Las reformas electorales que ha llevado a cabo el Congreso guardan un alto significado para el perfeccionamiento de la competencia. Pues el cambio dota al Instituto Federal Electoral de capacidades fiscalizadoras amplias al tener competencia sobre los recursos que los partidos reciben de fuentes anónimas que por vía bancaria aportan a las arcas partidistas. Así el secreto bancario queda como un criterio que se anula por cuestiones electorales. Llegar a este cambio de la ley secundaria tienen antecedentes importantes, quizá los más importantes sean los casos de los Amigos de Fox o el Pemexgate, donde estuvieron involucrados tres partidos políticos el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista (Alianza por el Cambio) y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.
Ambos casos fueron, no sin generar desencuentros de opinión, resueltos por el órgano electoral con sendas multas a las fuerzas involucradas en dichos actos de malos manejos financieros. Recursos económicos que los partidos habían recibido como aportes financieros y que no fueron reportados ante la instancia fiscalizadora. El Pemexgate figura como un asunto complejo que involucró a un sindicato a una organización bancaria y al propio partido, pues la “donación” de 500 millones de pesos que fueron a parar a las arcas partidistas quedó comprobado gracias al apoyo de la PGR, quien integró el expediente correspondiente. Sin embargo, el secreto bancario y fiduciario limitó el apoyo de la Comisión Bancaria y de Valores para presentar las pruebas que documentaran la transacción de los recursos económicos a manos de funcionarios de un partido político, en este caso el PRI, con lo que el IFE tuvo que buscar otros mecanismos con que paliar el problema de cooperación de instancias vinculadas a los asuntos electorales. Es así que la FEPADE como órgano jurisdiccional en asuntos electorales generó las pruebas documentales útiles que derivaron en la multa de mil millones de pesos a la cual se hizo acreedor el Partido Revolucionario Institucional.
El caso Amigos de Fox fue un caso que implicó fuentes de financiamiento ilegal a partir de fondos repartidos en cuatro cuentas bancarias, averiguar el origen y los recursos aportados a la entonces campaña del candidato a la presidencia de la República Vicente Fox requirió el apoyo de CNBV y de la Secretaría de Hacienda, su negativa para permitir el acceso a las cuentas bancarias significó un límite para esclarecer el delito electoral.
Finalmente la solución llegó al IFE de la mano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien apoyó el trabajo del órgano electoral de manera permanente. Es así que se encontró doble contabilidad en la campaña de Vicente Fox, el financiamiento paralelo permitió para la Alianza por el Cambio obtener recursos que al final significaron una violación a la Ley electoral pues se rebasaron los topes de campaña por más de 18 millones de pesos.
Si bien las reformas en cuestiones electorales que han sido avaladas en este junio de 2008 buscan acabar con estos actos ilícitos donde recursos privados rebasan el tope de campañas (caso Amigos de Fox) o de recursos públicos que acaban en las arcas de los partidos vía un sindicato (Pemexgate), son asuntos que tratan de ser erradicados del ambiente electoral con el firme objetivo de generar una competencia en igual de circunstancias para los competidores, el anular el secreto bancario cuando se esté en presencia de un delito electoral es un avance. Sin embargo, la imperfección de la reforma se muestra cuando se eliminan causales por las que se puede anular un proceso electoral a saber: rebasar topes de campaña y desvío de recursos públicos a los partidos políticos. El asunto no es menor, pues los dos partidos que se han visto involucrados en estos actos han sido los principales opositores a esta reforma en el Senado.(La Jornada 21 de junio 2008) Estamos ante una propuesta de cambio limitada, si bien se juzga los fondos ilícitos pero no así si el resultado que es producto de la utilización de recursos económicos no legales. Veremos cómo se remiten casos que no acaban con una sanción ejemplar, pues el pago de multas se ha visto no inhibe actos ilícitos, por el contrario los vuelve más complejos, por momentos secretos, la reforma tiene que tener un amplio espacio para que la fiscalización también trascienda el control y la prevención.
México no puede permitir un gobernante que emane de la violación de la ley, no puede permitirse un escenario de este tipo de nueva cuenta. Para ello, pongamos atención en la nueva Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral pues se le ha dotado de una capacidad que poco tiene que ver con la otrora Comisión de Fiscalización que tantas dudas reportó a los partidos. La unidad contará con autonomía de gestión y con la capacidad de investigación incluso en cuentas bancarias esto es un avance, esperemos el nombramiento de su Director quien por perfil deberá ser un hombre que asuma su autonomía e independencia de cualquier preferencia política.
Ambos casos fueron, no sin generar desencuentros de opinión, resueltos por el órgano electoral con sendas multas a las fuerzas involucradas en dichos actos de malos manejos financieros. Recursos económicos que los partidos habían recibido como aportes financieros y que no fueron reportados ante la instancia fiscalizadora. El Pemexgate figura como un asunto complejo que involucró a un sindicato a una organización bancaria y al propio partido, pues la “donación” de 500 millones de pesos que fueron a parar a las arcas partidistas quedó comprobado gracias al apoyo de la PGR, quien integró el expediente correspondiente. Sin embargo, el secreto bancario y fiduciario limitó el apoyo de la Comisión Bancaria y de Valores para presentar las pruebas que documentaran la transacción de los recursos económicos a manos de funcionarios de un partido político, en este caso el PRI, con lo que el IFE tuvo que buscar otros mecanismos con que paliar el problema de cooperación de instancias vinculadas a los asuntos electorales. Es así que la FEPADE como órgano jurisdiccional en asuntos electorales generó las pruebas documentales útiles que derivaron en la multa de mil millones de pesos a la cual se hizo acreedor el Partido Revolucionario Institucional.
El caso Amigos de Fox fue un caso que implicó fuentes de financiamiento ilegal a partir de fondos repartidos en cuatro cuentas bancarias, averiguar el origen y los recursos aportados a la entonces campaña del candidato a la presidencia de la República Vicente Fox requirió el apoyo de CNBV y de la Secretaría de Hacienda, su negativa para permitir el acceso a las cuentas bancarias significó un límite para esclarecer el delito electoral.
Finalmente la solución llegó al IFE de la mano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien apoyó el trabajo del órgano electoral de manera permanente. Es así que se encontró doble contabilidad en la campaña de Vicente Fox, el financiamiento paralelo permitió para la Alianza por el Cambio obtener recursos que al final significaron una violación a la Ley electoral pues se rebasaron los topes de campaña por más de 18 millones de pesos.
Si bien las reformas en cuestiones electorales que han sido avaladas en este junio de 2008 buscan acabar con estos actos ilícitos donde recursos privados rebasan el tope de campañas (caso Amigos de Fox) o de recursos públicos que acaban en las arcas de los partidos vía un sindicato (Pemexgate), son asuntos que tratan de ser erradicados del ambiente electoral con el firme objetivo de generar una competencia en igual de circunstancias para los competidores, el anular el secreto bancario cuando se esté en presencia de un delito electoral es un avance. Sin embargo, la imperfección de la reforma se muestra cuando se eliminan causales por las que se puede anular un proceso electoral a saber: rebasar topes de campaña y desvío de recursos públicos a los partidos políticos. El asunto no es menor, pues los dos partidos que se han visto involucrados en estos actos han sido los principales opositores a esta reforma en el Senado.(La Jornada 21 de junio 2008) Estamos ante una propuesta de cambio limitada, si bien se juzga los fondos ilícitos pero no así si el resultado que es producto de la utilización de recursos económicos no legales. Veremos cómo se remiten casos que no acaban con una sanción ejemplar, pues el pago de multas se ha visto no inhibe actos ilícitos, por el contrario los vuelve más complejos, por momentos secretos, la reforma tiene que tener un amplio espacio para que la fiscalización también trascienda el control y la prevención.
México no puede permitir un gobernante que emane de la violación de la ley, no puede permitirse un escenario de este tipo de nueva cuenta. Para ello, pongamos atención en la nueva Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral pues se le ha dotado de una capacidad que poco tiene que ver con la otrora Comisión de Fiscalización que tantas dudas reportó a los partidos. La unidad contará con autonomía de gestión y con la capacidad de investigación incluso en cuentas bancarias esto es un avance, esperemos el nombramiento de su Director quien por perfil deberá ser un hombre que asuma su autonomía e independencia de cualquier preferencia política.
