miércoles, 19 de abril de 2017
viernes, 7 de abril de 2017
miércoles, 5 de abril de 2017
Algunas notas sobre élites
La elección del análisis del reclutamiento tiene como
consideración una dimensión sociológica donde se toman en cuenta elementos como
son el origen social así como el tipo de relaciones y posiciones sociales que
los legitiman generando entorno de los líderes un capital social sustantivo
para su mantenimiento y consolidación política, lo anterior implica reconocer
en qué medida su posición social así como su desempeño público permite
consolidar la reputación pública que se va conformando desde su ingreso y que se va fortaleciendo a partir de
un proceso de movilidad de la carrera política que eligen.
La forma de profesionalización de la vida pública de los
funcionarios electos como designados se convierte en un tema de estudio a
partir de que en el siglo XX los procesos de modernización política trajeron la incorporación de grupos políticos profesionales quienes ya
habían desarrollado competencias y habilidades técnicas. Lo importante es
destacar que los estudios del reclutamiento buscan encontrar cuales son los
mecanismos de adscripción política que se implementan al interior del sistema
político para incorporar y producir a las élites políticas.
Desde esta perspectiva el estudio de las élites políticas y
propiamente el proceso de reclutamiento político debe considerar la comunidad
de ubicación como un elemento determinante en la primera fase de formación de
los líderes, en el caso estudiado estamos hablando de funcionarios designados y
electos, pues están en un ambiente de compartir los mismos eventos y datos.
Conformados como grupos que mantienen las estructuras sociales y definir
políticas, por eso las élites políticas son actores que junto con el sistema
político, las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos determinan el
cómo accede a un cargo dirigente un individuo.
De ahí que se diga
que el reclutamiento político se define como el proceso por el que los
individuos acceden a los puestos. Los procedimientos pueden ser formales o
informales. La diferencia de ambas reglas se determina por factores de
ingeniería constitucional o lo que es lo mismo, por elementos determinados por
la política convencional. Destaquemos por ejemplo las leyes y reglamentos así
como en la Constitución, marcos normativos que exponen el mecanismo como se
desarrolla la selección de los candidatos así como la forma de participación de
la ciudadanía. Asimismo, es necesario identificar que el propio sistema
político presidencial establece como base de sus características quién y ante
qué autoridad los miembros de los gabinetes son responsables, en una especie de
selección dirigida el presidente goza de esta prerrogativa que hace funcional y
estable al régimen.
Esto es si tomamos
que una de las características del sistema presidencial es que la designación
de los miembros de la Administración Pública por lo menos en los cuadros
dirigentes son designaciones que provienen desde el Ejecutivo tenemos que
reconocer que el proceso de selección por lo menos hasta el gobierno de Ernesto
Zedillo tuvo en la universidad en el centro de reclutamiento, muy por encima
del partido o el electorado. Asimismo no podemos desconocer que el presidente
establece un trabajo de selección a partir de su experiencia personal de ahí
que haya diversos círculos de donde puede conformar su proceso de
reclutamiento.
Hay casos que
podemos reconocer como sui generis
debido a que su carrera política-pública al desarrollarse en el interior de
secretarías de despacho, cargos técnicos o asesores, establecen vínculos con figuras
ambiciosas que les abren un espacio en el terreno de la política, espacio al
que se van interesando de manera más activa hasta que escalan importantes
posiciones en la burocracia gubernamental. A partir de lo anteriormente
expuesto podemos reconocer que un estudio sobre el reclutamiento de élites trata
de mostrar cuales han sido los centros de reclutamiento más socorridos por la
clase política y ver los cambios o mutaciones de este proceso selectivo.
La élite política
como grupo mantiene una estructura de dominación entorno de una coalición
dominante que mantiene un control y poder de decisión por encima de otros
miembros de la élite. Así definida la élite entorno de su función de acción y a
su contingente capacidad de inclusión. Esto es no hay una cohesión tal que
pueda identificar a la élite como un grupo homogéneo, por el contrario en su
interior existen grupos que manifiestan intereses y una diversidad de
posiciones lo que vuelve a nuestro objeto de estudio en una red complicada de
aprehender.
Realizar la
distinción del concepto de élite del de clase
política es determinante pues nos permite situar las características y
mecanismos de interacción así como espacios de interacción y de influencia,
pues mientras a la clase política “… pertenecen todos los políticos en la
medida en que participan de la estructura
de privilegios…”[1],
mientras que las élites se subdividen en económicas, culturales y de los medios
de comunicación, además de la política. Incluso podemos ubicar que su elemento
distintivo es la posibilidad de la cooperación con otras élites de otros
ámbitos para lograr respuestas eficientes a los problemas con que se enfrenta
la actividad política.
[1] Klaus von Beyme, La clase política en el Estado de partidos,
España, Alianza Editorial, 1995, p. 30
jueves, 2 de marzo de 2017
Los movimientos sociales en el contexto democrático y la garantía de la libertad de expresión
El
momento de la democracia acompaña al nacimiento del nuevo movimiento social,
con agendas que reflejan nuevas circunstancias sociales , incluso las formas de
interacción implican intercambios y relaciones en los que podemos considerar
que a mayor democracia la diversidad posibilita que se logren una serie de
confluencias de partidos políticos, grupos de poder, presión y movimientos
sociales. Bajo lo anterior consideramos que no debe ni creemos que una agenda
altamente democratizada evapora la presencia de movimientos sociales. Por el
contrario, entendemos que debemos atender las contingencias de la política
representativa como factor que permite que el atributo de desempeño que un
movimiento social manifiesta a partir de “... redes que pueden
incluir organizaciones formales o no, dependiendo de las circunstancias...” (Della Porta y Diani, 2011:
48) le permite al MS superar la crisis de representación de intereses, a partir
de una interacción directa con el tomador de decisiones: el gobierno.
De ahí que nos interese analizar qué ocurre y
cómo se desarrolla esta relación en un contexto de confrontación política. Para
ello retomamos las categorías analíticas de Tilly en torno del tema de la
violencia, represión política, coerción, incluso identificamos la existencia de
los profesionales de la violencia,
quienes en un contexto de régimen neoliberal determinan formas de acción
que lesionan un modelo democrático.
Desde luego no desconocemos que en el
contexto de la protesta hay tres tipos de acciones que puede realizar un
gobierno a decir se destaca: acciones prescritas (adhesión a través de
ceremonias de lealtad); toleradas (cuando no afectan de forma directa a los
gobernantes y los recursos del gobierno); y prohibidas (suponen amenazas contra
los gobernantes y los recursos gestionados por el gobierno). En virtud a las
variables señaladas arriba podemos tipificar el tipo de régimen yendo de uno
democrático de alta capacidad a otro no democrático de capacidad alta, a un
régimen democrático de baja capacidad a otro no democrático de baja capacidad. Los
tipos de régimen permiten sacar conclusiones útiles que describen formas de
interacción entre el poder político y los actores sociales, destacamos las
conclusiones siguientes:
“... las actuaciones toleradas aumentan con la
democracia y disminuyen con la capacidad
de gobierno . La violencia es elevada en regímenes no democráticos de capacidad baja, alcanza cotas moderadas
en regímenes no democráticos de capacidad
alta y democráticos de capacidad baja, y es reducida en regímenes democráticos de capacidad alta.” (González
Calleja, 2011)
Si leemos los tipos descritos tenemos que
valorar que tanto la desigualdad incentivada o promovida desde los espacios de
decisión política son generadores de violencia, es así que la desigualdad
alimenta a la violencia que se convierte en un mecanismo ejecutado desde el
poder vía el uso de especialistas de la violencia, quienes se colocan en las
zonas grises del Estado (Auyero, ) al hacer uso de prácticas ilegales apara
garantizar cierta normalidad y uso del espacio público –pensamos en la
represión de la protesta, en la prohibición del uso de explanadas públicas que
son claros ejemplos de acciones inhibitorias del uso del espacio lesionando de
facto derechos de manifestación y de expresión por parte de núcleos
poblacionales que deberían contar con la respectiva garantía de sus derechos.
El objetivo de garantizar su derecho es porque la manifestación guarda un
principio en el que guardar una posición crítica ante el gobierno debe
reforzarse como un derecho y su ejercicio en un contexto en el que el
protestante es además un individuo vulnerable socialmente.
En manos de los jueces la garantía debe ser
una obligación pues
“...
proteger la expresión de los críticos del gobierno, y en especial la de
aquellos críticos que se encuentran en
una posición vulnerable, merece reforzarse todavía más en países como la Argentina [pero no sólo en México], en
donde la palabra, y sobre todo la palabra
pública, está distribuida de acuerdo con el dinero que cada uno tiene...” (Gargarella,2006:29)
domingo, 30 de octubre de 2016
La designación de los Magistrados electorales
La integración del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación con el sistema de nombramiento escalonado,
estipulado desde la reforma electoral de 2007
en el Código electoral, trató que la “curva de aprendizaje” en la
materia no implicara un riesgo en el desempeño de la Sala Superior. En virtud
de la respectiva convocatoria, así como a la fracción II del artículo cuarto
transitorio de la reforma constitucional
la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó las siete ternas para
que el Senado eligiera por el voto de las dos terceras partes a los magistrados
que estarán encargados de la justicia electoral lo que resta del sexenio de
Enrique Peña Nieto y gran parte del próximo gobierno. En dicha selección de los
magistrados electorales se hallan por lo menos tres observaciones, pues
consideramos que dan sustento a una democracia de calidad, a saber los temas
son: la paridad de género en la designación de los magistrados; la designación que
trascienda criterios partidistas sin menoscabo de la respectiva politización de
la designación (evitar la “colonización” que los partidos promueven de
cualquier cuerpo colegiado) y, finalmente que el orden constitucional se cumpla
cuidando que el principio de legalidad quede garantizado.
Los tres temas referidos tienen una
dinámica que requiere atención particular, se advierte que una democracia
igualitaria es una práctica que más allá de garantizar la respectiva cuota de
género permite remediar y a su vez, ser
la garantía contra la discriminación que de manera sistémica se reproduce en
los espacios de decisión; es decir, al habilitar acciones garantes de inclusión
para mujeres se promueven valores en favor de la paridad y por ende de la
democracia, incluso la Magistrada María
del Carmen Alanís va más lejos al señalar que “No puede hablarse de Estado democrático de Derecho sin la participación
efectiva y real de las mujeres”. Sin embargo, a pesar de que hay voces que
luchan por adoptar estos criterios, en la presente integración de la Sala
Superior del TEPJF , que fue aprobada el pasado 20 de octubre, sólo se
incluyeron dos mujeres, situación que fue observada por la legisladora
independiente Martha Tagle al señalar que era deplorable que “la Suprema
Corte de Justicia de la Nación haya remitido al Senado dos ternas exclusivas de
mujeres.”
Con respecto a la nominación y definición de los nuevos integrantes, los
tres partidos con mayor número de senadores fueron quienes decidieron la
designación de los magistrados, el criterio fue adoptado desde el pasado 18 de
octubre cuando la Junta de Coordinación Política del Senado estableció por
acuerdo la regla que se adoptaría en la designación de los siete magistrados
del TEPJF, el PRI tendría la posibilidad de definir tres candidatos, dos por el
PAN , uno por el PRD y uno más por el acuerdo de “todos” los partidos
políticos.
La respectiva negociación entre tres fuerzas políticas en la Cámara de
Senadores a saber, PAN, PRI y PRD, permitió una integración que para senadores
de las otras fuerzas políticas excluidas (PT, independiente) se privilegió a
las propuestas colocadas como “prioritarias”, alejándose de criterios de
idoneidad y capacidad para ocupar el cargo, imperando el acuerdo político. Es
así que con base a un sistema de veto mutuo, tanto el PRI y el PAN lograron
mantener o colocar a sus candidatos, por ejemplo, destacamos el caso de José Luis Vargas quien
fue impugnado pero después de “negociar” que De la Mata Pizaña fuera elegido
por nueve años, el PAN cedió en su impugnación del candidato a magistrado
propuesto por el PRI. Al respecto de los criterios que determinaron la
designación Jorge Alcocer ha señalado que las cuotas partidistas “fueron
sobrepuestas a cualquier otro criterio de evaluación” e incluso se tomaron
decisiones apelando al vínculo personal o de “cuates” con alguno de los
legisladores.
Finalmente, con respecto a
la duración en el cargo de los magistrados, el pasado 25 de octubre se ha
presentado en el Senado la iniciativa que modifica el artículo cuarto
transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicha
modificación fue discutida en la JUCOPO el mismo día en que se aprobó el
mecanismo de designación, el 18 de octubre. Tal y como trascendió en la prensa
y en la iniciativa referida arriba, se propone ampliar la duración de los
magistrados que han sido designados, los magistrados que se verían beneficiados
son: Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, designados por
seis años, así como José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, designados
por tres años. Es así que si la iniciativa procede los magistrados, entrarán en
funciones el próximo 4 de noviembre, verían ampliado su período bajo el
siguiente esquema: los electos para 3 años a 7 y los de 6 a 8 años. El criterio
para adoptar una posible resolución en el sentido arriba expuesto apela a la
estabilidad o incluso a una “necesidad histórica” como advierte María Marvan. Lo
que es evidente en la propuesta es una clara violación constitucional del
artículo 13 y 99, es un claro ejemplo de una ley privativa, así también la reforma nos coloca ante una
acción que atenta contra la improrrogabilidad de extender el nombramiento de
los miembros de la Sala Superior como de
las salas regionales. En suma, que se impulse el decreto atenta contra la
legitimidad, respetabilidad y autoridad de la Sala Superior del TEPJF e incluso
podemos advertir, que si no hay una postura de los magistrados electos
rechazando dicho acuerdo de la JUCOPO, obliga a evaluar si los compromisos
políticos no condicionan la independencia de los magistrados así como su imparcialidad.
No está por demás advertir, la propuesta violenta los principios de legalidad y
de seguridad jurídica que en todo momento deben primar en toda decisión en la
que el legislador está comprometido a garantizar la primacía del orden
constitucional.
México en la agenda de Estados Unidos
Para Estados Unidos la relación con México no es prioritaria; sin embargo, podemos reconocer la existencia de una agenda que ha sido recurrente entre los dos países, el tema comercial, narcotráfico y migración. Para los candidatos, demócrata y republicano, destaco aspectos de interés: revisión del Tratado de Libre Comercio, las políticas de seguridad asociadas con posibles deportaciones de líderes de grupos delictivos, así como la posibilidad de impulsar una reforma migratoria conforman una agenda que de por sí estará determinada por la capacidad de negociación del gobierno con los grupos de presión así como con congresistas que abiertamente están opuestos a impulsar cambios en este rubro. Las observaciones sobre el terreno comercial están encaminadas a establecer mecanismos de protección más que alentar una mayor apertura. Hay regiones que son más importantes para Estados Unidos en este momento: medio oriente, China y Europa.
jueves, 6 de octubre de 2016
El Sistema Nacional Anticorrupción
En la creación
del SNA hay una visión particular sobre
el tema de la corrupción como un mal endémico, por ello la implementación se
debe hacer sobre el eje de coordinación en la que la “soberanía normativa” de
cada una de las áreas involucradas no se convierta en el motivo para la
inacción. Es factible pensar en el incremento de gasto y de contratación de
personal; sin embargo, no debe ser el único eje de reflexión ya que hay
elementos claves como es la integración de los cuerpos colegiados y su capacidad
de decisión, la concreción de los
cambios en la estructura de la administración pública tanto federal como
estatal, ya que las viejas prácticas con que se reprodujeron son un obstáculo
para el SNA. Una cultura a favor de la transparencia y rendición de cuentas
adicionada de buenas prácticas son pilares de este nuevo tiempo en la materia.
viernes, 30 de septiembre de 2016
los gobiernos de la democracia en México
Los gobiernos de la democracia han desarrollado una forma personal de gobernar que los define de pies a cabeza y as u vez nos permite atisbar una primera explicación en dónde se fue construyendo una serie de pendientes que han tratado de ir cerrando ciclos que aun generan la atención y mediadas tanto formales como de demandas de justicia que condenen el uso privado de recursos del erario público. Cuatro rasgos son sintomáticos (Aguilar Camín, 2016), a saber:
- El uso de recursos provenientes del bono petrolero que entregaron desde el sexenio de Vicente Fox (en su sexenio los ingresos petroleros alcanzaron 1, 058, 635 billones de dólares –es decir, un millón de millones de dólares más 58 mil 365 millones de dólares-) a los gobiernos estatales permitieron la conformación de gobiernos ricos sin que ellos asumieran un compromiso más fuerte por implementar medidas fiscales y hacendarias exitosas. Para los nuevos virreyes estatales era más cómodo regresar las funciones a la federación y esperar compensaciones por la acción asumida. El fenómeno de recentralización en materia educativa, salud, electoral y en materia de prevención de justicia son ejemplos de medidas que deben leerse como parte de una misma política impulsada desde el gobierno federal para garantizar un control que no necesariamente implicó subordinación sino en aras de un respeto del pacto federal las legislaturas locales incorporaron a las constituciones estatales los cambios impulsados desde el centro. Dichas medidas han formado un paquete de cambios que han permitido concesiones y la asignación presupuestal que ha generado por una parte la expansión del gasto público de los estados vía la asignación de recursos federales, lo que ha promovido la aparición de estados ricos con dinero ajeno, o mejor dicho con recursos excepcionales.
- La falta de fiscalización de dichos recursos entregados a los estados y municipios generaron un modelo de dispendio con fondos que al día de hoy no se sabe dónde quedaron muchos de ellos. Los escándalos por corrupción hoy persiguen a varios gobernadores y ex gobernadores de todos los partidos políticos. La principal crítica a esta “descentralización del gasto” que permitió enriquecer las arcas estatales se sustentó en el derecho que dichos gobiernos tienen al formar parte de la federación y a la propuesta de negociación que habilitaron en el gobierno del cambio para mantener una relación tersa con los gobernadores, verdaderos operadores políticos y quienes controlaron al poder Legislativo federal con sus respectivas grupos de legisladores que conformaban las diversas fracciones parlamentarias. Sobra señalar que la trasferencia a los estados equivalió a 355 mil millones de dólares en catorce años (2000-2014).
- Si al escenario anterior le sumamos el déficit en la capacidad del mando tenemos un cuadro, en el que hay dos materias que sufrirán demasiado, la recaudación de impuestos y la aplicación de la ley. En materia de recaudación de impuestos la transferencia de recursos federales produjo la aparición de gobiernos con atribuciones atrofiadas, el incentivo que el gobierno federal promovió no sólo es coyuntural es una falla estructural que se demuestra cuando vemos que sólo el 16% de los ingresos en los estados son recaudados por este orden de gobierno, el resto viene de la federación. En materia de justicia el uso de la detención previa como parte del proceso de la procuración de justicia provoca que su “uso excesivo y arbitrario atrap[e] a personas inocentes en un limbo legal, forzando la capacidad de las ya superpobladas prisiones y socavando el respeto hacia el sistema de justicia penal.”(Aborn y Cannon, 2013) En virtud de lo anterior, es oportuno advertir del número de internos que no cuentan con un juicio en México “hasta enero de 2013, 41.3 por ciento de los internos no contaba con una sentencia condenatoria.” (México Evalúa, 2014, 5) Es por eso que el uso de la prisión como único modelo de sanción provoca que se profundice la percepción de un sistema de justicia deficitario.
- La conformación de gobiernos débiles son producto de un sistema que ha constituido un sistema político garantista a la existencia de minorías, desde el año 1997 México adolece de un gobierno unificado que potencie las atribuciones y capacidades del gobierno en turno para posibilitar los cambios estructurales que el país ha construido con demasiados costos como hemos tratado de mostrarlos. La frágil estabilidad del gobierno tiene que resistir los embates de una oposición legislativa que no alienta una efectiva representación si no por el contrario fragmenta cualquier apoyo y por ende proyecto político que busca la aprobación parlamentaria para generar las leyes necesarias. Si a lo anterior agregamos la curva de aprendizaje que se vuelve un mal sexenal, la demanda de un servicio profesional de carrera es necesario para que el proyecto gubernamental tenga viabilidad y sustento.
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