Cuando la violencia se convierte en un factor de cohesión los partidos políticos se alían, buscan protegerse, incluso generan acuerdos contra la violencia, y finalmente señalan culpables por fuera del sistema político. Rechazan la violencia para ratificar la política, sí, aquella en que partidos tienen el monopolio de la representación, por eso quizá asumen que como emisarios de la democracia, como pro hombres democráticos pueden-deben omitir el espíritu democrático en que el voto determina al triunfador en una elección. Su determinación no es ajena a situaciones o respuestas de las que el modelo político mexicano es proclive a ejecutar, en 1994 año en que derivado del alzamiento zapatista en Chiapas los candidatos presidenciales y los dirigentes de los partidos políticos firmaron el Acuerdo por la paz, la justicia y la democracia, sometiendo el ejercicio de religitimación política a un entorno meramente electoral.
Los problemas sociales desde esta dimensión, están diluidos, los espacios de expresión y propiamente las acciones no son reconocidas, fuera de la esfera electoral.
Esta observación sobre las prácticas públicas de la clase política para encontrar respuestas a la emergencia social (bien puede decirse inestabilidad) que vive el país, se resume en una frase: los actores resuelven un problema de legitimidad de origen como un asunto transicional. Se invierte la ecuación de los componentes consensuales que dieron existencia a las instituciones del sistema político mexicano cuando los partidos asumen que bajo acuerdos interpartidistas se puede resolver la selección y nominación de un gobernante, porque si advertimos que un gobierno representativo se conforma bajo el principio de consentimiento del mando, al presentar su oferta de candidato así como la agenda posible de gobierno, todo partido en competencia no asume que existe una contradicción en el seno de la democracia ya que no necesariamente el político nominado para competir por el cargo público en disputa emana del pueblo sino responde al interés y principios políticos que definen a la organización política. Ante ello, ¿qué argumento permite que el partido político acuerde con otra fuerza política quién y cómo se debe competir por un cargo público?
Si se privilegia este procedimiento estamos ante el fortalecimiento de un nuevo modelo de selección político, de un plumazo en el estado de Michoacán, con base en argumentos que no corresponden a una clase política capacitada para leer los hechos sociales que hoy determinan situaciones extraordinarias a la cotidiana realidad que hasta ayer México vivía, asumen que es posible adoptar un procedimiento oligárquico-representativo con lo que se violenta el marco democrático representativo.
El modelo democrático-representativo tiene a los partidos nominando candidatos y en una competencia abierta exponen ante los electores sus proyectos y programas políticos con el ánimo de allegarse su preferencia y su voto. Mientras tanto el modelo oligárquico-representativo tiene a los partidos como actores que nominan y anterior al proceso deciden al futuro triunfador, dejando fuera de este ejercicio el principio original de la democracia que se constituye a partir de que al ser una elección individual, es decir en la que cada voto representa la intención de un ciudadano se anima un principio de certeza y fiabilidad en las elecciones y por tanto en el gobierno que de este proceso emane. Sin embargo, al ser oligárquica la selección e identificando a los partidos como los actores responsables de este ejercicio tenemos que advertir una contradicción de la representación, pues se parte que representar implica proponer y por ende se da implícitamente un consentimiento a que el gobernante surge de este derecho que los partidos se arrogan inmanente a su acción pública. Derivado de lo anterior podemos problematizar esta situación si consideramos la siguiente pregunta ¿qué pasa política y procedimentalmente si el candidato que por consenso se ha designado no satisface a la sociedad? Como podrá verse la pregunta es un post más que un ante por ende la pregunta no afirma el problema de origen, ¿dónde los partidos fundamentan que la nominación del futuro gobernador puede ser consensual y que sea por encima de las preferencias de la ciudadanía?
Otro problema es la advertencia que proviene del propio sistema de partidos en la que el espectro ideológico es una variable determinante para juzgar negativamente una alianza del tipo que se pretende conformar en Michoacán, ya que la izquierda y la derecha e incluso el partido que hoy funge como centro en nada comparten principios, políticas o programas, mucho menos estrategias que permitan resolver los diversos problemas que en el citado estado hoy vive recurrentemente. Automáticamente se traduce en una alianza o acuerdo anti natura que no se resuelve su contradicción de origen (ideológica) considerando que el programa de gobierno será sensible a las demandas ciudadanas, ya que la experiencia inmediata que hemos tenido con las alianzas es la falta de mecanismos para rendir cuentas cuando el gobernador aliancista coloca a miembros de su familia en cargos públicos (Guerrero), cuando la capacidad de negociación es nula para resolver problemas que aquejan a la entidad en cuestiones educativas (Oaxaca), cuando los problemas de violencia aquejan y disminuyen la capacidad de acción del gobierno y la respuesta gubernamental se reduce a limitar la reproducción de narco corridos o en el caso extremo prohibir las minifaldas (Sinaloa), en suma administrativamente o políticamente un acuerdo no es una acción garante para que un gobierno sea eficiente, dotándose de las herramientas para que lo políticamente deseable sea administrativamente factible.
Por ende, una coalición de partidos que piensa en el Pacto de la Moncloa como mecanismo de solución de un problema sociológico, no político como fue la transición española es desconocer que la solución requiere un gobierno fincado en la sociedad, en el que los partidos son sólo unos agentes mediadores que posibilitan transformaciones legales, políticas y culturales para cimentar una sociedad basada en valores democráticos.
