SALVADOR MORA VELÁZQUEZ[1]
El Pacto por México, en sus Acuerdos para la
transparencia, en materia de
transparencia y la rendición de cuentas y combate a la corrupción, se ha
propuesto reformas en torno a tres problemas centrales que requieren atención:
a)
Realizar una reforma en materia de rendición de
cuentas contables en la que los tres órdenes de gobierno se vean obligados a
responder a reglas comunes y mecanismos homologados que permitan que el
ciudadano pueda disponer de información sobre el gasto público gubernamental;
b)
realizar una reforma constitucional que permita
que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos sea un órgano autónomo que tenga facultades ampliadas e injerencia en
todos los poderes públicos federales, facultades de revisión de resoluciones de
los órganos locales, así como contar con la facultad de atracción y,
c)
realizar una reforma que permita que los órganos
de transparencia locales cuenten con autonomía, se organicen de manera
colegiada y se especialicen en transparencia.
La reforma en materia de rendición de cuentas contables está
vinculada a los cambios que requiere la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Dicha Ley se propone transparentar, mejorar la rendición de
cuentas y detectar actos de corrupción que ocurran en el ejercicio
gubernamental, pues los necesarios sistemas de control al interior de la
administración pública requieren fortalecer la vigilancia en la asignación y uso
de los recursos públicos. La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción no
debe desvincularse de esta reforma, ya que perseguir la corrupción —así sea
sólo para legitimar la imagen pública del gobierno— requiere de cambios que
posibiliten enfrentarla con éxito en cualquiera de los órdenes de gobierno y en
la administración pública federal.
Sin embargo, hay que estar al pendiente de que la rendición
de cuentas que se propone ataque las causas y no las consecuencias del uso
indebido de los recursos públicos. Por eso, hay que atender los cambios a la
Ley, los reglamentos y manuales que regulan el uso de recursos públicos para
garantizar que los gastos del gobierno sean auditables, ya sea por su uso o su
omisión.
La segunda reforma requiere la adecuación del artículo 6º
constitucional para convertir al IFAI en un órgano constitucional autónomo de
alcance nacional, así como para homogenizar la legislación local con los
cambios y adecuaciones federales, es un paso requerido para blindar una cultura
de transparencia y rendición de cuentas. Esta reforma también ofrece la
oportunidad de contar con un instituto que tenga la facultad de atracción de
asuntos de interés o trascendencia pública. Es así que el IFAI se convertiría
en garante de transparencia y rendición de cuentas, ya que sería un órgano de
última instancia, que además establecería “criterios nacionales” en la materia.
El IFAI asumiría un papel clave para garantizar que actores
no sujetos a la rendición de cuentas y la transparencia lo hicieran. La reforma
está en sintonía con la iniciativa de Ley que en la Cámara de Diputados se
discute, pues considera que sindicatos, partidos, personas físicas y morales,
órganos autónomos, poderes públicos, fideicomisos, fondos públicos, en fin,
todo aquel que se encuentre en uso de recursos públicos estará sujeto a la Ley.
Se trata de una medida de alcance incierto, ya que hay límites para su
ejecución, toda vez que los sindicatos, como consecuencia de la autonomía
sindical, están en un supuesto de difícil solución. Lo mismo ocurre con los
partidos, que no dejan de ampararse ante los tribunales especializados en la
materia para evitar la regulación electoral, muy a pesar de que son reconocidos
como sujetos de interés público.
Lograr la transformación del IFAI requiere que el
nombramiento de los integrantes no recaiga en el presidente de la República. En
la iniciativa que se encuentra en el Poder Legislativo se considera que con el
voto de dos terceras partes del Senado se elijan a los comisionados a propuesta
de los grupos parlamentarios. Dichos candidatos a ocupar el cargo de
comisionados, esperarán la observación del Ejecutivo, quien sólo tendrá derecho
de objetar hasta por dos ocasiones dicha designación. Lo interesante del cambio
legal, es que la sociedad intervendrá en el proceso vía una consulta amplia.
La tercera propuesta de reforma es la más compleja de todas,
ya que busca arrancar de las manos de los gobernadores los órganos encargados
de la transparencia en los estados. El objetivo es claro: dotarlos de autonomía,
dotarlos se transformen en órganos colegiados que asuman la defensa y
protección de los derechos ciudadanos en materia de transparencia. Bajo esta
lógica el país romperá con un sistema de
accountability que se ha organizado en beneficio y protección de una visión
unívoca favorecedora del gobierno. Es recurrente la opacidad y/o reserva de
información pública con que se evita contar con un mecanismo virtuoso de
transparencia. Por eso, asumimos que
lograr un esquema de autonomía hace posible un modelo de pesos y
contrapesos que junto con la compleja articulación y participación de la
pluralidad política, garantiza la existencia de una cultura política de accountability que México necesita impulsar
desde los estados.
[1]
PROFESOR ASOCIADO B DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITO AL CENTRO DE ESTUDIOS EN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES-UNAM
