sus derechos. El objetivo de garantizar su derecho es porque la manifestación guarda un principio en el que guardar una posición crítica ante el gobierno debe reforzarse como un derecho y su ejercicio en un contexto en el que el protestante es además un individuo vulnerable socialmente.
En manos de los jueces la garantía debe ser una obligación pues


            “... proteger la expresión de los críticos del gobierno, y en especial la de aquellos    críticos que se encuentran en una posición vulnerable, merece reforzarse todavía       más en países como la Argentina [pero no sólo en México], en donde la palabra, y sobre todo la palabra pública, está distribuida de acuerdo con el dinero que cada uno     tiene...” (Gargarella,2006:29)

domingo, 30 de octubre de 2016

México en la agenda de Estados Unidos

Para Estados Unidos la relación con  México no es prioritaria; sin embargo, podemos reconocer la existencia de una agenda que ha sido recurrente entre los dos países, el tema comercial, narcotráfico y migración. Para los candidatos, demócrata y republicano, destaco aspectos de interés: revisión del Tratado de Libre Comercio, las políticas de seguridad asociadas con posibles deportaciones de líderes de grupos delictivos, así como la posibilidad de impulsar una reforma migratoria conforman una agenda que de por sí estará determinada por la capacidad de negociación del gobierno con los grupos de presión así como con congresistas que abiertamente están opuestos a impulsar cambios en este rubro. Las observaciones sobre el terreno comercial están encaminadas a establecer mecanismos de protección más que alentar una mayor apertura. Hay regiones que son más importantes para Estados Unidos en este momento: medio oriente, China y Europa.

martes, 21 de abril de 2015

transparencia y partidos


Los partidos políticos son sujetos de responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de conocer sobre la vida interna de estos actores políticos al obligarse a ofrecer la información en los plazos establecidos, ajustándose a procedimientos establecidos en las respectivas leyes. Es así que los ciudadanos no solamente cuentan con las plataformas electorales para allegarse la información que le permita analizar, evaluar y conformar una opinión. Al obligar a los partidos a que sean organizaciones  más transparentes busca superar prácticas que atentan contra la democratización de la vida política del país: inhibir prácticas nocivas como es la aportación de dinero caliente, garantizar políticas de inclusión y respeto de la militancia; sin embargo la accountability requiere un sistema de sanciones ejemplares  que vinculado con un adecuado modelo de fiscalización y de controles en el que tanto el sistema administración electoral y los ciudadanos son corresponsables.

jueves, 18 de junio de 2009

AHORA VIENE EL LÍDER

El Frente Amplio Progresista hasta donde entiendo buscó realizar un trabajo político más allá de las elecciones, este hecho significaba la oportunidad de generar coaliciones legislativas en las que los acuerdos y compromisos entre las fuerzas políticas, léase partidos políticos legalmente constituidos que cuentan con plataformas, estatutos, en fin el aparato burocrático que permita llevar a cabo los procesos de rutinización de sus actividades tanto ordinarias como para periodos electorales, permitieran establecer una estrategia permanente de acción en la que la búsqueda de leyes, políticas públicas derivaran en favorecer al conjunto de la población así como a los militantes y simpatizantes de las fuerzas electorales involucradas, pero desde la esfera del Congreso.

Este trabajo se vio truncado al paso del tiempo, debido a que los principios del FAP así como la dinámica de los partidos integrantes se contrapusieron , lo que determinó la vida de este original ensayo entre partidos. Desde ese espacio del Frente, López Obrador trató de seguir estableciendo su liderazgo, pretendiendo que propuestas de ley llegaran a las mesas de negociación de los grupos parlamentarios. El primer error que noto en este comportamiento lo representa el trabajo parlamentario que cuenta con su propia agenda, que si bien se conforma a partir de las reuniones de los legisladores y su dirigencia nacional partidista, así como de los procesos internos de negociación que al interior del Congreso se establecen, todo lo anterior incluso se ve aderezado a partir de las capacidades de influencia que muchas veces proviene del número de legisladores con que cuenta el partido para representar un actor clave en los procesos políticos. Es decir, la capacidad de “chantaje” (Sartori, 1997) que la fuerza política represente es sustantiva para lograr objetivos concretos.

Hasta el momento no hay existencia de material que valide que las propuestas de los grupos integrantes del FAP hayan acabado como iniciativas de ley o acuerdos que tengan el sello único del Frente, creo que es la “hora cero” para saber de ellos y evaluar el papel de esta experiencia organizativa. Señalo lo anterior, con mucho motivado por el papel que López Obrador ha venido representando para los seguidores de este Frente, pero también debido al grupo de seguidores que se han reunido entorno de él, provocando un desconcierto evidente en los núcleos de población que lo han apoyado, por lo que se atisba un dilema: seguir al líder que surge después del proceso electoral de 2006 o siguen la línea de su partido reafirmando su militancia.

La traumática experiencia de 2006 fuera del resultado que arrojó y posteriormente el comportamiento de López Obrador, ha dejado con interrogantes que no tienen respuesta, la principal está fundada en que su movimiento se constituyó con el objetivo concreto de mañana duda proviene si el movimiento que constituyó va a separarse del PRD para conformar un nuevo partido político o al menos sumarse a otra fuerza política, los analistas y opinólogos señalan que está en su camino esta decisión. Si es así, asistimos a la profundización de la pelea entre la coalición dominante del PRD y este líder. Contrario a lo que parezca en esta gresca el actor menos dañado será López Obrador pues su accionar en pequeños grupos o como movimiento le permite atravesar transversalmente el sistema de partidos ganando espacios en cualquier estructura partidista que se encuentre necesitada de los votos que le pueda proveer el liderazgo de AMLO y los candidatos que él pueda aportar. El intercambio es muy interesante desde esta perspectiva.

Veamos Andrés Manuel López Obrador puede representar esas décimas de punto que requiera el PT, Convergencia, para seguir subsistiendo en el sistema de partidos, dejemos fuera si en el mensaje de este líder para brindar su apoyo lo justifique en que se encuentra realizando campaña por los candidatos de las dos fuerzas políticas citadas porque su registro está amenazado por el gobierno de Calderón. Lo que si es evidente es que ambos partidos finalmente se están beneficiando de los desacuerdos que AMLO tiene con la dirigencia del PRD, hoy en día me parece extremadamente preocupante que tanto el PT y Convergencia se coloquen como partidos de izquierda, cuando sus orígenes los delatan como fuerzas ligadas al viejo sistema.

Es la hora de evaluar el trabajo de López Obrador como líder que poco a poco ha venido dilapidando la alianza que entorno de él generó como candidato, y que producto a su opuesto proyecto tiene en un dilema a los militantes y simpatizantes perredistas, que no se reconocen como parte de las múltiples corrientes que integran al partido, pero que sí votan por este partido que tiene a la historia como a sus principios para monopolizar el concepto de izquierda. No es suficiente asumir que la economía popular es el centro de una estrategia porque también otro núcleo de la población forma parte de lo sectores insatisfechos y opositores del proyecto de la derecha. Ese otro grupo social que se opone se ubica en un espacio en el que su propia condición socioeconómica hasta las expectativas profesionales lo vuelven único. Por eso, el quid de esta historia tanto para la coalición dominante como para AMLO y su movimiento cómo conformamos un partido de compromiso que busque definir una agenda integral con un proyecto de nación inclusivo, no polarizado hacia la derecha y los “grandes empresarios” o al centro que busca una economía popular que repite el esquema perdedor de “primero los pobres”. Desde esta perspectiva López Obrador está empantanado, al limitar su estrategia a un sector de la población que lo puede reconocer pero que no representará su espacio de apoyo debido a que hay estructuras corporativas que cuando venga la lucha por el poder, serán reclamadas por esos tentáculos electorales que los partidos tienen.

Sirva lo expuesto para señalar que es imposible concebir que AMLO: a) haya solicitado el voto por un partido político al cual no pertenece; b) asuma que un representante popular puede renunciar a su cargo, lo que marca la ley es que ese tipo de cargos no se renuncian, cuando más la solicitud de licencia es el mecanismo establecido; c) el partido al cual no pertenece le haga caso, violentando sus principios, estatutos, su consejo político a la militancia que legal y legítimamente eligió a Rafael Acosta “juanito”, para que dimita a un hipotético cargo del que ya hace cuentas López Obrador como seguro triunfo; d) Clara Brugada se preste a un juego en el que su imagen como política se vea manchado, por este artilugio demagógico planteado por el ex candidato a la presidencia de la República. Finalmente sin dejar una respuesta, dejo las siguientes para que después del proceso electoral, la historia y quien esto escribe, hagamos un adecuado juicio. A saber:

¿López Obrador tiene la capacidad de “tirar” línea al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard para que Clara Brugada, en el hipotético caso que gane el PT la jefatura delegacional de Iztapalapa, se convierta en la jefa delegacional interina?

¿La militancia así como la coalición dominante del PT permitirá que un personaje ajeno a su partido se imponga y trastoque la vida interna de este partido político?

¿Si el voto ciudadano no le favorece a Rafael Acosta y por ende, se anula este acuerdo demagógico que ha expuesto López Obrador el pasado 16 de junio en mitin de apoyo a Brugada, impugnarán el resultado aunque este sea contundente en su contra?

¿No es el mensaje de López Obrador una salida cómoda para quitar tensión sobre su liderazgo, dejando que el voto decida y por ende no se alcance a observar su incapacidad para negociar al interior del partido, en el cual aun milita (PRD), el despojo que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha provocado? ¿Hay nula comunicación entre López Obrador y la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, que no existe la posibilidad de construir negociaciones que permitan evitar fricciones entre los incondicionales de este líder y la dirigencia de Jesús Ortega?

Como he señalado habrá más tiempo para comentar el comportamiento y decisión pública del Tribunal, pero sin duda está tomada la resolución y el día de la elección se encuentra a la vuelta de la esquina no queda otro esquema que buscar el triunfo, para que después desde otra tribuna se plantee un serio extrañamiento al comportamiento de los jueces electorales. Sin duda el precedente es muy serio.

jueves, 5 de marzo de 2009

63 AÑOS DE ADAPTACIONES DEL PRI

El pasado 4 de marzo el Partido Revolucionario Institucional cumplió 63 años de su fundación conforme a su historia este partido debería revisar los principios que le dieron vida para que ubicara que el proyecto político que mantuvo a lo largo de 54 años quedó agotado en el momento en que perdió las elecciones del año 2000. Asumir que ayer, como lo menciona Jorge Alcocer, el PRI cumplió 80 años es una fecha e idea imprecisa, en nada se parece a aquel partido de caudillos, o partido de partidos que se conformó motivado por el proyecto callista, que autores como Tzvi Medin[1] ha señalado.

Bien le convendría observar a este partido y al mismo tiempo evaluar que su papel como “partido eje” se finiquitó incluso a la llegada de los gobiernos neoliberales en los años 80 del siglo pasado, pues el proyecto del gobierno y el proyecto del partido empezaron a contradecirse especialmente de este último, inercialmente el partido asumía su compromiso de ser el brazo electoral del  presidente, la maquinaria electoral, sin embargo esta característica no correspondía más, sobre todo la ideología tecnocrática se contraponía con el principio nacional revolucionario de un partido sin una cabeza que asumiera el compromiso de defensa y alianza con él.

Los cambios sociopolíticos en el país fueron modificándose hasta alcanzar un grado mayor de competitividad que resultó en un proceso de liberalización que permitió la incorporación de nuevos actores a la vida pública nacional, la consolidación de un régimen democrático que fue poco a poco construyéndose a partir de un nuevo marco institucional del que el producto más acabado ha sido el Instituto Federal Electoral.

Bajo este marco de competencia, donde destaca una ley electoral que procuró garantizar equidad en la campaña y permitir la institucionalización de la incertidumbre electoral se conformó un proyecto democrático pleno del que los resultados han estado a la vista: la pluralidad política ha venido a significar gobiernos de diferente ideología al partido en el poder. Incluso podemos considerar en nuestro recuento el fin del carro completo en la integración de la Cámara de Diputados espacio de representación que a partir de 1997 ya contaba con la integración de minorías políticas que por sí solas eran incapaces de lograr cambios constitucionales. Este es el escenario de cambios políticos que por vía de reformas y adecuaciones electorales sustentaron la llamada “mecánica del cambio político”[2] en México, en la que el PRI dejó de ser el partido hegemónico para convertirse en el partido mayoritario o de primera minoría.

Ese México de finales de siglo trajo cambios vertiginosos que fueron determinantes para que a casi 13 años de aquel proceso electoral se pensará en el fin del poderoso partido, incluso se pensó en el réquiem del partido oficial. La alternancia en el año 2000 demostró el fin del modelo del partido de régimen que por más de veinte años vivía tensiones ideológicas, programáticas y de acción que fueron profundizándose a lo largo de los años 80s y 90s, periodos históricos en los que ocurrieron ajustes estructurales en el modelo económico producto con mucho de la imposición del modelo neoliberal y a las crisis económicas recurrentes que vivió el país.

El fin del partido hegemónico por ende nos habla de un cambio histórico que actores dentro del PRI, no entendieron, los nuevos tiempos que se vivían tuvieron en la figura de Roberto Madrazo un actor incómodo de la vieja guardia. Este actor se hizo del partido con la firme esperanza de llegar a la presidencia, así el partido se pensó como un organismo político que catapultaría a su líder en turno con la pura inercia del voto duro, con una historia ligada a la corrupción y mal gobierno; la realidad nos demostró que un partido cuando pierde el poder requiere de un proceso interno de reorganización, de un proyecto que debe iniciar en acuerdos cupulares de reacomodo y de distribución del poder. El objetivo es claro, reconstituir la coalición dominante, pues en periodos de desestabilización producto del ambiente electoral un partido sufre afectaciones en la estructura interna por lo que se requiere de un trabajo de negociación y reconocimiento de los diversos grupos que componen el partido de “carne y hueso”.

La estrategia de Madrazo y el enfrentamiento con la entonces secretaria general del partido Elba Esther Gordillo determinó el futuro del partido: la derrota en 2006 y el tercer lugar en el proceso electoral federal. Esta situación que vivió el PRI estuvo determinada por la existencia de un candidato débil que al interior de su organización no supo negociar con los grupos internos, y que al mismo tiempo fue incapaz de leer como dirigente del partido que la alianza con el Partido Verde Ecologista era un costo mucho mayor que el beneficio; desde luego la salida de Elba Esther Gordillo representó un golpe político fuerte en la medida que anunciaba la ruptura con un sector histórico del partido: los maestros.

Volviendo a insistir con respecto al candidato, la mala lectura de Madrazo representó el final de aquel partido oficial que sin una cabeza atemperada pudiera volver a reconstituir los objetivos del partido a corto y mediano plazo.

La estrategia de Madrazo a nuestro entender se construyó a partir de su persona, creyendo que su figura bastaba y sobraba para cohesionar al partido en torno suyo, asumiendo una postura crítica con el gobierno que entregó la presidencia en el año 2000. La coalición dominante no era tal, en torno de la figura de Madrazo, las declaraciones de Gordillo filtradas a la prensa en un diálogo con el entonces gobernador de Tamaulipas así lo indicaron, la lideresa del SNTE finalmente acabó operando para Felipe Calderón con quien construyó la alianza que le permitió llegar a la presidencia.

Si no hubo una coalición dominante sólida en torno de Madrazo con mucho se debió a su errónea lectura que tuvo de la alternancia, el PRI no sólo tenía que desmarcarse del antiguo régimen con un sistema de partidos con partido hegemónico,  tenía que redefinir los objetivos políticos sobre todo con actores en ascenso: los llamados “nuevos virreyes” representaron  el nuevo poder y los negociadores directos con quien la coalición dominante del partido tenía que pactar. El resultado fue evidente, el tercer lugar en la elección de 2006 y el rechazo o desafección social que demostró la población con el partido fue evidente.

La llegada de Beatriz Paredes ofrece un nuevo proceso y rostro del partido pues ha venido construyendo acuerdos y permitiendo que los “virreyes” asuman en sus estados un papel central para la selección de candidatos. Es una dirigencia que ha sabido respetar las nuevas reglas del juego político en el que se ve inmersa. Un liderazgo si no gris consciente de su papel no sólo como una oposición que evita  confrontar para no ser visto como un partido rijoso; que busca negociar con las otras fuerzas para presentarse como un partido responsable en el ámbito político-parlamentario; esta habilidad política al interior del partido es utilizada para generar estabilidad en la estructura y capacidad política de negociación de la coalición y hacia el exterior muestra un cuerpo político con capacidad de representar un  proyecto alternativo que a su vez es atractivo al conjunto de la población. A nuestro entender eso es lo que las encuestas nos muestran, es lo que puede ofrecer al futuro y no por su pasado por lo que el PRI puede convertirse en un partido ganador el próximo julio de 2009, es su punto y aparte el que le garantiza  ser una fuerza política con posibilidades de llegar de nueva cuenta a la presidencia.

Por eso, este 63 aniversario de su fundación no puede ser visto como un proceso histórico integral, el partido ha vivido “adaptaciones” internas, estructurales, de sus estatutos y de las reglas no escritas que lo vuelven una fuerza política compleja de difícil data en el mundo, pues es un partido que no ha muerto por el contrario se ha fortalecido en torno de un trabajo partidario compartido, con liderazgos de dudosa honorabilidad algunos de ellos, que en su momento si quiere consolidar su ejercicio de transformación tendrá que atender conforme a sus objetivos y ambición de poder. Las encuestas hoy nos hablan de un partido que ha reducido la brecha de desafección eso es importante, pero también advirtamos del peligro si no busca métodos democráticos que le permitan espacios de vinculación con la militancia, simpatizantes y electores. Por lo menos ya demostró que el juego no es por la sobrevivencia sino por ser una alternativa política viable para el conjunto de la población. Ese es el reto para un partido que después de 2006 supo leer los nuevos tiempos a los que se enfrentaba, las encuestas de eso hablan por lo menos a cuatro meses de la primera prueba antes del inicio de la segunda parte de este mini sexenio.



[1] Tzvi Medin, El minimato presidencial. Historia política del maximato. (1928-1935), México, Editorial Era,

[2] Ver al respecto el libro de Ricardo Becerra, Pablo Salazar y José Woldenberg,  La mecánica del cambio político en México, México, Editorial Cal y Arena

miércoles, 4 de febrero de 2009

EL PROBLEMA ES EL DINERO

Una de los actos más deleznables para cualquier sistema político en consolidación ocurre cuando los actores o al menos uno de ellos toma como bandera sus intereses y los opone al interés general. El suceso del fin de semana pasado va en esta línea, pues los dos consorcios televisivos más importantes del país han vuelto a poner al país en el dilema de la confrontación de la que sin duda el daño será para el presente proceso electoral. Los antecedentes de esta creciente confrontación no podemos perderla de vista ocurrió a partir de la modificación de la ley electoral en donde ha quedado estipulado la prohibición de compra de espacios en medios electrónicos a los partidos políticos. Sin duda la derrama económica hacia estos medios no será la misma en 2009, pues si consideramos que el gasto en 2006 fue de 56% del presupuesto total de los partidos políticos hoy en día no existirá más, ni mucho menos podemos pensar en que las televisoras vuelvan a ejercer acciones de veto o de influir en la acción de políticos. En suma, estamos en presencia de la pérdida de poder de los medios de comunicación.

La acción mediática ocurrida el pasado fin de semana de “encapsular” los spots correspondientes al tiempo del Estado al ser presentados en este formato lleva un alto grado de sospecha, pues nos muestra una acción de confrontación que puede seguir creciendo en los próximos meses, no olvidemos que estamos en un periodo de precampañas. Sobre todo ubiquemos que aun en la bolsa del Instituto se cuentan con 23 millones de spots que serán transmitidos a lo largo del presente semestre. Lo preocupante el día de hoy, es encontrar medidas que disminuyan esta actitud de presión que han presentado los medios, al manipular de alguna manera a la opinión pública para que muestre hartazgo y generalice su inconformidad contra el Congreso, la ley electoral, el IFE. De esta forma no sólo estamos frente a una posición de fuerza de las televisoras contra un actor sustantivo para el sano desarrollo de la democracia, sino para la misma sociedad es perjudicial porque esta oposición a las reglas del juego es declarar un desconocimiento contra las instituciones del Estado mismo.

La oposición también nos lleva a pensar en que el acuerdo tomado conjuntamente entre autoridades del IFE y los miembros de la CIRT para la transmisión de los spots ha quedado roto a pesar de que el Instituto dejó libre a los concesionarios de colocar los espacios correspondientes a los partidos en el momento que ellos mejor les conviniera, siempre y cuando no se afectara el tiempo y fracción correspondiente al Estado, aproximadamente tres spots por hora. Esta ruptura del acuerdo nos lleva a pensar maliciosamente que pronto volveremos a ver a los medios exigiendo condiciones mejores que le permitan participar de los montos presupuestados  que los partidos han recibido,  3 mil 633 millones 67 mil 351 pesos, tan sólo para este proceso electoral. No dejemos fuera esta variable pues si es el dinero el conflicto no es nada halagüeño que por cuestiones de intereses particulares estemos sufriendo este embate que al final nos afecta al conjunto de la población, en tanto que la hechura y desarrollo de la vida social concierne al conjunto de los ciudadanos.

Quizá el espectáculo de la programación televisiva quede cercenado pero esa es una decisión de los medios no del IFE eso debe estar claro, por el contrario nuevamente estamos en un escenario de difícil resolución que requiere que los actores políticos asuman en un marco de unidad una adecuada salida que no diezme ni que ponga de hinojos nuestra reciente reforma electoral en la que se ha invertido demasiado tiempo para esperar un resultado más equitativo en la competencia política.

En fin, otra vez estamos enfrente de un debate en el que los medios no son socialmente responsables, incluso convierten al Estado en su enemigo, a pesar de que por otros medios han seguido beneficiándose de recursos públicos. El problema es el dinero no nos hagamos. ¿Es justo que manipulen a la opinión pública? Esa es la pregunta.