LA VIOLENCIA NUESTRA DE TODOS LOS DÍAS

“La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles”
Élmer Mendoza

El medio ambiente nacional presenta a la sociedad una permanente violencia que se generaliza en los distintos ámbitos del desarrollo individual de las personas, no asombre que hoy, de acuerdo a datos otorgados por el INEGI, los niños menores de 15 años consuman 7500 escenas de crímenes, que como parte de los contenidos de la televisión algo tendría que hacer la instancia gubernamental encargada de regular los contenidos televisivos.
Asimismo, la violencia ha representado un viejo debate en el que se pone a consideración, si la violencia genera más violencia, no es de suponer que tendremos una respuesta absoluta que valide tal idea, pero si consideremos el tema como parte de un problema que nos empieza a circundar en cada uno de los espacios de la vida colectiva.
Es decir, el problema está cuando evaluamos que esta exposición a la violencia provoca una alta receptividad a estos sucesos, forman parte de nuestra cotidianidad, así la tolerancia que se va cimentando en el sujeto a este ambiente crítico, también determina que desaparezca la capacidad de asombro y al mismo tiempo provoque que no exista un rechazo absoluto a esta situación anómala que socialmente afecta al conjunto de los miembros que integran a la comunidad. El nuevo espacio de convivencia trae consigo nuevas gramáticas, que constituyen espacios determinados por una cultura que favorece el crimen, el terrorismo, estados de emergencia, militarización.
Un mundo citadino y rural que se determina por un lenguaje que avizora el sometimiento y la coacción, asuntos que nos hablan de un regreso a discursos autoritarios en el que la ley del más fuerte fuerza la conducta y norma espacios de excepción en el que se constituyen espacios territoriales donde las falencias de la ley permiten la violación no sólo de derechos sociales, sino de derechos humanos y políticos, así como los llamados derechos individuales se ven trastocados, pues la garantía de libre tránsito se ve altamente impactada al no existir las garantías necesarias para que las actividades ordinarias de los múltiples sectores que integran a la sociedad puedan realizarse, así cualquier actividad que crean conveniente estos sectores acometer en el espacio de la calle, de la ciudad, es difícil llevarla a cabo, producto de estos fenómenos inestables de los que el gobierno tanto federal y estatal son incapaces de encontrar soluciones eficaces.
Cuando referimos a este ambiente de violencia, atendemos a una situación en la que el tratamiento de este tema, ha extendido sus tiempos de transmisión en los programas de noticias, sin duda es un asunto que no puede ser soslayado, el periódico La Jornada y El Universal han mostrado que el fenómeno se ha desbordado, ambas publicaciones hacen hincapié en que la generalizada violencia es producto de la inadecuada estrategia de combate al crimen organizado. Es de suma preocupación que en lo que va del mandato de Felipe Calderón (18 meses), han habido 4044 ejecuciones en el país, es decir un promedio de 7.6 muertos cada 24 horas, sean muertos inocentes o delincuentes, las acciones gubernamentales no generan el consenso necesario para este tipo de acciones, sin duda no es con más violencia como cederá este fenómeno social.
Pues, mientras ocurren estos crímenes, los desplegados aparecidos en puentes y zonas de ciudades como Culiacán, advierten de que esta espiral continuará presente, al mismo tiempo las denuncias de corrupción o de colaboraciones entre gobierno y grupos delincuenciales que aparecen en esos desplegados, no es un asunto menor, por lo que hay que estar alerta, para esperar una respuesta que aclare si esos mensajes son falsos. La búsqueda de solidaridad a las campañas contra el crimen requiere de la mayor transparencia y de una publicitación de las estrategias que el gobierno instrumente para ese fin.
Nada justifica que poblaciones enteras vivan secuestradas o víctimas del terror de las redes que grupos del crimen organizado han creado en municipios del norte del país. Un aviso claro de que las estrategias gubernamentales de silenciosamente militarizar regiones está fallando, es que los crímenes siguen ocurriendo, junto con los enfrentamientos en los que los criminales están mejor armados que los cuerpos habilitados para la protección de la sociedad. Son focos rojos, de los que no sólo necesitamos declaraciones del Procurador Medina Mora señalando que vamos ganando la batalla al narco, también requerimos de las estrategias de prevención, de proyectos que sean soluciones integrales para limitar el espacio de la violencia.Una más, los proyectos de recuperación de los espacios públicos no sólo requiere de acciones en el que se busca que la población asuma como suyos los sitios recuperados, se requiere de las garantías de que los principios que regulan una convivencia democrática primen con sus normas las relaciones que se realicen en su interior. Para ello, el gobierno no sólo tiene que pensar que la guerra contra el crimen organizado requiere que la lucha sea en varios frentes con el objetivo de restituir la civilidad y la paz en los espacios que han sido penetrados por la violencia, sino también se requiere de un pleno Estado de derecho como garante de la sociedad misma, es decir una plena sociabilización de los valores de tolerancia, igualdad, libertad, valores que regeneren el tejido social.