Una de los actos más deleznables para cualquier sistema político en consolidación ocurre cuando los actores o al menos uno de ellos toma como bandera sus intereses y los opone al interés general. El suceso del fin de semana pasado va en esta línea, pues los dos consorcios televisivos más importantes del país han vuelto a poner al país en el dilema de la confrontación de la que sin duda el daño será para el presente proceso electoral. Los antecedentes de esta creciente confrontación no podemos perderla de vista ocurrió a partir de la modificación de la ley electoral en donde ha quedado estipulado la prohibición de compra de espacios en medios electrónicos a los partidos políticos. Sin duda la derrama económica hacia estos medios no será la misma en 2009, pues si consideramos que el gasto en 2006 fue de 56% del presupuesto total de los partidos políticos hoy en día no existirá más, ni mucho menos podemos pensar en que las televisoras vuelvan a ejercer acciones de veto o de influir en la acción de políticos. En suma, estamos en presencia de la pérdida de poder de los medios de comunicación.
La acción mediática ocurrida el pasado fin de semana de “encapsular” los spots correspondientes al tiempo del Estado al ser presentados en este formato lleva un alto grado de sospecha, pues nos muestra una acción de confrontación que puede seguir creciendo en los próximos meses, no olvidemos que estamos en un periodo de precampañas. Sobre todo ubiquemos que aun en la bolsa del Instituto se cuentan con 23 millones de spots que serán transmitidos a lo largo del presente semestre. Lo preocupante el día de hoy, es encontrar medidas que disminuyan esta actitud de presión que han presentado los medios, al manipular de alguna manera a la opinión pública para que muestre hartazgo y generalice su inconformidad contra el Congreso, la ley electoral, el IFE. De esta forma no sólo estamos frente a una posición de fuerza de las televisoras contra un actor sustantivo para el sano desarrollo de la democracia, sino para la misma sociedad es perjudicial porque esta oposición a las reglas del juego es declarar un desconocimiento contra las instituciones del Estado mismo.
La oposición también nos lleva a pensar en que el acuerdo tomado conjuntamente entre autoridades del IFE y los miembros de la CIRT para la transmisión de los spots ha quedado roto a pesar de que el Instituto dejó libre a los concesionarios de colocar los espacios correspondientes a los partidos en el momento que ellos mejor les conviniera, siempre y cuando no se afectara el tiempo y fracción correspondiente al Estado, aproximadamente tres spots por hora. Esta ruptura del acuerdo nos lleva a pensar maliciosamente que pronto volveremos a ver a los medios exigiendo condiciones mejores que le permitan participar de los montos presupuestados que los partidos han recibido, 3 mil 633 millones 67 mil 351 pesos, tan sólo para este proceso electoral. No dejemos fuera esta variable pues si es el dinero el conflicto no es nada halagüeño que por cuestiones de intereses particulares estemos sufriendo este embate que al final nos afecta al conjunto de la población, en tanto que la hechura y desarrollo de la vida social concierne al conjunto de los ciudadanos.
Quizá el espectáculo de la programación televisiva quede cercenado pero esa es una decisión de los medios no del IFE eso debe estar claro, por el contrario nuevamente estamos en un escenario de difícil resolución que requiere que los actores políticos asuman en un marco de unidad una adecuada salida que no diezme ni que ponga de hinojos nuestra reciente reforma electoral en la que se ha invertido demasiado tiempo para esperar un resultado más equitativo en la competencia política.
En fin, otra vez estamos enfrente de un debate en el que los medios no son socialmente responsables, incluso convierten al Estado en su enemigo, a pesar de que por otros medios han seguido beneficiándose de recursos públicos. El problema es el dinero no nos hagamos. ¿Es justo que manipulen a la opinión pública? Esa es la pregunta.
