miércoles, 4 de mayo de 2011
jueves, 28 de abril de 2011
¿QUIÉN ES ARELY GOMEZ?
El nombramiento de los tres consejeros electorales del IFE que se ha venido posponiendo desde el 30 de octubre de 2010 nos impone una evaluación que rebase las posturas que semejan pronósticos o quiniela que los partidos políticos han manifestado al presentar a sus “favoritos” para ocupar estos importantes espacios.
El perfil del candidato no es suficiente para determinar su inclusión pero tampoco es de poca monta desdeñarlo ya que se puede derivar que su desempeño o posicionamiento se ve influido por la carrera que este miembro ha tenido en su desarrollo profesional vinculado o con cierta relación a alguna de las fuerzas políticas que los nominan. Esta relación candidatos-partidos políticos nos expone a un fenómeno en el que los cargos en el Instituto Federal Electoral son entendidos como un “botín” en el que el partido mayoritario en la Cámara de Diputados lleva mano en la selección y propuesta.
La Junta de Coordinación Política como órgano encargado de lograr el acuerdo que permita la nominación de los tres nuevos miembros para el Consejo General del IFE tiene el reto de lograr que haya unanimidad en la decisión evitando rupturas que provoquen de nueva cuenta un déficit de confianza que los partidos transmitan al árbitro electoral.
Sin embargo, los legisladores encargados de esta encomienda parece que no guardan memoria del accidentado proceso de nominación del año 2003 donde vía el mayoriteo PAN-PRI excluyeron al PRD de la nominación e integración del entonces nuevo Consejo General, hoy (abril de 2011) nos exponemos a que ocurra un escenario semejante si el PRI como partido mayoritario no deja fuera argumentos negativos que se oponen a buscar el mayor consenso en la designación de estos miembros que por lo demás han sido pospuestos desde hace casi seis meses.
Por eso el perfil cobra relevancia pues los partidos están en su derecho de vetar candidatos que abiertamente son proclives a que en su potencial desempeño como consejeros manifiestan sesgos políticos que repercuten en el desempeño de las actividades del órgano electoral. La principal observación la formulamos con base a que el Instituto se expone a ejercer un parcializado trabajo si sus miembros no son actores con capacidad de independizarse de los partidos que los han propuesto, el daño inicia hacia el Instituto en la falta de confianza que los partidos pueden manifestar ante el trabajo electoral, prosiguiendo con los ciudadanos quienes mantienen una posición que ha sido difícil de superar después del proceso electoral de 2006. Es menester contar con un árbitro confiable para los actores en competencia y para el ciudadano.
La propuesta de Arely Gómez resulta contradictoria si entendemos que el Partido de la Revolución Democrática la avala ya que cuando fue nombrada como nueva titular de la FEPADE en el año de 2007 y posterior a su renuncia aplaudió su salida de este espacio, el motivo que expuso Jesús Ortega fue que Arely Gómez y propiamente la Fiscalia no atendía “con eficacia y prontitud las quejas” . Este partido al día de hoy avala a una cercana protagonista pro gubernamental que estuvo involucrada en el desafuero de López Obrador e incluso en los video escándalos al lado del entonces presidente de la Suprema Corte de la Nación del Poder Judicial Federal, Mariano Azuela, pues fungía como secretaria de la presidencia y luego como oficial mayor en ese espacio judicial. Arely Gómez es hermana de Leopoldo Gómez alto directivo de Televisa y cadena de televisión que ha mostrado un denodado esfuerzo por demeritar el papel de los partidos así como del propio Instituto, Jenaro Villamil ha propuesto que este simple vínculo filial la ubica como una funcionaria cercana a este monopolio y quien al mismo tiempo es parte de la estrategia del proyecto Televisa Enrique Peña Nieto para –como dice Fermín Alejandro García columnista de la Jornada de oriente-, ganar las elecciones presidenciales de 2012.
A lo largo del último trienio del gobierno de Felipe Calderón 2009-2012 hemos visto un activo papel de las televisoras para atacar al árbitro electoral ya que ha ejecutado acciones legales que han implicado cobros millonarios por su antitético papel con la difusión de los spots electorales al que están mandatados por la ley electoral a transmitir. Por esta otra razón Arely Gómez debe verse como una candidata de la que se tienen que presentar severas dudas sobre su autonomía e independencia para manejarse en un cargo de tal envergadura.
Sin embargo, como hemos señalado tal parece que la memoria de los partidos es corta, ya desde octubre de 2010 la ex fiscal de la FEPADE era la propuesta del PAN y PRI pero no así del PRD quien ha mantenido a Emilio Álvarez Icaza como su propuesta pero que al sumarlo como la propuesta del grupo opositor minoritario compuesto por el PAN, PRD, Convergencia lo expone a no ser seleccionado, ya que si hay algo seguro debido al lugar de preferencia que han manifestado los dos grupos más fuertes en la Cámara de Diputados Arely Gómez se ubica como la más sólida candidata. El PAN y el PRD la han colocado en su primera preferencia seguida de David Gómez y de Emilio Álvarez Icaza, mientras tanto el PRI y PVEM la colocan en la segunda posición por detrás de Enriqueta Ochoa y precedida de Cecilia Tapia.
Cuidar al IFE es un objetivo que los partidos tal parece que no asumen, por lo que la decisión entorno del nombramiento de los próximos consejeros se ve expuesta a ser rehén del proceso electoral venidero en donde se juega más que la permanencia del PAN en la presidencia sino la posible victoria del PRI con un entorno favorecido por apoyos en diversos ámbitos de influencia en el escenario electoral.
jueves, 14 de abril de 2011
La Jornada: Llama el Ifai a revalorar las bondades de la transparencia
miércoles, 6 de abril de 2011
La Jornada en Internet: Ratifica TEPJF multa de IFE por 113.5 mdp a Tv Azteca
miércoles, 15 de septiembre de 2010
El ausente
El México del siglo XIX tenía una conformación social dividida en dos grandes sectores: decentes y leperos; los primeros como dice Alejandra Moreno Toscano eran los que tenían futuro, eran los que contaban con un trabajo, eran útiles a la sociedad, mientras tanto los léperos eran un sector que no era útil a la sociedad, eran improductivos, en síntesis eran groseros, insolentes y vagos.
Desde esta imagen el México del Siglo XIX tenía instrumentado un mecanismo de autoridad basado en un configurado paternalismo que derivaba en formas clientelistas de subordinación. Se establecían relaciones de clientela para favorecer el control, bajo una figura mediadora se permitió establecer una relación directa con el alcalde conforme a elementos corporativos en los que sólo se reconocía el acuerdo cupular entre la organización y el poder político.
Este pequeño mundo de corporaciones prefiguró un mundo en el que los improductivos que no tuvieran un organismo que les permitiera contar con un representante se enfrentaban a la policía de manera directa. Es decir no existían consideraciones que le permitieran sortear a la justicia, a menos que se insertara en ese mundo de complicidades y manipulaciones políticas de las que formó parte el conjunto de la sociedad.
Esas manipulaciones permitieron crear bloques sociales que permitieron conformar grupos de apoyo entorno del aspirante a presidente y futuro patrocinador de la vida pública corporativa. Los paleros (denominados así por su función como removedores del lodo de las acequias de la ciudad) se convirtieron en verdaderos brazos de aplausos para que los políticos liberales fueran ovacionados.
Ese mundo no está ajeno a la conformación de una conciencia nacional pues a pesar de que hay una fractura social o un déficit de cohesión social será este amplio grupo social el que impulsará la resistencia a todo ejército ajeno, por eso recuerda, rememora sus gestas, asumo que la resistencia de 1848 es una movilización de montoncitos de peladitos en la que la población decente y las propias autoridades se negaron a hacer frente, el llamado a la calma mediante carteles, fueron desconocidos por la población que habitaba los barrios.
Esos barrios son los que reclamaron y enfrentaron improvisados a los enemigos con sus pocos o muchos instrumentos, establecieron milicias, en los barrios eran vistos como héroes en las calles de la gente decente se temía esta resistencia que reconocía su territorio como inalienable. Como un lugar de defensa por el “montón de peladitos” que Guillermo Prieto describe de manera costumbrista. Lo que se advierte a partir de lo hasta aquí descrito, la expresión espontánea no se contiene por el contrario se le incita su presencia, al fin y al cabo el centro de la ciudad es suyo lo han defendió, lo han reclamado como suyo, se asumen patriotas de cualquier hacían una bandera tricolor ese es el México de una fiesta no institucional que hoy septiembre de 2010 no encontramos en la serie de actividades que forman parte del festejo del Bicentenario.
Hoy se le convoca y se le desconvoca, la fiesta es para los amigos del partido del presidente y de burócratas de mandos medios hacia arriba, y el peladito no aparece. Existe una representación es un Coloso de rostro pétreo, mira hacia la nada, pero no es el pueblo, no es el barrio. No hay lugar para ellos, se les invita esta vez sí (en la última semana), pero a ser espectador de televisión porque se verá mejor (en la plaza se restringirá el ingreso, sólo 60,000 personas tendrán acceso los demás se quedarán fuera), se invita a observar su evento como un usuario de internet, en un país donde sólo 5.9 millones de hogares cuentan con computadora, ese es el evento que ha costado más de 45 millones de dólares.
Y la contradicción va y viene, la zona VIP de los panistas semeja el mundo de la sociedad decente, y los peladitos, la bola, fuera del círculo, del oído del presidente para que la fiesta pase en paz para que sea una fiesta tranquila, que se evite el gruñido de los improductivos de los que se encargan de reproducir la historia de forma oral ellos no están no existen. A menos que… el político reclame su voto.
miércoles, 14 de julio de 2010
Cambios: llega un secretario sale un secretario
Fue diputado y compañero de bancada de Felipe Calderón en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, durante el período que corre del año 2000 al 2003, posteriormente regresó a su estado Baja California para convertirse en Diputado Local de 2004 a 2007, en el transcurso de su encargo como representante popular, en el año de 2006, se le mencionó como posible miembro del gabinete del entonces presidente electo Felipe Calderón. El hipotético nombramiento lo ubicaba en la Procuraduría General de la República, no sucedió, en cabio al finalizar su gestión como legislador en 2007 el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, lo incorporó en su gabinete como Secretario General de Gobierno. Ahora es convocado para incorporarse al gabinete ahora sí de Felipe Calderón su otrora líder en el Congreso Federal, para ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación, un espacio político por naturaleza, conforme a las funciones que desempeña el titular de esta Secretaría es quien se encarga de la política interna del país, por eso cuando se buscan en los datos curriculares de Francisco Blake Mora su perfil deja demasiadas dudas.
A pesar de que se pueda apreciar que su llegada a la Secretaría de Gobernación no es por sus méritos sino por alguna encomienda que de tan precisa no se ve qué pueda ser, Blake Mora es quizá el hombre que tratará de ofrecer respuestas al problema de seguridad y dar seguimiento coordinado a la guerra que contra el narcotráfico el presidente de la República ha propuesto como política sexenal. Asimismo, es posible entender el nombramiento de un político de mediano y hasta muy bajo perfil para terminar con los enfrentamientos verbales o alocuciones envalentonadas que su sucesor profería, la memoria nos obliga a recuperar tan sólo la última confrontación pues profirió una serie de ideas hacia los defensores de derechos humanos que no vale la pena considerar pero sí poner como un ejemplo nítido de la debilidad que ante los micrófonos tuvo Fernando Gómez Mont.
No esperemos demasiado de los nombramientos, pero la salida de Ruíz Mateos de la Secretaría de Economía nos muestra la debilidad que guarda el área económica para el presidente, su regreso a Los Pinos nos hace pensar en un acción presidencial de la que lo único factible es que el grupo interno y cercano del titular del Ejecutivo apresta una estrategia con miras a enfrentar el último tramo de su sexenio. Es quizá esta idea la que sugiere que la salida de Patricia Flores también implica el fin de las aspiraciones presidenciales de Alonso Lujambio, quedando el camino para que Ernesto Cordero titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se consolide al mantener altos bonos para varios de los miembros que aun quedan en Los Pinos.
Una Secretaría de Gobernación de bajo perfil no implica que se contara con la disposición para negociar los diferentes puntos de la agenda que están abiertos, por el contrario puede representar la subordinación de la política a los tiempos y necesidades del presidente quien ha modificado su estrategia a partir de que la “alianza amplia” arrojo resultados positivos que lo han quitado de una situación crítica, hoy está en condiciones de negociar, para ello quizá requiere de un funcionario dócil, útil para que César Nava, el presidente por extensión pongan por doble vía sus intereses en la mesa entre partidos y gobierno. La mira es 2012 que no se olvide. Por eso, Blake Mora ha llegado a ocupar un espacio que se desgasta rápido pero el costo es menor con un funcionario de bajo muy bajo perfil.
Pd. Por cierto a Blake Mora hay que agregarle en su curriculum la derrota electoral en Baja California en el pasado proceso electoral del 4 de julio.
jueves, 13 de mayo de 2010
La crisis recurrente del Partido Acción Nacional II
Más que lastimar la imagen del candidato panista la observación y presentación de la denuncia penal por parte de la administración municipal y regidores del PRI y que ha significado que hasta el día 13 de mayo se permitiera su registro como candidato al gobierno del estado de Aguascalientes, debe leerse como parte de las estrategias que se inscriben en la lucha electoral por la gubernatura. La falta en que se encuentra Martín Orozco esperará la sentencia definitiva gozando de la totalidad de sus derechos políticos.
El argumento en que se basó el pleno de la sala fue que al no verse en los supuestos del artículo 9° del código electoral del estado en donde se señalan tres condicionantes que permiten ratificar sus derechos, a saber se advierte que el hoy candidato no :
I. [esta] sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, contada a partir de la fecha del auto de formal prisión y hasta que se decrete por compurgada la pena o en su caso por prescrita ésta;
II. [Se encuentra en] ejecución de una pena corporal; y
III. [hay] resolución o sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos.
Por lo anterior, la ponencia del magistrado Flavio Galván fue rechazada, ya que con cinco votos a favor de que el panista sujeto a proceso penal, mientras no exista declaratoria de sentencia es inocente y por tanto, sus derechos políticos están vigentes, de esta forma ha sido desechada la decisión del órgano electoral. Al paso que vamos ignoramos si la sentencia llegará anterior a que ocurra la jornada electoral o posterior a la misma donde seguramente el hoy candidato será un protagonista que estará compitiendo de manera cerrada por la gubernatura con el candidato priista.
Hacemos referencia a un escenario de competencia con base al resultado de las encuestas que han aparecido en las que ambos candidatos (la encuesta se realizó antes de que Martín Orozco fuera reconocido por el IIEA) aparecen bien posicionados en la preferencia de los electores, muy atrás queda la candidata del PRD Nora Ruvalcaba quien ha perdido la esperanza de contar con el apoyo del panismo nuevo aliado de este partido.
Ya formalizado el proceso con varios días de rezago el candidato panista tiene otros problemas que resolver, uno de los más serios lo representa la relación que aun permanecerá latente y que manifiesta un dolor de cabeza no sólo para Martín Orozco sino para la dirigencia nacional encabezada por César Nava quien tendrá una labor mayúscula para brindar el apoyo electoral necesario a un candidato que se encuentra huérfano del apoyo del primer panista del estado que formalmente recae en el actual gobernador Luis Armando Reynoso Femat quien en palabras de Orozco se ha opuesto a su candidatura y se ha inclinado en apoyos en favor de su amigo Carlos Lozano de la Torre candidato de la coalición opositora al partido gobernante, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional.
La posible conspiración que Martín Orozco ha observado y que ha representado el principal límite a su candidatura dejará de ser sólo un supuesto a menos que el panismo estatal pueda ofrecer elementos que ratifiquen esta oposición o por el contrario la denuncia penal puesta ante la procuraduría estatal lo declare culpable de actos de peculado. Este es el hecho que pesa sobre la candidatura de Martín Orozco, este el ambiente que pone a la elección de Aguascalientes en el escenario nacional, porque implica la pérdida de votos, capitalizados desde los inicios de la década de los ’90 y que hoy están eclipsados.
Lo anterior nos permite llevar el asunto electoral de la elección a gobernador al orden de gobierno municipal donde hay altas posibilidades de ratificar el triunfo obtenido por el PRI en la elección 2007 cuando Gabriel Arellano obtuvo el triunfo, después de casi diez años de administraciones panistas.
De esta manera podemos señalar que el riesgo de perder la gubernatura y el municipio más importante del estado está latente, debido a asuntos que pasan por las transformaciones internas del partido, que no necesariamente tienen en personas las causas sustantivas, la llegada de empresarios al gobierno vía el PAN y personas ligadas a esta visión han hecho profundas modificaciones que debemos observar con atención para atender que la crisis en el partido albiazul en el estado es y ha sido una condición recurrente desde la aparición del grupo que encabezó Felipe González hace ya más de una década.
La crisis recurrente del Partido Acción Nacional I
Conforme al artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en materia de garantías judiciales tiene todo ser humano se ha sustentado la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ordenar que el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes registre y reconozca los derecho políticos del ciudadano Martín Orozco quien será a partir del día de hoy candidato a Gobernador del estado de Aguascalientes por el Partido Acción Nacional.
El motivo que derivó en la decisión del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes se basó en que el ex presidente municipal Martín Orozco competidor por la gubernatura, está inmerso en un proceso judicial del que espera sentencia. El aludido sigue en libertad debido a que goza de un amparo que le permite seguir el proceso en esta condición. Dicho amparo le garantiza que evite pisar la cárcel ya que el juez le dictó auto de formal prisión por tráfico de influencias y uso indebido de la función pública.
El delito en cuestión, de tráfico de influencias, implica que cuando era presidente municipal adquirió unos terrenos propiedad del municipio, hasta aquí podríamos decir que no habría ningún problema pero en aquel momento que vino la compra Martín Orozco era un funcionario público en activo, con una responsabilidad pública que requiere un comportamiento ético y apegado a derecho. El desconocimiento de los procedimientos administrativos para la desincorporación o enajenación de bienes por parte del ahora ex presidente nos pone en una severa situación, y nos hace preguntarnos ¿qué gobernante desconoce los procedimientos administrativos materia de su cargo que desempeña?
viernes, 16 de abril de 2010
La política de la violencia de Calderón
El 10% de la población civil que ha fallecido o ha sufrido un daño irreparable además de la crítica situación que se vive en poblados municipios y estados de la república derivado del temor que se vive por este ambiente de violencia generalizada que no es necesario confirmar que es causada por los constantes enfrentamientos que se han suscitado entre el crimen organizado y militares o policía federal.
Señalamos de manera contundente que es el 10% de la población conforme a lo expresado por el presidente de la República quien pareciera reafirmar lo dicho por sus empleados, quienes han declarado de manera recurrente que las muertes de personas inocentes son “daños colaterales”.
Lo que hace distinta la declaración del titular del Poder Ejecutivo es su evasiva respuesta que no asume una total responsabilidad sobre los ciudadanos quienes sin ningún vínculo o relación directa con el crimen organizado sufren pérdidas irreparables de las que el presidente sólo se atreve a pronunciar que lo lamenta, pero “son los menos”. Esta vaguedad en el número y estúpida respuesta que ofrece para justificar las acciones del gobierno federal para continuar con su proyecto de militarización del país, nos debe invitar a pensar en un hombre lleno de poder que asegura el éxito de su guerra, tan sólo porque él cree que va consiguiendo golpes sobre pequeños o mandos medios de entre los líderes del narcotráfico. Mientras tanto los grandes capos siguen expresando su poder y la capacidad de fuerza en cada uno de los rincones del país, en donde el ejército o la policía no se encuentran debido a su capacidad de reacción o a que es nula su presencia. Múltiples ejemplos de esta situación hoy son parte de las noticias y del vox populi, para muestra sólo algunos casos: pueblos que son tomados por narcotraficantes, jóvenes que son asesinados en reuniones, cadáveres de niños encontrados en Cuernavaca a causa, presumiblemente, del crimen organizado.
En las declaraciones del presidente aún hay más, pues como hemos tratado de mostrar, no sólo trata las muertes de estos mexicanos (de todas las edades) como un asunto nimio, de poca monta porque su “gobierno ha dado fuertes golpes al narco”. No es cuestión de enfoques, lo que ocurre entorno de una mala política que trata de contener los efectos y daños que ha causado el crimen organizado. Es un problema de fondo, que debe buscar sus orígenes en la poca o nula capacidad del gobierno federal para contener los tentáculos del crimen en las múltiples esferas de las actividades económicas, sociales y políticas, pues la llamada “guerra” que ha venido desarrollando contra el narco es inefectiva derivado a que no ha podido limitar sus capacidades económicas, las cuales están intactas, veáse el importante comercio que circunda en el entorno del narco con un solo objetivo lavar los recursos provenientes de su actividad ilícita. La ineficiente capacidad para lograr una serie de disposiciones legales que permitan afectar sus propiedades, sus recursos monetarios.
En el ámbito social debe repensarse las propuestas legislativas entorno de prohibir los corridos porque son una apología del narco, veamos adecuadamente el fenómeno social hoy en día tenemos que observar que las generaciones de mexicanos posteriores a la década de 1970, nacieron reconociendo esta música como parte del repertorio de sus grupos favoritos, no es ajeno a su vida diaria. Más que estar en contra de los efectos que la música puede causar pensemos en la función social que cumple y no en el factor nocivo que puede representar. El corrido (la música) es parte de los medios de información conque la sociedad de recursos escasos se conforma una opinión, se informa de un mundo que ha atado su desarrollo cotidiano en la actividad política a la corrupción, a acuerdos y recompensas que atentan contra el interés colectivo.
La nula eficacia del gobierno federal también se deriva de políticas preventivas que no han buscado incorporar a los estados de la República dentro de un proyecto integral, por el contrario ven a sus cuerpos de seguridad pública como parte de sus enemigos, y en forma opuesta los actores locales ven a los miembros de las policías federales y militares como una suma de actores de los que hay que recelar porque en su trabajo poco aseado les dejan una labor titánica: recomponer la imagen de la justicia, reparar las condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana (resarcir los efectos que sobre el tejido social se han provocado), devolver el nivel de confianza y de identidad entre los habitantes, quitar esa zaga de odio y frustración que ha hecho que el crimen también lo utilice como discurso para captar miembros.
Por ello, hay que redimensionar una función ética del Estado a partir de políticas que reviertan las condiciones excluyentes de un proyecto de nación unidimensional en el que Felipe Calderón ha creído al establecer su guerra contra el narco. Un error de consecuencias difíciles de advertir para la permanencia del PAN en el poder, porque la capacidad del equipo del presidente para que desde esta serie de resultados derivados de la política de fuerza que ha venido promoviendo pueda obtener la aprobación del conjunto de la población, y que esto signifique un futuro triunfo electoral es cosa de difícil asidero con los datos con que hoy se cuentan, pues en la evaluación de abril de Consulta Mitofsky Felipe Calderón alcanza un nivel de aprobación de tan sólo el 53% de los encuestados. El resultado de la encuesta no sólo se basa en su imagen sino en su capacidad política, en su trabajo diario, en los aciertos de sus decisiones. La opinión de la población cuenta y no sólo los discursos que buscan revertir el daño que la política emprendida posterior al viraje de timón que ejecutó y que dejó en el olvido su discurso a favor del pleno empleo.
La realidad sigue confirmando los errores de sus políticas, incluso lo han reconocido sus propios miembros del gabinete, cuando al publicar las cifras oficiales de la guerra contra el narco los 22, 000 muertos son incluso mayores a aquellos datos que la prensa venía manejando.
domingo, 7 de marzo de 2010
Petición
Señores miembros del jurado
Que ganaría con mentirles soy un lector empedernido
Me leo todo –no me salto
Ni los avisos económicos…
Por eso pido que me den el Premio Nóbel de Lectura
A la brevedad imposible
Nicanor Parra
martes, 26 de enero de 2010
Un artículo errado
En la manera de exponer su verdad Joaquín Vilalobos –alguna debe tener- nos quiere presentar y vender la idea de que las acciones gubernamentales han sido las más apropiadas para el combate al narcotráfico, incluso hace unas semanas Ciro Gómez Leyva hablaba de un parteaguas en el análisis del narco a partir del texto publicado por este ex guerrillero del FMLN.
Villalobos pretende hacernos ver que las condiciones en que la lucha contra el narco se han dado son mejores por que es una acción que debe analizarse en condiciones políticas democráticas, por lo que suponemos que, por este hecho debemos aplaudir y asumir la acción gubernamental como las más viable pues el ex guerrillero supone que en esta lucha ha habido un consenso o cuanti más un sesudo debate que otrora situación que guardaba el régimen no podría llevarse a cabo. Es aquí donde encontramos el primer error, pues en la acción gubernamental no existió ninguna disposición a escuchar las voces críticas que le advirtieron de esta vía, así como los costos, en suma existe un programa pero no una profunda planificación que no sólo se concentre en los narcotraficantes sino que también se requiere atención sobre las causas. Estamos pensando en políticas públicas que posibiliten esfuerzos compartidos en temas como es la salud, desarrollo humano, seguridad, justicia.
Villalobos juega con evidencias y dispara frases que sin un sustento claro dejan dudas sobre otros problemas, por ejemplo: “ ¨[el] narcotráfico es un delito global que está extendiéndose en casi toda América Latina, afectando también a Europa del Este, al norte de África y algunas regiones de Asia” En la cita anterior ni duda queda de esta evidencia pero no puede suponer que por este hecho México tiene que seguir la línea de acción que le sugiera la CIA.
Lo anterior nos lleva a compartir el mismo punto de vista con Luis Hernández Navarro (La Jornada, 26 de enero 2010) quien de manera crítica señala que Villalobos es un publicista, un consultor que sin conocer la realidad nacional se pone a justificar la peor obra del gobierno del derechista Felipe Calderón. Doce mitos de la guerra contra el narco (Revista Nexos, 2010) desconoce que el narco ha estado ahí que las acciones gubernamentales han sido erróneas con mucho porque se ha tratado el narcotráfico desde un ángulo meramente criminal. No ha existido la decidida acción que vea los múltiples ejes que están involucrados, asuntos financieros, asuntos de salud, pobreza, justicia, y un largo etc.
Nuestro autor reconoce palabras más palabras menos que, con la licencia y en uso de añejas declaraciones, Estados Unidos es una alberca y México el trampolín para las drogas, pero no conoce que los programas siempre han tenido un solo actor que ha tratado de frenar sin la decidida ayuda norteamericana. Desde esa perspectiva la lucha contra el narco echada a andar por Felipe Calderón es una de tantas acciones unilaterales que con poco o nulo éxito concluirán en 2012.
miércoles, 20 de enero de 2010
EL DECÁLOGO DE CALDERÓN: UNA PROPUESTA DE REFORMA POLÍTICA LIMITADA
La propuesta de reforma planteada en el decálogo enviado al Poder Legislativo por parte del presidente Felipe Calderón adolece de claridad que corresponda al contexto que México ha vivido en los últimos treinta años. La mecánica del cambio político se sustentó en una profunda ingeniería político-electoral que ha implementado un modelo representativo en el que el régimen democrático-liberal ha quedado secuestrado. Su principal alteración provino del desdén que desde el poder se tuvo por el respeto hacia el marco institucional que el llamado gobierno del cambio impuso como forma personal de gobernar desde el año 2000. Quizá el punto central se tenga que observar en la falta de respeto en las reglas de la competencia, las declaraciones imprudentes de Vicente Fox al señalar “que se desquitó cuando ganó su candidato”[1] hechas en febrero de 2007 dan muestra de este comportamiento que sin miramiento por garantizar una contienda igualitaria y equitativa entre las fuerzas políticas tuvo el entonces presidente de la República al apoyar de una manera decisiva a uno de los candidatos. Podemos hacer notar que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mostró en su dictamen de calificación del proceso de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puso atención sobre las declaraciones e injerencia que Vicente Fox tuvo en el proceso al señalar que “se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios (sus declaraciones y acciones)…”[2]
Sin duda el país ha sido impactado, las instituciones que dieron certeza, validez y legalidad a los procesos electorales han sido trastocadas de manera severa. Ha sido tal el daño que la mayor crisis que ha tenido el Instituto Federal Electoral desde 1996, fue vivida posterior al proceso electoral de 2006 con la salida del consejero presidente y otros cinco consejeros. Será 2008 un año que trajo cambios en temas circunscritos a la presencia en medios de comunicación por parte de los partidos, los dientes con que se dotó al IFE lo hicieron ver como un agente sobre regulador. La realidad nos mostró un árbitro incapaz de ejecutar lo establecido en la ley, no hubo capacidad para desempeñar sus nuevas atribuciones.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Una guerra fallida
Una guerra que no es guerra, una estrategia ineficaz que ha llevado a generalizar un estado de indefensión que atraviesa a cada uno de los estratos de la sociedad mexicana. El problema que vemos es que la lucha contra el narco ha abierto un debate en que los poderes locales, municipales, no sólo ponen en duda la estrategia contra el crimen organizado sino que han arrogado funciones que transgreden los marcos legales que facultan a este orden de gobierno. Desde esta perspectiva es criticable la posición que ha adoptado Mauricio Fernández, presidente municipal de San Pedro Garza García, quien ha planteado la creación de grupos paramilitares que tengan la tarea de ofrecer seguridad y a su vez enfrenten a estos grupos que han generado espacios de excepción a la justicia.
Como situaciones instantáneas que hemos vivido en períodos de tiempo breve, a estos actos en los que prima un discurso que de una u otra forma hace una apología de la violencia, es un discurso más cercano a un “estado de naturaleza” que a un mundo civilizado.
La sociedad se ha caracterizado por determinar una función limitada del Estado, como un agente garante de orden, ante estas atribuciones el cuerpo político se ha visto desprovisto de capacidades de gestión que cubran ámbitos sociales, económicos, culturales. No hay en esta noción estatal el reconocimiento de un Estado Social que ofrezca mínimas condiciones de vida al conjunto de la comunidad. La pobreza, la falta de empleo, mínima oferta educativa, altas tasas de desempleo, despidos masivos ( que involucran incluso al gobierno como empleador), si a esto sumamos los subejercicios que contravienen las metas programáticas que las Secretarías de Despacho establecen como proyectos de trabajo, nos permiten hacer referencia de un problema de gestión de poca sensibilidad gubernamental, de un nulo compromiso social de los gobernantes. Todos estos asuntos ligados a la gestión gubernamental son decisivos para completar un cuadro que se generaliza e impacta a lo social. Hace de la sociedad un espacio cautivo tanto del crimen organizado como de la ineficacia gubernamental.
De ahí que propuestas que plantean “hacer justicia por propia mano” tienen eco en algunos círculos de la sociedad en especial en núcleos de población ligados a poderes fácticos, es de advertir que ahí donde se pone en duda el poder del Estado para que sólo él tenga la facultad de tener el monopolio de la violencia legítima, al plantearse la creación de escuadrones de la muerte, se roza el otro extremo de un debate que parte del sometimiento del Estado. Mientras el crimen organizado quiere acabar con la capacidad del Estado para brindar protección, ofrecer orden y garantizar condiciones mínimas de convivencia en el que impere el respeto irrestricto de la ley; los escuadrones de la muerte son expresiones que se posibilitan ante el fin del Estado, una idea que es afirmada y reproducida por estos grupos sociales que ven inoperante la acción de la justicia. Desde esta óptica hay un punto que hace al delincuente y a sectores de la población ávidos de ejercer justicia por propia mano, este punto es: los dos sectores no creen en el Estado.
Un grave problema enfrentamos como sociedad, pues buscar la defensa de los derechos y la vida de cada uno de los integrantes de la comunidad depende de encontrar un marco jurídico que mantenga sin consideraciones de género, preferencia sexual, o exclusión que se derive de la condición económica que se viva e incluso de la profesión que se ejerza, una real y efectiva convivencia, pues hoy en día hay actividades que viven en el borde de la violencia ya sea estatal, o del crimen organizado. Atenuar y erradicar la violencia sobre periodistas es una misma historia que como hemos señalado involucra a los gobiernos como al crimen organizado, es decir se atenta contra la libertad de expresión y contra este ejercicio profesional desde esferas legales como ilegales, ante un mundo que no tiene garantías mínimas de de convivencia son los derechos humanos discursos que nos ofrecen respuestas y una esfera que nos brinda mecanismos de defensa que por su valor deben ser estimulados y defendidos desde la sociedad.
Del gobierno no esperemos mucho sigue envuelto en un discurso de guerra que al día de hoy nos muestra cifras escalofriantes, pues en este año 2009 septiembre y octubre han sido los meses más violentos y que han tenido entre los dos periodos más de 1596 muertes relacionadas con el crimen organizado, es decir si se hace un promedio por día en México en estos dos últimos meses, ha habido más de 26 muertes diarias. El dato contraviene argumentos optimistas que hoy aparecen como propaganda gubernamental donde se dice del récord en la detención y desmantelamiento de bandas criminales, la detención de prominentes miembros de los carteles de las drogas, la eficiencia y buen trabajo de la policía federal; de lo que no se habla es que los territorios no se han recuperado, la guerra entre narcos y gobierno tiene postrada a la sociedad, quien está secuestrada en este 2009 donde la cifra de 6 mil 714 muertes es un dato nada soslayable. Y aun la guerra no termina.
miércoles, 21 de octubre de 2009
EL SECUESTRO DEL ESTADO LAICO
Se llama Yasuri Sac-Nicté Pool, está recluida en el Centro de Readaptación Social (Cerezo) de Chetumal, su delito según consta en expediente, aborto inducido, provocado. Su caso no es distinto a cualquier otro en distintas latitudes del país, hoy es en la Península, mañana puede ser el Pacífico, el Golfo, no hay lugar que no tenga un caso semejante en que se atente contra los derechos de un núcleo poblacional que constituye más de la mitad de la población del país y quien no cuenta con garantías amplias para la autodeterminación de sus acciones y conciencia. La indígena maya fue acusada de homicidio doloso, el motivo fue llegar al hospital el pasado 12 de octubre en la madrugada, con una hemorragia que era causa por las complicaciones de su embarazo. Quizá el motivo de su aborto fue provocado por esfuerzos producto de actividades a las que se expuso, que no necesariamente deben ser penalizadas sino observadas para determinar la inocencia de esta joven mujer, según la legisladora Luz María Beristain Navarrete unos cuantos días antes Sac-Nicté cambió de lugar los muebles de su casa lo que se entiende provocó la hemorragia y el posterior aborto involuntario. Por cierto su hogar corresponde a una comunidad humilde, su casa está hecha de palos y el techo es de palma, en esas condiciones ella vivía con su madre y dos hijos: una niña de año y medio y un niño de cinco años. Hoy, su hogar se encuentra abandonado en la comunidad Sabidos, en Chetumal, sus familiares se encuentran en la capital del estado esperando un milagro, una respuesta en la que impere la justicia y devuelva su libertad.
Devuelva una mujer a su función de madre para los dos hijos que son su responsabilidad. Ella es víctima del sistema de justicia legal que ha reconocido, ofrece protección y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción y hasta la muerte natural, este derecho promovido desde una política conservadora en la que las fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado han estado de acuerdo.
Un poco de historia para entender que esta ley antiaborto es injusta, nos lleva a ubicar su promulgación el 21 de abril de 2009, con 18 votos a favor, emitidos por las fracciones del PRI, PAN, PVEM, y PANAL y 6 en contra, en el Congreso de Quintana Roo, así se reformó el artículo 13 de la Constitución del estado, lo que dota a su marco constitucional de un carácter regresivo en cuanto a los derechos individuales que presumen de una igualación consolidada en los principios de respeto de la autodeterminación y capacidad deliberativa de todos los integrantes de la comunidad política. El que haya sido penalizado el aborto y que quede a la opinión y juicio del médico juzgar si el aborto fue inducido o involuntario es de difícil solución, pues en la decisión del médico no media una capacidad de dirimir una causa por vías legales y bajo un proceso de investigación ministerial sólido, si entendemos que hay una certeza de que la ley se aplica sin ningún grado de subjetividad, en la sospecha del médico de la clínica del ISSTE debería mediar un amplio criterio para que no existieran actos de injusticia que atentan contra los derechos civiles y humanos de la población. Hay múltiples instancias responsables ante esta nueva injusticia, y son la irresponsable ley que no contiene un preciso marco regulatorio que permita echar luz sobre un proceso que queda como un acto propio de la Santa Inquisición, la responsabilidad de la clínica del ISSSTE para convocar a más de un médico para que juzgara el caso antes de ser remitido a las instancias de la justicia local.
La indígena maya Yasuri Sac-Nicté Pool es víctima de un proyecto de derecha que como dice Carlos Monsiváis “busca imponer sus criterios y cancelar libertades” que atentan contra los valores de una sociedad plural y por ende demuestran su anacronismo e intolerancia con miras de favorecer sus posiciones y comportamientos que rayan en la represión y ahí entonces se amplían las víctimas, pues se incluyen a los jóvenes, los gays, feministas, tribus urbanas y ahora no sólo tenemos que hablar de la mujer en edad reproductiva sino que también tenemos que ubicar a aquellas mujeres pobres que además de ser indígenas se ven enfrentadas a actos de autoridad que contravienen los derechos constitucionales, debido a que se sospecha que sus actos son “políticamente incorrectos” y por ende moralmente sancionables desde el poder, por un aparato que se olvida que no gobierna para un sector de la sociedad, sino para la totalidad de una nación, en donde el modelo que ha permitido la integración y que permite la manifestación de la pluralidad en un clima de tolerancia guardando la diversidad como un signo democrático es la laicidad. A partir de lo anterior hoy contamos con un modelo político que cae en sectarismos y estigmatizaciones en las que grandes núcleos de población que no comparten propuestas conservadoras y tradicionales se ven expuestos a la acción de políticas tutelares que hoy han secuestrado al Estado laico.
domingo, 11 de octubre de 2009
LA QUIEBRA
La violentación de los derechos de los trabajadores no es un hecho aislado, la acción del gobierno de Felipe Calderón ha sido recurrente, el nuevo botón de muestra lo ofrece la salida que se le ha dado al conflicto laboral de Luz y Fuerza del Centro. La liquidación de la empresa descentralizada que ofrecía el servicio de electricidad, no debe verse como un problema que se queda en la competencia laboral, sino en el ámbito de los derechos de los ciudadanos y las libertades individuales pues consideramos que, si bien se cubre la parte formal apegando su respuesta conforme al marco de atribuciones y competencias del gobierno, no necesariamente son acciones que benefician al trabajador con lo que se afecta el derecho del obrero, se violenta su contrato colectivo. En este mismo sentido, tenemos que las acciones iliberales que significan estos actos que contravienen los principios y derechos que permiten la vida colectiva, hoy en día se vuelven una forma de gobernar de Felipe Calderón. Como acciones es preocupante observar que la derecha vaya contra los trabajadores, atente contra el derecho a tener trabajo. La salida más simple y llana demuestra la incapacidad de un gobierno que se ve rebasado para ofrecer salidas viables a los ingentes y permanentes problemas que la gestión y administración de gobierno vive día con día. El escenario no es halagüeño en la misma situación el IMSS ha funcionado, la SEP, la propia paraestatal PEMEX, no es asunto menor el aspecto financiero pero, la viabilidad del modelo de país está en incertidumbre.
Calderón y su gobierno en momentos de incertidumbre en lugar de ofrecer la información necesaria que trate de llenar las lagunas y dudas que deja un decreto que ofrece cifras sin ton ni son, que también pone a la libre interpretación la acción gubernamental, tan sólo nos lleva a pensar en la incapacidad para manejar los momentos críticos por parte de su gabinete. Apelemos a un asunto ético y a la responsabilidad social que el gobierno tiene con el conjunto de la sociedad, en su decreto no hay una clara posición, por eso volquemos nuestra preocupación y esperemos a la brevedad que la respuesta gubernamental sea la más conveniente y que a su vez permita contar con la información necesaria para formarnos una opinión que resista la crítica. Pues éticamente Felipe Calderón está obligado a ofrecernos información fidedigna de su proceder que ha llevado a declarar la quiebra de Luz y Fuerza del Centro. Pero al mismo tiempo a disponer a la brevedad los mecanismos por los que los pagos de salarios, prestaciones y liquidaciones le corresponden a cada uno de los trabajadores. Esperamos que esto lo tengan claro porque si no es así el problema se irá acrecentando conforme avance la semana.
La decisión y el decreto debió mantener un elemento básico ser lo más explícito posible, no dejar a las suspicacias del lector o del observador una serie de interpretaciones que no favorecen la imagen y función del gobierno. El carácter iliberal de la acción es fácil de observar, un gobierno que emana de un proceso cívico de alta responsabilidad ciudadana, bajo los marcos de la convivencia y de la libre voluntad expresada en la urna, no encuentra en su gobierno un espejo basado en el respeto de las libertades, por el contrario las tendencias autoritarias y poco apegadas a las reglas ciudadanas son expresiones de las que tenemos que atender cuando venga el proceso de la rendición de cuentas electoral. Por el momento ha incumplido una de sus promesas más sentidas, el pleno empleo, la segunda y la que motiva estas líneas se constituye a partir de observar que el gobierno conservador de Felipe Calderón no ha sido objetivo y responsable de su alta función, de ahí que está en nuestro derecho y como mecanismo de convergencia que la declaración oficial que se haga ante esta acción de quiebra de la compañía sea altamente satisfactoria y que a su vez cubra tres ámbitos: a) que ofrezca respuestas laboralmente razonables a los trabajadores; b) que brinde al área de las empresas descentralizadas y paraestatales la certidumbre jurídica y de operación para que no vivan a expensas de los desvaríos presidenciales; c) que se ofrezca certidumbre al usuario de que el servicio se seguirá manteniendo sin ninguna limitación ante actos unilaterales y hasta el momento socialmente incomprensibles.
jueves, 13 de agosto de 2009
Yo, yo también soy Raúl Alberto Medina González
Mi nombre es Raúl Alberto Medina González estoy preso en un penal en Campeche. Mi delito es ser pobre. Mejor dicho para el modelo económico que impera en México ni siquiera formo parte del ejército de reserva del trabajo, nadie reclama mis servicios, no soy útil socialmente, no tengo lugar, en otro tiempo esta condición me hubiera ubicado como un utópico por no contar con lugar ni espacio. Hoy soy un excluido, una vida desperdiciada, un residuo que Zigmunt Bauman teórico social y autor de la sociedad líquida, le ha encontrado lugar: el basurero. Soy parte de esa nueva clase que es parte de la periferia de la sociedad capitalista, la subclase de “los humanos residuales”.
Como producto de una sociedad neoliberal este campechano, mexicano ha sido marcado por una lógica justiciera que condena no bajo el amparo de la legalidad sino de la sinrazón del ejercicio del monopolio de la violencia legítima, es una victima del Estado. Su delito quizá, su expediente dice, ser pobre. El no lugar baumaniano es la prisión, de Raúl Alberto Medina González y su pequeño hijo de tan sólo 2 años, han sido detenidos cerca de las vías del tren, los agarraron in fraganti recogían la chatarra que los obreros dejan cuando cambian los durmientes de las vías del tren. En sus manos tenían clavos y pedazos de metal. Es su manera de sobrevivir, para por lo menos mantener un poco el control y destino de su vida en sus manos.
Otrora monumento de la modernidad los residuos del tren sirven como medio de subsistencia, podemos decir que hoy sus vestigios, la basura, la chatarra es motivo para que Raúl y su hijo de dos años sean consignados por la Policía Federal Preventiva por atentar contra las vías de comunicación y por robo. Hoy está en el Cereso de San Francisco Kobén en el área de delitos federales, ese es el departamento reservado a los “residuos humanos” a los que el sistema capitalista, la sociedad de libre mercado no reclama ni reclamará para absorberlos e incorporarlos al servicio activo, a la población económicamente activa. Este es mi grito, para denunciar la inoperancia del imperio de la ley, para decir que aún en este país que se debate en ser moderno tiene territorios donde se cometen atrocidades, es decir condiciones “antitéticas de un proceso justo”. Lo que me lleva a asumir mi postura de defensa es que la aplicación de la ley, es claro que en el caso de Raúl Alberto Medina, es total, es una acción de la justicia excesiva sobre este mexicano que debe estar contemplado entre los 51 millones de mexicanos que viven bajo la pobreza de patrimonio y alimentación.
Raúl recogía clavos y pedazos de metal para contar con ingresos insuficientes para intentar satisfacer necesidades básicas de alimentación, no más, el kilo de fierro ronda en .80 centavos, imaginemos este neo gambusino recorriendo cientos de metros o kilómetros para obtener un número importante de desperdicio. Raúl no piensa en satisfacer otras necesidades básicas como salud, alimentación, vivienda, vestido y educación, sencillamente porque no alcanza. Es uno más que vive la carencia de derechos, que sufre discriminación por parte de la burocracia estatal. Es un ciudadano formal quien vive esta irracionalidad de la razón jurídica, es un subciudadano en la práctica quien enfrenta procesos en los que lo que se juzga deconstruye su humanidad, atenta contra su integridad. Salvemos a Raúl a pesar de que sea la justicia un proceso arduo, costoso y lento. Digamos nunca más a un proceso de discriminación de un mexicano. Yo, yo también soy Raúl Alberto Medina González.
jueves, 6 de agosto de 2009
LA CRISIS DEL ESTADO HONDUREÑO
La crisis de gobierno que se ha suscitado en Honduras después de la deposición de su presidente José Manuel Zelaya es de enorme relevancia para la historia reciente de América Latina, pues la acción ejecutada ha sido recurrente en los últimos quince años. Veamos por qué, a) la deposición del presidente se origina entorno de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y ratificada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa referente a la ilegalidad del proceso de cuarta urna y los actos relacionados con la encuesta, por lo que media en la acción del entonces presidente, un pleno desconocimiento de la acción y resolución emitida por un órgano independiente del poder Ejecutivo y que además tiene facultades para emitir juicio sobre un acto de la autoridad; b) la deposición de Zelaya al ser promovida y ejecutada por las Fuerzas Armadas pareciera que nos ubica en una discusión de amplios vuelos en América Latina, sin embargo, aquellos regímenes militares sí llegaron a refundar el régimen político, hoy en día la participación de los militares gira entorno de buscar un reequilibrio, ante una crisis del gobierno encabezado por Zelaya, en el que parece ser que el Partido Liberal y sus legisladores en el Congreso no asumieron una actitud de escudo y apoyo a la propuesta del presidente; c) esta falta de apoyo derivó en una confrontación entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo, de ahí se explica que el entonces líder del Congreso Roberto Miccheletti, miembro del Partido Liberal (del que proviene Zelaya) haya asumido el cargo provisional de presidente de la República; d) tanto los militares como los miembros del Congreso Nacional se puede inferir que se han opuesto a la propuesta de Zelaya de vincularse al proyecto del ALBA que encabeza Hugo Chávez en Sudamérica; e) la oposición a la cuarta urna en la que hay una férrea oposición de miembros del Partido Liberal, también es posible porque el candidato a la presidencia de la República por parte de este Partido ha sido seleccionado, esta candidatura se disputó entre Roberto Miccheletti y el vicepresidente del país Elvin Ernesto Santos, el resultado fue que el candidato fuera este último.
Desde esta perspectiva la acción de Juan Manuel Zelaya de llevar a cabo el referéndum para posibilitar la modificación constitucional que le permitiera ocupar la presidencia para un periodo consecutivo tiene que ser revisada como un acto de confrontación contra los otros poderes legalmente constituidos, la anterior idea es la que estableció la oposición de los militares, que sumada a la postura de los congresistas del Partido Liberal es claramente que Juan Manuel Zelaya no contó con el apoyo de los actores políticos y militares para su propuesta. A nuestro entender Zelaya creyó tener a los militares de su lado y se encontró con un actor que ha asumido un papel ambivalente en la última etapa en el continente, a saber los militares “no quieren” el poder ya sea por incapacidad o resistencia, por lo que asumen un papel “neutral” como garantes de las instituciones, lo que al menos en imagen (cosa que no lograron) los hiciera ver como agentes democráticos. El desgaste que su imagen a lo largo de los años 60s y 70s tuvo, hoy en día evitan llegar a un escenario semejante, la estrategia es aparentar una “transparencia” y apoliticidad.
Es oportuno poner del conocimiento que la actitud de confrontación de Zelaya seguramente proviene de su encuentro con los legisladores de su mismo partido (partido Liberal) pues de los 62 legisladores con que cuenta su partido, sólo asistieron 34 miembros, en dicha reunión fueron visibles más las ausencias pues no asistieron el otrora presidente del Congreso Micheletti (hoy presidente de la República) y el candidato para la elección del próximo año del partido Liberal Elvin Santos. Esto llevó a que el referéndum que se llevaría a cabo el domingo 28 de junio no se realizara. Los motivos hemos tratado de mostrarlos, Zelaya apostó que el pueblo, quien “mejor lo interpreta y […] entiende” el referéndum, decidiría y le mostraría un contundente apoyo que redujera la capacidad de maniobra de los actores políticos del país. Hasta ahí la cosa es clara, pero la deposición de los mandos castrenses por oponerse a realizar y ser parte de la estructura logística que llevaría a cabo el referéndum provocó su ira por decir lo menos. Es así que el entonces presidente Juan Manuel Zelaya se vio solo, pues tenía en su contra al poder Legislativo, al Judicial e incluso al Ejército.
Lo interesante es que Zelaya pretendió colocar al pueblo hondureño como un jugador de veto para limitar sus capacidades de control y sanción de los actores anteriormente señalados, con lo que su acción y su cargo de presidente se vería garantizado.
La respuesta dada desde luego escapa a las deposiciones que bajo los marcos de la ley han derivado en juicios políticos o en salidas políticas en otras latitudes del continente, en las que el mandatario deja el cargo sin que medie resolución jurídica, no deja de ser interesante que Juan Manuel Zelaya no haya tomado esa vía ante la oposición de los actores políticos, en su caso buscó el cobijo del pueblo hondureño, quien al carecer quizá de una fuerte organización en el centro del país, la capital, se vio imposibilitada de reaccionar de manera rápida. La sorpresa y rapidez con que se suscitaron los acontecimientos fue un factor que determinó el resultado hoy visto.
Es de creer que el aislacionismo de Zelaya tuvo un resultado desastroso, en el que la política y la norma jurídica no tuvieron la respuesta que evitara esta inestabilidad del gobierno, la salida que se dio, y esto es lo preocupante, donde sólo la fuerza ha sido el mecanismo que ha tratado de restituir los marcos legales que el poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial han dañado, es digno de tomarse en cuenta. Hoy en día podemos decir que Honduras mantiene un gobierno democrático porque tiene reglas instituciones que definen a un sistema democrático, pero la forma en que se conduce y resuelve sus conflictos lo presenta como un sistema democrático iliberal.
El iliberalismo permite mantener la separación de poderes al menos formalmente, pero es incapaz de garantizar los derechos y libertades que requiere una sociedad para mantener un equilibrio que no se constituye sólo por los actores sino por el claro consentimiento de los ciudadanos.
jueves, 18 de junio de 2009
AHORA VIENE EL LÍDER
El Frente Amplio Progresista hasta donde entiendo buscó realizar un trabajo político más allá de las elecciones, este hecho significaba la oportunidad de generar coaliciones legislativas en las que los acuerdos y compromisos entre las fuerzas políticas, léase partidos políticos legalmente constituidos que cuentan con plataformas, estatutos, en fin el aparato burocrático que permita llevar a cabo los procesos de rutinización de sus actividades tanto ordinarias como para periodos electorales, permitieran establecer una estrategia permanente de acción en la que la búsqueda de leyes, políticas públicas derivaran en favorecer al conjunto de la población así como a los militantes y simpatizantes de las fuerzas electorales involucradas, pero desde la esfera del Congreso.
Este trabajo se vio truncado al paso del tiempo, debido a que los principios del FAP así como la dinámica de los partidos integrantes se contrapusieron , lo que determinó la vida de este original ensayo entre partidos. Desde ese espacio del Frente, López Obrador trató de seguir estableciendo su liderazgo, pretendiendo que propuestas de ley llegaran a las mesas de negociación de los grupos parlamentarios. El primer error que noto en este comportamiento lo representa el trabajo parlamentario que cuenta con su propia agenda, que si bien se conforma a partir de las reuniones de los legisladores y su dirigencia nacional partidista, así como de los procesos internos de negociación que al interior del Congreso se establecen, todo lo anterior incluso se ve aderezado a partir de las capacidades de influencia que muchas veces proviene del número de legisladores con que cuenta el partido para representar un actor clave en los procesos políticos. Es decir, la capacidad de “chantaje” (Sartori, 1997) que la fuerza política represente es sustantiva para lograr objetivos concretos.
Hasta el momento no hay existencia de material que valide que las propuestas de los grupos integrantes del FAP hayan acabado como iniciativas de ley o acuerdos que tengan el sello único del Frente, creo que es la “hora cero” para saber de ellos y evaluar el papel de esta experiencia organizativa. Señalo lo anterior, con mucho motivado por el papel que López Obrador ha venido representando para los seguidores de este Frente, pero también debido al grupo de seguidores que se han reunido entorno de él, provocando un desconcierto evidente en los núcleos de población que lo han apoyado, por lo que se atisba un dilema: seguir al líder que surge después del proceso electoral de 2006 o siguen la línea de su partido reafirmando su militancia.
La traumática experiencia de 2006 fuera del resultado que arrojó y posteriormente el comportamiento de López Obrador, ha dejado con interrogantes que no tienen respuesta, la principal está fundada en que su movimiento se constituyó con el objetivo concreto de mañana duda proviene si el movimiento que constituyó va a separarse del PRD para conformar un nuevo partido político o al menos sumarse a otra fuerza política, los analistas y opinólogos señalan que está en su camino esta decisión. Si es así, asistimos a la profundización de la pelea entre la coalición dominante del PRD y este líder. Contrario a lo que parezca en esta gresca el actor menos dañado será López Obrador pues su accionar en pequeños grupos o como movimiento le permite atravesar transversalmente el sistema de partidos ganando espacios en cualquier estructura partidista que se encuentre necesitada de los votos que le pueda proveer el liderazgo de AMLO y los candidatos que él pueda aportar. El intercambio es muy interesante desde esta perspectiva.
Veamos Andrés Manuel López Obrador puede representar esas décimas de punto que requiera el PT, Convergencia, para seguir subsistiendo en el sistema de partidos, dejemos fuera si en el mensaje de este líder para brindar su apoyo lo justifique en que se encuentra realizando campaña por los candidatos de las dos fuerzas políticas citadas porque su registro está amenazado por el gobierno de Calderón. Lo que si es evidente es que ambos partidos finalmente se están beneficiando de los desacuerdos que AMLO tiene con la dirigencia del PRD, hoy en día me parece extremadamente preocupante que tanto el PT y Convergencia se coloquen como partidos de izquierda, cuando sus orígenes los delatan como fuerzas ligadas al viejo sistema.
Es la hora de evaluar el trabajo de López Obrador como líder que poco a poco ha venido dilapidando la alianza que entorno de él generó como candidato, y que producto a su opuesto proyecto tiene en un dilema a los militantes y simpatizantes perredistas, que no se reconocen como parte de las múltiples corrientes que integran al partido, pero que sí votan por este partido que tiene a la historia como a sus principios para monopolizar el concepto de izquierda. No es suficiente asumir que la economía popular es el centro de una estrategia porque también otro núcleo de la población forma parte de lo sectores insatisfechos y opositores del proyecto de la derecha. Ese otro grupo social que se opone se ubica en un espacio en el que su propia condición socioeconómica hasta las expectativas profesionales lo vuelven único. Por eso, el quid de esta historia tanto para la coalición dominante como para AMLO y su movimiento cómo conformamos un partido de compromiso que busque definir una agenda integral con un proyecto de nación inclusivo, no polarizado hacia la derecha y los “grandes empresarios” o al centro que busca una economía popular que repite el esquema perdedor de “primero los pobres”. Desde esta perspectiva López Obrador está empantanado, al limitar su estrategia a un sector de la población que lo puede reconocer pero que no representará su espacio de apoyo debido a que hay estructuras corporativas que cuando venga la lucha por el poder, serán reclamadas por esos tentáculos electorales que los partidos tienen.
Sirva lo expuesto para señalar que es imposible concebir que AMLO: a) haya solicitado el voto por un partido político al cual no pertenece; b) asuma que un representante popular puede renunciar a su cargo, lo que marca la ley es que ese tipo de cargos no se renuncian, cuando más la solicitud de licencia es el mecanismo establecido; c) el partido al cual no pertenece le haga caso, violentando sus principios, estatutos, su consejo político a la militancia que legal y legítimamente eligió a Rafael Acosta “juanito”, para que dimita a un hipotético cargo del que ya hace cuentas López Obrador como seguro triunfo; d) Clara Brugada se preste a un juego en el que su imagen como política se vea manchado, por este artilugio demagógico planteado por el ex candidato a la presidencia de la República. Finalmente sin dejar una respuesta, dejo las siguientes para que después del proceso electoral, la historia y quien esto escribe, hagamos un adecuado juicio. A saber:
¿López Obrador tiene la capacidad de “tirar” línea al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard para que Clara Brugada, en el hipotético caso que gane el PT la jefatura delegacional de Iztapalapa, se convierta en la jefa delegacional interina?
¿La militancia así como la coalición dominante del PT permitirá que un personaje ajeno a su partido se imponga y trastoque la vida interna de este partido político?
¿Si el voto ciudadano no le favorece a Rafael Acosta y por ende, se anula este acuerdo demagógico que ha expuesto López Obrador el pasado 16 de junio en mitin de apoyo a Brugada, impugnarán el resultado aunque este sea contundente en su contra?
¿No es el mensaje de López Obrador una salida cómoda para quitar tensión sobre su liderazgo, dejando que el voto decida y por ende no se alcance a observar su incapacidad para negociar al interior del partido, en el cual aun milita (PRD), el despojo que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha provocado? ¿Hay nula comunicación entre López Obrador y la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, que no existe la posibilidad de construir negociaciones que permitan evitar fricciones entre los incondicionales de este líder y la dirigencia de Jesús Ortega?
Como he señalado habrá más tiempo para comentar el comportamiento y decisión pública del Tribunal, pero sin duda está tomada la resolución y el día de la elección se encuentra a la vuelta de la esquina no queda otro esquema que buscar el triunfo, para que después desde otra tribuna se plantee un serio extrañamiento al comportamiento de los jueces electorales. Sin duda el precedente es muy serio.
lunes, 15 de junio de 2009
LOS EFECTOS ELECTORALES DEL VOTO EN BLANCO
El costo sobre la democracia como he venido refiriéndolo es bastante alto si entendemos que el voto en blanco puede afectar la existencia del modelo representativo ya que el país vivirá un impacto negativo sobre el sistema de partidos. Dejará de verse posiblemente como un modelo político pluralista en el que la diversidad social existente pueda verse reflejada en la existencia de partidos políticos a lo largo del espectro ideológico.
Lo anterior se desprende del siguiente argumento, a mayor votación nula tendremos que los partidos que aun no se consolidan en el país sufrirán para mantener su registro debido a que para mantener el registro como para participar del reparto por vía plurinominal se guían por dos métodos distintos. Lo interesante de lo anterior es que hay un punto en que ambos mecanismos se vinculan causando efectos que modificarán el sistema de partidos. Me explico, para que un partido mantenga el registro requiere el 2% de la votación tota emitida el próximo día 5 de julio, lo que determina que los partidos “pequeños”, a saber PANAL, PSD, PT, Convergencia, tendrán que luchar con más fuerza por el voto ciudadano que aun, tres semanas, se encuentre con ánimo de cambiar su decisión y darles una oportunidad más a estos actores. Lo contrario es que pierdan su registro, pues si el voto duro definirá la votación tenemos que la liza electoral estará determinada entre los nuevos partidos por buscar los votos que dejen las tres fuerzas más importantes, a saber PAN, PRI y el PRD. Esto es, si descontamos el voto por las tres fuerzas más importantes que ronda el 80% así como el posible porcentaje de votos en blanco y nulos tenemos que se reduce las expectativas por mantener un sistema plural de representación (Merino, junio: 2009).
A partir de lo expuesto, tenemos que el país está expuesto a un movimiento que pensó sólo mostrar su oposición a la partidocracia y lo que podría estar ocurriendo es que se reafirme la presencia de fuerzas políticas que hoy se encuentra en el centro del huracán, el tripartidismo mexicano estaría consolidándose. Esto es, el país estaría en presencia de un sistema de partidos que se podría clasificar como un modelo tendiente al conservadurismo, pues habría poca probabilidad de oxigenación del sistema, así entiendo que el voto en blanco, el voto nulo puede afectar el escenario político nacional. Ya que la votación total emitida determina el criterio para considerar quienes se mantendrán en el sistema de partidos. Según Mitofsky en su última encuesta levantada en mayo de 2009 los partidos PT, Convergencia, PNAL y PSD se encuentran aún en el umbral de quienes se ven expuestos a perder su registro.
Ahora bien podemos señalar que la votación efectiva al ser parte del criterio y mecanismo con que se asignan los escaños tenemos que cuidar que su aplicación se aplique con el cuidado que requiere para que las fuerzas que alcancen el mínimo de votación requerido si así lo fuere cuenten con una representación política conforme a la ley. Este procedimiento de asignación de escaños en nada tiene que ver con el voto en blanco, eso es claro según lo establece la Ley electoral, por eso atendamos que el peligro sobre la representación es fatal si no hacemos un justo análisis del voto en blanco. No sólo se reduce a mostrar una insatisfacción sobre los partidos, es la calidad de la representación así como la dimensión cuantitativa la que se verá afectada, con lo que tendremos un Congreso Federal pobre en expectativas e intereses que formen parte del debate nacional. A la larga es la democracia la que será impactada negativamente, predominarán los enfoques y posturas de actores viejos conocidos que han estado presentes por lo menos desde hace quince años en el escenario político nacional.
lunes, 8 de junio de 2009
EL VOTO EN BLANCO: UN PROBLEMA DE MÉTODO
La democracia representativa se basa en la selección de los gobernantes mediante el procedimiento del sufragio que es emitido de manera directa por el ciudadano. Llevar a cabo este proceso esta garantizado por las cartas constitucionales de cada uno de los países que reconocen el voto universal y secreto. Los marcos normativos que regulan al proceso electoral y por ende la emisión del sufragio, en las leyes secundarias reconoce que los derechos de la ciudadanía son parte de las libertades que conforman a esta categoría, por lo que más que una obligación el voto, hoy ejercer este derecho es más un compromiso ético que político.
El sentido ético de la acción cívica que se traduce en la conformación de los gobiernos nos coloca en un dilema por una parte podemos desentendernos de los actos públicos que realice el gobierno asumiendo que su capacidad proviene de que es mandante de la totalidad de la población que integra el colectivo llamado Estado; o por otra parte tenemos a un ciudadano que reconoce que su papel esta en el centro del denominado nuevo rostro del gobierno, al mantener un intenso trabajo de corresponsabilidad. Me parece simbólicamente importante rescatar, a este actor corresponsable debido a que necesariamente estamos en presencia de un ciudadano comprometido con la defensa a ultranza del gobierno en turno, que quizá no corresponda a un militante o simpatizante del partido que se ha hecho con el triunfo y por ende del gobierno. En regímenes representativos los poderes fácticos, o contrapoderes asumen un rol o comparte espacio con una serie de actores que bajo el marco legal y legítimo del trabajo ciudadano asumen un intenso papel de vigilancia. Así surge el concepto de oposición responsable constitucionalmente, la cual se compromete a encontrar márgenes de acción para ofrecer un papel de juez social al trabajo y compromisos que estableció el partido triunfante en las urnas, con esta actividad busca que el gobierno no asuma que tiene “manos libres” para ejecutar iniciativas aunque estas mismas contravengan valores de recia raigambre en la sociedad. Incluso es indispensable pensar en que las propuestas de campaña son un primer elemento a observar, y por tanto a ser criticado si no hay en el plan de gobierno siquiera alguna mención a las promesas de campaña.
Como puede entenderse la oposición no es un grupo que se opone por oponerse se asume como interlocutor con el gobierno para defender los intereses y la visión del grupo que se reconoce ideológica y políticamente con ese partido. Lograr que la oposición asuma este rol es situarnos en ámbitos no solamente electorales, trasciende la esfera del sufragio, pues el papel vigilante de la acción del gobierno nos obliga a estar atentos a los continuos vaivenes de la política democrática. Si se sigue esta idea nos enfrentamos con que la desafección con los partidos políticos pero no con la democracia es producto de que asumimos que este régimen político mantiene rasgos proactivos que deben salir de los espacios legislativos para volverlos en piezas centrales de la vida colectiva, pero entiéndase, no para deponer un régimen democrático representativo sino para complementarlo y volver más fuerte el sistema en su conjunto. Un sistema en donde el papel del ciudadano lo lleve a ser más responsable de las decisiones públicas mediante mecanismos como es el referéndum, iniciativa popular, incluso tener la posibilidad de deponer a mandatarios que no demuestren capacidad de gobierno, esto implica reconocer que cada uno de los electores-ciudadanos son actores parcial o totalmente informados. La destitución es un factor que puede ser reconocido como un factor que vivifique la democracia pues no sólo puede concentrarse a ámbitos federales sino estatales e incluso municipales.
El voto en blanco desde esta perspectiva no es más que un acto individual que si bien será agrupado como un sector de la población no implica que la mayoría esta detrás de esta postura ciudadana. Por el contrario, ocupará un lugar más dentro del espectro de las múltiples minorías que son derrotadas en cualquier proceso electoral. Incluso podemos ubicar que la contabilización del sufragio al concluir la jornada electoral establece que después de retirar los votos nulos y los votos en blanco se lleve a cabo el proceso de conteo que deriva en el conocimiento de los respectivos triunfadores del proceso electoral del que se trate. En virtud de lo anterior, no se conculca una conciencia cívica con el agregado de multitudes en un acto que nos coloca en una misma posición que surge de nuestra desafección con las fuerzas políticas existentes, con su medroso trabajo, con sus enquistados líderes pero sobre todo es el modelo el que no camina correctamente, es hora de modificarlo. La insatisfacción es un buen motivo para pensar en que debe cambiar, las propuestas deben venir ahora, antes incluso de la jornada electoral y no que el acto de emitir el voto se asuma como una revolución blanca, blanca porque no nos reconocemos en quienes nos desean representar. Asumo que se ha iniciado un interesante proceso que requiere sistematización para que articule una propuesta que permita una salida que sea arropada por su innovación y penetración social, en la que no sólo se encuentren los ciudadanos que hoy manifiestan su agravio, sino también aquellos que aun creen en la política tal y como hoy se conduce, o en aquellas personas que emiten un sufragio anulando todas las opciones habidas. Porque es justo reconocer que el voto en blanco no es el voto nulo, dos cosas que se echan en el mismo saco pero que significan distinto, hay que ver el resultado de esta campaña.
Mi sentido de la orientación me lleva a señalar que es un problema de método, no es el proceso electoral el que sufre de cansancio es el modelo, y creo que su cabal salud depende de todos. Y como un acto de responsabilidad de nosotros los ciudadanos, depende se fortalezca, porque según lo entiendo aun reconocemos que la democracia es un buen sistema de gobierno.