espacio público y participación ciudadana

Como esfera lo público es una construcción social que define sus objetivos a partir de la restitución de derechos que el sujeto político recupera para sí, es por eso que democracia radical y ciudadano son figuras de una construcción de un proyecto político activo en y desde lo público. La construcción de lo público como un mundo común, dimensiona un espacio que podemos vincular con un proyecto de revolución democrática en la que un imaginario de igualdad impulsa la búsqueda de sentido en favor del cambio, es decir se debe configurar un proyecto que construya un nuevo orden basado en un principio de justicia que conforme una serie de derechos que permita la determinación de un proyecto hegemónico en el que se establece un sentido de entendimiento de los procesos históricos en los que se busca el reconocimiento de un sujeto histórico que asuma los retos venideros como momentos de transformación. Este nuevo ejercicio de participación política se caracteriza porque no se somete a los modelos políticos de mediación que representan los partidos, por fuera de ellos hay una serie de argumentos negativos que limitan su actuar para favorecer su trabajo público, por ello es la manifestación de individuos y colectivos que al quebrar los monopolios existentes redimensionan las capacidades autónomas del sujeto para formular un sujeto de derechos en el ámbito de lo político. Este momento de lo político es entendido como un proceso de reconocimiento de capacidades públicas, el hombre como un ser político denota una cualidad innata desde la perspectiva de Arendt, la acción como principio-discursivo y la política como la capacidad de interacción, como un lugar que se constituye entre los hombres , que de cierta forma responde a un ejercicio de plena libertad. Por eso tenemos que reconocer que hay un nuevo rostro de la participación pues en el esquema donde lo social es un punto intermedio entre el poder y el mercado. Sin embargo hay que valorar que se ha diluido el valor de lo social como un espacio de deliberación que instituía los diversos órdenes de la vida colectiva, ante ello si persiste este error, la pregunta es y será ¿el surgimiento de la categoría política y economía si no derivan de la acción y actividad que el hombre realiza en el ámbito de lo social, de dónde surgen? De esta manera tenemos un asunto más importante a resolver, pues la cuestión pública como marco de vínculo entre política y administración es la expresión de los asuntos sociales vueltos problemas, es el rostro de la convergencia del ejercicio político del poder con la capacidad imaginativa de la gestión, es decir vuelve al actor de ambos espacios de decisiones en un conocedor de los asuntos colectivos. Estamos frente a un proceso de construcción de conocimiento sobre el espacio público, buscando los elementos latentes que permitan la distinción con lo manifiesto en la realidad. De cierta manera estamos ante un proceso semejante de creación de la política y la filosofía que en manos de los griegos significó “... la primera emergencia histórica del proyecto de autonomía colectiva e individual...” Así presenciamos la conformación de un análisis que restituye capacidades a la acción humana, al determinar que lo público y lo privado son dos categorías que se determinan mutuamente por las funciones y operaciones que instituyen producto de la práctica en el ámbito de lo social. En virtud de lo anterior, lo social establece un orden ético y moral de los asuntos sociales para ello construye el ambiente idóneo para que la cuestión de lo público se materialice en códigos que determinan el sentido de lo social como una esfera constitutiva de la acción humana, materialicen un mundo que en el caso que estamos por introducir puede ser la ciudad misma.

Algunas notas sobre élites

La elección del análisis del reclutamiento tiene como consideración una dimensión sociológica donde se toman en cuenta elementos como son el origen social así como el tipo de relaciones y posiciones sociales que los legitiman generando entorno de los líderes un capital social sustantivo para su mantenimiento y consolidación política, lo anterior implica reconocer en qué medida su posición social así como su desempeño público permite consolidar la reputación pública que se va conformando desde su  ingreso y que se va fortaleciendo a partir de un proceso de movilidad de la carrera política que eligen.

La forma de profesionalización de la vida pública de los funcionarios electos como designados se convierte en un tema de estudio a partir de que en el siglo XX los procesos de modernización política trajeron la incorporación de grupos políticos profesionales quienes ya habían desarrollado competencias y habilidades técnicas. Lo importante es destacar que los estudios del reclutamiento buscan encontrar cuales son los mecanismos de adscripción política que se implementan al interior del sistema político para incorporar y producir a las élites políticas.

Desde esta perspectiva el estudio de las élites políticas y propiamente el proceso de reclutamiento político debe considerar la comunidad de ubicación como un elemento determinante en la primera fase de formación de los líderes, en el caso estudiado estamos hablando de funcionarios designados y electos, pues están en un ambiente de compartir los mismos eventos y datos. Conformados como grupos que mantienen las estructuras sociales y definir políticas, por eso las élites políticas son actores que junto con el sistema político, las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos determinan el cómo accede a un cargo dirigente un individuo.

De ahí que se diga que el reclutamiento político se define como el proceso por el que los individuos acceden a los puestos. Los procedimientos pueden ser formales o informales. La diferencia de ambas reglas se determina por factores de ingeniería constitucional o lo que es lo mismo, por elementos determinados por la política convencional. Destaquemos por ejemplo las leyes y reglamentos así como en la Constitución, marcos normativos que exponen el mecanismo como se desarrolla la selección de los candidatos así como la forma de participación de la ciudadanía. Asimismo, es necesario identificar que el propio sistema político presidencial establece como base de sus características quién y ante qué autoridad los miembros de los gabinetes son responsables, en una especie de selección dirigida el presidente goza de esta prerrogativa que hace funcional y estable al régimen.

Esto es si tomamos que una de las características del sistema presidencial es que la designación de los miembros de la Administración Pública por lo menos en los cuadros dirigentes son designaciones que provienen desde el Ejecutivo tenemos que reconocer que el proceso de selección por lo menos hasta el gobierno de Ernesto Zedillo tuvo en la universidad en el centro de reclutamiento, muy por encima del partido o el electorado. Asimismo no podemos desconocer que el presidente establece un trabajo de selección a partir de su experiencia personal de ahí que haya diversos círculos de donde puede conformar su proceso de reclutamiento.

Hay casos que podemos reconocer como sui generis debido a que su carrera política-pública al desarrollarse en el interior de secretarías de despacho, cargos técnicos o asesores, establecen vínculos con figuras ambiciosas que les abren un espacio en el terreno de la política, espacio al que se van interesando de manera más activa hasta que escalan importantes posiciones en la burocracia gubernamental. A partir de lo anteriormente expuesto podemos reconocer que un estudio sobre el reclutamiento de élites trata de mostrar cuales han sido los centros de reclutamiento más socorridos por la clase política y ver los cambios o mutaciones de este proceso selectivo.

La élite política como grupo mantiene una estructura de dominación entorno de una coalición dominante que mantiene un control y poder de decisión por encima de otros miembros de la élite. Así definida la élite entorno de su función de acción y a su contingente capacidad de inclusión. Esto es no hay una cohesión tal que pueda identificar a la élite como un grupo homogéneo, por el contrario en su interior existen grupos que manifiestan intereses y una diversidad de posiciones lo que vuelve a nuestro objeto de estudio en una red complicada de aprehender.

Realizar la distinción del concepto de élite  del de clase política es determinante pues nos permite situar las características y mecanismos de interacción así como espacios de interacción y de influencia, pues mientras a la clase política “… pertenecen todos los políticos en la medida en que participan de la estructura de privilegios…”[1], mientras que las élites se subdividen en económicas, culturales y de los medios de comunicación, además de la política. Incluso podemos ubicar que su elemento distintivo es la posibilidad de la cooperación con otras élites de otros ámbitos para lograr respuestas eficientes a los problemas con que se enfrenta la actividad política.

     

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[1] Klaus von Beyme, La clase política en el Estado de partidos, España, Alianza Editorial, 1995, p. 30

Los movimientos sociales en el contexto democrático y la garantía de la libertad de expresión

El momento de la democracia acompaña al nacimiento del nuevo movimiento social, con agendas que reflejan nuevas circunstancias sociales , incluso las formas de interacción implican intercambios y relaciones en los que podemos considerar que a mayor democracia la diversidad posibilita que se logren una serie de confluencias de partidos políticos, grupos de poder, presión y movimientos sociales. Bajo lo anterior consideramos que no debe ni creemos que una agenda altamente democratizada evapora la presencia de movimientos sociales. Por el contrario, entendemos que debemos atender las contingencias de la política representativa como factor que permite que el atributo de desempeño que un movimiento social manifiesta a partir de “... redes que pueden incluir organizaciones formales o no, dependiendo de las circunstancias...” (Della Porta y Diani, 2011: 48) le permite al MS superar la crisis de representación de intereses, a partir de una interacción directa con el tomador de decisiones: el gobierno.

De ahí que nos interese analizar qué ocurre y cómo se desarrolla esta relación en un contexto de confrontación política. Para ello retomamos las categorías analíticas de Tilly en torno del tema de la violencia, represión política, coerción, incluso identificamos la existencia de los profesionales de la violencia,  quienes en un contexto de régimen neoliberal determinan formas de acción que lesionan un modelo democrático.

Desde luego no desconocemos que en el contexto de la protesta hay tres tipos de acciones que puede realizar un gobierno a decir se destaca: acciones prescritas (adhesión a través de ceremonias de lealtad); toleradas (cuando no afectan de forma directa a los gobernantes y los recursos del gobierno); y prohibidas (suponen amenazas contra los gobernantes y los recursos gestionados por el gobierno). En virtud a las variables señaladas arriba podemos tipificar el tipo de régimen yendo de uno democrático de alta capacidad a otro no democrático de capacidad alta, a un régimen democrático de baja capacidad a otro no democrático de baja capacidad. Los tipos de régimen permiten sacar conclusiones útiles que describen formas de interacción entre el poder político y los actores sociales, destacamos las conclusiones siguientes:

             “... las actuaciones toleradas aumentan con la democracia y disminuyen con la       capacidad de gobierno . La violencia es elevada en regímenes no democráticos de          capacidad baja, alcanza cotas moderadas en regímenes no democráticos de   capacidad alta y democráticos de capacidad baja, y es reducida en regímenes             democráticos de capacidad alta.” (González Calleja, 2011)

Si leemos los tipos descritos tenemos que valorar que tanto la desigualdad incentivada o promovida desde los espacios de decisión política son generadores de violencia, es así que la desigualdad alimenta a la violencia que se convierte en un mecanismo ejecutado desde el poder vía el uso de especialistas de la violencia, quienes se colocan en las zonas grises del Estado (Auyero, ) al hacer uso de prácticas ilegales apara garantizar cierta normalidad y uso del espacio público –pensamos en la represión de la protesta, en la prohibición del uso de explanadas públicas que son claros ejemplos de acciones inhibitorias del uso del espacio lesionando de facto derechos de manifestación y de expresión por parte de núcleos poblacionales que deberían contar con la respectiva garantía de sus derechos. El objetivo de garantizar su derecho es porque la manifestación guarda un principio en el que guardar una posición crítica ante el gobierno debe reforzarse como un derecho y su ejercicio en un contexto en el que el protestante es además un individuo vulnerable socialmente.

En manos de los jueces la garantía debe ser una obligación pues

            “... proteger la expresión de los críticos del gobierno, y en especial la de aquellos    críticos que se encuentran en una posición vulnerable, merece reforzarse todavía       más en países como la Argentina [pero no sólo en México], en donde la palabra, y sobre todo la palabra pública, está distribuida de acuerdo con el dinero que cada uno     tiene...” (Gargarella,2006:29)

El futuro de las candidaturas independientes

Salvador Mora Velázquez

Las candidaturas independientes se han convertido en las alternativas más allá de los partidos políticos, lo que ha replanteado el escenario electoral del país. Sin embargo, hay que reconocer que las candidaturas independientes más que resolver la crisis que la representación política la ahondan, pues la personalización de la política que se construye en la habilitación de este tipo de candidatos se construye a partir del rechazo a la política institucional, por resultados poco favorables en la gestión de gobierno o al negativo perfil de los candidatos de los partidos. La reacción de los gobiernos estatales (en clara confrontación) han asumido una serie de reformas para contener el empuje de este tipo de candidaturas que en una suerte de castigo el ciudadano arropa. Ambas posiciones se debaten entre independientes-ciudadanos/políticos, bajo este esquema la crisis de la representación puede polarizarse aun más.

Es sugerente advertir que para el legislador las reformas que demanda el nuevo escenario político-electoral no están presentes en su discurso, hoy lo que importa es cómo hacer gobernable el país con gobiernos en los que hipotéticamente la gubernatura, presidencia municipal o algún escaño en la legislatura puede quedar en manos de representantes sin partido, se hace necesario el establecimiento de gobiernos de coalición que eviten posibles “empantamientos legislativos” o la parálisis de gobiernos debido a la falta de acuerdos entre los poderes. En suma, el dilema de los candidatos independientes se encuentra en la viabilidad de los proyectos políticos que encabezan en contextos en donde la pluralidad domina, como es el poder legislativo local o federal, o en donde la solitaria fórmula que encabezan está expuesta a vetos o a la falta de apoyos, ya sea como presidentes municipales o legisladores

Por sí mismas las candidaturas independientes requieren regulaciones más efectivas en materia de financiamiento público y privado, la fiscalización de los recursos, el acceso a los medios de comunicación, la consecución de las firmas de apoyo para obtener su registro, así como los tiempos para la solicitar su intención para ser candidato. Recomponer la figura de los candidatos independientes, mediante la revisión de los temas arriba referidos, es para lograr que se garantice el ejercicio de un derecho constitucional, así como posibilitar que sean una real y efectiva alternativa para el elector.

El objetivo de las siguientes adecuaciones que hemos enunciado es para que este tipo de candidatos logre mantener su independencia de la influencia de grupos fácticos, económicos, de comunicación ya que hay un probable riesgo de que este tipo de candidaturas sean el espacio por el que se cuelen a la vida institucional una serie de actores no deseables que impriman una dinámica distinta al interés colectivo de  la sociedad.

Finalmente, el desempeño como gobernador de Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” será un referente para hablar de la viabilidad futura de este tipo de candidaturas, ya sea para el elector o para aquellos grupos de interés que apoyaron, para ambos actores este tipo de candidatos guardan expectativas crecientes sólo que en direcciones distintas.

transparencia y partidos

Los partidos políticos son sujetos de responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de conocer sobre la vida interna de estos actores políticos al obligarse a ofrecer la información en los plazos establecidos, ajustándose a procedimientos establecidos en las respectivas leyes. Es así que los ciudadanos no solamente cuentan con las plataformas electorales para allegarse la información que le permita analizar, evaluar y conformar una opinión. Al obligar a los partidos a que sean organizaciones  más transparentes busca superar prácticas que atentan contra la democratización de la vida política del país: inhibir prácticas nocivas como es la aportación de dinero “caliente”, garantizar políticas de inclusión y respeto de la militancia; sin embargo la accountability requiere un sistema de sanciones ejemplares  que vinculado con un adecuado modelo de fiscalización y de controles en el que tanto el sistema administración electoral y los ciudadanos son corresponsables.