Se llama Yasuri Sac-Nicté Pool, está recluida en el Centro de Readaptación Social (Cerezo) de Chetumal, su delito según consta en expediente, aborto inducido, provocado. Su caso no es distinto a cualquier otro en distintas latitudes del país, hoy es en la Península, mañana puede ser el Pacífico, el Golfo, no hay lugar que no tenga un caso semejante en que se atente contra los derechos de un núcleo poblacional que constituye más de la mitad de la población del país y quien no cuenta con garantías amplias para la autodeterminación de sus acciones y conciencia. La indígena maya fue acusada de homicidio doloso, el motivo fue llegar al hospital el pasado 12 de octubre en la madrugada, con una hemorragia que era causa por las complicaciones de su embarazo. Quizá el motivo de su aborto fue provocado por esfuerzos producto de actividades a las que se expuso, que no necesariamente deben ser penalizadas sino observadas para determinar la inocencia de esta joven mujer, según la legisladora Luz María Beristain Navarrete unos cuantos días antes Sac-Nicté cambió de lugar los muebles de su casa lo que se entiende provocó la hemorragia y el posterior aborto involuntario. Por cierto su hogar corresponde a una comunidad humilde, su casa está hecha de palos y el techo es de palma, en esas condiciones ella vivía con su madre y dos hijos: una niña de año y medio y un niño de cinco años. Hoy, su hogar se encuentra abandonado en la comunidad Sabidos, en Chetumal, sus familiares se encuentran en la capital del estado esperando un milagro, una respuesta en la que impere la justicia y devuelva su libertad.
Devuelva una mujer a su función de madre para los dos hijos que son su responsabilidad. Ella es víctima del sistema de justicia legal que ha reconocido, ofrece protección y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción y hasta la muerte natural, este derecho promovido desde una política conservadora en la que las fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado han estado de acuerdo.
Un poco de historia para entender que esta ley antiaborto es injusta, nos lleva a ubicar su promulgación el 21 de abril de 2009, con 18 votos a favor, emitidos por las fracciones del PRI, PAN, PVEM, y PANAL y 6 en contra, en el Congreso de Quintana Roo, así se reformó el artículo 13 de la Constitución del estado, lo que dota a su marco constitucional de un carácter regresivo en cuanto a los derechos individuales que presumen de una igualación consolidada en los principios de respeto de la autodeterminación y capacidad deliberativa de todos los integrantes de la comunidad política. El que haya sido penalizado el aborto y que quede a la opinión y juicio del médico juzgar si el aborto fue inducido o involuntario es de difícil solución, pues en la decisión del médico no media una capacidad de dirimir una causa por vías legales y bajo un proceso de investigación ministerial sólido, si entendemos que hay una certeza de que la ley se aplica sin ningún grado de subjetividad, en la sospecha del médico de la clínica del ISSTE debería mediar un amplio criterio para que no existieran actos de injusticia que atentan contra los derechos civiles y humanos de la población. Hay múltiples instancias responsables ante esta nueva injusticia, y son la irresponsable ley que no contiene un preciso marco regulatorio que permita echar luz sobre un proceso que queda como un acto propio de la Santa Inquisición, la responsabilidad de la clínica del ISSSTE para convocar a más de un médico para que juzgara el caso antes de ser remitido a las instancias de la justicia local.
La indígena maya Yasuri Sac-Nicté Pool es víctima de un proyecto de derecha que como dice Carlos Monsiváis “busca imponer sus criterios y cancelar libertades” que atentan contra los valores de una sociedad plural y por ende demuestran su anacronismo e intolerancia con miras de favorecer sus posiciones y comportamientos que rayan en la represión y ahí entonces se amplían las víctimas, pues se incluyen a los jóvenes, los gays, feministas, tribus urbanas y ahora no sólo tenemos que hablar de la mujer en edad reproductiva sino que también tenemos que ubicar a aquellas mujeres pobres que además de ser indígenas se ven enfrentadas a actos de autoridad que contravienen los derechos constitucionales, debido a que se sospecha que sus actos son “políticamente incorrectos” y por ende moralmente sancionables desde el poder, por un aparato que se olvida que no gobierna para un sector de la sociedad, sino para la totalidad de una nación, en donde el modelo que ha permitido la integración y que permite la manifestación de la pluralidad en un clima de tolerancia guardando la diversidad como un signo democrático es la laicidad. A partir de lo anterior hoy contamos con un modelo político que cae en sectarismos y estigmatizaciones en las que grandes núcleos de población que no comparten propuestas conservadoras y tradicionales se ven expuestos a la acción de políticas tutelares que hoy han secuestrado al Estado laico.
