La violentación de los derechos de los trabajadores no es un hecho aislado, la acción del gobierno de Felipe Calderón ha sido recurrente, el nuevo botón de muestra lo ofrece la salida que se le ha dado al conflicto laboral de Luz y Fuerza del Centro. La liquidación de la empresa descentralizada que ofrecía el servicio de electricidad, no debe verse como un problema que se queda en la competencia laboral, sino en el ámbito de los derechos de los ciudadanos y las libertades individuales pues consideramos que, si bien se cubre la parte formal apegando su respuesta conforme al marco de atribuciones y competencias del gobierno, no necesariamente son acciones que benefician al trabajador con lo que se afecta el derecho del obrero, se violenta su contrato colectivo. En este mismo sentido, tenemos que las acciones iliberales que significan estos actos que contravienen los principios y derechos que permiten la vida colectiva, hoy en día se vuelven una forma de gobernar de Felipe Calderón. Como acciones es preocupante observar que la derecha vaya contra los trabajadores, atente contra el derecho a tener trabajo. La salida más simple y llana demuestra la incapacidad de un gobierno que se ve rebasado para ofrecer salidas viables a los ingentes y permanentes problemas que la gestión y administración de gobierno vive día con día. El escenario no es halagüeño en la misma situación el IMSS ha funcionado, la SEP, la propia paraestatal PEMEX, no es asunto menor el aspecto financiero pero, la viabilidad del modelo de país está en incertidumbre.
Calderón y su gobierno en momentos de incertidumbre en lugar de ofrecer la información necesaria que trate de llenar las lagunas y dudas que deja un decreto que ofrece cifras sin ton ni son, que también pone a la libre interpretación la acción gubernamental, tan sólo nos lleva a pensar en la incapacidad para manejar los momentos críticos por parte de su gabinete. Apelemos a un asunto ético y a la responsabilidad social que el gobierno tiene con el conjunto de la sociedad, en su decreto no hay una clara posición, por eso volquemos nuestra preocupación y esperemos a la brevedad que la respuesta gubernamental sea la más conveniente y que a su vez permita contar con la información necesaria para formarnos una opinión que resista la crítica. Pues éticamente Felipe Calderón está obligado a ofrecernos información fidedigna de su proceder que ha llevado a declarar la quiebra de Luz y Fuerza del Centro. Pero al mismo tiempo a disponer a la brevedad los mecanismos por los que los pagos de salarios, prestaciones y liquidaciones le corresponden a cada uno de los trabajadores. Esperamos que esto lo tengan claro porque si no es así el problema se irá acrecentando conforme avance la semana.
La decisión y el decreto debió mantener un elemento básico ser lo más explícito posible, no dejar a las suspicacias del lector o del observador una serie de interpretaciones que no favorecen la imagen y función del gobierno. El carácter iliberal de la acción es fácil de observar, un gobierno que emana de un proceso cívico de alta responsabilidad ciudadana, bajo los marcos de la convivencia y de la libre voluntad expresada en la urna, no encuentra en su gobierno un espejo basado en el respeto de las libertades, por el contrario las tendencias autoritarias y poco apegadas a las reglas ciudadanas son expresiones de las que tenemos que atender cuando venga el proceso de la rendición de cuentas electoral. Por el momento ha incumplido una de sus promesas más sentidas, el pleno empleo, la segunda y la que motiva estas líneas se constituye a partir de observar que el gobierno conservador de Felipe Calderón no ha sido objetivo y responsable de su alta función, de ahí que está en nuestro derecho y como mecanismo de convergencia que la declaración oficial que se haga ante esta acción de quiebra de la compañía sea altamente satisfactoria y que a su vez cubra tres ámbitos: a) que ofrezca respuestas laboralmente razonables a los trabajadores; b) que brinde al área de las empresas descentralizadas y paraestatales la certidumbre jurídica y de operación para que no vivan a expensas de los desvaríos presidenciales; c) que se ofrezca certidumbre al usuario de que el servicio se seguirá manteniendo sin ninguna limitación ante actos unilaterales y hasta el momento socialmente incomprensibles.
