espacio público y participación ciudadana

Como esfera lo público es una construcción social que define sus objetivos a partir de la restitución de derechos que el sujeto político recupera para sí, es por eso que democracia radical y ciudadano son figuras de una construcción de un proyecto político activo en y desde lo público. La construcción de lo público como un mundo común, dimensiona un espacio que podemos vincular con un proyecto de revolución democrática en la que un imaginario de igualdad impulsa la búsqueda de sentido en favor del cambio, es decir se debe configurar un proyecto que construya un nuevo orden basado en un principio de justicia que conforme una serie de derechos que permita la determinación de un proyecto hegemónico en el que se establece un sentido de entendimiento de los procesos históricos en los que se busca el reconocimiento de un sujeto histórico que asuma los retos venideros como momentos de transformación. Este nuevo ejercicio de participación política se caracteriza porque no se somete a los modelos políticos de mediación que representan los partidos, por fuera de ellos hay una serie de argumentos negativos que limitan su actuar para favorecer su trabajo público, por ello es la manifestación de individuos y colectivos que al quebrar los monopolios existentes redimensionan las capacidades autónomas del sujeto para formular un sujeto de derechos en el ámbito de lo político. Este momento de lo político es entendido como un proceso de reconocimiento de capacidades públicas, el hombre como un ser político denota una cualidad innata desde la perspectiva de Arendt, la acción como principio-discursivo y la política como la capacidad de interacción, como un lugar que se constituye entre los hombres , que de cierta forma responde a un ejercicio de plena libertad. Por eso tenemos que reconocer que hay un nuevo rostro de la participación pues en el esquema donde lo social es un punto intermedio entre el poder y el mercado. Sin embargo hay que valorar que se ha diluido el valor de lo social como un espacio de deliberación que instituía los diversos órdenes de la vida colectiva, ante ello si persiste este error, la pregunta es y será ¿el surgimiento de la categoría política y economía si no derivan de la acción y actividad que el hombre realiza en el ámbito de lo social, de dónde surgen? De esta manera tenemos un asunto más importante a resolver, pues la cuestión pública como marco de vínculo entre política y administración es la expresión de los asuntos sociales vueltos problemas, es el rostro de la convergencia del ejercicio político del poder con la capacidad imaginativa de la gestión, es decir vuelve al actor de ambos espacios de decisiones en un conocedor de los asuntos colectivos. Estamos frente a un proceso de construcción de conocimiento sobre el espacio público, buscando los elementos latentes que permitan la distinción con lo manifiesto en la realidad. De cierta manera estamos ante un proceso semejante de creación de la política y la filosofía que en manos de los griegos significó “... la primera emergencia histórica del proyecto de autonomía colectiva e individual...” Así presenciamos la conformación de un análisis que restituye capacidades a la acción humana, al determinar que lo público y lo privado son dos categorías que se determinan mutuamente por las funciones y operaciones que instituyen producto de la práctica en el ámbito de lo social. En virtud de lo anterior, lo social establece un orden ético y moral de los asuntos sociales para ello construye el ambiente idóneo para que la cuestión de lo público se materialice en códigos que determinan el sentido de lo social como una esfera constitutiva de la acción humana, materialicen un mundo que en el caso que estamos por introducir puede ser la ciudad misma.

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Léxico de los grupos de poder (democracia digital)

Léxico de los grupos de poder (corrupción)

Léxico de los grupos de poder (facciones partidistas)

Algunas notas sobre élites

La elección del análisis del reclutamiento tiene como consideración una dimensión sociológica donde se toman en cuenta elementos como son el origen social así como el tipo de relaciones y posiciones sociales que los legitiman generando entorno de los líderes un capital social sustantivo para su mantenimiento y consolidación política, lo anterior implica reconocer en qué medida su posición social así como su desempeño público permite consolidar la reputación pública que se va conformando desde su  ingreso y que se va fortaleciendo a partir de un proceso de movilidad de la carrera política que eligen.

La forma de profesionalización de la vida pública de los funcionarios electos como designados se convierte en un tema de estudio a partir de que en el siglo XX los procesos de modernización política trajeron la incorporación de grupos políticos profesionales quienes ya habían desarrollado competencias y habilidades técnicas. Lo importante es destacar que los estudios del reclutamiento buscan encontrar cuales son los mecanismos de adscripción política que se implementan al interior del sistema político para incorporar y producir a las élites políticas.

Desde esta perspectiva el estudio de las élites políticas y propiamente el proceso de reclutamiento político debe considerar la comunidad de ubicación como un elemento determinante en la primera fase de formación de los líderes, en el caso estudiado estamos hablando de funcionarios designados y electos, pues están en un ambiente de compartir los mismos eventos y datos. Conformados como grupos que mantienen las estructuras sociales y definir políticas, por eso las élites políticas son actores que junto con el sistema político, las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos determinan el cómo accede a un cargo dirigente un individuo.

De ahí que se diga que el reclutamiento político se define como el proceso por el que los individuos acceden a los puestos. Los procedimientos pueden ser formales o informales. La diferencia de ambas reglas se determina por factores de ingeniería constitucional o lo que es lo mismo, por elementos determinados por la política convencional. Destaquemos por ejemplo las leyes y reglamentos así como en la Constitución, marcos normativos que exponen el mecanismo como se desarrolla la selección de los candidatos así como la forma de participación de la ciudadanía. Asimismo, es necesario identificar que el propio sistema político presidencial establece como base de sus características quién y ante qué autoridad los miembros de los gabinetes son responsables, en una especie de selección dirigida el presidente goza de esta prerrogativa que hace funcional y estable al régimen.

Esto es si tomamos que una de las características del sistema presidencial es que la designación de los miembros de la Administración Pública por lo menos en los cuadros dirigentes son designaciones que provienen desde el Ejecutivo tenemos que reconocer que el proceso de selección por lo menos hasta el gobierno de Ernesto Zedillo tuvo en la universidad en el centro de reclutamiento, muy por encima del partido o el electorado. Asimismo no podemos desconocer que el presidente establece un trabajo de selección a partir de su experiencia personal de ahí que haya diversos círculos de donde puede conformar su proceso de reclutamiento.

Hay casos que podemos reconocer como sui generis debido a que su carrera política-pública al desarrollarse en el interior de secretarías de despacho, cargos técnicos o asesores, establecen vínculos con figuras ambiciosas que les abren un espacio en el terreno de la política, espacio al que se van interesando de manera más activa hasta que escalan importantes posiciones en la burocracia gubernamental. A partir de lo anteriormente expuesto podemos reconocer que un estudio sobre el reclutamiento de élites trata de mostrar cuales han sido los centros de reclutamiento más socorridos por la clase política y ver los cambios o mutaciones de este proceso selectivo.

La élite política como grupo mantiene una estructura de dominación entorno de una coalición dominante que mantiene un control y poder de decisión por encima de otros miembros de la élite. Así definida la élite entorno de su función de acción y a su contingente capacidad de inclusión. Esto es no hay una cohesión tal que pueda identificar a la élite como un grupo homogéneo, por el contrario en su interior existen grupos que manifiestan intereses y una diversidad de posiciones lo que vuelve a nuestro objeto de estudio en una red complicada de aprehender.

Realizar la distinción del concepto de élite  del de clase política es determinante pues nos permite situar las características y mecanismos de interacción así como espacios de interacción y de influencia, pues mientras a la clase política “… pertenecen todos los políticos en la medida en que participan de la estructura de privilegios…”[1], mientras que las élites se subdividen en económicas, culturales y de los medios de comunicación, además de la política. Incluso podemos ubicar que su elemento distintivo es la posibilidad de la cooperación con otras élites de otros ámbitos para lograr respuestas eficientes a los problemas con que se enfrenta la actividad política.

     

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[1] Klaus von Beyme, La clase política en el Estado de partidos, España, Alianza Editorial, 1995, p. 30

Los movimientos sociales en el contexto democrático y la garantía de la libertad de expresión

El momento de la democracia acompaña al nacimiento del nuevo movimiento social, con agendas que reflejan nuevas circunstancias sociales , incluso las formas de interacción implican intercambios y relaciones en los que podemos considerar que a mayor democracia la diversidad posibilita que se logren una serie de confluencias de partidos políticos, grupos de poder, presión y movimientos sociales. Bajo lo anterior consideramos que no debe ni creemos que una agenda altamente democratizada evapora la presencia de movimientos sociales. Por el contrario, entendemos que debemos atender las contingencias de la política representativa como factor que permite que el atributo de desempeño que un movimiento social manifiesta a partir de “... redes que pueden incluir organizaciones formales o no, dependiendo de las circunstancias...” (Della Porta y Diani, 2011: 48) le permite al MS superar la crisis de representación de intereses, a partir de una interacción directa con el tomador de decisiones: el gobierno.

De ahí que nos interese analizar qué ocurre y cómo se desarrolla esta relación en un contexto de confrontación política. Para ello retomamos las categorías analíticas de Tilly en torno del tema de la violencia, represión política, coerción, incluso identificamos la existencia de los profesionales de la violencia,  quienes en un contexto de régimen neoliberal determinan formas de acción que lesionan un modelo democrático.

Desde luego no desconocemos que en el contexto de la protesta hay tres tipos de acciones que puede realizar un gobierno a decir se destaca: acciones prescritas (adhesión a través de ceremonias de lealtad); toleradas (cuando no afectan de forma directa a los gobernantes y los recursos del gobierno); y prohibidas (suponen amenazas contra los gobernantes y los recursos gestionados por el gobierno). En virtud a las variables señaladas arriba podemos tipificar el tipo de régimen yendo de uno democrático de alta capacidad a otro no democrático de capacidad alta, a un régimen democrático de baja capacidad a otro no democrático de baja capacidad. Los tipos de régimen permiten sacar conclusiones útiles que describen formas de interacción entre el poder político y los actores sociales, destacamos las conclusiones siguientes:

             “... las actuaciones toleradas aumentan con la democracia y disminuyen con la       capacidad de gobierno . La violencia es elevada en regímenes no democráticos de          capacidad baja, alcanza cotas moderadas en regímenes no democráticos de   capacidad alta y democráticos de capacidad baja, y es reducida en regímenes             democráticos de capacidad alta.” (González Calleja, 2011)

Si leemos los tipos descritos tenemos que valorar que tanto la desigualdad incentivada o promovida desde los espacios de decisión política son generadores de violencia, es así que la desigualdad alimenta a la violencia que se convierte en un mecanismo ejecutado desde el poder vía el uso de especialistas de la violencia, quienes se colocan en las zonas grises del Estado (Auyero, ) al hacer uso de prácticas ilegales apara garantizar cierta normalidad y uso del espacio público –pensamos en la represión de la protesta, en la prohibición del uso de explanadas públicas que son claros ejemplos de acciones inhibitorias del uso del espacio lesionando de facto derechos de manifestación y de expresión por parte de núcleos poblacionales que deberían contar con la respectiva garantía de sus derechos. El objetivo de garantizar su derecho es porque la manifestación guarda un principio en el que guardar una posición crítica ante el gobierno debe reforzarse como un derecho y su ejercicio en un contexto en el que el protestante es además un individuo vulnerable socialmente.

En manos de los jueces la garantía debe ser una obligación pues

            “... proteger la expresión de los críticos del gobierno, y en especial la de aquellos    críticos que se encuentran en una posición vulnerable, merece reforzarse todavía       más en países como la Argentina [pero no sólo en México], en donde la palabra, y sobre todo la palabra pública, está distribuida de acuerdo con el dinero que cada uno     tiene...” (Gargarella,2006:29)

La designación de los Magistrados electorales

La integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el sistema de nombramiento escalonado, estipulado desde la reforma electoral de 2007  en el Código electoral, trató que la “curva de aprendizaje” en la materia no implicara un riesgo en el desempeño de la Sala Superior. En virtud de la respectiva convocatoria, así como a la fracción II del artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional  la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó las siete ternas para que el Senado eligiera por el voto de las dos terceras partes a los magistrados que estarán encargados de la justicia electoral lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto y gran parte del próximo gobierno. En dicha selección de los magistrados electorales se hallan por lo menos tres observaciones, pues consideramos que dan sustento a una democracia de calidad, a saber los temas son: la paridad de género en la designación de los magistrados; la designación que trascienda criterios partidistas sin menoscabo de la respectiva politización de la designación (evitar la “colonización” que los partidos promueven de cualquier cuerpo colegiado) y, finalmente que el orden constitucional se cumpla cuidando que el principio de legalidad quede garantizado.

Los tres temas referidos tienen una dinámica que requiere atención particular, se advierte que una democracia igualitaria es una práctica que más allá de garantizar la respectiva cuota de género permite remediar y a su vez,  ser la garantía contra la discriminación que de manera sistémica se reproduce en los espacios de decisión; es decir, al habilitar acciones garantes de inclusión para mujeres se promueven valores en favor de la paridad y por ende de la democracia,  incluso la Magistrada María del Carmen Alanís va más lejos al señalar que “No puede hablarse de Estado democrático de Derecho sin la participación efectiva y real de las mujeres”. Sin embargo, a pesar de que hay voces que luchan por adoptar estos criterios, en la presente integración de la Sala Superior del TEPJF , que fue aprobada el pasado 20 de octubre, sólo se incluyeron dos mujeres, situación que fue observada por la legisladora independiente Martha Tagle al señalar que era deplorable que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya remitido al Senado dos ternas exclusivas de mujeres.”

Con respecto a la nominación y definición de los nuevos integrantes, los tres partidos con mayor número de senadores fueron quienes decidieron la designación de los magistrados, el criterio fue adoptado desde el pasado 18 de octubre cuando la Junta de Coordinación Política del Senado estableció por acuerdo la regla que se adoptaría en la designación de los siete magistrados del TEPJF, el PRI tendría la posibilidad de definir tres candidatos, dos por el PAN , uno por el PRD y uno más por el acuerdo de “todos” los partidos políticos.

La respectiva negociación entre tres fuerzas políticas en la Cámara de Senadores a saber, PAN, PRI y PRD, permitió una integración que para senadores de las otras fuerzas políticas excluidas (PT, independiente) se privilegió a las propuestas colocadas como “prioritarias”, alejándose de criterios de idoneidad y capacidad para ocupar el cargo, imperando el acuerdo político. Es así que con base a un sistema de veto mutuo, tanto el PRI y el PAN lograron mantener o colocar a sus candidatos, por ejemplo,  destacamos el caso de José Luis Vargas quien fue impugnado pero después de “negociar” que De la Mata Pizaña fuera elegido por nueve años, el PAN cedió en su impugnación del candidato a magistrado propuesto por el PRI. Al respecto de los criterios que determinaron la designación Jorge Alcocer ha señalado que las cuotas partidistas “fueron sobrepuestas a cualquier otro criterio de evaluación” e incluso se tomaron decisiones apelando al vínculo personal o de “cuates” con alguno de los legisladores.

Finalmente, con respecto a la duración en el cargo de los magistrados, el pasado 25 de octubre se ha presentado en el Senado la iniciativa que modifica el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicha modificación fue discutida en la JUCOPO el mismo día en que se aprobó el mecanismo de designación, el 18 de octubre. Tal y como trascendió en la prensa y en la iniciativa referida arriba, se propone ampliar la duración de los magistrados que han sido designados, los magistrados que se verían beneficiados son: Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, designados por seis años, así como José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, designados por tres años. Es así que si la iniciativa procede los magistrados, entrarán en funciones el próximo 4 de noviembre, verían ampliado su período bajo el siguiente esquema: los electos para 3 años a 7 y los de 6 a 8 años. El criterio para adoptar una posible resolución en el sentido arriba expuesto apela a la estabilidad o incluso a una “necesidad histórica” como advierte María Marvan. Lo que es evidente en la propuesta es una clara violación constitucional del artículo 13 y 99, es un claro ejemplo de una ley privativa,  así también la reforma nos coloca ante una acción que atenta contra la improrrogabilidad de extender el nombramiento de los miembros de la Sala Superior como  de las salas regionales. En suma, que se impulse el decreto atenta contra la legitimidad, respetabilidad y autoridad de la Sala Superior del TEPJF e incluso podemos advertir, que si no hay una postura de los magistrados electos rechazando dicho acuerdo de la JUCOPO, obliga a evaluar si los compromisos políticos no condicionan la independencia de los magistrados así como su imparcialidad. No está por demás advertir, la propuesta violenta los principios de legalidad y de seguridad jurídica que en todo momento deben primar en toda decisión en la que el legislador está comprometido a garantizar la primacía del orden constitucional.

México en la agenda de Estados Unidos

Para Estados Unidos la relación con  México no es prioritaria; sin embargo, podemos reconocer la existencia de una agenda que ha sido recurrente entre los dos países, el tema comercial, narcotráfico y migración. Para los candidatos, demócrata y republicano, destaco aspectos de interés: revisión del Tratado de Libre Comercio, las políticas de seguridad asociadas con posibles deportaciones de líderes de grupos delictivos, así como la posibilidad de impulsar una reforma migratoria conforman una agenda que de por sí estará determinada por la capacidad de negociación del gobierno con los grupos de presión así como con congresistas que abiertamente están opuestos a impulsar cambios en este rubro. Las observaciones sobre el terreno comercial están encaminadas a establecer mecanismos de protección más que alentar una mayor apertura. Hay regiones que son más importantes para Estados Unidos en este momento: medio oriente, China y Europa.

El Sistema Nacional Anticorrupción

En la creación del SNA hay una  visión particular sobre el tema de la corrupción como un mal endémico, por ello la implementación se debe hacer sobre el eje de coordinación en la que la “soberanía normativa” de cada una de las áreas involucradas no se convierta en el motivo para la inacción. Es factible pensar en el incremento de gasto y de contratación de personal; sin embargo, no debe ser el único eje de reflexión ya que hay elementos claves como es la integración de los cuerpos colegiados y su capacidad de  decisión, la concreción de los cambios en la estructura de la administración pública tanto federal como estatal, ya que las viejas prácticas con que se reprodujeron son un obstáculo para el SNA. Una cultura a favor de la transparencia y rendición de cuentas adicionada de buenas prácticas son pilares de este nuevo tiempo en la materia.