El nombramiento de los tres consejeros electorales del IFE que se ha venido posponiendo desde el 30 de octubre de 2010 nos impone una evaluación que rebase las posturas que semejan pronósticos o quiniela que los partidos políticos han manifestado al presentar a sus “favoritos” para ocupar estos importantes espacios.
El perfil del candidato no es suficiente para determinar su inclusión pero tampoco es de poca monta desdeñarlo ya que se puede derivar que su desempeño o posicionamiento se ve influido por la carrera que este miembro ha tenido en su desarrollo profesional vinculado o con cierta relación a alguna de las fuerzas políticas que los nominan. Esta relación candidatos-partidos políticos nos expone a un fenómeno en el que los cargos en el Instituto Federal Electoral son entendidos como un “botín” en el que el partido mayoritario en la Cámara de Diputados lleva mano en la selección y propuesta.
La Junta de Coordinación Política como órgano encargado de lograr el acuerdo que permita la nominación de los tres nuevos miembros para el Consejo General del IFE tiene el reto de lograr que haya unanimidad en la decisión evitando rupturas que provoquen de nueva cuenta un déficit de confianza que los partidos transmitan al árbitro electoral.
Sin embargo, los legisladores encargados de esta encomienda parece que no guardan memoria del accidentado proceso de nominación del año 2003 donde vía el mayoriteo PAN-PRI excluyeron al PRD de la nominación e integración del entonces nuevo Consejo General, hoy (abril de 2011) nos exponemos a que ocurra un escenario semejante si el PRI como partido mayoritario no deja fuera argumentos negativos que se oponen a buscar el mayor consenso en la designación de estos miembros que por lo demás han sido pospuestos desde hace casi seis meses.
Por eso el perfil cobra relevancia pues los partidos están en su derecho de vetar candidatos que abiertamente son proclives a que en su potencial desempeño como consejeros manifiestan sesgos políticos que repercuten en el desempeño de las actividades del órgano electoral. La principal observación la formulamos con base a que el Instituto se expone a ejercer un parcializado trabajo si sus miembros no son actores con capacidad de independizarse de los partidos que los han propuesto, el daño inicia hacia el Instituto en la falta de confianza que los partidos pueden manifestar ante el trabajo electoral, prosiguiendo con los ciudadanos quienes mantienen una posición que ha sido difícil de superar después del proceso electoral de 2006. Es menester contar con un árbitro confiable para los actores en competencia y para el ciudadano.
La propuesta de Arely Gómez resulta contradictoria si entendemos que el Partido de la Revolución Democrática la avala ya que cuando fue nombrada como nueva titular de la FEPADE en el año de 2007 y posterior a su renuncia aplaudió su salida de este espacio, el motivo que expuso Jesús Ortega fue que Arely Gómez y propiamente la Fiscalia no atendía “con eficacia y prontitud las quejas” . Este partido al día de hoy avala a una cercana protagonista pro gubernamental que estuvo involucrada en el desafuero de López Obrador e incluso en los video escándalos al lado del entonces presidente de la Suprema Corte de la Nación del Poder Judicial Federal, Mariano Azuela, pues fungía como secretaria de la presidencia y luego como oficial mayor en ese espacio judicial. Arely Gómez es hermana de Leopoldo Gómez alto directivo de Televisa y cadena de televisión que ha mostrado un denodado esfuerzo por demeritar el papel de los partidos así como del propio Instituto, Jenaro Villamil ha propuesto que este simple vínculo filial la ubica como una funcionaria cercana a este monopolio y quien al mismo tiempo es parte de la estrategia del proyecto Televisa Enrique Peña Nieto para –como dice Fermín Alejandro García columnista de la Jornada de oriente-, ganar las elecciones presidenciales de 2012.
A lo largo del último trienio del gobierno de Felipe Calderón 2009-2012 hemos visto un activo papel de las televisoras para atacar al árbitro electoral ya que ha ejecutado acciones legales que han implicado cobros millonarios por su antitético papel con la difusión de los spots electorales al que están mandatados por la ley electoral a transmitir. Por esta otra razón Arely Gómez debe verse como una candidata de la que se tienen que presentar severas dudas sobre su autonomía e independencia para manejarse en un cargo de tal envergadura.
Sin embargo, como hemos señalado tal parece que la memoria de los partidos es corta, ya desde octubre de 2010 la ex fiscal de la FEPADE era la propuesta del PAN y PRI pero no así del PRD quien ha mantenido a Emilio Álvarez Icaza como su propuesta pero que al sumarlo como la propuesta del grupo opositor minoritario compuesto por el PAN, PRD, Convergencia lo expone a no ser seleccionado, ya que si hay algo seguro debido al lugar de preferencia que han manifestado los dos grupos más fuertes en la Cámara de Diputados Arely Gómez se ubica como la más sólida candidata. El PAN y el PRD la han colocado en su primera preferencia seguida de David Gómez y de Emilio Álvarez Icaza, mientras tanto el PRI y PVEM la colocan en la segunda posición por detrás de Enriqueta Ochoa y precedida de Cecilia Tapia.
Cuidar al IFE es un objetivo que los partidos tal parece que no asumen, por lo que la decisión entorno del nombramiento de los próximos consejeros se ve expuesta a ser rehén del proceso electoral venidero en donde se juega más que la permanencia del PAN en la presidencia sino la posible victoria del PRI con un entorno favorecido por apoyos en diversos ámbitos de influencia en el escenario electoral.
