La forma de hacer política después del 2 de julio de 2006 manifiesta la inutilidad de las garantías individuales, sustentar que la difamación es parte del derecho que tiene toda persona para disentir y presentar su punto de vista en público, no sólo es un acto arbitrario, sino al mismo tiempo habla de la ineficiente función de la ley para regular dichos actos de clara intolerancia.
¿Qué hacer? ¿A quién se reclama de este acto vandálico propio de la intolerancia que ha venido manifestando la derecha hacia los sectores sociales que se oponen a las formas de hacer política, en tiempos en que se adolece de la legitimidad de los actos gubernamentales? En este ambiente de intolerancia, el presidente Calderón asume la defensa de sus proyectos en un tono provocador incitando a que se vea la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados como una acción violenta, de sinrazón, cuando en realidad lo que advierte la toma de la tribuna es la errónea percepción que se tiene sobre la regla de mayorías, la cual no quiere decir que los proyectos gubernamentales son los más viables ni que representan al conjunto de la sociedad mexicana. Los proyectos políticos emanan sus fortalezas del consenso y la negociación, lo que en la actualidad demuestra la postura del gobierno de Calderón es el desconocimiento de ese núcleo de población que voto en favor del candidato opositor, que la fuerza de los actos de Andrés Manuel López Obrador no provienen de la acción individual de un hombre sino de la acción que se sustenta en la colectividad que identifica a López Obrador como un actor representativo para el momento de cambio que vive México.
Que entienda Calderón, que la política es de adversarios, no de enemigos, que en el México actual gobernar implica el reconocimiento de las partes, que la pluralidad se funda en la diversidad de los argumentos, que la política está para generar el espacio común de la convivencia. Entonces la tarea del político tiene como objetivo ensanchar los espacios de participación, y no rodearse de personeros, grupos, élites que comulgan en el argumento, pues sólo aparecen en el momento en que hay ganancias, es decir, se crea un clima en el que los intereses particulares se anudan en miras de obtener un dividendo. Que no se confunda, la suma de intereses no hace lo colectivo, hace una banda hermanada por sus intereses, por eso en estos tiempos habla el dinero donde los empresarios no toman la tribuna, toman los medios de comunicación en horarios de mayor audiencia, para mentir.
El autoritarismo no es parte del México de 2008, en el acto del Frente Amplio Progresista se encuentra un mensaje del cual hay que hacer eco, ante la imposibilidad del diálogo la única salida es utilizar todas las herramientas con las que el legislador cuenta, el debate no es por tiempo, no es por meses, ¿cuándo debe terminar?, en el mismo momento en que se vea agotado el tema, en el momento en que la discusión haya sido generalizada al conjunto de la Nación mexicana, la cual se vea involucrada en el proyecto de transformaciones que el país necesita, con el pleno objetivo de generar los acuerdos que se requieren para insertarse en los procesos de desarrollo. Nadie duda de las reformas, pero hay mecanismos a tomar en cuenta, no es la solicita participación de un sector de legisladores, es la totalidad de la Cámara quien debe advertir de un pleno consenso. Es manifiesto que la oposición no se opone por oponerse, su acto de desobediencia está en los marcos de la civilidad que reconoce la ley, un acto autoritario rebasaría los criterios institucionales establecidos para la convivencia.
Por ello, la democracia no está en peligro, muy al contrario vigoriza su papel como único espacio de decisión donde los representantes populares agrupados en la FAP, son la expresión de un núcleo de población que tienen la posibilidad de expresarse, pero no con calumnias como sí lo hace ese sector que Velasco Arzac encabeza. Hace falta la responsabilidad de los actores que están involucrados en el proceso de la reforma energética, pues no sólo está el derecho a manifestarse, sino también a que haya un compromiso ético y responsable de lo que se expresa. Que organismos autónomos hagan uso de sus facultades para determinar la violación de la ley de estos spots, es bienvenido, pero al mismo tiempo se requiere del gobierno detenga está campaña de confrontación, que habilite espacios de discusión que rebasen las fronteras de la política institucional, que difunda la propuestas en los diversos ámbitos de la vida cotidiana de los habitantes de la Nación mexicana, pues es un momento en el que se requiere de la mayor transparencia y consenso posible. Es el futuro de México el que está en juego.
