El asesinato de la ex Alcalde de Tiquicheo

por Salvador Mora Velázquez

Tiquicheo es un pueblo michoacano del oriente del estado que como municipio es clave porque está situado en una zona estratégica al colindar con Guerrero y el Estado de México, en donde la delincuencia organizada se ha convertido en un factor clave de inseguridad. Por eso, el pasado marzo de este año el gobierno federal, encabezado por el presidente de la República Felipe Calderón y el secretario general de la Defensa Nacional Guillermo Galván  pusieron en operaciones el 25 Regimiento de Caballería Motorizado. Con 600 hombres y 60 vehículos el regimiento dependerá de la zona militar 21 con lo que Michoacán se ha convertido en uno de los estados con mayor miembros del ejército emplazados, con ocho mil elementos castrenses.  En aquella ocasión, Felipe Calderón señaló que con la nueva instalación “estamos diciéndole a las y a los michoacanos que no están solos, que el Gobierno Federal, a través de las Fuerzas Armadas, está aquí para proteger a sus familias...” Incluso el secretario Galván indicó que el Ejército entraría en operaciones inmediatamente ya que la amenaza del crimen organizado atenta contra la paz , que no había sido una decisión unilateral que las autoridades estatales lo solicitaron, remató  la seguridad interior está amenazada.

El gobernador Fausto Vallejo apeló a la coordinación con el objetivo de hacer frente al combate frontal a la criminalidad. Estos tres actores, advirtieron de la inseguridad que enfrenta Michoacán, que enfrenta la población.

Sin embargo, el asesinato de la ex presidenta municipal, no acusa los cuidados preventivos que la acción militar se planteó cuando se propuso que el Campamento móvil del 25 Regimiento de Caballería se instaló en esa localidad. La respuesta militar en el estado, con la muerte de la militante perredista, es en el espacio micro regional, la misma historia que en la totalidad de la República Mexicana hoy determina un fenómeno del que no podemos escapar y nos lleva a hablar de la inexistente estrategia de prevención de la violencia a la que la población civil se ve expuesta en esta lucha frontal contra grupos delictivos que encuentran complejas formas para someter a las autoridades políticas, rebasar los controles y medidas que las fuerzas policiales y militares han establecido para mantener su “gramática del terror” y esta vez quitarle la vida a María Santos Gorrostieta. Presidenta municipal (de 2008-2011), en donde a raíz de su encargo recibió amenazas de grupos delincuenciales, antes de su asesinato sufrió dos atentos previos en uno de ellos asesinaron a su marido; el pasado 12 de noviembre fue plagiada, dos días después fue encontrado su cuerpo sin vida, las autoridades policiales del estado señalaron que la muerte de la ex alcaldesa fue por traumatismo craneoencefálico severo. No es la primera vez que asesinan a un presidente municipal el pasado noviembre de 2011, el alcalde panista de la Piedad Ricardo Guzmán fue asesinado a balazos, entonces el presidente de la República condenó el acto cobarde. Esta vez no hay noticias de alguna declaración, ni siquiera el gobierno del estado.

Los asesinatos de ambos políticos nos obligan a valorar que los protocolos de seguridad son exigüos porque no garantizan la protección de la vida y bienes, no blindan a la población de peligros subjetivos, no existe un ambiente de seguridad extendido que refiera a condiciones de comodidad y estabilidad personal, es decir de percibir una vida segura. También ambos ejemplos nos hablan de que la violencia se ha convertido en un factor que alcanza a los tres órdenes de gobierno. No sólo es el factor financiero, o la corrupción, los únicos factores que deben ser preocupación gubernamental, también es la seguridad subjetiva que está amenazada por la violencia cotidiana, que ni siquiera los regimientos móviles pueden detener o siquiera considerarse que con esta acciones se está generando un clima de protección de la población. Lejos de ser una ex presidenta municipal, el asesinato de una mujer más en México, debe hacer un llamado a órganos de defensa de Derechos Humanos, incluso hay que repensar si la exposición de los presidentes municipales a la violencia o amenaza del crimen organizado es con mucho producto a su trabajo próximo a la violencia de la que la población está “secuestrada”; es decir, así como las políticas ciudadanas nos ofrecen que es en el municipio el espacio para dinamizar la vida colectiva, es también un espacio –el municipio- que está amenazado por actores que de facto han doblegado a este orden de gobierno.

Por eso, ante una estrategia de seguridad en donde la estructura más endeble se ve expuesta a que las federalizadas sean exitosas quizá estaremos ante una recurrente déficit de seguridad ciudadana y subjetiva que no sólo afecta a un núcleo de actores sino amenaza al conjunto de la sociedad.

El acceso a la información pública: un asunto público pendiente en México

A partir de una revisión de la propuesta e iniciativa que ha presentado el presidente electo Enrique Peña Nieto en donde propone reformar varios artículos de la Constitución Política para dotar al IFAI de una serie de atribuciones que permitan su fortalecimiento nos enfrentamos a un escenario del que tenemos que poner atención en el argumento fundamental de la propuesta, la posibilidad de que el mayor órgano de acceso a la información adquiera su autonomía no tiene desperdicio. La serie de elementos complementarios que conforman la propuesta de iniciativa del presidente electo nos permite tener una idea de lo que implica el sistema de regulación del sistema de transparencia y rendición de cuentas que el nuevo gobierno federal tiene contemplado.

Destaquemos sus virtudes de la propuesta:

i) establece que el IFAI contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así también gozará de autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.

ii) se amplían sus competencias y atribuciones en materia de intervención en asuntos de los tres poderes de la federación, asimismo se convertirá en órgano de segunda instancia con el objetivo de que los ciudadanos puedan impugnar las resoluciones de los institutos estatales que en materia de acceso a la información y transparencia tengan las atribuciones correspondientes.

iii) se dota de un blindaje a las resoluciones del IFAI para que sus veredictos sean inatacables y definitivos

iv) se propone homogeneizar las leyes estatales en materia de acceso a la información y transparencia con las adecuaciones que la reforma federal establezca 

Hasta aquí las  propuestas de las posibles adecuaciones. A partir de la experiencia nacional con los órganos autónomos son espacios que se ven expuestos a un fenómeno de desaprobación de los actores políticos que se ven impactados con el fortalecimientos de estos órganos. Quizá por eso hay que evaluar con cierta preocupación que se mantenga que el Senado de la República se encargue de la nominación de los futuros comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información a propuesta del titular del Ejecutivo federal, el quid se encuentra en esos detalles que involucra la falta de consensos que si no se alcanzan el presidente de la República podrá nombrar directamente a los comisionados si después de las dos ocasiones en que se haga la respectiva propuesta esta no logra la mayoría. Desde esta perspectiva el cambio es un maquillaje para dotar al presidente de la capacidad para corregir las situaciones contrafácticas y de cierta manera este momento en el que el poder Ejecutivo tendrá la resolución final –insistimos si no existen acuerdos entre Senadores y Ejecutivo federal- es así que estamos ante una probable situación en la que la imposición de los futuros comisionados es una probabilidad.

A lo largo de su existencia el IFAI ha tenido que enfrentar momentos de confrontación con órganos pertenecientes al gobierno federal o estatal en los que su desempeño contingente, exige de una serie de reformas que le permitieran convertirse en el órgano garante de la transparencia que demanda un modelo democrático que pretende dotarse de un principio de publicitación que den sentido a la existencia de un gobierno abierto. Modelo que durante los dos sexenios que estuvieron bajo la influencia del Partido Acción Nacional nos ofrecen prácticas deficitarias que en el año 2010 con base al índice de presupuesto abierto tenemos que México se encuentra en un rango nada halagüeño en materia de transparencia presupuestal pues su nivel de desarrollo de políticas favorecedoras de rendición de cuentas lo ubican como un país que brinda “alguna información a sus ciudadanos” es así que sus niveles de desarrollo apenas rebasan los 50 puntos cuando la calificación más alta es 100. Para 2011 con base al informe del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal el país obtiene 45 puntos de 100 probables, enfrentamos un verdadero problema social, más que político con base a este tipo de evaluaciones.

Desde luego que la obligación para que las legislaturas locales sintonicen sus normas en materia de transparencia con los valores rectores de la Constitución federal que a partir de la posible modificación que propone la iniciativa de Enrique Peña Nieto no implica que en el plazo perentorio de un año que se propone para la adecuación estatal de las leyes esto ocurra, estas medidas no necesariamente garantizan este proceso de democratización que profundice en este proceso de autonomización de los órganos estatales. Ya que hay que dimensionar que el desempeño gubernamental tiene en las manos de los gobernadores a un actor político clave ya que el dominio que han hecho sobre sus espacios de influencia hace de ellos un lugar en el que se ha generado una feudalización de la política local. Prevenir que los órganos autónomos en materia de transparencia se vean expuestos a este avasallante control requerirá buscar que la nominación de los comisionados en el orden estatal no se vean expuestos a estos controles o manipulación de los gobernadores; de quienes se busca una sensibilidad para asumir que estos órganos autónomos son actores institucionales que como contrapesos políticos permiten dotar de una legitimidad de la que adolecen los gobiernos, de ahí que pensemos en un modelo de transparencia al que deberá garantizársele recursos en la proporción de su valor social que guarda.

Finalmente es importante reconocer que los veredictos sean inatacables y definitivos ya que al dotarlo de esta capacidad que aunado con la atribución o facultad para presentar controversias para observar leyes estatales coloca a este órgano autónomo en un nivel distinto de su desarrollo institucional. Es valioso advertir que instancias gubernamentales se verán observadas y obligadas de brindar información de esta manera estaremos ante un nuevo escenario que frene acciones de omisión como las que el Sistema de Administración Tributaria realizó al negar información sobre los nombres de personas físicas o morales a quienes se les canceló créditos por un monto de 73 mil 960 millones de pesos en el año 2007. En dicha controversia entre el SAT y el IFAI, la Suprema Corte resolvió a favor del SAT a pesar de que asumimos que el principio de máxima publicidad que establece la Constitución Política en el artículo 6º  garantizaba este derecho y obligación de que toda información pública debe estar abierta y a revisión de la sociedad.

Es también oportuno colocar el tema de lo local como preocupación en un modelo de transparencia y rendición de cuentas los controles sobre los poderes formales tienen en organismos como los órganos de trasparencia estatal espacios que si se garantiza su autonomía se gana en calidad de la vida institucional y democrática del país en la que se requiere de la corresponsabilidad en la materia ya que de nada sirve un trabajo del que no se reconoce su valor e importancia. Por ejemplo el IFAI en su informe presenta datos relevantes de su trabajo de 2004 a 2011, ha presentado 77 denuncias por incumplimiento 18 ante las contralorías que tienen competencia en materia de transparencia 59 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública de las que 21 casos están en trámite y 36 al no encontrar elementos para acreditar responsabilidad de los servidores públicos fueron desechados. Ante este panorama dotarle de capacidades de ejecución al IFAI en sus veredictos es un aporte del que lejos de celebrar tenemos que reconocer pendientes ya que las evaluaciones nacionales traen aparejadas contradicciones la existencia de un modelo de transparencia en el que los sujetos obligados se comportan de manera distinta ante un mismo marco regulatorio dependiendo del tipo de información que se solicita, el organismo público así como el estado de la República en que se hace la solicitud, esta característica hace que el sistema de transparencia sea asimétrico tal y como el CIDE lo ha expuesto. Es así que la calidad de la información que se brinda al ciudadano no es materia ni motivo de sanción o de mecanismos de verificación de quien la solicita. Esta situación obliga a plantear tres retos futuros para México:

a) los órganos autónomos que tienen competencia en materia de transparencia deben fortalecerse y romper cualquiera de los vínculos de relación con los gobiernos estatales o federales, incluyendo la nominación de sus comisionados. Dichos nombramientos quizás deban recurrir a un modelo de terna como ocurre con la nominación de los magistrados de la Suprema Corte de la Nación; b) establecer un proyecto de transparencia y rendición de cuentas que se plantee mecanismos de verificación ciudadana de la información que se publicita, los criterios de máxima publicidad debe ir regulados éticamente por acciones en los que impere la calidad de la información brindada, bajo escenarios en los que las nuevas tecnologías son parte de esta condición de plena accesabilidad y de información clara y efectiva que no debe escapar como criterio factible a seguir y, c) incentivar una sociabilización que favorezca un impulso de una cultura de la transparencia como principio democrático de confianza y certidumbre democrática. Esto son los pendientes inmediatos.

Cinco problemas transversales que determinan el narcotráfico en México

SALVADOR MORA VELÁZQUEZ

Dos son las observaciones que se pueden hacer mención con respecto al caso de los miembros de la embajada norteamericana que fueron heridos en la población cercana de Xalatlaco, estado de México, el pasado 24 de agosto. El estratégico papel que viene desempeñando la Marina mexicana en el combate al narcotráfico , función que ha sido avalada por el presidente de la República quien ha colocado su confianza en este actor. La siguiente línea de consideración lo representa la llegada del embajador Anthony Wayne quien trajo como agregado militar a un ex miembro de la tropa de élite del ejército norteamericano quien además tiene experiencia en lucha contra el terrorismo, es así que el contraalmirante Colin Kilrain se ha convertido en el punto clave para entender la relevancia y preocupación que representa México para el gobierno norteamericano.

No sólo es importante advertir la confianza que el presidente Felipe Calderón tiene en la Marina mexicana, también el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su aprobación al papel que han desempeñado, hay múltiples ejemplos de los que podemos echar mano para mostrar el agrado que manifiesta la administración de Obama con las acciones exitosas realizadas por la Marina mexicana en el combate al narcotráfico. Señalamos lo anterior a partir de que el propio ex embajador norteamericano Carlos Pascual señaló en 2010 que se capacitaba a cinco mil 500 efectivos de la Policía Federal y a cuerpos de élite del Ejército y la Marina, con un costo que alcanzaba para 2011 los 21 mil 700 millones de pesos. Los llamados “donativos” han permitido el entrenamiento del cuerpo de seguridad mexicano en materias que van desde se encuentran International Narcotics Control and Law Enforcement (Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley); Foreign Military Financing (Financiamiento Militar en el Extranjero); Counter-Terrorism Financing (Asistencia de Lucha contra el Terrorismo), y Export Control and Border Security (Control de Exportaciones y Seguridad de las Fronteras).

Bajo este escenario la Iniciativa Mérida, que al interior del gobierno mexicano se entiende como un nuevo paradigma para enfrentar el combate al crimen organizado, para Estados Unidos ha significado un pequeño avance tal y como lo ha expuesto Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, en febrero pasado durante la conferencia de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. De esta manera hay que reconocer que el gobierno norteamericano reconoce avances pero no significativos, pues existen contingencias, errores tácticos donde existe un apresurado momento político que busca que los logros trasciendan la esfera policial o militar para situarse como éxitos de la administración de Felipe Calderón que buscaban impactar positivamente en su desempeño gubernamental, el caso de la aprehensión del presunto hijo del Chapo Guzmán es uno de ellos, Jesús Alfredo Salazar “alfredillo” supuestamente fue detenido en Zapopan en junio pasado incluso existieron felicitaciones por parte de la DEA, sin embargo la PGR negó que el boletín se confirmara positivamente,  la Secretaría de Marina y el gobierno federal tuvieron que revertir el carácter festivo de la detención,  al final se convirtió esta acción militar en un elemento más de los errores que el gobierno federal tuvo que absorber y asumir como costo en la campaña electoral federal del pasado julio.

En suma, las acciones militares han tenido en la DEA un gran aliado y quien ayuda en los operativos, desde esa lógica se establecen operativos que han permitido que al cártel que ocupa la plaza cercana al lugar de los hechos ocurridos el viernes, se le haya dado uno de los golpes más duros que se pueda tener noticia en el sexenio de Felipe Calderón, en diciembre de 2009 la muerte de Arturo Beltrán Leyva y los múltiples ataques han permitido que ese grupo delictivo sea el más combatido en el sexenio y donde las acciones militares tienen un mayor éxito. De hecho una de las hipótesis que empieza a circular señala que los miembros de la embajada estaban realizando actividades encubiertas que pretendían conformar la estrategia de combate contra el cártel del Pacífico Sur.

Desde esta sintética revisión entender lo que ha ocurrido en Xalatlaco, nos obliga a preguntarnos ¿qué actividad encubierta estaban efectuando los miembros de la embajada norteamericana?¿quién y cómo se establecen los acuerdos de cooperación internacional entre México y en especialmente con Estados Unidos?¿sabía la permanente del Congreso de las acciones encubiertas?

Finalmente como lo establece el interesante artículo de Zósimo Camacho en Contralínea del pasado 5 de agosto, el documento Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada, que surge en diciembre de 2006 como el proyecto de política pública que Felipe Calderón se planteó para atacar el crimen organizado, nos invita a entender sus acciones de las que nos interesa entender cómo entendió el presente gobierno federal la cooperación internacional con Estados Unidos y que le permitiera la resolución del narco, es así que se asume que la cooperación internacional como una acción de responsabilidad compartida podría ofrecer resultados exitosos, sin embargo entendemos que esta responsabilidad compartida que se plantea entre las naciones que viven el problema no es una acción suficiente ya que retomando las tesis de Norberto Emmerich(2009) la lucha contra el narcotráfico y las políticas de seguridad deben considerar que para entender el narcotráfico se requiere definir cinco problemas que transversalmente redefinen las agendas internas de los países involucrados, lo que implica es que no es un problema de soberanía o de jurisdicciones lo que resuelve o hace viable los acuerdos internacionales, el narcotráfico como fenómeno social nos invita a situarlo en cinco ejes:

a) el narcotráfico no es un asunto sólo de seguridad si no también es político

b) el narcotráfico ase debe valorar no sólo bajo el esquema del impacto económico que representa si no es también un actor político

c) el narcotráfico es un problema global que en el ámbito nacional aprovecha las condiciones estructurales del país donde se asienta para determinar su territorialización y expansión geográfica y financiera bajo esquemas de acumulación de capital

d) el narcotráfico por su propia estructura tiene la capacidad de concentrar en sus manos los diversos tentáculos del crimen, siendo el gran articulador del crimen en amplios espacios del territorio, de esta manera tenemos que valorar el papel que ha jugado su intensificación y expansión en actividades que lógicamente estaban fuera de su influencia, es decir su ingreso a actividades como son giros negros, la búsqueda de contar con casinos, el tráfico de personas, la búsqueda de las bolsas que reparte la lotería nacional como objetivo para lavar dinero, el financiamiento de campañas electorales,  son mecanismos de su brazo financiero, ejecutor;

e) el narcotráfico por su propia lógica de reproducción rebasa las capacidades de las políticas de seguridad Emmerich(2009:11-12), lo que provoca es el congelamiento de las decisiones gubernamentales vía los programas o políticas públicas implementadas ya que la relación ley- policía- justicia- prisión son modelos que no contienen o limitan el avance e impacto que esta actividad ilegal tiene en la vida social.

La visibilidad y su capacidad camaleónica de encontrar en esferas distintas a las dominantes a su actividad criminal el narcotráfico supera la capacidad de decisión y de combate por la propia lógica que tiene la reproducción de la administración gubernamental, des esta manera la política “apela a la excepción” como forma de reproducción es ahí que la decisión se convierte en el mecanismo de respuesta siempre en un déficit de información o de lectura correcta, la acción gubernamental se traduce en prácticas reactivas, que buscan corregir, las prácticas disruptivas es el sello de su capacidad de acción en el terreno público. Es así que el resultado del combate al narcotráfico se reduzca a atrapar a pequeños distribuidores, operadores, como la gran acción de los gobiernos, con mucho posibilitado por que esos personajes detenidos se mueven en los espacios territoriales y del crimen atentatorio del orden social, es decir su visibilidad permite subordinar los programas de seguridad acciones reactivas de desestructuración más no de prevención o de buscar atacar con mayor eficiencia las finanzas del narcotráfico quien poco a poco ha logrado convertirse en una rama de la actividad económica de cualquiera de las naciones que se ven expuestas a sus tentáculos.

Ciudad Universitaria a 28 de agosto de 2012

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Rumbo a la definición…

Rumbo a la definición…