LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DESCONFIANZA CIUDADANA

La percepción negativa hacia los partidos políticos es un fenómeno que se ha generalizado en los últimos años, pues tenemos diversos ejercicios demoscópicos que han tratado de mostrar fotografías donde se valora el papel de los partidos en el entorno ciudadano. Como tema que impacta el desempeño de los gobiernos, el grado de aprobación para este sustantivo actor para la democracia es de suma importancia, pues referir a la función y papel que desempeñan las fuerzas políticas tanto de izquierda y de derecha determina la fortaleza y calidad del gobierno representativo. Es preocupante que el desempeño de los partidos sea evaluado a la baja por los ciudadanos, sobre todo en tiempos en que la discusión nacional y local se encuentra inmersa en posibles cambios constitucionales, pues los partidos han asumido el compromiso de llevar a cabo la discusión sobre asuntos como la “reforma petrolera”, la llamada Reforma del Estado, de ahí que surge una interrogante ingente de respuesta, debido a que la legitimidad de la acción política de los partidos puede estar a debate por ello, ¿qué tan válido es el acto de la representación y los actos que acometan en su calidad de representantes los partidos políticos, si los ciudadanos ponen en duda su capacidad para asumir legítimamente esta actividad política?
Es a partir de la pregunta anterior que, el problema escapa como un asunto de partidos, pues involucra el sentido de la representación, de la calidad de la democracia en tanto proyecto que busca vigorizar la vinculación ciudadano/gobierno, ciudadano/valores democráticos, como agenda vivificar este par de binomios nos ponen frente a elementos que hoy son importantes para un adecuado desarrollo de los Estados, estos elementos son en alguna medida indicadores de las deficiencias que la democratización política de la sociedad ha implicado, uno de estos valores es el elemento de la accountability ya sea en las distintas dimensiones en que ha sido valorada, pues la rendición de cuentas es un proceso de interacción y de responsabilidad de los cuerpos representativos ante el ciudadano, bajo un marco de respeto al imperio de la ley. Esta situación se hace extensiva a los partidos, quienes no adoptan los mecanismos de la accountability como elemento clave para establecer una relación intensa con los ciudadanos, por el contrario en una actitud reduccionista los partidos políticos han seguido estableciendo puentes de comunicación desde la variable electoral con la población, lo cual nos invita a pensar que la falta de confianza de la que hoy sufren, es en parte, producto de esta pobre visión que tienen sobre la ciudadanía. Es decir, los partidos siguen manejando un ciudadano en su cualidad más básica; esto es, los ciudadanos más allá de la acción electoral están eliminados como eje de la política.
La dimensión social, económica, cultural del concepto ciudadano al no formar parte de la gramática de los políticos, no sólo significa el desconocimiento del novísimo debate que prima en las ciencias sociales, sino que advierte un asunto más delicado, la nulidad de estos elementos más allá de la esfera política, también anulan agendas y temas que hoy perviven en el ámbito social y que representan nuevos referentes y problemas de los que se requiere atención por parte de la política institucional.
De ahí que podamos precisar que la calidad de la gestión de gobierno se ve impactada por los derechos ciudadanos, derechos que en su ejercicio van moldeando un ambiente de sociabilización que no puede escapar a cualquier actor u organización presente en la sociedad. No hay que olvidar que el sostenimiento de una democracia al requerir de demócratas, también requiere de cuerpos intermedios de representación que asuman los principios y valores que definen al régimen en cuestión, a saber: igualdad, tolerancia, pluralidad, libertad. Con estos valores y principios reproducidos y ejercidos por los miembros activos y pasivos seguramente se modificaría de manera sustantiva la percepción que los ciudadanos tienen sobre los partidos políticos, al abrir a la observación ciudadana los espacios y toma de decisiones. Esto significa que la democratización que beneficia la cotidiana vida del ciudadano, requiere generalizarse como un ejercicio permanente de hacer de la democracia un rasgo definitorio de la estructura organizacional de los partidos.
Más allá de la corrupción, de la falta de transparencia de sus actividades cotidianas, los partidos requieren atender la llamada de atención que estos estudios demoscópicos representan, como el reciente estudio titulado Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política elaborado por la Consultoría Gabinete de Comunicación Estratégica, donde se muestra que los partidos en una escala de cero a 10, rondan en un promedio nacional de 4.3 puntos de aceptación ciudadana, hecho a considerar pues entre las instituciones que mejor salen evaluadas se encuentra la familia, la iglesia, el ejército y las universidades.
Si hacemos uso de la definición funcional de los partidos como actores que tienen como objetivo la sociabilización de valores democráticos, la movilización de la opinión pública, así como coadyuvar en la creación de una cultura política, tenemos frente a nosotros un dilema si la ciudadanía se siente ajena a los partidos, al mostrar desconfianza producto del comportamiento que estos cuerpos de representación han manifestado frente a los asuntos públicos de gran calado en la opinión de la población. La tarea que resulta es de difícil resolución en tiempos en que el debate nacional tiene que asumirse como una actividad coordinada entre partidos y ciudadanos, para contrarrestar los proyectos altamente impopulares que tratan de conformar un nuevo rostro de país, alejados de la dimensión histórica y de los principios de justicia social que las tesis republicanas de buen gobierno han significado en el desarrollo nacional.

LA VIOLENCIA NUESTRA DE TODOS LOS DÍAS

“La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles”
Élmer Mendoza

El medio ambiente nacional presenta a la sociedad una permanente violencia que se generaliza en los distintos ámbitos del desarrollo individual de las personas, no asombre que hoy, de acuerdo a datos otorgados por el INEGI, los niños menores de 15 años consuman 7500 escenas de crímenes, que como parte de los contenidos de la televisión algo tendría que hacer la instancia gubernamental encargada de regular los contenidos televisivos.
Asimismo, la violencia ha representado un viejo debate en el que se pone a consideración, si la violencia genera más violencia, no es de suponer que tendremos una respuesta absoluta que valide tal idea, pero si consideremos el tema como parte de un problema que nos empieza a circundar en cada uno de los espacios de la vida colectiva.
Es decir, el problema está cuando evaluamos que esta exposición a la violencia provoca una alta receptividad a estos sucesos, forman parte de nuestra cotidianidad, así la tolerancia que se va cimentando en el sujeto a este ambiente crítico, también determina que desaparezca la capacidad de asombro y al mismo tiempo provoque que no exista un rechazo absoluto a esta situación anómala que socialmente afecta al conjunto de los miembros que integran a la comunidad. El nuevo espacio de convivencia trae consigo nuevas gramáticas, que constituyen espacios determinados por una cultura que favorece el crimen, el terrorismo, estados de emergencia, militarización.
Un mundo citadino y rural que se determina por un lenguaje que avizora el sometimiento y la coacción, asuntos que nos hablan de un regreso a discursos autoritarios en el que la ley del más fuerte fuerza la conducta y norma espacios de excepción en el que se constituyen espacios territoriales donde las falencias de la ley permiten la violación no sólo de derechos sociales, sino de derechos humanos y políticos, así como los llamados derechos individuales se ven trastocados, pues la garantía de libre tránsito se ve altamente impactada al no existir las garantías necesarias para que las actividades ordinarias de los múltiples sectores que integran a la sociedad puedan realizarse, así cualquier actividad que crean conveniente estos sectores acometer en el espacio de la calle, de la ciudad, es difícil llevarla a cabo, producto de estos fenómenos inestables de los que el gobierno tanto federal y estatal son incapaces de encontrar soluciones eficaces.
Cuando referimos a este ambiente de violencia, atendemos a una situación en la que el tratamiento de este tema, ha extendido sus tiempos de transmisión en los programas de noticias, sin duda es un asunto que no puede ser soslayado, el periódico La Jornada y El Universal han mostrado que el fenómeno se ha desbordado, ambas publicaciones hacen hincapié en que la generalizada violencia es producto de la inadecuada estrategia de combate al crimen organizado. Es de suma preocupación que en lo que va del mandato de Felipe Calderón (18 meses), han habido 4044 ejecuciones en el país, es decir un promedio de 7.6 muertos cada 24 horas, sean muertos inocentes o delincuentes, las acciones gubernamentales no generan el consenso necesario para este tipo de acciones, sin duda no es con más violencia como cederá este fenómeno social.
Pues, mientras ocurren estos crímenes, los desplegados aparecidos en puentes y zonas de ciudades como Culiacán, advierten de que esta espiral continuará presente, al mismo tiempo las denuncias de corrupción o de colaboraciones entre gobierno y grupos delincuenciales que aparecen en esos desplegados, no es un asunto menor, por lo que hay que estar alerta, para esperar una respuesta que aclare si esos mensajes son falsos. La búsqueda de solidaridad a las campañas contra el crimen requiere de la mayor transparencia y de una publicitación de las estrategias que el gobierno instrumente para ese fin.
Nada justifica que poblaciones enteras vivan secuestradas o víctimas del terror de las redes que grupos del crimen organizado han creado en municipios del norte del país. Un aviso claro de que las estrategias gubernamentales de silenciosamente militarizar regiones está fallando, es que los crímenes siguen ocurriendo, junto con los enfrentamientos en los que los criminales están mejor armados que los cuerpos habilitados para la protección de la sociedad. Son focos rojos, de los que no sólo necesitamos declaraciones del Procurador Medina Mora señalando que vamos ganando la batalla al narco, también requerimos de las estrategias de prevención, de proyectos que sean soluciones integrales para limitar el espacio de la violencia.Una más, los proyectos de recuperación de los espacios públicos no sólo requiere de acciones en el que se busca que la población asuma como suyos los sitios recuperados, se requiere de las garantías de que los principios que regulan una convivencia democrática primen con sus normas las relaciones que se realicen en su interior. Para ello, el gobierno no sólo tiene que pensar que la guerra contra el crimen organizado requiere que la lucha sea en varios frentes con el objetivo de restituir la civilidad y la paz en los espacios que han sido penetrados por la violencia, sino también se requiere de un pleno Estado de derecho como garante de la sociedad misma, es decir una plena sociabilización de los valores de tolerancia, igualdad, libertad, valores que regeneren el tejido social.

LOS LÍMITES AL DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO

La implementación de proyectos como el e-gobierno no están ajenos a la lógica que determina otro tipo de proyectos gubernamentales, pues no debemos dejar de lado que la propia condición vertical del ejercicio del poder determina modelos de implementación de programas que no son sometidos a los miembros de la comunidad política, de ahí que se advierta el alto déficit de legitimidad que estos proyectos adolecen, asimismo son proyectos que adolecen de un correcto diagnóstico para su aplicación. Por ejemplo, el proyecto gubernamental e-gobierno impulsado desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estableció como uno de sus objetivos inmediatos, consolidar un cambio significativo en el tiempo empleado en los procedimientos administrativos, así como en los requisitos reglamentarios y legales que el gobernado debía satisfacer para obtener una respuesta gubernamental en los trámites y asuntos de su incumbencia.
Sin embargo, la propuesta del gobierno electrónico desde el sexenio de Ernesto Zedillo tuvo frente una cultura digital que en México ha creado debates de importante consideración, pues el desarrollo del gobierno electrónico se ha materializado no como un modelo que sustituya al gobierno de facto, sino es un proyecto que se ha implementado como una herramienta más, que lejos de ser familiar al conjunto de la sociedad es por decir lo menos en cuanto sofware poco amigable y al hardware a veces de difícil acceso.
El caso se agrava si además ponemos a consideración las estadísticas que demuestran que en el país sólo existen 14.8 millones de computadoras para más de 103 millones de habitantes (INEGI, 2007), es un dato importante a considerar, pues siguiendo con datos estadísticos según datos de la AMIPCI 8.7 millones de estas computadoras tienen acceso a internet, en términos porcentuales sólo el 59%(AMIPCI, 2007) de las PC’s de los usuarios nacionales tienen acceso a este servicio básico para una herramienta tecnológica de la que referimos. Esta limitante, vuelve complicado el acceso a la red, pues un óptimo desempeño de los equipos de cómputo requieren de protección, debido a que su sistema de seguridad está protegido desde terminales alejadas de sus capacidades personales del usuario, al realizarse un trámite virtual puede llegar a presentarse una pantalla arroja que es una ventana que avisa que el sistema está protegido o aparece una alarma que en su color púrpura genera un shock evidente en el usuario pues, el tránsito a la era digital también potencia estas diminutas computadoras en verdaderos almacenes de información, que por un descuido (llamemos así a la falta de precaución a la no renovación o actualización del antivirus), puedan ser infectadas por archivos de procedencia sospechosa.
Así el problema de esta herramienta tecnológica no se detiene en esta apreciación, sino que se complica debido a que el acceso a internet desde los datos de AMIPCI indican que sólo el 45% de las pc’s lo hacen desde su hogar y el 55% restante es desde el sector comercial, lo que nos advierte que el ambiente familiar no ve aun en la computadora una herramienta tecnológica útil en casa. Los motivos por los que la computadora y el internet no forman parte del ambiente familiar, pero sin duda consideramos que el bajo nivel de penetración de este medio se debe a aspectos que son “… atribuidos al bajo nivel del PBI per capita de México y a la continuada ausencia de créditos al consumidor a precios accesibles…”(KOSSIK, 2003:9)
Ahora bien, también se puede entender que la computadora para el 41% restante de la población es una herramienta que vino a sustituir a la máquina de escribir entonces el proceso se revierte, sin embargo, ante la eventualidad de no tener un dato preciso sobre la causa que impide el acceso a internet, podemos apelar a que estas computadoras se encuentran en grupos sociales donde las carencias económicas impiden adquirir algún servicio de internet.
Así las limitaciones para acceso a Internet (LUCAS MARIN, 2000:73) impiden que el impulso que se pretende dar a e- gobierno sea un proyecto que debe reconsiderar estos factores que imposibilitan la viabilidad de un modelo que no porque contenga cualidades evidentes deja de ser un proyecto que por su diseño aun no puede ser proyectado con un próspero futuro, muy a pesar de que hoy en día se ofrezca en línea servicios de consulta de información gubernamental, prestación de servicios en línea, pago de impuesto, etc.
Sin embargo, no podemos evitar las recomendaciones que realizan empresas como CompTIA (Asociación Mundial de la Industria Tecnológica), Nathan Associates y Sallstrom Consulting, para impulsar un proyecto de gobierno electrónico viable, muy a pesar de que no exista una suficiente infraestructura per capita, al respecto la recomendación reparte tareas y una de las más importantes se la concede al gobierno, quien debe “… asumir un rol de usuario líder en tecnología, y eso se puede lograr a través del desarrollo de un programa de e-goverment o realizando inversiones que ayuden a reducir la brecha digital…” (GÓMEZ,2007), como se vera tarea nada fácil, pero evidente necesaria si como observamos líneas abajo se ha generado una expectativa fuerte sobre el gobierno electrónico.

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL PETRÓLEO

El mundo de lo público no requiere de que veamos al petróleo como un instrumento del bien común, en todo caso es un patrimonio nacional que forma parte de los bienes públicos con que cuenta una nación, es cierto tampoco es un Dios (dixit Martínez Cázares), pero la historia nos remitirá que como fuente de ingresos cubrió por muchos sexenios esta función, como caja gubernamental para financiar los proyectos presidenciales. Es así que el debate sobre el petróleo no requiere de entrampados debates o posturas grotescas como las que asume Germán Martínez Cázares, en entrevista concedida al periódico El Universal. No es la defensa de un proyecto de una posible reforma lo que está a debate, si no es todo el cambio constitucional que envuelve trazar un modelo de Estado que deja de tener injerencia en la rectoría del Estado por la falta de recursos económicos suficientes para hacer frente a las condiciones de desigualdad que hoy vive México.
El proyecto de defensa del petróleo no sólo manifiesta un discurso nacionalista, no puede ser de otra forma si es un bien público que está establecido como patrimonio de la nación, por ello advirtamos que la crítica al proyecto de reforma construye sus argumentos desde un planteamiento estratégico que presenta como botón de muestra las condiciones desventajosas que contiene y que nos colocarían como una nación con altos déficits en cuestiones de energía, además de que es unproyecto del que no habrá una extensión de los beneficios de manera general.
Decir no, significa contener una reforma que establece el fin de la rectoría del estado sobre este bien público, es la resistencia, que se construye a partir de la sospecha, de una memoria lastimada, que recuerda la venta de empresas inoperantes en manos gubernamentales que al ser recibidas por particulares han reportado ganancias insospechadas, como muestra sirva el caso TELMEX, empresa que hoy en día representa la joya de la corona del consorcio CARSO.
Por otro lado, el debate incluso trasciende la apertura al capital privado, pues coloca a PEMEX en una situación complicada, pues dejaría de ser un sector estratégico del desarrollo nacional, pasaría a ser una empresa gestora de contratos, que es decir nada, para la otrora poderosa empresa.
Hoy volvemos un camino ya avanzado, ante el discurso de esos enanos políticos que presentan escenarios catastróficos si la reforma no llega al puerto deseado, otra vez es el presidente nacional del PAN quien ha advertido que si no hay reforma le darán cuello al país, me parece francamente una frase irrisoria, pues de los debates, que bien ganado espacio han encontrado en la opinión pública nacional, obtenemos algunas observaciones que podemos generalizar como el reflexivo análisis o diagnóstico de la situación que guarda la empresa, aquí el recuento: hay un problema en el futuro inmediato con respecto a obtener las suficientes reservas petroleras; requerimos de nuevas alternativas en fuentes de generación de energía; favorecer proyectos que eficienten el desempeño operativo y la eficacia que impacte en un equilibrio financiero al interior de la empresa con el objetivo de generar que PEMEX tenga la capacidad de generar una industria petrolera más allá de la extracción de petróleo, es decir, hay que proyectar una empresa que busque desarrollar un área de petroquímica sólida que evite la compra excesiva de productos que pudiéramos producir en el país.
El debate tiene que subir el nivel, que daño le hacen esos políticos enanos a un asunto que rebasa la lógica mercantil y se convierte en un debate de nación.

MANIFIESTO DE LA CUESTIÓN PÚBLICA

La cuestión pública es un proyecto social de restituir los espacios de debate al ciudadano, es al mismo tiempo el momento de fundación de la acción republicana de una vida social corresponsable de los problemas globales, que sin olvidar los conflictos nacionales, el nuevo espacio de convivencia tiene como punto inclusivo geográfico el espacio de lo global como una dimensión local y lo local como una dimensión global. En la que los problemas son compartidos como un asunto glocal de difícil resolución dentro de las fronteras que el modelo estatal surgido en el siglo XVI venía determinando.
Es así que, la cuestión pública es un espacio donde confluyen los problemas sociales, donde convergen los diversos actores que se ven impactados por la inercia del proceso de transformación social, muy semejante en impacto a los sucesos producto de la naturaleza, hoy tenemos que entender a lo social como un ámbito en rápidos procesos de cambio. Atendamos que los cambios sociales deconstruyen el orden establecido, modifican el medio ambiente social, provocando que el mundo se convierta en un amplio espacio que se define por su complejidad. Una complejidad que determina la imposibilidad de dominar el mundo, en el que la capacidad del conocimiento hasta hoy acumulado es incapaz de interpretarlo, para ello, la reducción de esta complejidad a partir de un proceso de distinciones establece nuevos criterios para abordar los problemas de lo social, como un asunto que inicia en el desacoplamiento del sistema político y del sistema económico del propio sistema social, con lo que estamos en la presencia de un camino sin salida de lo social. Atendamos que si mantenemos una interpretación en la que lo social es un punto intermedio entre el poder y el mercado, se diluye el valor de lo social como un espacio de deliberación que instituye los diversos órdenes de la vida colectiva, ante ello si persiste este error, la pregunta es y será ¿el surgimiento de la categoría política y economía si no derivan de la acción y actividad que el hombre realiza en el ámbito de lo social, de dónde surgen?
De esta manera tenemos un asunto más importante a resolver, pues la cuestión pública es la expresión de los asuntos sociales vueltos problemas, es el rostro de la ilustración sociológica que permite “… la ampliación de la capacidad de observación de los sistemas sociales…”(Corsi, Esposito y Baraldi,1996:91) Estamos en un proceso de construcción de conocimiento sobre el espacio público, buscando los elementos latentes que permitan la distinción con lo manifiesto en la realidad.
Así, presenciamos la conformación de un análisis que restituye la frontera entre lo público y lo privado como dos categorías que se determinan por las funciones y operaciones que instituyen producto de la acción en el ámbito de lo social. En virtud de lo anterior, lo social establece un orden ético y moral de los asuntos sociales para ello construye el ambiente idóneo para que la cuestión de lo público se materialice en códigos que determinan el sentido de lo social como una esfera constitutiva de la acción humana.
La cuestión pública entonces, está determinada por las instituciones socialmente constituidas, por lo que una de sus características principales es posibilitar la discusión de los sujetos en un ambiente libre y reflexivo en el ánimo de conculcar bajo el convencimiento y la razón, definiciones comunes que permitan superar los razonamientos privados que constituyen la individualidad moderna basada en la defensa de los intereses particulares de cada sujeto. El campo de la cuestión pública, es por tanto,el espacio del debate, de la deliberación y la búsqueda de los puntos convergentes para restituir a la identidad colectiva el sentido de inclusión que constituye a los asuntos públicos en un problema de la democracia, de la pluralidad y de la tolerancia.

EL MIEDO DE LA SOCIEDAD

Nuestro miedo a un mundo abierto, que contradictoriamente, forma parte de nuestro mundo de las libertades, es la restricción de nuestra convivencia a partir de una fragmentada vida que generalizada se expande por el espacio de la ciudad. Es la vida colectiva la víctima de este ambiente de generalización del miedo, desde una perspectiva arquitectónica, las garantías individuales son restringidas o nulificadas para el conjunto de los individuos. La privación es el sinónimo de seguridad conjuntada con el principio de una noción de libertad restringida, que apela al nacimiento de un mundo cerrado. Un mundo que clasifica las áreas públicas de protección a partir no sólo de la recuperación de los espacios públicos, a partir de programas gubernamentales como los establecidos por el Gobierno del Distrito Federal en los que las actividades culturales tratan de regresar al individuo, al ciudadano al espacio de la ciudad. Sin embargo, esto no es así, el público asistente se mantiene atento en el oasis que la música y la luminosidad del espacio recoge un ambiente íntimo en el que el individuo no se ve amenazado.
De la misma manera, los llamados centros comerciales mantienen la individualidad del sujeto al garantizarles su integridad con el establecimiento de sistemas de seguridad las 24 horas del día con lo que se busca que se restituya la confianza en la habitación de los espacios públicos. Pero aclaremos que, la utilización de estos espacios no materializa un mundo que incluye y que a la vez, reconstituye la convivencia colectiva, la seguridad es un deseo individual que materializa una plenitud del sujeto para sí mismo. Para ello, la presencia de los mecanismos físicos de protección como las cámaras de video, son inútiles por los espacios que escapan a los ojos electrónicos, para ello, hay la revitalización del hombre-seguridad, quien toma un rol en este sistema de inhibición que no sé si logran cumplir esta función debido a que provocan un ambiente estresante en el consumidor, al aparecer como un vigía que de manera constante interfiere en la intimidad del consumidor para circundarlo con su radios de comunicación, su voz histerizante de vigilancia, es así que se gana en seguridad pero se pierde en intimidad.
Por otra parte, las zonas restringidas a la circulación al ser redefinidas por sus propios habitantes en zonas cerradas, establecen un ambiente que es manipulado para evadirse de la violencia, esta consciente y deliberada acción de exclusión, establecen una representación que no necesariamente sustituye el hecho real, por el contrario sobrepone un ambiente altamente inestable, pues lo que se establece con esta acción de autoexclusión es reducir los riesgos, que cuando se sale ese campo selectivo, se potencia el miedo, la inseguridad. Es de esta nueva situación de la que las empresas de seguridad se ven beneficiadas, así surge la economía de la desconfianza como un campo en constante expansión en un mundo altamente complejo, producto de la otra exclusión que es producto del mercado, que da nacimiento a los parias de la modernidad (dixit Bauman).
El nuevo rostro de la convivencia es en las barreras de un mundo que está sujeto a los márgenes de la seguridad y a la reducción de la compeljidad del miedo, es decir hay un ambiente que debe ser regulado. Sin embargo, esta regulación es ficticia pues se cierran las puertas de la casa, de la calle hoy vigilada, pero se abren las puertas a la violencia de los medios de comunicación y el cine, quienes generalizan y son la fuente de motivación para configurar una sociedad inclinada a la seguridad a partir de la compra de equipos de seguridad, quizá el más destacado de todos ellos sea la compra de armas, con lo que la sociedad del miedo se universaliza como una sociedad de la violencia, contradictoriamente. Es así que aquel ambiente que anima a la exclusión, el de la violencia citadina, es por el que se estimula instituir un ambiente propicio para el hombre violento.
Ante este fenómeno social, la gran perdedora es la sociedad como ese espacio de convivencia fraternal, quedando un mundo de consumidores de la violencia.

EL NARCOTRÁFICO COMO UNA FATALIDAD

Señala Carlos Monsiváis que la atmósfera del narcotráfico es un componente esencial del México del siglo XXI, en su afirmación no existe ningún dejo de falta de verdad, pues la cultura de la violencia se ha asentado en el país generando desequilibrios sociales que impactan en la convivencia cotidiana, redefinen acciones gubernamentales que, sin embargo resultan inoperantes ante el grado de penetración que los recursos emanados de esta actividad delictiva impregnan las esferas de justicia.
Ante la presencia del narco los gobernantes son actores incapaces de brindar respuestas, su optimismo manifiesta una incomprensión de la problemática que envuelve el tema, pues desde su espacio territorial el narcotráfico es un asunto que merece atención si este alcanza proporciones de ingobernabilidad, y ni siquiera ahí el gobernante tiene la respuesta contundente, es entonces cuando aparece el ejército para “resolver” lo irresoluble. El narco no es conflicto menor, como problema alcanza cada uno de los tejidos sociales que componen al país. Los asesinatos alteran la composición de la familia, en el ámbito del individuo este problema se complica como esa figura mítica de jano, sin embargo, a pesar de múltiples ítems que se ven reflejados, el narco es sin duda una industria con capacidades de operación que rebasan los distintos ámbitos de gobierno.
La estrategia de combate no sólo manifiesta deficiencias, las políticas de prevención adolecen de una amplia difusión en el núcleo de población expuesta, la población joven del país reconoce su consumo, reconoce que el tráfico de drogas forma parte de su acontecer diario. Para ello, no mostremos un indicador de combate al crimen como un asunto de guerra genérica, donde una buena pregunta es siempre ¿cuántos muertos más señor presidente?, para cambiar la estrategia, para modificar los programas y en lugar de combate permanente, establecer la prevención permanente.
El error de combatir al narco desde la lógica de la violencia, sin desconocer que el narco ha tratado de constituirse en una fuerza que genera sus propios espacios de influencia y de control de zonas del territorio nacional, es a partir de valorar que una profesionalización del trabajo de prevención y combate requiere de una fuerza del orden con salarios dignos, de profesionalización, no sólo en los cuerpos de élite, o los cuerpos creados ex profeso para apoyar en las acciones de combate a la delincuencia. Señalamos lo anterior en momentos en que el reclutamiento de ex miembros del ejército para formar parte de los grupos delictivos es una actividad que no se oculta. El narco ha generado su propia estructura en la misma tendencia que una empresa lo realiza con miras de establecer escalafones, bonos, y una serie de prestaciones de los que la prensa ya ha hecho mención en varias ocasiones.
EL NARCO Y LA POLÍTICA
Desde novelas ficción, hasta crónicas periodísticas el dinero caliente ha sido parte de los temas que la política no ha podido erradicar de sus agendas, las diversas reformas que se han llevado a cabo en los últimos veinte años han buscado resolver el problema, del cual la política no escapa en la medida de que hay una relación intensa con el poder económico. El alto costo de las campañas electorales, los vínculos personales de políticos y delincuentes son hoy parte de los archivos periodísticos, donde aparecen actores de la izquierda como de la derecha en franca convivencia. El dinero del narco no hace distinciones.
El narco compra, cobra, asesina o por lo menos esa es una de las vetas que llevan a los investigadores a llevar procesos en los que políticos se ven involucrados. Desde esta perspectiva, en donde existen nexos de complicidad y cooperación, entre narco y política, o de solapamiento de acciones delictivas, al interior de la actividad política, son muestra de que la atmósfera del narco forma parte del ambiente de la vida del México del siglo XXI, donde sin duda los perdedores en esta guerra es la sociedad, son las víctimas inocentes que se encuentran en medio de las balaceras, que se encuentran desprovistas de protección luego de que el ejército acaba sus campañas de combate al narcotráfico. En pocas palabras los espacios que el gobierno deja vacíos no los llena las fuerzas del orden locales debido a la débil estructura de protección con que cuenta. Es por eso que, la batalla es desigual.

El autoritarismo que no es

La forma de hacer política después del 2 de julio de 2006 manifiesta la inutilidad de las garantías individuales, sustentar que la difamación es parte del derecho que tiene toda persona para disentir y presentar su punto de vista en público, no sólo es un acto arbitrario, sino al mismo tiempo habla de la ineficiente función de la ley para regular dichos actos de clara intolerancia.
¿Qué hacer? ¿A quién se reclama de este acto vandálico propio de la intolerancia que ha venido manifestando la derecha hacia los sectores sociales que se oponen a las formas de hacer política, en tiempos en que se adolece de la legitimidad de los actos gubernamentales? En este ambiente de intolerancia, el presidente Calderón asume la defensa de sus proyectos en un tono provocador incitando a que se vea la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados como una acción violenta, de sinrazón, cuando en realidad lo que advierte la toma de la tribuna es la errónea percepción que se tiene sobre la regla de mayorías, la cual no quiere decir que los proyectos gubernamentales son los más viables ni que representan al conjunto de la sociedad mexicana. Los proyectos políticos emanan sus fortalezas del consenso y la negociación, lo que en la actualidad demuestra la postura del gobierno de Calderón es el desconocimiento de ese núcleo de población que voto en favor del candidato opositor, que la fuerza de los actos de Andrés Manuel López Obrador no provienen de la acción individual de un hombre sino de la acción que se sustenta en la colectividad que identifica a López Obrador como un actor representativo para el momento de cambio que vive México.
Que entienda Calderón, que la política es de adversarios, no de enemigos, que en el México actual gobernar implica el reconocimiento de las partes, que la pluralidad se funda en la diversidad de los argumentos, que la política está para generar el espacio común de la convivencia. Entonces la tarea del político tiene como objetivo ensanchar los espacios de participación, y no rodearse de personeros, grupos, élites que comulgan en el argumento, pues sólo aparecen en el momento en que hay ganancias, es decir, se crea un clima en el que los intereses particulares se anudan en miras de obtener un dividendo. Que no se confunda, la suma de intereses no hace lo colectivo, hace una banda hermanada por sus intereses, por eso en estos tiempos habla el dinero donde los empresarios no toman la tribuna, toman los medios de comunicación en horarios de mayor audiencia, para mentir.
El autoritarismo no es parte del México de 2008, en el acto del Frente Amplio Progresista se encuentra un mensaje del cual hay que hacer eco, ante la imposibilidad del diálogo la única salida es utilizar todas las herramientas con las que el legislador cuenta, el debate no es por tiempo, no es por meses, ¿cuándo debe terminar?, en el mismo momento en que se vea agotado el tema, en el momento en que la discusión haya sido generalizada al conjunto de la Nación mexicana, la cual se vea involucrada en el proyecto de transformaciones que el país necesita, con el pleno objetivo de generar los acuerdos que se requieren para insertarse en los procesos de desarrollo. Nadie duda de las reformas, pero hay mecanismos a tomar en cuenta, no es la solicita participación de un sector de legisladores, es la totalidad de la Cámara quien debe advertir de un pleno consenso. Es manifiesto que la oposición no se opone por oponerse, su acto de desobediencia está en los marcos de la civilidad que reconoce la ley, un acto autoritario rebasaría los criterios institucionales establecidos para la convivencia.
Por ello, la democracia no está en peligro, muy al contrario vigoriza su papel como único espacio de decisión donde los representantes populares agrupados en la FAP, son la expresión de un núcleo de población que tienen la posibilidad de expresarse, pero no con calumnias como sí lo hace ese sector que Velasco Arzac encabeza. Hace falta la responsabilidad de los actores que están involucrados en el proceso de la reforma energética, pues no sólo está el derecho a manifestarse, sino también a que haya un compromiso ético y responsable de lo que se expresa. Que organismos autónomos hagan uso de sus facultades para determinar la violación de la ley de estos spots, es bienvenido, pero al mismo tiempo se requiere del gobierno detenga está campaña de confrontación, que habilite espacios de discusión que rebasen las fronteras de la política institucional, que difunda la propuestas en los diversos ámbitos de la vida cotidiana de los habitantes de la Nación mexicana, pues es un momento en el que se requiere de la mayor transparencia y consenso posible. Es el futuro de México el que está en juego.