LA CRISIS DEL ESTADO HONDUREÑO

La crisis de gobierno que se ha suscitado en Honduras después de la deposición de su presidente José Manuel Zelaya es de enorme relevancia para la historia reciente de América Latina, pues la acción ejecutada ha sido recurrente en los últimos quince años. Veamos por qué, a) la deposición del presidente se origina entorno de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y ratificada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa referente a la ilegalidad del proceso de cuarta urna y los actos relacionados con la encuesta, por lo que media en la acción del entonces presidente, un pleno desconocimiento de la acción y resolución emitida por un órgano independiente del poder Ejecutivo y que además tiene facultades para emitir juicio sobre un acto de la autoridad; b) la deposición de Zelaya al ser promovida y ejecutada por las Fuerzas Armadas pareciera que nos ubica en una discusión de amplios vuelos en América Latina, sin embargo, aquellos regímenes militares sí llegaron a refundar el régimen político, hoy en día la participación de los militares gira entorno de buscar un reequilibrio, ante una crisis del gobierno encabezado por Zelaya, en el que parece ser que el Partido Liberal y sus legisladores en el Congreso no asumieron una actitud de escudo y apoyo a la propuesta del presidente; c) esta falta de apoyo derivó en una confrontación entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo, de ahí se explica que el entonces líder del Congreso Roberto Miccheletti, miembro del Partido Liberal (del que proviene Zelaya) haya asumido el cargo provisional de presidente de la República; d) tanto los militares como los miembros del Congreso Nacional se puede inferir que se han opuesto a la propuesta de Zelaya de vincularse al proyecto del ALBA que encabeza Hugo Chávez en Sudamérica; e) la oposición a la cuarta urna en la que hay una férrea oposición de miembros del Partido Liberal, también es posible porque el candidato a la presidencia de la República por parte de este Partido ha sido seleccionado, esta candidatura se disputó entre Roberto Miccheletti y el vicepresidente del país Elvin Ernesto Santos, el resultado fue que el candidato fuera este último.

Desde esta perspectiva la acción de Juan Manuel Zelaya de llevar a cabo el referéndum para posibilitar la modificación constitucional que le permitiera ocupar la presidencia para un periodo consecutivo tiene que ser revisada como un acto de confrontación contra los otros poderes legalmente constituidos, la anterior idea es la que estableció la oposición de los militares, que sumada a la postura de los congresistas del Partido Liberal es claramente que Juan Manuel Zelaya no contó con el apoyo de los actores políticos y militares para su propuesta. A nuestro entender Zelaya creyó tener a los militares de su lado y se encontró con un actor que ha asumido un papel ambivalente en la última etapa en el continente, a saber los militares “no quieren” el poder ya sea por incapacidad o resistencia, por lo que asumen un papel “neutral” como garantes de las instituciones, lo que al menos en imagen (cosa que no lograron) los hiciera ver como agentes democráticos. El desgaste que su imagen a lo largo de los años 60s y 70s tuvo, hoy en día evitan llegar a un escenario semejante, la estrategia es aparentar una “transparencia” y apoliticidad.

Es oportuno poner del conocimiento que la actitud de confrontación de Zelaya seguramente proviene de su encuentro con los legisladores de su mismo partido (partido Liberal) pues de los 62 legisladores con que cuenta su partido, sólo asistieron 34 miembros, en dicha reunión fueron visibles más las ausencias pues no asistieron el otrora presidente del Congreso Micheletti (hoy presidente de la República) y el candidato para la elección del próximo año del partido Liberal Elvin Santos. Esto llevó a que el referéndum que se llevaría a cabo el domingo 28 de junio no se realizara. Los motivos hemos tratado de mostrarlos, Zelaya apostó que el pueblo, quien “mejor lo interpreta y […] entiende” el referéndum, decidiría y le mostraría un contundente apoyo que redujera la capacidad de maniobra de los actores políticos del país. Hasta ahí la cosa es clara, pero la deposición de los mandos castrenses por oponerse a realizar y ser parte de la estructura logística que llevaría a cabo el referéndum provocó su ira por decir lo menos. Es así que el entonces presidente Juan Manuel Zelaya se vio solo, pues tenía en su contra al poder Legislativo, al Judicial e incluso al Ejército.

Lo interesante es que Zelaya pretendió colocar al pueblo hondureño como un jugador de veto para limitar sus capacidades de control y sanción de los actores anteriormente señalados, con lo que su acción y su cargo de presidente se vería garantizado.

La respuesta dada desde luego escapa a las deposiciones que bajo los marcos de la ley han derivado en juicios políticos o en salidas políticas en otras latitudes del continente, en las que el mandatario deja el cargo sin que medie resolución jurídica, no deja de ser interesante que Juan Manuel Zelaya no haya tomado esa vía ante la oposición de los actores políticos, en su caso buscó el cobijo del pueblo hondureño, quien al carecer quizá de una fuerte organización en el centro del país, la capital, se vio imposibilitada de reaccionar de manera rápida. La sorpresa y rapidez con que se suscitaron los acontecimientos fue un factor que determinó el resultado hoy visto.

Es de creer que el aislacionismo de Zelaya tuvo un resultado desastroso, en el que la política y la norma jurídica no tuvieron la respuesta que evitara esta inestabilidad del gobierno, la salida que se dio, y esto es lo preocupante, donde sólo la fuerza ha sido el mecanismo que ha tratado de restituir los marcos legales que el poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial han dañado, es digno de tomarse en cuenta. Hoy en día podemos decir que Honduras mantiene un gobierno democrático porque tiene reglas instituciones que definen a un sistema democrático, pero la forma en que se conduce y resuelve sus conflictos lo presenta como un sistema democrático iliberal.

El iliberalismo permite mantener la separación de poderes al menos formalmente, pero es incapaz de garantizar los derechos y libertades que requiere una sociedad para mantener un equilibrio que no se constituye sólo por los actores sino por el claro consentimiento de los ciudadanos.

AHORA VIENE EL LÍDER

El Frente Amplio Progresista hasta donde entiendo buscó realizar un trabajo político más allá de las elecciones, este hecho significaba la oportunidad de generar coaliciones legislativas en las que los acuerdos y compromisos entre las fuerzas políticas, léase partidos políticos legalmente constituidos que cuentan con plataformas, estatutos, en fin el aparato burocrático que permita llevar a cabo los procesos de rutinización de sus actividades tanto ordinarias como para periodos electorales, permitieran establecer una estrategia permanente de acción en la que la búsqueda de leyes, políticas públicas derivaran en favorecer al conjunto de la población así como a los militantes y simpatizantes de las fuerzas electorales involucradas, pero desde la esfera del Congreso.

Este trabajo se vio truncado al paso del tiempo, debido a que los principios del FAP así como la dinámica de los partidos integrantes se contrapusieron , lo que determinó la vida de este original ensayo entre partidos. Desde ese espacio del Frente, López Obrador trató de seguir estableciendo su liderazgo, pretendiendo que propuestas de ley llegaran a las mesas de negociación de los grupos parlamentarios. El primer error que noto en este comportamiento lo representa el trabajo parlamentario que cuenta con su propia agenda, que si bien se conforma a partir de las reuniones de los legisladores y su dirigencia nacional partidista, así como de los procesos internos de negociación que al interior del Congreso se establecen, todo lo anterior incluso se ve aderezado a partir de las capacidades de influencia que muchas veces proviene del número de legisladores con que cuenta el partido para representar un actor clave en los procesos políticos. Es decir, la capacidad de “chantaje” (Sartori, 1997) que la fuerza política represente es sustantiva para lograr objetivos concretos.

Hasta el momento no hay existencia de material que valide que las propuestas de los grupos integrantes del FAP hayan acabado como iniciativas de ley o acuerdos que tengan el sello único del Frente, creo que es la “hora cero” para saber de ellos y evaluar el papel de esta experiencia organizativa. Señalo lo anterior, con mucho motivado por el papel que López Obrador ha venido representando para los seguidores de este Frente, pero también debido al grupo de seguidores que se han reunido entorno de él, provocando un desconcierto evidente en los núcleos de población que lo han apoyado, por lo que se atisba un dilema: seguir al líder que surge después del proceso electoral de 2006 o siguen la línea de su partido reafirmando su militancia.

La traumática experiencia de 2006 fuera del resultado que arrojó y posteriormente el comportamiento de López Obrador, ha dejado con interrogantes que no tienen respuesta, la principal está fundada en que su movimiento se constituyó con el objetivo concreto de mañana duda proviene si el movimiento que constituyó va a separarse del PRD para conformar un nuevo partido político o al menos sumarse a otra fuerza política, los analistas y opinólogos señalan que está en su camino esta decisión. Si es así, asistimos a la profundización de la pelea entre la coalición dominante del PRD y este líder. Contrario a lo que parezca en esta gresca el actor menos dañado será López Obrador pues su accionar en pequeños grupos o como movimiento le permite atravesar transversalmente el sistema de partidos ganando espacios en cualquier estructura partidista que se encuentre necesitada de los votos que le pueda proveer el liderazgo de AMLO y los candidatos que él pueda aportar. El intercambio es muy interesante desde esta perspectiva.

Veamos Andrés Manuel López Obrador puede representar esas décimas de punto que requiera el PT, Convergencia, para seguir subsistiendo en el sistema de partidos, dejemos fuera si en el mensaje de este líder para brindar su apoyo lo justifique en que se encuentra realizando campaña por los candidatos de las dos fuerzas políticas citadas porque su registro está amenazado por el gobierno de Calderón. Lo que si es evidente es que ambos partidos finalmente se están beneficiando de los desacuerdos que AMLO tiene con la dirigencia del PRD, hoy en día me parece extremadamente preocupante que tanto el PT y Convergencia se coloquen como partidos de izquierda, cuando sus orígenes los delatan como fuerzas ligadas al viejo sistema.

Es la hora de evaluar el trabajo de López Obrador como líder que poco a poco ha venido dilapidando la alianza que entorno de él generó como candidato, y que producto a su opuesto proyecto tiene en un dilema a los militantes y simpatizantes perredistas, que no se reconocen como parte de las múltiples corrientes que integran al partido, pero que sí votan por este partido que tiene a la historia como a sus principios para monopolizar el concepto de izquierda. No es suficiente asumir que la economía popular es el centro de una estrategia porque también otro núcleo de la población forma parte de lo sectores insatisfechos y opositores del proyecto de la derecha. Ese otro grupo social que se opone se ubica en un espacio en el que su propia condición socioeconómica hasta las expectativas profesionales lo vuelven único. Por eso, el quid de esta historia tanto para la coalición dominante como para AMLO y su movimiento cómo conformamos un partido de compromiso que busque definir una agenda integral con un proyecto de nación inclusivo, no polarizado hacia la derecha y los “grandes empresarios” o al centro que busca una economía popular que repite el esquema perdedor de “primero los pobres”. Desde esta perspectiva López Obrador está empantanado, al limitar su estrategia a un sector de la población que lo puede reconocer pero que no representará su espacio de apoyo debido a que hay estructuras corporativas que cuando venga la lucha por el poder, serán reclamadas por esos tentáculos electorales que los partidos tienen.

Sirva lo expuesto para señalar que es imposible concebir que AMLO: a) haya solicitado el voto por un partido político al cual no pertenece; b) asuma que un representante popular puede renunciar a su cargo, lo que marca la ley es que ese tipo de cargos no se renuncian, cuando más la solicitud de licencia es el mecanismo establecido; c) el partido al cual no pertenece le haga caso, violentando sus principios, estatutos, su consejo político a la militancia que legal y legítimamente eligió a Rafael Acosta “juanito”, para que dimita a un hipotético cargo del que ya hace cuentas López Obrador como seguro triunfo; d) Clara Brugada se preste a un juego en el que su imagen como política se vea manchado, por este artilugio demagógico planteado por el ex candidato a la presidencia de la República. Finalmente sin dejar una respuesta, dejo las siguientes para que después del proceso electoral, la historia y quien esto escribe, hagamos un adecuado juicio. A saber:

¿López Obrador tiene la capacidad de “tirar” línea al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard para que Clara Brugada, en el hipotético caso que gane el PT la jefatura delegacional de Iztapalapa, se convierta en la jefa delegacional interina?

¿La militancia así como la coalición dominante del PT permitirá que un personaje ajeno a su partido se imponga y trastoque la vida interna de este partido político?

¿Si el voto ciudadano no le favorece a Rafael Acosta y por ende, se anula este acuerdo demagógico que ha expuesto López Obrador el pasado 16 de junio en mitin de apoyo a Brugada, impugnarán el resultado aunque este sea contundente en su contra?

¿No es el mensaje de López Obrador una salida cómoda para quitar tensión sobre su liderazgo, dejando que el voto decida y por ende no se alcance a observar su incapacidad para negociar al interior del partido, en el cual aun milita (PRD), el despojo que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha provocado? ¿Hay nula comunicación entre López Obrador y la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, que no existe la posibilidad de construir negociaciones que permitan evitar fricciones entre los incondicionales de este líder y la dirigencia de Jesús Ortega?

Como he señalado habrá más tiempo para comentar el comportamiento y decisión pública del Tribunal, pero sin duda está tomada la resolución y el día de la elección se encuentra a la vuelta de la esquina no queda otro esquema que buscar el triunfo, para que después desde otra tribuna se plantee un serio extrañamiento al comportamiento de los jueces electorales. Sin duda el precedente es muy serio.

LOS EFECTOS ELECTORALES DEL VOTO EN BLANCO

El costo sobre la democracia como he venido refiriéndolo es bastante alto si entendemos que el voto en blanco puede afectar la existencia del modelo representativo ya que el país vivirá un impacto negativo sobre el sistema de partidos. Dejará de verse posiblemente como un modelo político pluralista en el que la diversidad social existente pueda verse reflejada en la existencia de partidos políticos a lo largo del espectro ideológico.

Lo anterior se desprende del siguiente argumento, a mayor votación nula tendremos que los partidos que aun no se consolidan en el país sufrirán para mantener su registro debido a que para mantener el registro como para participar del reparto por vía plurinominal se guían por dos métodos distintos. Lo interesante de lo anterior es que hay un punto en que ambos mecanismos se vinculan causando efectos que modificarán el sistema de partidos. Me explico, para que un partido mantenga el registro requiere el 2% de la votación tota emitida el próximo día 5 de julio, lo que determina que los partidos “pequeños”, a saber PANAL, PSD, PT, Convergencia, tendrán que luchar con más fuerza por el voto ciudadano que aun, tres semanas, se encuentre con ánimo de cambiar su decisión y darles una oportunidad más a estos actores. Lo contrario es que pierdan su registro, pues si el voto duro definirá la votación tenemos que la liza electoral estará determinada entre los nuevos partidos por buscar los votos que dejen las tres fuerzas más importantes, a saber PAN, PRI y el PRD. Esto es, si descontamos el voto por las tres fuerzas más importantes que ronda el 80% así como el posible porcentaje de votos en blanco y nulos tenemos que se reduce las expectativas por mantener un sistema plural de representación (Merino, junio: 2009).

A partir de lo expuesto, tenemos que el país está expuesto a un movimiento que pensó sólo mostrar su oposición a la partidocracia y lo que podría estar ocurriendo es que se reafirme la presencia de fuerzas políticas que hoy se encuentra en el centro del huracán, el tripartidismo mexicano estaría consolidándose. Esto es, el país estaría en presencia de un sistema de partidos que se podría clasificar como un modelo tendiente al conservadurismo, pues habría poca probabilidad de oxigenación del sistema, así entiendo que el voto en blanco, el voto nulo puede afectar el escenario político nacional. Ya que la votación total emitida determina el criterio para considerar quienes se mantendrán en el sistema de partidos. Según Mitofsky en su última encuesta levantada en mayo de 2009 los partidos PT, Convergencia, PNAL y PSD se encuentran aún en el umbral de quienes se ven expuestos a perder su registro.

Ahora bien podemos señalar que la votación efectiva al ser parte del criterio y mecanismo con que se asignan los escaños tenemos que cuidar que su aplicación se aplique con el cuidado que requiere para que las fuerzas que alcancen el mínimo de votación requerido si así lo fuere cuenten con una representación política conforme a la ley. Este procedimiento de asignación de escaños en nada tiene que ver con el voto en blanco, eso es claro según lo establece la Ley electoral, por eso atendamos que el peligro sobre la representación es fatal si no hacemos un justo análisis del voto en blanco. No sólo se reduce a mostrar una insatisfacción sobre los partidos, es la calidad de la representación así como la dimensión cuantitativa la que se verá afectada, con lo que tendremos un Congreso Federal pobre en expectativas e intereses que formen parte del debate nacional. A la larga es la democracia la que será impactada negativamente, predominarán los enfoques y posturas de actores viejos conocidos que han estado presentes por lo menos desde hace quince años en el escenario político nacional.

EL VOTO EN BLANCO: UN PROBLEMA DE MÉTODO

La democracia representativa se basa en la selección de los gobernantes mediante el procedimiento del sufragio que es emitido de manera directa por el ciudadano. Llevar a cabo este proceso esta garantizado por las cartas constitucionales de cada uno de los países que reconocen el voto universal y secreto. Los marcos normativos que regulan al proceso electoral y por ende la emisión del sufragio, en las leyes secundarias reconoce que los derechos de la ciudadanía son parte de las libertades que conforman a esta categoría, por lo que más que una obligación el voto, hoy ejercer este derecho es más un compromiso ético que político.

El sentido ético de la acción cívica que se traduce en la conformación de los gobiernos nos coloca en un dilema por una parte podemos desentendernos de los actos públicos que realice el gobierno asumiendo que su capacidad proviene de que es mandante de la totalidad de la población que integra el colectivo llamado Estado; o por otra parte tenemos a un ciudadano que reconoce que su papel esta en el centro del denominado nuevo rostro del gobierno, al mantener un intenso trabajo de corresponsabilidad. Me parece simbólicamente importante rescatar, a este actor corresponsable debido a que necesariamente estamos en presencia de un ciudadano comprometido con la defensa a ultranza del gobierno en turno, que quizá no corresponda a un militante o simpatizante del partido que se ha hecho con el triunfo y por ende del gobierno. En regímenes representativos los poderes fácticos, o contrapoderes asumen un rol o comparte espacio con una serie de actores que bajo el marco legal y legítimo del trabajo ciudadano asumen un intenso papel de vigilancia. Así surge el concepto de oposición responsable constitucionalmente, la cual se compromete a encontrar márgenes de acción para ofrecer un papel de juez social al trabajo y compromisos que estableció el partido triunfante en las urnas, con esta actividad busca que el gobierno no asuma que tiene “manos libres” para ejecutar iniciativas aunque estas mismas contravengan valores de recia raigambre en la sociedad. Incluso es indispensable pensar en que las propuestas de campaña son un primer elemento a observar, y por tanto a ser criticado si no hay en el plan de gobierno siquiera alguna mención a las promesas de campaña.

Como puede entenderse la oposición no es un grupo que se opone por oponerse se asume como interlocutor con el gobierno para defender los intereses y la visión del grupo que se reconoce ideológica y políticamente con ese partido. Lograr que la oposición asuma este rol es situarnos en ámbitos no solamente electorales, trasciende la esfera del sufragio, pues el papel vigilante de la acción del gobierno nos obliga a estar atentos a los continuos vaivenes de la política democrática. Si se sigue esta idea nos enfrentamos con que la desafección con los partidos políticos pero no con la democracia es producto de que asumimos que este régimen político mantiene rasgos proactivos que deben salir de los espacios legislativos para volverlos en piezas centrales de la vida colectiva, pero entiéndase, no para deponer un régimen democrático representativo sino para complementarlo y volver más fuerte el sistema en su conjunto. Un sistema en donde el papel del ciudadano lo lleve a ser más responsable de las decisiones públicas mediante mecanismos como es el referéndum, iniciativa popular, incluso tener la posibilidad de deponer a mandatarios que no demuestren capacidad de gobierno, esto implica reconocer que cada uno de los electores-ciudadanos son actores parcial o totalmente informados. La destitución es un factor que puede ser reconocido como un factor que vivifique la democracia pues no sólo puede concentrarse a ámbitos federales sino estatales e incluso municipales.

El voto en blanco desde esta perspectiva no es más que un acto individual que si bien será agrupado como un sector de la población no implica que la mayoría esta detrás de esta postura ciudadana. Por el contrario, ocupará un lugar más dentro del espectro de las múltiples minorías que son derrotadas en cualquier proceso electoral. Incluso podemos ubicar que la contabilización del sufragio al concluir la jornada electoral establece que después de retirar los votos nulos y los votos en blanco se lleve a cabo el proceso de conteo que deriva en el conocimiento de los respectivos triunfadores del proceso electoral del que se trate. En virtud de lo anterior, no se conculca una conciencia cívica con el agregado de multitudes en un acto que nos coloca en una misma posición que surge de nuestra desafección con las fuerzas políticas existentes, con su medroso trabajo, con sus enquistados líderes pero sobre todo es el modelo el que no camina correctamente, es hora de modificarlo. La insatisfacción es un buen motivo para pensar en que debe cambiar, las propuestas deben venir ahora, antes incluso de la jornada electoral y no que el acto de emitir el voto se asuma como una revolución blanca, blanca porque no nos reconocemos en quienes nos desean representar. Asumo que se ha iniciado un interesante proceso que requiere sistematización para que articule una propuesta que permita una salida que sea arropada por su innovación y penetración social, en la que no sólo se encuentren los ciudadanos que hoy manifiestan su agravio, sino también aquellos que aun creen en la política tal y como hoy se conduce, o en aquellas personas que emiten un sufragio anulando todas las opciones habidas. Porque es justo reconocer que el voto en blanco no es el voto nulo, dos cosas que se echan en el mismo saco pero que significan distinto, hay que ver el resultado de esta campaña.

Mi sentido de la orientación me lleva a señalar que es un problema de método, no es el proceso electoral el que sufre de cansancio es el modelo, y creo que su cabal salud depende de todos. Y como un acto de responsabilidad de nosotros los ciudadanos, depende se fortalezca, porque según lo entiendo aun reconocemos que la democracia es un buen sistema de gobierno.

VICENTE ZAMBADA, 10,000 MUERTOS ¿QUÉ CELEBRAMOS?

Su padre es dueño de Sinaloa junto con Héctor Beltrán Leyva ayudaron al Chapo Guzmán cuando andaba a “salto de mata” después de que se fugara del penal de Puente Grande, allá en Jalisco. Dice Ricardo Ravelo, el Chapo andaba “cual vil forastero”. Huyó y así anduvo de aquí para allá, cuidándose de no caer en los operativos que el ejército le tendía, incluso de sus enemigos más fuertes, Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano autores intelectuales de la muerte de su hermano Arturo Guzmán Loera El Pollo, quien fue detenido poco después de su fuga. Ya detenido es asesinado en La Palma de manera violenta, fue acribillado a balazos.

 Pero el gato tiene siete vidas y así como ese animal le llegó su suerte, Ismael Zambada lo rescató, como se dice fue su protector y quien le dotó de dinero.  Abriéndose de nuevo paso el Chapo, estableció vínculos con narcos colombianos para convertirse en distribuidor de la cocaína hacia Estados Unidos.

Después de la muerte del señor de los cielos el cártel de Juárez quedó en manos de los hermanos Carrillo Fuentes, Vicente y Rodolfo; el hijo de Amado Carrillo, Vicente Carrillo Leyva; Ismael El Mayo Zambada, su hijo Vicente Zambada Niebla; Juan José Esparragoza, el azul; Ignacio Coronel y los hermanos Beltrán Leyva y el propio Chapo Guzmán.

De aquella sociedad hay bastante tinta escrita, pero de algo es seguro ahí se tejen amistades y relaciones. Uno de esos vínculos de amistad lleva a la relación que el hijo de El Mayo Zambada, Vicente, construyó con las hijas de El Azul hombre influyente y negociador que se asentó en el estado de Morelos. Y desde ahí se tejieron relaciones familiares tan intensas que, sus hijas se vieron ligadas sentimentalmente con un ex gobernador de aquel estado, incluso con algún empresario dueño de una línea aérea. Nadia y Silvia Alejandra, según Renato Ravelo son amigas de Vicente Zambada. Todos ellos forman una nueva generación de narcotraficantes. Les llaman narcojuniors.

Se vieron atrapados en los negocios familiares y hoy son parte de la estructura. Después de la detención de Héctor Beltrán Leyva, El mochomo, el círculo se ha venido cerrando.  Con la detención de Vicente en la ciudad de México el cártel ha perdido a un operador que establecía negociaciones. Su historia, a pesar de su juventud, ya se pinta sola,  en averiguaciones de la DEA se le considera como supervisor de desembarco de cocaína proveniente de Colombia según la investigación que dicha Agencia conformó bajo la operación encubierta “Trifecta”. Justo cuando el cártel de Juárez seguía siendo fuerte, pero la muerte de Rodolfo Carrillo partió al cártel de Juárez, se debilitó. Para 2005 quedaban sólo el hijo de Amado Carrillo y su tío Vicente Carrillo Fuentes como únicas cabezas visibles.

El entonces jefe de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos[1], declaró la crisis profunda del cártel de Juárez pero al mismo tiempo el ascenso del cártel de Sinaloa teniendo al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada como las cabezas más visibles. Esta recomposición de la empresa del narco, con nuevos liderazgos que ocupan el centro y occidente del país destacan Nacho Coronel de quien el FBI ofrece una recompensa de cinco millones de dólares; los hermanos Beltrán Leyva de quienes se dice “le enseñaron el negocio”[2] a el Chapo, hoy en día Héctor Beltrán Leyva El Mochomo se encuentra prisionero, fue capturado en enero de 2008; Juan José Esparragoza El Azul  quien es señalado como el decano del narcotráfico en México.

Es de imaginarse la captura de Vicente en una colonia de la alta sociedad del Distrito Federal, junto con otras cinco personas que servían para su protección personal fueron detenidos por el ejército, suponemos que no esperará el reacomodo para redefinir su marco de acción.  

Seguramente habrá muchas plumas o notas periodísticas sobre vicentillo,que seguramente lo colocarán como hombre bajo el mando del Chapo Guzmán, lo cierto es que su padre lo puso ahí para hacerse cargo de los aspectos operativos, de logística y de seguridad del Cártel. Su importancia lo dice el periodista “al mismo nivel de Joaquín El Chapo Guzmán, e Ignacio Nacho Coronel”[3]. Así podemos saber de la importancia de “vicentillo”, así como de su función y trabajo al interior de la organización, lo detuvieron debido a un “pitazo”, a su ostentosa presencia y calibre de sus armas tres fusiles AR-15, tres pistolas calibre 38 super, tres vehículos de lujo, 67 mil 480 pesos y 866 dólares americanos. Ya nos imaginamos paseando por las tranquilas calles de esa zona alejada del bullicio y claxonazos de los autos que circundan la zona, cerca al periférico sur de la ciudad de México.

Seguramente sabremos de él muy pronto, quizá sea entregado al gobierno de Estados Unidos debido a que desde 2003 es señalado por un gran jurado como responsable de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos, estos cargos fincados y producto de la operación “Trifecta”[4] fueron mucho antes de que asumiera el encargo que su padre El Mayo Zambada le otorgó después de enero de 2008.

Ahí queda la historia del mayito Zambada quien se paseaba por las calles de la colonia Lomas del Pedregal en forma de comando armado, hoy podemos saber que también se hacía llamar Jesús Antonio Domínguez López o Miguel Ángel Hernández Peña, el ejército hizo la captura junto con la AFI, después de verificar la información de que personas armadas viajaban armadas en algunos autos de lujo.

De seguro habrá reacciones de esas que se estilan. De esas que nos pesan demasiado, por lo pronto ayer el mismo día en que cayó Vicente Zambada ha sido contabilizado el cadáver 10,000 producto de esta “guerra” en 812 días de gobierno de Felipe Calderón.

La pregunta sigue dando vueltas ¿hay algo que celebrar?

 

 

   

 

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[1] José Luis Santiago Vasconcelos perdió la vida en el accidente aéreo que se suscitó en la ciudad de México el 4 de noviembre de 2008 en el que también viajaba el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.

[2] Ricardo Ravelo, Los capos. Las narco-rutas de México, México, Plaza y Janés, 2005

[3] Periódico El Universal, 19 de marzo de 2009

[4] Periódico Milenio, 19 de marzo de 2009

EL DINERO DEL NARCO

Ya lo ponía como parte de los errores de Frank Lucas para que fuera detenido, Ridley Scott, y es que para Richie Roberts no pasó por alto aquel hombre de color que se codeaba en las altas esferas de la farándula norteamericana, sin que nadie supiera quién era. Es así que (Frank Lucas) lo atrapan, lo acosa la policía para que la corrompa, lo detienen y desde ahí negocia al estilo Medellín para disminuir la pena. Lo delató su extravagancia, sus atuendos de hombre de la farándula.

Así más o menos podía decirse de la presencia del Chapo en la lista de la revista Forbes, pues como dice Edgardo Buscaglia “capo conocido huele a muerto”, pues el mayor daño que le puede causar la publicitación de sus actos los expone no sólo ante “grupos rivales” sino a la misma opinión pública.

El dinero del narco observado bien pudiera ser el inicio de la trama de destapes para saber de las relaciones de las finanzas del cartel de Sinaloa, nuestro Frank Lucas ahora se tendrá que sentir observado, un mil millones de pesos es su fortuna, ahora el policía (Richie Roberts) tendrá que decirnos quién lo ayudó a amasar tal fortuna, y a crear las redes de complicidades que le han permitido escapar de la justicia. Recordemos que escapó de Puente Grande metido en un carrito de lavandería sin que fuera descubierto.

Y ahora esto, porque de los medios no fácil se escapa, tendría que gastar en representantes, en voceros, para salir rápido de la primera plana, pero no será sencillo sobre todo si esta revista es de multimillonarios. ¡Mira la vida!, aparece en la misma lista que Bill Gates o Carlos Slim, en el lugar 701 comparte escalón con Emilio Azcárraga, otro magnate, éste último dueño del consorcio TELEVISA; aquél dedicado al negocio de la droga.

Ahora todos saben de él, de su fortuna, no es necesario componer corridos para conocer de sus “proezas” hoy los medios lo ponen en el ojo del huracán, y es desde Estados Unidos que le mandan decir al gobierno mexicano que no sólo es corrupción de aquél lado sino también el problema está aquí. El mercado es redituable no queda duda, ahí está un mil millón de dólares que demuestran el negocio del narco y el poder económico que representa. La advertencia es clara, tú gobierno mexicano no puedes detener este “negocio”, se te fue de las manos.

Sus enemigos pueden estar riendo ya lo encontraron sin que mediara orden de aprehensión, ya sabe el mundo de su existencia, ahora es figura pública. ¿Y ahora que saben de su riqueza qué va a hacer señor presidente?, ¿también Forbes hace campaña contra México?, ¿la riqueza del chapo es una virtud de los gobiernos de oportunidades?

63 AÑOS DE ADAPTACIONES DEL PRI

El pasado 4 de marzo el Partido Revolucionario Institucional cumplió 63 años de su fundación conforme a su historia este partido debería revisar los principios que le dieron vida para que ubicara que el proyecto político que mantuvo a lo largo de 54 años quedó agotado en el momento en que perdió las elecciones del año 2000. Asumir que ayer, como lo menciona Jorge Alcocer, el PRI cumplió 80 años es una fecha e idea imprecisa, en nada se parece a aquel partido de caudillos, o partido de partidos que se conformó motivado por el proyecto callista, que autores como Tzvi Medin[1] ha señalado.

Bien le convendría observar a este partido y al mismo tiempo evaluar que su papel como “partido eje” se finiquitó incluso a la llegada de los gobiernos neoliberales en los años 80 del siglo pasado, pues el proyecto del gobierno y el proyecto del partido empezaron a contradecirse especialmente de este último, inercialmente el partido asumía su compromiso de ser el brazo electoral del  presidente, la maquinaria electoral, sin embargo esta característica no correspondía más, sobre todo la ideología tecnocrática se contraponía con el principio nacional revolucionario de un partido sin una cabeza que asumiera el compromiso de defensa y alianza con él.

Los cambios sociopolíticos en el país fueron modificándose hasta alcanzar un grado mayor de competitividad que resultó en un proceso de liberalización que permitió la incorporación de nuevos actores a la vida pública nacional, la consolidación de un régimen democrático que fue poco a poco construyéndose a partir de un nuevo marco institucional del que el producto más acabado ha sido el Instituto Federal Electoral.

Bajo este marco de competencia, donde destaca una ley electoral que procuró garantizar equidad en la campaña y permitir la institucionalización de la incertidumbre electoral se conformó un proyecto democrático pleno del que los resultados han estado a la vista: la pluralidad política ha venido a significar gobiernos de diferente ideología al partido en el poder. Incluso podemos considerar en nuestro recuento el fin del carro completo en la integración de la Cámara de Diputados espacio de representación que a partir de 1997 ya contaba con la integración de minorías políticas que por sí solas eran incapaces de lograr cambios constitucionales. Este es el escenario de cambios políticos que por vía de reformas y adecuaciones electorales sustentaron la llamada “mecánica del cambio político”[2] en México, en la que el PRI dejó de ser el partido hegemónico para convertirse en el partido mayoritario o de primera minoría.

Ese México de finales de siglo trajo cambios vertiginosos que fueron determinantes para que a casi 13 años de aquel proceso electoral se pensará en el fin del poderoso partido, incluso se pensó en el réquiem del partido oficial. La alternancia en el año 2000 demostró el fin del modelo del partido de régimen que por más de veinte años vivía tensiones ideológicas, programáticas y de acción que fueron profundizándose a lo largo de los años 80s y 90s, periodos históricos en los que ocurrieron ajustes estructurales en el modelo económico producto con mucho de la imposición del modelo neoliberal y a las crisis económicas recurrentes que vivió el país.

El fin del partido hegemónico por ende nos habla de un cambio histórico que actores dentro del PRI, no entendieron, los nuevos tiempos que se vivían tuvieron en la figura de Roberto Madrazo un actor incómodo de la vieja guardia. Este actor se hizo del partido con la firme esperanza de llegar a la presidencia, así el partido se pensó como un organismo político que catapultaría a su líder en turno con la pura inercia del voto duro, con una historia ligada a la corrupción y mal gobierno; la realidad nos demostró que un partido cuando pierde el poder requiere de un proceso interno de reorganización, de un proyecto que debe iniciar en acuerdos cupulares de reacomodo y de distribución del poder. El objetivo es claro, reconstituir la coalición dominante, pues en periodos de desestabilización producto del ambiente electoral un partido sufre afectaciones en la estructura interna por lo que se requiere de un trabajo de negociación y reconocimiento de los diversos grupos que componen el partido de “carne y hueso”.

La estrategia de Madrazo y el enfrentamiento con la entonces secretaria general del partido Elba Esther Gordillo determinó el futuro del partido: la derrota en 2006 y el tercer lugar en el proceso electoral federal. Esta situación que vivió el PRI estuvo determinada por la existencia de un candidato débil que al interior de su organización no supo negociar con los grupos internos, y que al mismo tiempo fue incapaz de leer como dirigente del partido que la alianza con el Partido Verde Ecologista era un costo mucho mayor que el beneficio; desde luego la salida de Elba Esther Gordillo representó un golpe político fuerte en la medida que anunciaba la ruptura con un sector histórico del partido: los maestros.

Volviendo a insistir con respecto al candidato, la mala lectura de Madrazo representó el final de aquel partido oficial que sin una cabeza atemperada pudiera volver a reconstituir los objetivos del partido a corto y mediano plazo.

La estrategia de Madrazo a nuestro entender se construyó a partir de su persona, creyendo que su figura bastaba y sobraba para cohesionar al partido en torno suyo, asumiendo una postura crítica con el gobierno que entregó la presidencia en el año 2000. La coalición dominante no era tal, en torno de la figura de Madrazo, las declaraciones de Gordillo filtradas a la prensa en un diálogo con el entonces gobernador de Tamaulipas así lo indicaron, la lideresa del SNTE finalmente acabó operando para Felipe Calderón con quien construyó la alianza que le permitió llegar a la presidencia.

Si no hubo una coalición dominante sólida en torno de Madrazo con mucho se debió a su errónea lectura que tuvo de la alternancia, el PRI no sólo tenía que desmarcarse del antiguo régimen con un sistema de partidos con partido hegemónico,  tenía que redefinir los objetivos políticos sobre todo con actores en ascenso: los llamados “nuevos virreyes” representaron  el nuevo poder y los negociadores directos con quien la coalición dominante del partido tenía que pactar. El resultado fue evidente, el tercer lugar en la elección de 2006 y el rechazo o desafección social que demostró la población con el partido fue evidente.

La llegada de Beatriz Paredes ofrece un nuevo proceso y rostro del partido pues ha venido construyendo acuerdos y permitiendo que los “virreyes” asuman en sus estados un papel central para la selección de candidatos. Es una dirigencia que ha sabido respetar las nuevas reglas del juego político en el que se ve inmersa. Un liderazgo si no gris consciente de su papel no sólo como una oposición que evita  confrontar para no ser visto como un partido rijoso; que busca negociar con las otras fuerzas para presentarse como un partido responsable en el ámbito político-parlamentario; esta habilidad política al interior del partido es utilizada para generar estabilidad en la estructura y capacidad política de negociación de la coalición y hacia el exterior muestra un cuerpo político con capacidad de representar un  proyecto alternativo que a su vez es atractivo al conjunto de la población. A nuestro entender eso es lo que las encuestas nos muestran, es lo que puede ofrecer al futuro y no por su pasado por lo que el PRI puede convertirse en un partido ganador el próximo julio de 2009, es su punto y aparte el que le garantiza  ser una fuerza política con posibilidades de llegar de nueva cuenta a la presidencia.

Por eso, este 63 aniversario de su fundación no puede ser visto como un proceso histórico integral, el partido ha vivido “adaptaciones” internas, estructurales, de sus estatutos y de las reglas no escritas que lo vuelven una fuerza política compleja de difícil data en el mundo, pues es un partido que no ha muerto por el contrario se ha fortalecido en torno de un trabajo partidario compartido, con liderazgos de dudosa honorabilidad algunos de ellos, que en su momento si quiere consolidar su ejercicio de transformación tendrá que atender conforme a sus objetivos y ambición de poder. Las encuestas hoy nos hablan de un partido que ha reducido la brecha de desafección eso es importante, pero también advirtamos del peligro si no busca métodos democráticos que le permitan espacios de vinculación con la militancia, simpatizantes y electores. Por lo menos ya demostró que el juego no es por la sobrevivencia sino por ser una alternativa política viable para el conjunto de la población. Ese es el reto para un partido que después de 2006 supo leer los nuevos tiempos a los que se enfrentaba, las encuestas de eso hablan por lo menos a cuatro meses de la primera prueba antes del inicio de la segunda parte de este mini sexenio.

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[1] Tzvi Medin, El minimato presidencial. Historia política del maximato. (1928-1935), México, Editorial Era,

[2] Ver al respecto el libro de Ricardo Becerra, Pablo Salazar y José Woldenberg,  La mecánica del cambio político en México, México, Editorial Cal y Arena

EL INCAPAZ GOBIERNO

Y cuando lo cuentan asumen que es verdad, que el país puede estar peor sin ellos. Que el trabajo realizado es impecable que la tasa de crecimiento pudo ser peor si el exitoso equipo económico no estuviera ahí. Pero… ¿esto es verdad? El México del 2009 se encuentra en una espiral de ingobernabilidad que coloca el tema de la inseguridad como un problema de Estado. Por eso hoy se empieza a discutir con mayor fuerza la tesis del “Estado fallido”, reconociendo que el país está en un voladero.

 

Las declaraciones de las fuerzas armadas reconociendo que el combate al narcotráfico los pone en una situación crítica pues la capacidad de reacción es rápidamente superada por el crimen organizado debido al tipo y “calidad” del armamento con que se enfrenta. Si a esta contradictoria situación donde la fuerza del Estado es puesta a prueba y es rebasada por poderes fácticos no podemos esperar que el combate al narco pueda ser una estrategia que ha sido eficaz.

 

El país está inmerso entonces en un proceso permanente de desestabilización que inicia en el descontrol que el presidente de la República tiene sobre su gabinete, y prosigue con estrategias en las que prima acciones coyunturales que pretenden mostrar que tenemos un gobierno en arduo trabajo, cuando la realidad nos dice que no es así. Ahí tenemos el caso del yacimiento petrolero de Chicontepec, proyecto petrolero del que ya se tenía previsto su desarrollo desde el año 2006. Que hoy en día se recoja como novedad, sólo es para olvidar el rotundo fracaso de su propuesta de reforma petrolera que costó 221 millones de pesos tan sólo en publicidad.

 

No hay una estrategia ni proyecto gubernamental, contamos con un ineficiente gobierno, esa es la realidad. Pasamos de un plumazo de la riqueza en el fondo del mar a la riqueza de Chicontepec, no es un problema geográfico o geológico, lo que creemos es que no hay un proyecto político.

 

Los problemas del país se minimizan, por ejemplo la secretaria de relaciones Exteriores nos dice que la violencia se reduce a tres estados de la República como si estos fueran espacios territoriales pertenecientes a otra latitud geográfica y no, como lo es, a parte del territorio nacional. En fin suponemos que la lógica de nuestros gobernantes se reduce a creer que como la violencia ocurre fuera de mi patio o el de mis amigos entonces no nos corresponde atender el hecho como un problema que ha venido profundizándose a lo largo y ancho de todo el país.

 

 

 

 

EL PROBLEMA ES EL DINERO

Una de los actos más deleznables para cualquier sistema político en consolidación ocurre cuando los actores o al menos uno de ellos toma como bandera sus intereses y los opone al interés general. El suceso del fin de semana pasado va en esta línea, pues los dos consorcios televisivos más importantes del país han vuelto a poner al país en el dilema de la confrontación de la que sin duda el daño será para el presente proceso electoral. Los antecedentes de esta creciente confrontación no podemos perderla de vista ocurrió a partir de la modificación de la ley electoral en donde ha quedado estipulado la prohibición de compra de espacios en medios electrónicos a los partidos políticos. Sin duda la derrama económica hacia estos medios no será la misma en 2009, pues si consideramos que el gasto en 2006 fue de 56% del presupuesto total de los partidos políticos hoy en día no existirá más, ni mucho menos podemos pensar en que las televisoras vuelvan a ejercer acciones de veto o de influir en la acción de políticos. En suma, estamos en presencia de la pérdida de poder de los medios de comunicación.

La acción mediática ocurrida el pasado fin de semana de “encapsular” los spots correspondientes al tiempo del Estado al ser presentados en este formato lleva un alto grado de sospecha, pues nos muestra una acción de confrontación que puede seguir creciendo en los próximos meses, no olvidemos que estamos en un periodo de precampañas. Sobre todo ubiquemos que aun en la bolsa del Instituto se cuentan con 23 millones de spots que serán transmitidos a lo largo del presente semestre. Lo preocupante el día de hoy, es encontrar medidas que disminuyan esta actitud de presión que han presentado los medios, al manipular de alguna manera a la opinión pública para que muestre hartazgo y generalice su inconformidad contra el Congreso, la ley electoral, el IFE. De esta forma no sólo estamos frente a una posición de fuerza de las televisoras contra un actor sustantivo para el sano desarrollo de la democracia, sino para la misma sociedad es perjudicial porque esta oposición a las reglas del juego es declarar un desconocimiento contra las instituciones del Estado mismo.

La oposición también nos lleva a pensar en que el acuerdo tomado conjuntamente entre autoridades del IFE y los miembros de la CIRT para la transmisión de los spots ha quedado roto a pesar de que el Instituto dejó libre a los concesionarios de colocar los espacios correspondientes a los partidos en el momento que ellos mejor les conviniera, siempre y cuando no se afectara el tiempo y fracción correspondiente al Estado, aproximadamente tres spots por hora. Esta ruptura del acuerdo nos lleva a pensar maliciosamente que pronto volveremos a ver a los medios exigiendo condiciones mejores que le permitan participar de los montos presupuestados  que los partidos han recibido,  3 mil 633 millones 67 mil 351 pesos, tan sólo para este proceso electoral. No dejemos fuera esta variable pues si es el dinero el conflicto no es nada halagüeño que por cuestiones de intereses particulares estemos sufriendo este embate que al final nos afecta al conjunto de la población, en tanto que la hechura y desarrollo de la vida social concierne al conjunto de los ciudadanos.

Quizá el espectáculo de la programación televisiva quede cercenado pero esa es una decisión de los medios no del IFE eso debe estar claro, por el contrario nuevamente estamos en un escenario de difícil resolución que requiere que los actores políticos asuman en un marco de unidad una adecuada salida que no diezme ni que ponga de hinojos nuestra reciente reforma electoral en la que se ha invertido demasiado tiempo para esperar un resultado más equitativo en la competencia política.

En fin, otra vez estamos enfrente de un debate en el que los medios no son socialmente responsables, incluso convierten al Estado en su enemigo, a pesar de que por otros medios han seguido beneficiándose de recursos públicos. El problema es el dinero no nos hagamos. ¿Es justo que manipulen a la opinión pública? Esa es la pregunta.

EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ORDEN DE GOBIERNO MUNICIPAL

Hoy la fuerza que define al Estado se encuentra sometida a la incapacidad de los administradores de los gobiernos locales y federales para dotar de un eficiente programa que por lo menos tenga una viabilidad de contención de los graves problemas que aquejan a la sociedad. Que existan grupos, células de criminales, rondando los caminos y municipios de entidades federativas nos permiten imaginar un cuadro que anteriormente no se había considerado, el crimen se encuentra en la raíz de la estructura de la organización política del Estado mexicano.

Veamos el siguiente escenario, con un primer vistazo tenemos que los recursos que van a caer a los municipios son utilizados en asuntos que van desde servicios públicos hasta el cubrir los sueldos de funcionarios municipales, pasando por el pago de la fuerza pública. Ya hace algún tiempo en la ciudad de Tijuana reportó que el equipo de los policías no era el más adecuado para enfrentar al crimen organizado, incluso se sospechaba que ellos eran miembros del grupo delincuencial o que proveía de seguridad a estos actores. El clamor de policías es la falta de equipo que permita hacer frente a los grupos que constantemente ponen en peligro su trabajo, que acechan sus cuarteles incluso atacándolos con armas de calibres exclusivos del ejército, recordemos el caso en algún municipio de Tabasco hace ya algunos años, o los bazucazos en ciudades del norte del país no sólo contra la policía estatal si no contra el propio ejército con lo que la amenaza de este poder con un brazo ejecutor tan amplio y letal está presente en todo el territorio nacional.

Incluso pareciera una estructura con una capacidad de trasmisión de datos e información que sobrepasa la capacidad de vigilancia de los gobiernos locales, hay demasiadas preguntas en el ambiente, por ejemplo ¿quién coloca las mantas con que los narcos anuncian sus actos que se convierten en acciones de fuerza? ¿Quién permite el despliegue de autos por las carreteras nacionales sin que se considere que en ellos pueden ir una decena de cuerpos acribillados?

Ante una situación tan complicada el dilema tanto de unidades territoriales conurbadas del Distrito Federal  así como municipios tan lejanos del centro del país está en comprar patrullas para la prevención del delito o comprar equipo para prestar un óptimo servicio público. Mientras tanto, el crimen sigue realizando ejecuciones que reproducen un alto grado de inestabilidad que en el espacio ciudadano generan un temor generalizado que impacta en la percepción de eficacia del gobierno.

Así hoy tenemos una tensión permanente entre programas de lucha contra el crimen organizado y las cifras que arroja el enfrentamiento entre el crimen organizado y las fuerzas del orden las cuales en esta guerra van perdiendo a pesar de que la publicidad oficial nos diga lo contrario. Sería bueno saber cuanto se gasta en estos mensajes y compararlo con los recursos que los municipios aplican en cuestiones de seguridad pública, seguramente no sería ninguna sorpresa saber que el gasto gubernamental en sus campañas mediáticas en proporción al gasto municipal ni siquiera se equiparan en porcentaje. Estamos en presencia de acciones que desde el centro no resuelven nuestro problema de seguridad, por el contrario los municipios están atados de manos entre satisfacer las necesidades básicas de servicios públicos o enfrentar al crimen organizado. Y hasta el día de hoy ya sabemos cuál es el resultado.

EL PROCESO ELECTORAL DE 2006 A REVISIÓN: LA SANCIÓN INEXPLICABLE DEL IFE

La reciente multa que sobre los partidos ha sido establecida por el Instituto Federal Electoral no conforma un proceso de vigilancia que podamos considerar como parte de los procedimientos que la accountability establece como parte definitoria de su razón de ser, son varios elementos a considerar, el primero de ellos está determinado porque la sanción y calificación del proceso electoral ha sido ejecutada por el Tribunal Electoral quien evitó tomar postura ante las actitudes poco responsables y de apego irrestricto a los principios y acuerdos contemplados por el IFE para sancionar las elecciones del año 2006. Aquel año, tan sólo el presidente del Instituto contempló una sanción moral ante el comportamiento de Vicente Fox quien intervino abiertamente a favor de Calderón al presentar un discurso público en el que advertía del riesgo de no profundizar el cambio que había iniciado en el año de 2000 cuando Fox asumió la presidencia de la República. Esta actitud fue evaluada por el Tribunal en su Dictamen señalando que el Acuerdo de neutralidad establecido por el Consejo General del IFE publicado el 23 de febrero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, sirivió como  medida “… tendente[s] a restringir y a minimizar la realización de esas conductas del Ejecutivo federal que podrían estimarse contrarias al grado ideal de neutralidad…” (Tribunal Electoral,2006: 132) Con lo que podemos advertir que el IFE se extralimita al multar un acto juzgado y que no puede ser puesto a sanción o revisión por otro órgano.

No asumiendo que el acto del IFE tiene una finalidad por sí válida, el acto representa una acción que al mismo tiempo requiere atención, la multa contra el Partido de la Revolución Democrática tomando como causal de sanción la toma de la Tribuna de San Lázaro y el plantón en Reforma, ambas acciones partidistas, desde nuestra perspectiva escapan a los asuntos que competen al Instituto. Si bien las actividades cotidianas de un partido son de la observancia del IFE en tanto entidades de interés público, la expresión y desacuerdo de las fuerzas políticas no necesariamente se circunscribe a seguir los cánones de la política institucional la capacidad de chantaje incluye el elemento de la desobediencia civil, concepto que autores como Jürgen Habermas presentan como parte de una de las estrategias de participación siempre en los límites y elementos no sancionables que la ley los permite. Esto es si consideramos que el PRD asume la protesta en la toma de Tribuna o en la ocupación de una de las avenidas más importantes de la capital no necesariamente son eventos de los que el IFE deba prestar atención pues pasan por instancias ajenas a su injerencia el cuidado y sanción motivo de su atribución.

Velar por el respeto de los principios democráticos es reducir su acción de trabajo a un ámbito jurídico que no corresponde con su calidad de entidad autónoma, la pregunta es ¿hasta dónde alcanza su capacidad de intervención en un cuerpo representativo que representa la soberanía popular? ¿Los actos de los legisladores en su espacio de trabajo puede ser normado por el Instituto Federal Electoral? Para eso hay un órgano de autoridad al interior de la Cámara de Diputados y no una entidad externa que tiene por misión la de llevar a cabo la administración electoral. En este sentido, podemos observar como una medida política que como dice Marco Antonio Baños busca construir una autoridad fortalecida suponemos que esta buscan lograrla a partir de golpes mediáticos que reporten credibilidad hacia esa institución como un órgano capacitado para mostrar sanciones ejemplares que trastocan actos ya juzgados durante la calificación electoral.

El asunto de considerar la ocupación de reforma no es un acto menor, la polarización que vivió el país durante ese año lo trivializa el propio Tribunal Electoral al señalar que la actitud de Vicente Fox y sus diversos discursos públicos no fueron de tal magnitud para que el proceso en su conjunto fuera repuesto, asimismo la argumentación que constituye una inverosímil exposición de ley de ojo por ojo es apelar que si bien el presidente había estado violentando el marco de las reglas de la competencia, así como el Consejo Coordinador Empresarial no se demostraba que con sus actos y spots se estuviera alterando la “intención del voto”.

De esta forma podríamos pensar que, a pesar de que la política democrática hoy en boga así lo considere, que los actos de Reforma son parte de un proceso de expresión partidista que se habilitan como parte de las acciones que puede y asume un partido como las más válidas para mostrar ante la opinión pública su postura ante los actos de las autoridades del país, sin que esto signifique un acto de vandalismo, que por cierto debió ser sancionado por las autoridades civiles no por un tribunal electoral o federal, en ningún momento que nosotros hayamos tenido noticias, hubo la presentación de demandas por el ataque a las vías de comunicación lo cual constituyera un delito. La expresión de la avenida Reforma vino a significar un espacio de expresión que despresurizó la vida política nacional. Como válvula de escape distendió el conflicto, se permitió la expresión colectiva si se quiere ver como una explicación ramplona.

La multa en este sentido no tiene asidero, se monta en un asunto de alta politización para ganar imagen positiva por parte del IFE.

Con referencia al PRI el motivo de la multa es por la transmisión de un spot durante la tregua navideña esta sanción referida no se muestra como un acto que haya sido evaluado y revisado por el Tribunal, sólo vuelve a mencionarse al Ejecutivo quien nuevamente sale exculpado señalando que los actos del señor Vicente Fox no afectaron a “potenciales electores”, si es de esta manera la sanción del IFE rebasa la propia validez y calificación del Tribunal Electoral. Con esto queremos decir que la incapacidad de una efectiva regulación del proceso por parte del IFE provino de la debilidad que tuvo desde su origen, nunca fue asumido como la autoridad electoral, como el árbitro de la contienda por todas las fuerzas políticas era sabido que desde 2003 cuando toman posesión los consejeros electorales la exclusión del PRD generaría dificultades y un déficit de la legitimidad de este órgano supremo electoral. El motivo, el sistema de cuotas para proponer candidatos a ocupar el Consejo General no había sido ampliado al partido que al final de la contienda electoral y conforme a la calificación de la elección quedó en segundo lugar.

Finalmente, desde este ángulo tenemos una sanción que quiere rayar en una apoliticidad basada en la racionalidad jurídica, en un proyecto de neutralidad que el propio Instituto no supo establecer para todas las fuerzas y actores que intervinieron en el proceso. Ni siquiera podemos apelar que el Tribunal lo hiciera, pues asumió una actitud que lo presentara no como un “… tribunal de pleno derecho, sino como uno de conciencia…”(Pérez Fernández del Castillo, 2008:130)

Concluyamos los actos punitivos deben ser sancionados y juzgados dentro del marco de atribuciones y espacios de injerencia con que cuenta un instituto, pero al mismo tiempo el juzgar requiere de observar y evaluar críticamente el comportamiento del árbitro que quiere sancionar pues aquí la vigilancia del comportamiento de los actores así como la rendición de cuentas mediante mecanismos como es la fiscalización son procesos que requieren de una autoridad moralmente fuerte y el IFE en el proceso de 2006 no lo significó, el dilema hoy en día vuelve a presentarse ante los ojos de la ciudadanía que aun no logra recuperar la confianza en las instituciones de la democracia por ejemplo el IFE sólo tiene una imagen positiva del 43% de los encuestados (Reforma 27 agosto 2008), con lo que podemos hacernos una pregunta quien vigila al vigilante en días en que el país sigue roto, y una constante espiral de ingobernabilidad. Hoy la cohesión social está lastimada y con mucho los culpables siguen haciendo como si nada hubiera pasado en ese año de 2006.

EL ESTADO FALLIDO

Los territorios perdidos del Estado podría titularse el capítulo de la violencia en México pues como hemos venido señalando en artículos pasados, la inoperancia de los programas contra la inseguridad al ponerlos a prueba, han mostrado su fracaso, con lo que tenemos frente a nosotros una crisis de la función y capacidad de gestión del Estado como categoría. El fin del Estado como medio para la consecución de fines específicos como es el cuidado y la defensa de la propiedad privada, así como la defensa y protección de la vida de los integrantes de la comunidad política requiere de un análisis más profundo para observar las débiles redes de legitimidad y de apoyo con que cuenta. 

Una de las tesis más socorridas para ver esta pérdida de legitimidad y por ende de apoyo social ha sido el proyecto económico que la clase gobernante ha operado para lograr los niveles óptimos de equilibrio, esto ha traído como consecuencia que se valore que el Estado se ha desentendido de su responsabilidad social en tanto cuerpo intermediario de las relaciones colectivas; es decir, la falta de solidaridad social, de certidumbre en el individuo en cuanto a la materialización de sus expectativas de vida han sido fracturadas producto a que los proyectos de empleo y bienestar individual han sido anulados ante la falta de políticas sociales con programas universales que doten de servicios de bienestar al conjunto de la sociedad. 

 

Las causas pueden ser muchas pero destaco la ineficiente política para constituir proyectos productivos que doten de empleo al creciente número de población trabajadora que se incorpora a la índice de población en edad para laborar. Ante el poco número de población económicamente activa que se vuelve cautiva del fisco tenemos un insostenible marco de prestaciones sociales, así ante un Estado poco imaginativo para captar los recursos suficientes para implementar programas sociales universales se construye un escenario crítico ampliamente receptivo para un desequilibrio social que deriva en un malestar individual lo cual impacta en el ámbito de las instituciones, en esos valores que conforman la identidad y pertenencia a ese mismo Estado que hoy se desentiende de la función social inmediata para el sostenimiento de la idea social. 

Por eso, cuando apelan a la unidad nacional, los actores que podemos definir como parte de la política formal, ante eventos tan devastadores como el acto de terrorismo que sufrió la ciudad de Morelia no tenemos que detenernos en un programa coyuntural y de corto alcance para evaluar la utilidad del Estado, consideramos que este fenómeno de retroceso del Estado de asuntos sociales, económicos e incluso políticos ya advertían del peligro de este peligro. Advertimos que los grupos que miran al Estado como su enemigo perciben su debilidad porque compran a sus integrantes los someten a sus proyectos de manera sencilla porque tienen hambre, porque en el interior de la sociedad no encuentran el espacio adecuado para un desarrollo integral. Encuentran apoyo, recuérdese al narco regalando material para reconstruir una comunidad en algún estado de la República después de haber sufrido un evento metereológico, esto es la percepción social para soportar la presencia de estos poderes fácticos no se resuelve con denuncias sino al mismo tiempo debemos evaluar con quien vamos a llenar los espacios vacíos de apoyo, recursos, protección. No estamos hablando de que los poderes fácticos brindan bienestar, no lo creemos, consideramos simplemente que cuando el Estado se retiró aparecieron espectros que utilizaron a este sujeto depauperado -de valores, de expectativas- para sus intereses, para sus proyectos, lo que construyó una red de complicidad no social, si no más bien basada en el solapamiento. Esto ha sido producto de, volvemos a señalar, que el Estado no prosiguió su función primordial como ya lo hemos mencionado, ahora que adolece incluso de fuerza para contener la violencia recarga aun más en la sociedad para allegarse de apoyo para defender a la propia sociedad. ¡Qué contradicción! 

Haciendo un sumario histórico, el Estado se retiró del mercado, de la política corrió al ciudadano, se exento de su obligación social para dotar de un plan de bienestar a la sociedad en su conjunto mediante programas educativos incluyentes  garantizadores de la diversidad pluricultural del país, de programas de empleo que permitieran un nivel de vida considerado como aceptable, de un plan de salud y de vivienda finalmente; hoy el Estado es inoperante para generar protección, ampliar el manto de seguridad pues es incapaz de ampliar el principio de la ley como herramienta para generalizar nuestro orden y vida colectiva. 

Así el narcoterrorismo es heredero de este fenómeno que por lo menos vivimos desde hace veinte años en que se han profundizado la desigualdad social entre los mexicanos de una política amoralizada que ha adoptado los mismos códigos de la mafia, aceptando sus recursos, de un gobierno que se comporta como una clase política ajena a los problemas de corrupción, extorsión, contrabando; esto es, cuando desaparecen los valores de la política, cuando se elimina el código ético del orden social, cuando se pierde la capacidad de asombro ante los crímenes estamos ante un Estado ineficiente, ante una clase política sin capacidad para lograr que su debilidad se convierta en fortaleza el país sufre como lo dice Samuel González un Estado fallido.

EL DÍA MÁS VIOLENTO

El día más violento en la República mexicana  no sólo nos dice que el proyecto y estrategia de seguridad implementado por el Gobierno federal ha fallado si no que ha sido inoperante, también nos presenta ante los medios de comunicación a funcionarios públicos que resuelven las duras preguntas de los reporteros con argumentos tan simples que parecen desinteresados, pensar que la muerte de estas 48 personas 24 de ellas con una edad de entre 25 y 35 años nos habla de un asunto no menor, la violencia cada vez alcanza a población más joven. Esta tan evidente demostración empírica nos permite una reflexión que agudiza y pone atención sobre la función de los gobiernos para prevenir la violencia como código de interacción, la violencia como método de desarticulación social no sólo representa un problema para los índices policiacos, nos sitúa en que la justicia en México lucha contra un actor escondido bajo la piel de una sociedad en descomposición. Pero al mismo tiempo nos muestra el difícil mundo al que se enfrenta la población joven de México. La inoperancia de programas sociales de una integral política de empleo e incluso de un proyecto educativo nacional nos ofrece un cuadro crítico en la cual la salud del país se ve diezmada. Sobre todo cuando nuestro médico preventivo se encuentra inmerso en esta espiral de violencia. Por ejemplo veamos las declaraciones de García Luna quien señala que todas la policías están infiltradas por el crimen organizado, o que en casos en concreto nos enfrentamos que un agente federal está involucrado y posiblemente es señalado como un miembro más de la banda que secuestró y asesinó al joven de la familia Martí. Tanto de un bando como de otro hay hombres y mujeres que sin menoscabar su condición son mexicanos, ¿qué ha ocurrido para que los hoy delincuentes hayan hecho una vida por fuera de los marcos de convivencia que la institución del Estado ha proveído para todos?, ¿cuál es la capacidad para enfrentar este poder fáctico que puede disponer de la vida de seres humanos en plena luz del día?, ¿dónde está la acción integral de nuestra policía?, ¿cómo debemos entender los acuerdos de seguridad en los que nuestros gobernantes se desviven en reuniones que son poco productivas? Ahí queda para la historia este día viernes 12 de septiembre de 2008 como el día en que la ineficacia de los gobiernos representó la jornada en que México se quedó sin una institución formal que le garantizara sus derechos y libertades.

¿EL GOBIERNO DE GABINETE UNA OPCIÓN?

Entender la posición de Manlio Fabio Beltrones con respecto a la idea de un gobierno de gabinete si es que así fuera, adolece de un análisis crítico sobre cuestiones tan complejas como es la interacción del gobierno con el sistema de partidos, el sistema electoral y desde luego el sistema de valores que definen la cultura política de la sociedad mexicana. Veamos: La propuesta se ha construido sobre la base de que el gabinete tenga responsabilidad ante el Poder Legislativo, hasta hoy recuérdese que el gabinete sólo tiene que rendirle cuentas al titular del Poder Ejecutivo con lo que se cumple una de las características del sistema presidencial, así tenemos que no hay capacidad del Legislativo para nombrar o sustituir a miembros del gabinete, lo que más se puede reglamentar es que esa prerrogativa fuera un acto consensuado, sin embargo aunque el modelo sufriera ese ajuste el secretario de despacho responde al Plan de Desarrollo que el presidente de la República esta obligado a presentar ante la sociedad y el cual determina el marco que establece los principios y objetivos de dicha administración e incluso el plan sectorial. Es así que si existiera alguna capacidad de veto legislativo a algún miembro del gabinete este veto no contradice la facultad de nombrar al equipo que coadyuvará en su mandato al presidente.

De esta manera si hubiera responsabilidad de nominar a los miembros del gabinete por parte del Legislativo estaríamos ante un problema de responsabilidad pública, pues literalmente el miembro del gabinete tendrá dos jefes: el presidente y el Congreso. El dique para que esta propuesta se evite la tenemos en un elemento en donde se involucra la legitimidad y la legalidad como factores que permiten entender por qué no hay posibilidad de que haya una responsabilidad del gabinete ante el legislativo, y el motivo que mejor se apega a nuestro argumento es que ambas instituciones Ejecutivo y Legislativo emanan del voto ciudadano, y  aún más una representa la soberanía popular y la otra la soberanía y representación del Estado, es así que el sistema presidencial no permite un Ejecutivo dual hay un sola cabeza de mando y ese es el presidente. Por  eso una distinción aun más fuerte que describe la imposibilidad de que el Congreso sea un actor que vea por la conformación del gabinete es la que nos dice que el poder ejecutivo ejerce el mando como jefe de Estado y jefe de gobierno, cualquier modificación a este criterio desvirtúa y absolutamente estaremos ante una nueva forma de gobierno, y ante ello tenemos que tomarlo con la calma y ejercicio reflexivo de que la decisión sea la más acertada para el país.

Así para aceptar el cambio se requeriría la transformación de la estructura y organización nacional, regional e incluso local de los partidos políticos con el objetivo de conformar fuerzas políticas con una mayor interacción con sus militantes y electorales. De esta forma los partidos ligados con su entorno recogerán las demandas y expresiones más vinculantes posibles, pues se buscaría que la parlamentarización del sistema político que de facto ocurriría, tuviera actores más sólidos en lo local, en donde su responsabilidad también aumentaría pues los hilos del gobierno al menos en cuestiones de administración quedarán en manos del Legislativo. Por tanto se requiere de un partido distinto en términos ideológicos, en términos de propuestas legislativas que emanen de las plataformas y programas del mismo partido, no como hoy ocurre donde la propuesta electoral nada tiene que ver con los principios y programas políticos que definen el planteamiento general de un partido, por decir lo menos a veces se contradicen.

Por otra parte hay elementos históricos que imposibilitan también este cambio, normemos nuestro criterio a partir de que hemos constituido por más de 180 años de vida independiente nuestra idea de gobierno ligada a una figura fuerte a la cual hacemos responsable de todos lo males que aquejan a la nación. Es la figura mesiánica, el ogro filantrópico, el señor presidente, el hacedor de futuro a políticos en ascenso. Desde esta perspectiva el sistema presidencial tiene un arraigo histórico en nuestro sentir nacional, cambiarlo quizá sea el factor más maleable y factible de estimular, pero, ¿cómo se destrona una figura en un periodo Legislativo de tres meses de trabajo? ¿el tránsito de un modelo a otro con qué figura lo reponemos mientras el cambio cobra efecto? ¿estamos preparados para una modificación de este tipo? ¿no se requiere que la propuesta sea avalada por el conjunto de la sociedad mediante un refréndum, plebsicito? Esta última pregunta cobra sentido y la formulamos como la más importante porque creemos que no es una cuestión menor, si el Legislativo se encarga de proponer un gabinete para imponerlo al Jefe de Gobierno tendremos que las atribuciones del Legislativo crecen y si es así, entonces nuestro asunto meramente administrativo y que es pensado como solución para que los secretarios de despacho sean responsables de sus actos, al menos eso se dice, se convierte en un problema político de gran relevancia pues lo que parece una medida que permita la rendición de cuentas y la responsive se convierte en un debilitamiento de la figura presidencial. Y eso no puede ser posible jamás. Una reforma del Estado en un sistema presidencial no debe plantear la debilidad de un poder para fortalecer a otro al menos si lo que se quiere es seguir manteniendo el sistema. Por eso, concentrémonos en una tarea de menor alcance pero de mayor utilidad revisemos y corrijamos los errores del modelo y al mismo tiempo valoremos las virtudes del sistema presidencial que por algo perdura en zonas importantes del mundo.