El 10% de la población civil que ha fallecido o ha sufrido un daño irreparable además de la crítica situación que se vive en poblados municipios y estados de la república derivado del temor que se vive por este ambiente de violencia generalizada que no es necesario confirmar que es causada por los constantes enfrentamientos que se han suscitado entre el crimen organizado y militares o policía federal.
Señalamos de manera contundente que es el 10% de la población conforme a lo expresado por el presidente de la República quien pareciera reafirmar lo dicho por sus empleados, quienes han declarado de manera recurrente que las muertes de personas inocentes son “daños colaterales”.
Lo que hace distinta la declaración del titular del Poder Ejecutivo es su evasiva respuesta que no asume una total responsabilidad sobre los ciudadanos quienes sin ningún vínculo o relación directa con el crimen organizado sufren pérdidas irreparables de las que el presidente sólo se atreve a pronunciar que lo lamenta, pero “son los menos”. Esta vaguedad en el número y estúpida respuesta que ofrece para justificar las acciones del gobierno federal para continuar con su proyecto de militarización del país, nos debe invitar a pensar en un hombre lleno de poder que asegura el éxito de su guerra, tan sólo porque él cree que va consiguiendo golpes sobre pequeños o mandos medios de entre los líderes del narcotráfico. Mientras tanto los grandes capos siguen expresando su poder y la capacidad de fuerza en cada uno de los rincones del país, en donde el ejército o la policía no se encuentran debido a su capacidad de reacción o a que es nula su presencia. Múltiples ejemplos de esta situación hoy son parte de las noticias y del vox populi, para muestra sólo algunos casos: pueblos que son tomados por narcotraficantes, jóvenes que son asesinados en reuniones, cadáveres de niños encontrados en Cuernavaca a causa, presumiblemente, del crimen organizado.
En las declaraciones del presidente aún hay más, pues como hemos tratado de mostrar, no sólo trata las muertes de estos mexicanos (de todas las edades) como un asunto nimio, de poca monta porque su “gobierno ha dado fuertes golpes al narco”. No es cuestión de enfoques, lo que ocurre entorno de una mala política que trata de contener los efectos y daños que ha causado el crimen organizado. Es un problema de fondo, que debe buscar sus orígenes en la poca o nula capacidad del gobierno federal para contener los tentáculos del crimen en las múltiples esferas de las actividades económicas, sociales y políticas, pues la llamada “guerra” que ha venido desarrollando contra el narco es inefectiva derivado a que no ha podido limitar sus capacidades económicas, las cuales están intactas, veáse el importante comercio que circunda en el entorno del narco con un solo objetivo lavar los recursos provenientes de su actividad ilícita. La ineficiente capacidad para lograr una serie de disposiciones legales que permitan afectar sus propiedades, sus recursos monetarios.
En el ámbito social debe repensarse las propuestas legislativas entorno de prohibir los corridos porque son una apología del narco, veamos adecuadamente el fenómeno social hoy en día tenemos que observar que las generaciones de mexicanos posteriores a la década de 1970, nacieron reconociendo esta música como parte del repertorio de sus grupos favoritos, no es ajeno a su vida diaria. Más que estar en contra de los efectos que la música puede causar pensemos en la función social que cumple y no en el factor nocivo que puede representar. El corrido (la música) es parte de los medios de información conque la sociedad de recursos escasos se conforma una opinión, se informa de un mundo que ha atado su desarrollo cotidiano en la actividad política a la corrupción, a acuerdos y recompensas que atentan contra el interés colectivo.
La nula eficacia del gobierno federal también se deriva de políticas preventivas que no han buscado incorporar a los estados de la República dentro de un proyecto integral, por el contrario ven a sus cuerpos de seguridad pública como parte de sus enemigos, y en forma opuesta los actores locales ven a los miembros de las policías federales y militares como una suma de actores de los que hay que recelar porque en su trabajo poco aseado les dejan una labor titánica: recomponer la imagen de la justicia, reparar las condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana (resarcir los efectos que sobre el tejido social se han provocado), devolver el nivel de confianza y de identidad entre los habitantes, quitar esa zaga de odio y frustración que ha hecho que el crimen también lo utilice como discurso para captar miembros.
Por ello, hay que redimensionar una función ética del Estado a partir de políticas que reviertan las condiciones excluyentes de un proyecto de nación unidimensional en el que Felipe Calderón ha creído al establecer su guerra contra el narco. Un error de consecuencias difíciles de advertir para la permanencia del PAN en el poder, porque la capacidad del equipo del presidente para que desde esta serie de resultados derivados de la política de fuerza que ha venido promoviendo pueda obtener la aprobación del conjunto de la población, y que esto signifique un futuro triunfo electoral es cosa de difícil asidero con los datos con que hoy se cuentan, pues en la evaluación de abril de Consulta Mitofsky Felipe Calderón alcanza un nivel de aprobación de tan sólo el 53% de los encuestados. El resultado de la encuesta no sólo se basa en su imagen sino en su capacidad política, en su trabajo diario, en los aciertos de sus decisiones. La opinión de la población cuenta y no sólo los discursos que buscan revertir el daño que la política emprendida posterior al viraje de timón que ejecutó y que dejó en el olvido su discurso a favor del pleno empleo.
La realidad sigue confirmando los errores de sus políticas, incluso lo han reconocido sus propios miembros del gabinete, cuando al publicar las cifras oficiales de la guerra contra el narco los 22, 000 muertos son incluso mayores a aquellos datos que la prensa venía manejando.
