La crisis de gobierno que se ha suscitado en Honduras después de la deposición de su presidente José Manuel Zelaya es de enorme relevancia para la historia reciente de América Latina, pues la acción ejecutada ha sido recurrente en los últimos quince años. Veamos por qué, a) la deposición del presidente se origina entorno de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y ratificada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa referente a la ilegalidad del proceso de cuarta urna y los actos relacionados con la encuesta, por lo que media en la acción del entonces presidente, un pleno desconocimiento de la acción y resolución emitida por un órgano independiente del poder Ejecutivo y que además tiene facultades para emitir juicio sobre un acto de la autoridad; b) la deposición de Zelaya al ser promovida y ejecutada por las Fuerzas Armadas pareciera que nos ubica en una discusión de amplios vuelos en América Latina, sin embargo, aquellos regímenes militares sí llegaron a refundar el régimen político, hoy en día la participación de los militares gira entorno de buscar un reequilibrio, ante una crisis del gobierno encabezado por Zelaya, en el que parece ser que el Partido Liberal y sus legisladores en el Congreso no asumieron una actitud de escudo y apoyo a la propuesta del presidente; c) esta falta de apoyo derivó en una confrontación entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo, de ahí se explica que el entonces líder del Congreso Roberto Miccheletti, miembro del Partido Liberal (del que proviene Zelaya) haya asumido el cargo provisional de presidente de la República; d) tanto los militares como los miembros del Congreso Nacional se puede inferir que se han opuesto a la propuesta de Zelaya de vincularse al proyecto del ALBA que encabeza Hugo Chávez en Sudamérica; e) la oposición a la cuarta urna en la que hay una férrea oposición de miembros del Partido Liberal, también es posible porque el candidato a la presidencia de la República por parte de este Partido ha sido seleccionado, esta candidatura se disputó entre Roberto Miccheletti y el vicepresidente del país Elvin Ernesto Santos, el resultado fue que el candidato fuera este último.
Desde esta perspectiva la acción de Juan Manuel Zelaya de llevar a cabo el referéndum para posibilitar la modificación constitucional que le permitiera ocupar la presidencia para un periodo consecutivo tiene que ser revisada como un acto de confrontación contra los otros poderes legalmente constituidos, la anterior idea es la que estableció la oposición de los militares, que sumada a la postura de los congresistas del Partido Liberal es claramente que Juan Manuel Zelaya no contó con el apoyo de los actores políticos y militares para su propuesta. A nuestro entender Zelaya creyó tener a los militares de su lado y se encontró con un actor que ha asumido un papel ambivalente en la última etapa en el continente, a saber los militares “no quieren” el poder ya sea por incapacidad o resistencia, por lo que asumen un papel “neutral” como garantes de las instituciones, lo que al menos en imagen (cosa que no lograron) los hiciera ver como agentes democráticos. El desgaste que su imagen a lo largo de los años 60s y 70s tuvo, hoy en día evitan llegar a un escenario semejante, la estrategia es aparentar una “transparencia” y apoliticidad.
Es oportuno poner del conocimiento que la actitud de confrontación de Zelaya seguramente proviene de su encuentro con los legisladores de su mismo partido (partido Liberal) pues de los 62 legisladores con que cuenta su partido, sólo asistieron 34 miembros, en dicha reunión fueron visibles más las ausencias pues no asistieron el otrora presidente del Congreso Micheletti (hoy presidente de la República) y el candidato para la elección del próximo año del partido Liberal Elvin Santos. Esto llevó a que el referéndum que se llevaría a cabo el domingo 28 de junio no se realizara. Los motivos hemos tratado de mostrarlos, Zelaya apostó que el pueblo, quien “mejor lo interpreta y […] entiende” el referéndum, decidiría y le mostraría un contundente apoyo que redujera la capacidad de maniobra de los actores políticos del país. Hasta ahí la cosa es clara, pero la deposición de los mandos castrenses por oponerse a realizar y ser parte de la estructura logística que llevaría a cabo el referéndum provocó su ira por decir lo menos. Es así que el entonces presidente Juan Manuel Zelaya se vio solo, pues tenía en su contra al poder Legislativo, al Judicial e incluso al Ejército.
Lo interesante es que Zelaya pretendió colocar al pueblo hondureño como un jugador de veto para limitar sus capacidades de control y sanción de los actores anteriormente señalados, con lo que su acción y su cargo de presidente se vería garantizado.
La respuesta dada desde luego escapa a las deposiciones que bajo los marcos de la ley han derivado en juicios políticos o en salidas políticas en otras latitudes del continente, en las que el mandatario deja el cargo sin que medie resolución jurídica, no deja de ser interesante que Juan Manuel Zelaya no haya tomado esa vía ante la oposición de los actores políticos, en su caso buscó el cobijo del pueblo hondureño, quien al carecer quizá de una fuerte organización en el centro del país, la capital, se vio imposibilitada de reaccionar de manera rápida. La sorpresa y rapidez con que se suscitaron los acontecimientos fue un factor que determinó el resultado hoy visto.
Es de creer que el aislacionismo de Zelaya tuvo un resultado desastroso, en el que la política y la norma jurídica no tuvieron la respuesta que evitara esta inestabilidad del gobierno, la salida que se dio, y esto es lo preocupante, donde sólo la fuerza ha sido el mecanismo que ha tratado de restituir los marcos legales que el poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial han dañado, es digno de tomarse en cuenta. Hoy en día podemos decir que Honduras mantiene un gobierno democrático porque tiene reglas instituciones que definen a un sistema democrático, pero la forma en que se conduce y resuelve sus conflictos lo presenta como un sistema democrático iliberal.
El iliberalismo permite mantener la separación de poderes al menos formalmente, pero es incapaz de garantizar los derechos y libertades que requiere una sociedad para mantener un equilibrio que no se constituye sólo por los actores sino por el claro consentimiento de los ciudadanos.
