La percepción negativa hacia los partidos políticos es un fenómeno que se ha generalizado en los últimos años, pues tenemos diversos ejercicios demoscópicos que han tratado de mostrar fotografías donde se valora el papel de los partidos en el entorno ciudadano. Como tema que impacta el desempeño de los gobiernos, el grado de aprobación para este sustantivo actor para la democracia es de suma importancia, pues referir a la función y papel que desempeñan las fuerzas políticas tanto de izquierda y de derecha determina la fortaleza y calidad del gobierno representativo. Es preocupante que el desempeño de los partidos sea evaluado a la baja por los ciudadanos, sobre todo en tiempos en que la discusión nacional y local se encuentra inmersa en posibles cambios constitucionales, pues los partidos han asumido el compromiso de llevar a cabo la discusión sobre asuntos como la “reforma petrolera”, la llamada Reforma del Estado, de ahí que surge una interrogante ingente de respuesta, debido a que la legitimidad de la acción política de los partidos puede estar a debate por ello, ¿qué tan válido es el acto de la representación y los actos que acometan en su calidad de representantes los partidos políticos, si los ciudadanos ponen en duda su capacidad para asumir legítimamente esta actividad política?
Es a partir de la pregunta anterior que, el problema escapa como un asunto de partidos, pues involucra el sentido de la representación, de la calidad de la democracia en tanto proyecto que busca vigorizar la vinculación ciudadano/gobierno, ciudadano/valores democráticos, como agenda vivificar este par de binomios nos ponen frente a elementos que hoy son importantes para un adecuado desarrollo de los Estados, estos elementos son en alguna medida indicadores de las deficiencias que la democratización política de la sociedad ha implicado, uno de estos valores es el elemento de la accountability ya sea en las distintas dimensiones en que ha sido valorada, pues la rendición de cuentas es un proceso de interacción y de responsabilidad de los cuerpos representativos ante el ciudadano, bajo un marco de respeto al imperio de la ley. Esta situación se hace extensiva a los partidos, quienes no adoptan los mecanismos de la accountability como elemento clave para establecer una relación intensa con los ciudadanos, por el contrario en una actitud reduccionista los partidos políticos han seguido estableciendo puentes de comunicación desde la variable electoral con la población, lo cual nos invita a pensar que la falta de confianza de la que hoy sufren, es en parte, producto de esta pobre visión que tienen sobre la ciudadanía. Es decir, los partidos siguen manejando un ciudadano en su cualidad más básica; esto es, los ciudadanos más allá de la acción electoral están eliminados como eje de la política.
La dimensión social, económica, cultural del concepto ciudadano al no formar parte de la gramática de los políticos, no sólo significa el desconocimiento del novísimo debate que prima en las ciencias sociales, sino que advierte un asunto más delicado, la nulidad de estos elementos más allá de la esfera política, también anulan agendas y temas que hoy perviven en el ámbito social y que representan nuevos referentes y problemas de los que se requiere atención por parte de la política institucional.
De ahí que podamos precisar que la calidad de la gestión de gobierno se ve impactada por los derechos ciudadanos, derechos que en su ejercicio van moldeando un ambiente de sociabilización que no puede escapar a cualquier actor u organización presente en la sociedad. No hay que olvidar que el sostenimiento de una democracia al requerir de demócratas, también requiere de cuerpos intermedios de representación que asuman los principios y valores que definen al régimen en cuestión, a saber: igualdad, tolerancia, pluralidad, libertad. Con estos valores y principios reproducidos y ejercidos por los miembros activos y pasivos seguramente se modificaría de manera sustantiva la percepción que los ciudadanos tienen sobre los partidos políticos, al abrir a la observación ciudadana los espacios y toma de decisiones. Esto significa que la democratización que beneficia la cotidiana vida del ciudadano, requiere generalizarse como un ejercicio permanente de hacer de la democracia un rasgo definitorio de la estructura organizacional de los partidos.
Más allá de la corrupción, de la falta de transparencia de sus actividades cotidianas, los partidos requieren atender la llamada de atención que estos estudios demoscópicos representan, como el reciente estudio titulado Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política elaborado por la Consultoría Gabinete de Comunicación Estratégica, donde se muestra que los partidos en una escala de cero a 10, rondan en un promedio nacional de 4.3 puntos de aceptación ciudadana, hecho a considerar pues entre las instituciones que mejor salen evaluadas se encuentra la familia, la iglesia, el ejército y las universidades.
Si hacemos uso de la definición funcional de los partidos como actores que tienen como objetivo la sociabilización de valores democráticos, la movilización de la opinión pública, así como coadyuvar en la creación de una cultura política, tenemos frente a nosotros un dilema si la ciudadanía se siente ajena a los partidos, al mostrar desconfianza producto del comportamiento que estos cuerpos de representación han manifestado frente a los asuntos públicos de gran calado en la opinión de la población. La tarea que resulta es de difícil resolución en tiempos en que el debate nacional tiene que asumirse como una actividad coordinada entre partidos y ciudadanos, para contrarrestar los proyectos altamente impopulares que tratan de conformar un nuevo rostro de país, alejados de la dimensión histórica y de los principios de justicia social que las tesis republicanas de buen gobierno han significado en el desarrollo nacional.
Es a partir de la pregunta anterior que, el problema escapa como un asunto de partidos, pues involucra el sentido de la representación, de la calidad de la democracia en tanto proyecto que busca vigorizar la vinculación ciudadano/gobierno, ciudadano/valores democráticos, como agenda vivificar este par de binomios nos ponen frente a elementos que hoy son importantes para un adecuado desarrollo de los Estados, estos elementos son en alguna medida indicadores de las deficiencias que la democratización política de la sociedad ha implicado, uno de estos valores es el elemento de la accountability ya sea en las distintas dimensiones en que ha sido valorada, pues la rendición de cuentas es un proceso de interacción y de responsabilidad de los cuerpos representativos ante el ciudadano, bajo un marco de respeto al imperio de la ley. Esta situación se hace extensiva a los partidos, quienes no adoptan los mecanismos de la accountability como elemento clave para establecer una relación intensa con los ciudadanos, por el contrario en una actitud reduccionista los partidos políticos han seguido estableciendo puentes de comunicación desde la variable electoral con la población, lo cual nos invita a pensar que la falta de confianza de la que hoy sufren, es en parte, producto de esta pobre visión que tienen sobre la ciudadanía. Es decir, los partidos siguen manejando un ciudadano en su cualidad más básica; esto es, los ciudadanos más allá de la acción electoral están eliminados como eje de la política.
La dimensión social, económica, cultural del concepto ciudadano al no formar parte de la gramática de los políticos, no sólo significa el desconocimiento del novísimo debate que prima en las ciencias sociales, sino que advierte un asunto más delicado, la nulidad de estos elementos más allá de la esfera política, también anulan agendas y temas que hoy perviven en el ámbito social y que representan nuevos referentes y problemas de los que se requiere atención por parte de la política institucional.
De ahí que podamos precisar que la calidad de la gestión de gobierno se ve impactada por los derechos ciudadanos, derechos que en su ejercicio van moldeando un ambiente de sociabilización que no puede escapar a cualquier actor u organización presente en la sociedad. No hay que olvidar que el sostenimiento de una democracia al requerir de demócratas, también requiere de cuerpos intermedios de representación que asuman los principios y valores que definen al régimen en cuestión, a saber: igualdad, tolerancia, pluralidad, libertad. Con estos valores y principios reproducidos y ejercidos por los miembros activos y pasivos seguramente se modificaría de manera sustantiva la percepción que los ciudadanos tienen sobre los partidos políticos, al abrir a la observación ciudadana los espacios y toma de decisiones. Esto significa que la democratización que beneficia la cotidiana vida del ciudadano, requiere generalizarse como un ejercicio permanente de hacer de la democracia un rasgo definitorio de la estructura organizacional de los partidos.
Más allá de la corrupción, de la falta de transparencia de sus actividades cotidianas, los partidos requieren atender la llamada de atención que estos estudios demoscópicos representan, como el reciente estudio titulado Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política elaborado por la Consultoría Gabinete de Comunicación Estratégica, donde se muestra que los partidos en una escala de cero a 10, rondan en un promedio nacional de 4.3 puntos de aceptación ciudadana, hecho a considerar pues entre las instituciones que mejor salen evaluadas se encuentra la familia, la iglesia, el ejército y las universidades.
Si hacemos uso de la definición funcional de los partidos como actores que tienen como objetivo la sociabilización de valores democráticos, la movilización de la opinión pública, así como coadyuvar en la creación de una cultura política, tenemos frente a nosotros un dilema si la ciudadanía se siente ajena a los partidos, al mostrar desconfianza producto del comportamiento que estos cuerpos de representación han manifestado frente a los asuntos públicos de gran calado en la opinión de la población. La tarea que resulta es de difícil resolución en tiempos en que el debate nacional tiene que asumirse como una actividad coordinada entre partidos y ciudadanos, para contrarrestar los proyectos altamente impopulares que tratan de conformar un nuevo rostro de país, alejados de la dimensión histórica y de los principios de justicia social que las tesis republicanas de buen gobierno han significado en el desarrollo nacional.
