EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ORDEN DE GOBIERNO MUNICIPAL

Hoy la fuerza que define al Estado se encuentra sometida a la incapacidad de los administradores de los gobiernos locales y federales para dotar de un eficiente programa que por lo menos tenga una viabilidad de contención de los graves problemas que aquejan a la sociedad. Que existan grupos, células de criminales, rondando los caminos y municipios de entidades federativas nos permiten imaginar un cuadro que anteriormente no se había considerado, el crimen se encuentra en la raíz de la estructura de la organización política del Estado mexicano.

Veamos el siguiente escenario, con un primer vistazo tenemos que los recursos que van a caer a los municipios son utilizados en asuntos que van desde servicios públicos hasta el cubrir los sueldos de funcionarios municipales, pasando por el pago de la fuerza pública. Ya hace algún tiempo en la ciudad de Tijuana reportó que el equipo de los policías no era el más adecuado para enfrentar al crimen organizado, incluso se sospechaba que ellos eran miembros del grupo delincuencial o que proveía de seguridad a estos actores. El clamor de policías es la falta de equipo que permita hacer frente a los grupos que constantemente ponen en peligro su trabajo, que acechan sus cuarteles incluso atacándolos con armas de calibres exclusivos del ejército, recordemos el caso en algún municipio de Tabasco hace ya algunos años, o los bazucazos en ciudades del norte del país no sólo contra la policía estatal si no contra el propio ejército con lo que la amenaza de este poder con un brazo ejecutor tan amplio y letal está presente en todo el territorio nacional.

Incluso pareciera una estructura con una capacidad de trasmisión de datos e información que sobrepasa la capacidad de vigilancia de los gobiernos locales, hay demasiadas preguntas en el ambiente, por ejemplo ¿quién coloca las mantas con que los narcos anuncian sus actos que se convierten en acciones de fuerza? ¿Quién permite el despliegue de autos por las carreteras nacionales sin que se considere que en ellos pueden ir una decena de cuerpos acribillados?

Ante una situación tan complicada el dilema tanto de unidades territoriales conurbadas del Distrito Federal  así como municipios tan lejanos del centro del país está en comprar patrullas para la prevención del delito o comprar equipo para prestar un óptimo servicio público. Mientras tanto, el crimen sigue realizando ejecuciones que reproducen un alto grado de inestabilidad que en el espacio ciudadano generan un temor generalizado que impacta en la percepción de eficacia del gobierno.

Así hoy tenemos una tensión permanente entre programas de lucha contra el crimen organizado y las cifras que arroja el enfrentamiento entre el crimen organizado y las fuerzas del orden las cuales en esta guerra van perdiendo a pesar de que la publicidad oficial nos diga lo contrario. Sería bueno saber cuanto se gasta en estos mensajes y compararlo con los recursos que los municipios aplican en cuestiones de seguridad pública, seguramente no sería ninguna sorpresa saber que el gasto gubernamental en sus campañas mediáticas en proporción al gasto municipal ni siquiera se equiparan en porcentaje. Estamos en presencia de acciones que desde el centro no resuelven nuestro problema de seguridad, por el contrario los municipios están atados de manos entre satisfacer las necesidades básicas de servicios públicos o enfrentar al crimen organizado. Y hasta el día de hoy ya sabemos cuál es el resultado.

EL PROCESO ELECTORAL DE 2006 A REVISIÓN: LA SANCIÓN INEXPLICABLE DEL IFE

La reciente multa que sobre los partidos ha sido establecida por el Instituto Federal Electoral no conforma un proceso de vigilancia que podamos considerar como parte de los procedimientos que la accountability establece como parte definitoria de su razón de ser, son varios elementos a considerar, el primero de ellos está determinado porque la sanción y calificación del proceso electoral ha sido ejecutada por el Tribunal Electoral quien evitó tomar postura ante las actitudes poco responsables y de apego irrestricto a los principios y acuerdos contemplados por el IFE para sancionar las elecciones del año 2006. Aquel año, tan sólo el presidente del Instituto contempló una sanción moral ante el comportamiento de Vicente Fox quien intervino abiertamente a favor de Calderón al presentar un discurso público en el que advertía del riesgo de no profundizar el cambio que había iniciado en el año de 2000 cuando Fox asumió la presidencia de la República. Esta actitud fue evaluada por el Tribunal en su Dictamen señalando que el Acuerdo de neutralidad establecido por el Consejo General del IFE publicado el 23 de febrero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, sirivió como  medida “… tendente[s] a restringir y a minimizar la realización de esas conductas del Ejecutivo federal que podrían estimarse contrarias al grado ideal de neutralidad…” (Tribunal Electoral,2006: 132) Con lo que podemos advertir que el IFE se extralimita al multar un acto juzgado y que no puede ser puesto a sanción o revisión por otro órgano.

No asumiendo que el acto del IFE tiene una finalidad por sí válida, el acto representa una acción que al mismo tiempo requiere atención, la multa contra el Partido de la Revolución Democrática tomando como causal de sanción la toma de la Tribuna de San Lázaro y el plantón en Reforma, ambas acciones partidistas, desde nuestra perspectiva escapan a los asuntos que competen al Instituto. Si bien las actividades cotidianas de un partido son de la observancia del IFE en tanto entidades de interés público, la expresión y desacuerdo de las fuerzas políticas no necesariamente se circunscribe a seguir los cánones de la política institucional la capacidad de chantaje incluye el elemento de la desobediencia civil, concepto que autores como Jürgen Habermas presentan como parte de una de las estrategias de participación siempre en los límites y elementos no sancionables que la ley los permite. Esto es si consideramos que el PRD asume la protesta en la toma de Tribuna o en la ocupación de una de las avenidas más importantes de la capital no necesariamente son eventos de los que el IFE deba prestar atención pues pasan por instancias ajenas a su injerencia el cuidado y sanción motivo de su atribución.

Velar por el respeto de los principios democráticos es reducir su acción de trabajo a un ámbito jurídico que no corresponde con su calidad de entidad autónoma, la pregunta es ¿hasta dónde alcanza su capacidad de intervención en un cuerpo representativo que representa la soberanía popular? ¿Los actos de los legisladores en su espacio de trabajo puede ser normado por el Instituto Federal Electoral? Para eso hay un órgano de autoridad al interior de la Cámara de Diputados y no una entidad externa que tiene por misión la de llevar a cabo la administración electoral. En este sentido, podemos observar como una medida política que como dice Marco Antonio Baños busca construir una autoridad fortalecida suponemos que esta buscan lograrla a partir de golpes mediáticos que reporten credibilidad hacia esa institución como un órgano capacitado para mostrar sanciones ejemplares que trastocan actos ya juzgados durante la calificación electoral.

El asunto de considerar la ocupación de reforma no es un acto menor, la polarización que vivió el país durante ese año lo trivializa el propio Tribunal Electoral al señalar que la actitud de Vicente Fox y sus diversos discursos públicos no fueron de tal magnitud para que el proceso en su conjunto fuera repuesto, asimismo la argumentación que constituye una inverosímil exposición de ley de ojo por ojo es apelar que si bien el presidente había estado violentando el marco de las reglas de la competencia, así como el Consejo Coordinador Empresarial no se demostraba que con sus actos y spots se estuviera alterando la “intención del voto”.

De esta forma podríamos pensar que, a pesar de que la política democrática hoy en boga así lo considere, que los actos de Reforma son parte de un proceso de expresión partidista que se habilitan como parte de las acciones que puede y asume un partido como las más válidas para mostrar ante la opinión pública su postura ante los actos de las autoridades del país, sin que esto signifique un acto de vandalismo, que por cierto debió ser sancionado por las autoridades civiles no por un tribunal electoral o federal, en ningún momento que nosotros hayamos tenido noticias, hubo la presentación de demandas por el ataque a las vías de comunicación lo cual constituyera un delito. La expresión de la avenida Reforma vino a significar un espacio de expresión que despresurizó la vida política nacional. Como válvula de escape distendió el conflicto, se permitió la expresión colectiva si se quiere ver como una explicación ramplona.

La multa en este sentido no tiene asidero, se monta en un asunto de alta politización para ganar imagen positiva por parte del IFE.

Con referencia al PRI el motivo de la multa es por la transmisión de un spot durante la tregua navideña esta sanción referida no se muestra como un acto que haya sido evaluado y revisado por el Tribunal, sólo vuelve a mencionarse al Ejecutivo quien nuevamente sale exculpado señalando que los actos del señor Vicente Fox no afectaron a “potenciales electores”, si es de esta manera la sanción del IFE rebasa la propia validez y calificación del Tribunal Electoral. Con esto queremos decir que la incapacidad de una efectiva regulación del proceso por parte del IFE provino de la debilidad que tuvo desde su origen, nunca fue asumido como la autoridad electoral, como el árbitro de la contienda por todas las fuerzas políticas era sabido que desde 2003 cuando toman posesión los consejeros electorales la exclusión del PRD generaría dificultades y un déficit de la legitimidad de este órgano supremo electoral. El motivo, el sistema de cuotas para proponer candidatos a ocupar el Consejo General no había sido ampliado al partido que al final de la contienda electoral y conforme a la calificación de la elección quedó en segundo lugar.

Finalmente, desde este ángulo tenemos una sanción que quiere rayar en una apoliticidad basada en la racionalidad jurídica, en un proyecto de neutralidad que el propio Instituto no supo establecer para todas las fuerzas y actores que intervinieron en el proceso. Ni siquiera podemos apelar que el Tribunal lo hiciera, pues asumió una actitud que lo presentara no como un “… tribunal de pleno derecho, sino como uno de conciencia…”(Pérez Fernández del Castillo, 2008:130)

Concluyamos los actos punitivos deben ser sancionados y juzgados dentro del marco de atribuciones y espacios de injerencia con que cuenta un instituto, pero al mismo tiempo el juzgar requiere de observar y evaluar críticamente el comportamiento del árbitro que quiere sancionar pues aquí la vigilancia del comportamiento de los actores así como la rendición de cuentas mediante mecanismos como es la fiscalización son procesos que requieren de una autoridad moralmente fuerte y el IFE en el proceso de 2006 no lo significó, el dilema hoy en día vuelve a presentarse ante los ojos de la ciudadanía que aun no logra recuperar la confianza en las instituciones de la democracia por ejemplo el IFE sólo tiene una imagen positiva del 43% de los encuestados (Reforma 27 agosto 2008), con lo que podemos hacernos una pregunta quien vigila al vigilante en días en que el país sigue roto, y una constante espiral de ingobernabilidad. Hoy la cohesión social está lastimada y con mucho los culpables siguen haciendo como si nada hubiera pasado en ese año de 2006.

EL ESTADO FALLIDO

Los territorios perdidos del Estado podría titularse el capítulo de la violencia en México pues como hemos venido señalando en artículos pasados, la inoperancia de los programas contra la inseguridad al ponerlos a prueba, han mostrado su fracaso, con lo que tenemos frente a nosotros una crisis de la función y capacidad de gestión del Estado como categoría. El fin del Estado como medio para la consecución de fines específicos como es el cuidado y la defensa de la propiedad privada, así como la defensa y protección de la vida de los integrantes de la comunidad política requiere de un análisis más profundo para observar las débiles redes de legitimidad y de apoyo con que cuenta. 

Una de las tesis más socorridas para ver esta pérdida de legitimidad y por ende de apoyo social ha sido el proyecto económico que la clase gobernante ha operado para lograr los niveles óptimos de equilibrio, esto ha traído como consecuencia que se valore que el Estado se ha desentendido de su responsabilidad social en tanto cuerpo intermediario de las relaciones colectivas; es decir, la falta de solidaridad social, de certidumbre en el individuo en cuanto a la materialización de sus expectativas de vida han sido fracturadas producto a que los proyectos de empleo y bienestar individual han sido anulados ante la falta de políticas sociales con programas universales que doten de servicios de bienestar al conjunto de la sociedad. 

 

Las causas pueden ser muchas pero destaco la ineficiente política para constituir proyectos productivos que doten de empleo al creciente número de población trabajadora que se incorpora a la índice de población en edad para laborar. Ante el poco número de población económicamente activa que se vuelve cautiva del fisco tenemos un insostenible marco de prestaciones sociales, así ante un Estado poco imaginativo para captar los recursos suficientes para implementar programas sociales universales se construye un escenario crítico ampliamente receptivo para un desequilibrio social que deriva en un malestar individual lo cual impacta en el ámbito de las instituciones, en esos valores que conforman la identidad y pertenencia a ese mismo Estado que hoy se desentiende de la función social inmediata para el sostenimiento de la idea social. 

Por eso, cuando apelan a la unidad nacional, los actores que podemos definir como parte de la política formal, ante eventos tan devastadores como el acto de terrorismo que sufrió la ciudad de Morelia no tenemos que detenernos en un programa coyuntural y de corto alcance para evaluar la utilidad del Estado, consideramos que este fenómeno de retroceso del Estado de asuntos sociales, económicos e incluso políticos ya advertían del peligro de este peligro. Advertimos que los grupos que miran al Estado como su enemigo perciben su debilidad porque compran a sus integrantes los someten a sus proyectos de manera sencilla porque tienen hambre, porque en el interior de la sociedad no encuentran el espacio adecuado para un desarrollo integral. Encuentran apoyo, recuérdese al narco regalando material para reconstruir una comunidad en algún estado de la República después de haber sufrido un evento metereológico, esto es la percepción social para soportar la presencia de estos poderes fácticos no se resuelve con denuncias sino al mismo tiempo debemos evaluar con quien vamos a llenar los espacios vacíos de apoyo, recursos, protección. No estamos hablando de que los poderes fácticos brindan bienestar, no lo creemos, consideramos simplemente que cuando el Estado se retiró aparecieron espectros que utilizaron a este sujeto depauperado -de valores, de expectativas- para sus intereses, para sus proyectos, lo que construyó una red de complicidad no social, si no más bien basada en el solapamiento. Esto ha sido producto de, volvemos a señalar, que el Estado no prosiguió su función primordial como ya lo hemos mencionado, ahora que adolece incluso de fuerza para contener la violencia recarga aun más en la sociedad para allegarse de apoyo para defender a la propia sociedad. ¡Qué contradicción! 

Haciendo un sumario histórico, el Estado se retiró del mercado, de la política corrió al ciudadano, se exento de su obligación social para dotar de un plan de bienestar a la sociedad en su conjunto mediante programas educativos incluyentes  garantizadores de la diversidad pluricultural del país, de programas de empleo que permitieran un nivel de vida considerado como aceptable, de un plan de salud y de vivienda finalmente; hoy el Estado es inoperante para generar protección, ampliar el manto de seguridad pues es incapaz de ampliar el principio de la ley como herramienta para generalizar nuestro orden y vida colectiva. 

Así el narcoterrorismo es heredero de este fenómeno que por lo menos vivimos desde hace veinte años en que se han profundizado la desigualdad social entre los mexicanos de una política amoralizada que ha adoptado los mismos códigos de la mafia, aceptando sus recursos, de un gobierno que se comporta como una clase política ajena a los problemas de corrupción, extorsión, contrabando; esto es, cuando desaparecen los valores de la política, cuando se elimina el código ético del orden social, cuando se pierde la capacidad de asombro ante los crímenes estamos ante un Estado ineficiente, ante una clase política sin capacidad para lograr que su debilidad se convierta en fortaleza el país sufre como lo dice Samuel González un Estado fallido.

EL DÍA MÁS VIOLENTO

El día más violento en la República mexicana  no sólo nos dice que el proyecto y estrategia de seguridad implementado por el Gobierno federal ha fallado si no que ha sido inoperante, también nos presenta ante los medios de comunicación a funcionarios públicos que resuelven las duras preguntas de los reporteros con argumentos tan simples que parecen desinteresados, pensar que la muerte de estas 48 personas 24 de ellas con una edad de entre 25 y 35 años nos habla de un asunto no menor, la violencia cada vez alcanza a población más joven. Esta tan evidente demostración empírica nos permite una reflexión que agudiza y pone atención sobre la función de los gobiernos para prevenir la violencia como código de interacción, la violencia como método de desarticulación social no sólo representa un problema para los índices policiacos, nos sitúa en que la justicia en México lucha contra un actor escondido bajo la piel de una sociedad en descomposición. Pero al mismo tiempo nos muestra el difícil mundo al que se enfrenta la población joven de México. La inoperancia de programas sociales de una integral política de empleo e incluso de un proyecto educativo nacional nos ofrece un cuadro crítico en la cual la salud del país se ve diezmada. Sobre todo cuando nuestro médico preventivo se encuentra inmerso en esta espiral de violencia. Por ejemplo veamos las declaraciones de García Luna quien señala que todas la policías están infiltradas por el crimen organizado, o que en casos en concreto nos enfrentamos que un agente federal está involucrado y posiblemente es señalado como un miembro más de la banda que secuestró y asesinó al joven de la familia Martí. Tanto de un bando como de otro hay hombres y mujeres que sin menoscabar su condición son mexicanos, ¿qué ha ocurrido para que los hoy delincuentes hayan hecho una vida por fuera de los marcos de convivencia que la institución del Estado ha proveído para todos?, ¿cuál es la capacidad para enfrentar este poder fáctico que puede disponer de la vida de seres humanos en plena luz del día?, ¿dónde está la acción integral de nuestra policía?, ¿cómo debemos entender los acuerdos de seguridad en los que nuestros gobernantes se desviven en reuniones que son poco productivas? Ahí queda para la historia este día viernes 12 de septiembre de 2008 como el día en que la ineficacia de los gobiernos representó la jornada en que México se quedó sin una institución formal que le garantizara sus derechos y libertades.

¿EL GOBIERNO DE GABINETE UNA OPCIÓN?

Entender la posición de Manlio Fabio Beltrones con respecto a la idea de un gobierno de gabinete si es que así fuera, adolece de un análisis crítico sobre cuestiones tan complejas como es la interacción del gobierno con el sistema de partidos, el sistema electoral y desde luego el sistema de valores que definen la cultura política de la sociedad mexicana. Veamos: La propuesta se ha construido sobre la base de que el gabinete tenga responsabilidad ante el Poder Legislativo, hasta hoy recuérdese que el gabinete sólo tiene que rendirle cuentas al titular del Poder Ejecutivo con lo que se cumple una de las características del sistema presidencial, así tenemos que no hay capacidad del Legislativo para nombrar o sustituir a miembros del gabinete, lo que más se puede reglamentar es que esa prerrogativa fuera un acto consensuado, sin embargo aunque el modelo sufriera ese ajuste el secretario de despacho responde al Plan de Desarrollo que el presidente de la República esta obligado a presentar ante la sociedad y el cual determina el marco que establece los principios y objetivos de dicha administración e incluso el plan sectorial. Es así que si existiera alguna capacidad de veto legislativo a algún miembro del gabinete este veto no contradice la facultad de nombrar al equipo que coadyuvará en su mandato al presidente.

De esta manera si hubiera responsabilidad de nominar a los miembros del gabinete por parte del Legislativo estaríamos ante un problema de responsabilidad pública, pues literalmente el miembro del gabinete tendrá dos jefes: el presidente y el Congreso. El dique para que esta propuesta se evite la tenemos en un elemento en donde se involucra la legitimidad y la legalidad como factores que permiten entender por qué no hay posibilidad de que haya una responsabilidad del gabinete ante el legislativo, y el motivo que mejor se apega a nuestro argumento es que ambas instituciones Ejecutivo y Legislativo emanan del voto ciudadano, y  aún más una representa la soberanía popular y la otra la soberanía y representación del Estado, es así que el sistema presidencial no permite un Ejecutivo dual hay un sola cabeza de mando y ese es el presidente. Por  eso una distinción aun más fuerte que describe la imposibilidad de que el Congreso sea un actor que vea por la conformación del gabinete es la que nos dice que el poder ejecutivo ejerce el mando como jefe de Estado y jefe de gobierno, cualquier modificación a este criterio desvirtúa y absolutamente estaremos ante una nueva forma de gobierno, y ante ello tenemos que tomarlo con la calma y ejercicio reflexivo de que la decisión sea la más acertada para el país.

Así para aceptar el cambio se requeriría la transformación de la estructura y organización nacional, regional e incluso local de los partidos políticos con el objetivo de conformar fuerzas políticas con una mayor interacción con sus militantes y electorales. De esta forma los partidos ligados con su entorno recogerán las demandas y expresiones más vinculantes posibles, pues se buscaría que la parlamentarización del sistema político que de facto ocurriría, tuviera actores más sólidos en lo local, en donde su responsabilidad también aumentaría pues los hilos del gobierno al menos en cuestiones de administración quedarán en manos del Legislativo. Por tanto se requiere de un partido distinto en términos ideológicos, en términos de propuestas legislativas que emanen de las plataformas y programas del mismo partido, no como hoy ocurre donde la propuesta electoral nada tiene que ver con los principios y programas políticos que definen el planteamiento general de un partido, por decir lo menos a veces se contradicen.

Por otra parte hay elementos históricos que imposibilitan también este cambio, normemos nuestro criterio a partir de que hemos constituido por más de 180 años de vida independiente nuestra idea de gobierno ligada a una figura fuerte a la cual hacemos responsable de todos lo males que aquejan a la nación. Es la figura mesiánica, el ogro filantrópico, el señor presidente, el hacedor de futuro a políticos en ascenso. Desde esta perspectiva el sistema presidencial tiene un arraigo histórico en nuestro sentir nacional, cambiarlo quizá sea el factor más maleable y factible de estimular, pero, ¿cómo se destrona una figura en un periodo Legislativo de tres meses de trabajo? ¿el tránsito de un modelo a otro con qué figura lo reponemos mientras el cambio cobra efecto? ¿estamos preparados para una modificación de este tipo? ¿no se requiere que la propuesta sea avalada por el conjunto de la sociedad mediante un refréndum, plebsicito? Esta última pregunta cobra sentido y la formulamos como la más importante porque creemos que no es una cuestión menor, si el Legislativo se encarga de proponer un gabinete para imponerlo al Jefe de Gobierno tendremos que las atribuciones del Legislativo crecen y si es así, entonces nuestro asunto meramente administrativo y que es pensado como solución para que los secretarios de despacho sean responsables de sus actos, al menos eso se dice, se convierte en un problema político de gran relevancia pues lo que parece una medida que permita la rendición de cuentas y la responsive se convierte en un debilitamiento de la figura presidencial. Y eso no puede ser posible jamás. Una reforma del Estado en un sistema presidencial no debe plantear la debilidad de un poder para fortalecer a otro al menos si lo que se quiere es seguir manteniendo el sistema. Por eso, concentrémonos en una tarea de menor alcance pero de mayor utilidad revisemos y corrijamos los errores del modelo y al mismo tiempo valoremos las virtudes del sistema presidencial que por algo perdura en zonas importantes del mundo.

EL GOBIERNO DE CALDERÓN: PROBLEMAS Y SOLUCIONES PENDIENTES

El régimen presidencial mexicano adolece en su nueva etapa de la fortaleza que emana de la institución del voto, producto de múltiples factores, no es culpa sólo del presidente, sino de aquellos órganos encargados del proceso de selección de los gobernantes tal y como la democracia ha sido instituida como un proceso político. Quizá aquella incapacidad inducida por la inexperiencia y nula capacidad para llevar a cabo sus atribuciones para dotar al país de un gobierno que emane con la suficiente legitimidad para acometer los diversos conflictos que circundan el escenario nacional sean los factores que hoy puedan tomarse como antecedentes inmediatos de un submundo que en la política ha provocado que existan voces que señalan una situación de ingobernabilidad que para la agenda mediática se ha concentrado en el ámbito de la inseguridad. No asumimos que el discurso monotemático de los diversos actores que invaden los espacios públicos sea el único asunto de importancia para la totalidad de la población, encontramos límites en esta discusión pues tenemos situaciones en los que la falta de expectativas de una mejor calidad de vida, por ende pobreza, falta de empleos, un incremento constante de la gasolina que impacta el precio de los productos básicos de manera discreta pero sostenida hacen patente un ciclo de desestabilización social y desequilibrio que en el individuo generan desencanto en la política institucional. La salida social es por ello se materializa en la presencia de los grupos que forman a la llamada sociedad civil en el espacio de la calle haciendo suyo un descontento que en el sujeto manifiesta temor, incertidumbre e incluso impotencia ante los problemas que aquejan su mundo cotidiano.
Si a esto sumamos que los poderes fácticos se muestran más beligerantes que nunca encaminando un ambiente de confrontación con los políticos, tenemos que la debilidad del presidente no es sólo producto de cuestiones estructurales, donde las voces críticas ya habían puesto la mirada para señalar que el proyecto tal cual como se pintaba era incapaz de ofrecer soluciones viables al conjunto de problemas que para el momento del cambio de gobierno en el año de 2006 se mantenían en un impasse derivado del beneficio de la duda o de buena voluntad que todo proyecto merece, desde esa óptica el proyecto ya toco fondo ya es insostenible. No hay empleos la brecha entre pobres y ricos sigue ahí, la inflación sigue manteniéndose por lo menos en el promedio latinoamericano alta, y el futuro en cuestiones de crecimiento nos dice CEPAL será menor incluso que en naciones como Perú. El país adolece de un cuerpo gubernamental que mire los signos críticos con la imaginación que sólo brinda la habilidad de la negociación y concertación para involucrar a la mayoría de actores en búsqueda de una dirección que mantenga un equilibrio entre las partes integrantes del Estado. Sin esta mínima capacidad el gobierno de amigos que Calderón ha conformado en el primer círculo con políticos inexpertos seguirá provocando una situación de difícil manejo. Atendamos que la política interna requiere de un verdadero negociador que ubique los focos de tensión que van desde las tribunas parlamentarias hasta la política que se vive en la calle, con el objetivo de encontrar salidas y acciones de contención y resolución; la realidad nos dice que así no se ha procedido, mantener a un secretario de gobernación que ocupa el cargo con una falta de legitimidad producto de sus prebendas que ha venido acumulando desde el sexenio pasado lo vuelven un actor invalidado para un número de actores de la política. Desde ahí podríamos decir, ¿cómo se puede resolver el problema de la corrupción si nuestros políticos responsables son los primeros que disfrutan de los “beneficios” que la política les permite? El caso incluso alcanza a otras secretarías del gobierno federal, por tiempo y espacio nos limitamos al caso Mouriño, pero el hoy ex secretario de Economía Sojo tiene mucho que explicar.
Así el dilema estructural que conjuntado con un déficit de legitimidad producto de lo anteriormente referido, nos ofrece un transito complicado para el próximo periodo de evaluación de la gestión de Calderón en su segundo año. En este sentido los actores que han participado de una manera crítica en el espacio de la opinión pública para presentar el argumento de que la ineficacia de Calderón para ofrecer soluciones a los problemas que aqueja la sociedad, ligado con la inestable condición que vive el país producto del crimen organizado, fácilmente pueden derivar en su deposición e incluso en situaciones de índole catastróficas para la persona del presidente de la República. Esta idea presentada arriba nos advierte de una excesiva tensión ene l ámbito de la política por lo que hay que ser cuidadosos, pues cuando la política institucional se ve amenaza por el poder de una sociedad contestataria el poder del estado se vuelve en su forma más represiva.
Estos discursos tienen a dos actores constantes de la vida pública políticos René Arce “La lucha contra el crimen organizado costará muchas vidas, y a lo mejor la de un presidente de la república” (27 de agosto), Manuel Camacho, Porfirio Muñoz Ledo “… primero se tiene que acabar con el gobierno de Calderón, luego tiene que surgir un gobierno interino…”, la exaltación de estas voces alcanza a los periodistas quienes señalan el fin de Calderón una prueba de esta posición la señala Ciro Gómez Leyva quien pone a juicio que la revuelta está en ciernes si se aprueba la reforma de PEMEX tal y como va pues dice que estos se convertiría en “… un detonador ideal para intentar el asalto al palacio de invierno…”, Joaquín López Dóriga en su columna se pregunta “¿De verdad lo quieren tirar?, es así que tenemos ya un fenómeno que se debe atender por parte de la presidencia y sus empleados mostrar capacidad de gobierno que permita socavar la crítica e incluso sumar propuestas con miras de una convivencia más civilizada entre poderes y una armónica vida colectiva. Advirtamos las salidas políticas que pueden ofrecerse tienen múltiples espacios que están ahí y pueden fortalecerse, el dilema está en que desde la presidencia se vean como modelos viables que deben valorarse como mecanismos nuevos, de los que la teoría de la democracia semidirecta tiene mucho que decir.
Pero antes de cualquier cosa este gobierno requiere un presidente que desee crecer al nivel de un gobernante que atiende al conjunto de la sociedad y no a minorías y no a proyectos personalizados que han particularizado la política a un grupo monocromático y por momentos disparatado cuando se sabe observado y puesto frente a la crítica, así entendemos frases tan inentendibles como las expresadas por Juan José Rodríguez Prats ante la propuesta del FAP con respecto a la reforma a PEMEX pues señaló que esta era parte del “derecho masturbatorio”, ¿no se dan cuenta que detrás de ese grupo de legisladores y académicos existe un núcleo de la población mexicana que no aprueba la reforma tal y como está siendo presentada? La confrontación determina un panorama complejo de relaciones entre los grupos que integran el Congreso y de ciertos actores políticos que al no entender la posición de grupos de la sociedad confrontan generando crispación que al final flanquean la figura presidencial y la vuelven débil, la presentan como inoperante, como un actor frágil que se consume en una espiral en un ensimismamiento por creer que el país sólo se controla desde la tesis de control y contención del crimen. Hay más allá de este tema en una agenda que es propia de una sociedad plural y diversa.

LAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL

Las reformas electorales que ha llevado a cabo el Congreso guardan un alto significado para el perfeccionamiento de la competencia. Pues el cambio dota al Instituto Federal Electoral de capacidades fiscalizadoras amplias al tener competencia sobre los recursos que los partidos reciben de fuentes anónimas que por vía bancaria aportan a las arcas partidistas. Así el secreto bancario queda como un criterio que se anula por cuestiones electorales. Llegar a este cambio de la ley secundaria tienen antecedentes importantes, quizá los más importantes sean los casos de los Amigos de Fox o el Pemexgate, donde estuvieron involucrados tres partidos políticos el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista (Alianza por el Cambio) y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.
Ambos casos fueron, no sin generar desencuentros de opinión, resueltos por el órgano electoral con sendas multas a las fuerzas involucradas en dichos actos de malos manejos financieros. Recursos económicos que los partidos habían recibido como aportes financieros y que no fueron reportados ante la instancia fiscalizadora. El Pemexgate figura como un asunto complejo que involucró a un sindicato a una organización bancaria y al propio partido, pues la “donación” de 500 millones de pesos que fueron a parar a las arcas partidistas quedó comprobado gracias al apoyo de la PGR, quien integró el expediente correspondiente. Sin embargo, el secreto bancario y fiduciario limitó el apoyo de la Comisión Bancaria y de Valores para presentar las pruebas que documentaran la transacción de los recursos económicos a manos de funcionarios de un partido político, en este caso el PRI, con lo que el IFE tuvo que buscar otros mecanismos con que paliar el problema de cooperación de instancias vinculadas a los asuntos electorales. Es así que la FEPADE como órgano jurisdiccional en asuntos electorales generó las pruebas documentales útiles que derivaron en la multa de mil millones de pesos a la cual se hizo acreedor el Partido Revolucionario Institucional.
El caso Amigos de Fox fue un caso que implicó fuentes de financiamiento ilegal a partir de fondos repartidos en cuatro cuentas bancarias, averiguar el origen y los recursos aportados a la entonces campaña del candidato a la presidencia de la República Vicente Fox requirió el apoyo de CNBV y de la Secretaría de Hacienda, su negativa para permitir el acceso a las cuentas bancarias significó un límite para esclarecer el delito electoral.
Finalmente la solución llegó al IFE de la mano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien apoyó el trabajo del órgano electoral de manera permanente. Es así que se encontró doble contabilidad en la campaña de Vicente Fox, el financiamiento paralelo permitió para la Alianza por el Cambio obtener recursos que al final significaron una violación a la Ley electoral pues se rebasaron los topes de campaña por más de 18 millones de pesos.
Si bien las reformas en cuestiones electorales que han sido avaladas en este junio de 2008 buscan acabar con estos actos ilícitos donde recursos privados rebasan el tope de campañas (caso Amigos de Fox) o de recursos públicos que acaban en las arcas de los partidos vía un sindicato (Pemexgate), son asuntos que tratan de ser erradicados del ambiente electoral con el firme objetivo de generar una competencia en igual de circunstancias para los competidores, el anular el secreto bancario cuando se esté en presencia de un delito electoral es un avance. Sin embargo, la imperfección de la reforma se muestra cuando se eliminan causales por las que se puede anular un proceso electoral a saber: rebasar topes de campaña y desvío de recursos públicos a los partidos políticos. El asunto no es menor, pues los dos partidos que se han visto involucrados en estos actos han sido los principales opositores a esta reforma en el Senado.(La Jornada 21 de junio 2008) Estamos ante una propuesta de cambio limitada, si bien se juzga los fondos ilícitos pero no así si el resultado que es producto de la utilización de recursos económicos no legales. Veremos cómo se remiten casos que no acaban con una sanción ejemplar, pues el pago de multas se ha visto no inhibe actos ilícitos, por el contrario los vuelve más complejos, por momentos secretos, la reforma tiene que tener un amplio espacio para que la fiscalización también trascienda el control y la prevención.
México no puede permitir un gobernante que emane de la violación de la ley, no puede permitirse un escenario de este tipo de nueva cuenta. Para ello, pongamos atención en la nueva Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral pues se le ha dotado de una capacidad que poco tiene que ver con la otrora Comisión de Fiscalización que tantas dudas reportó a los partidos. La unidad contará con autonomía de gestión y con la capacidad de investigación incluso en cuentas bancarias esto es un avance, esperemos el nombramiento de su Director quien por perfil deberá ser un hombre que asuma su autonomía e independencia de cualquier preferencia política.

LAS DOS CARAS DEL SUJETO

El sujeto es la cara de Jano, en él existe una cara que mira al pasado y otra al futuro, advirtiendo dos momentos que en procesos de cambios sociales, generan incertidumbres, que se institucionalizan a nivel de las organizaciones, y en el individuo genera miedo, una inestabilidad que no debe obviar el grado de indefensión a la que también se enfrenta el ciudadano.
Si a esta idea agregamos el dilema al que se enfrenta el sujeto frente a la indeterminada función estatal, tenemos un escenario poco plácido, veámos, el informe Latinobarómetro para el año 2007 ha mostrado que la imagen del Estado como actor fundamental para solucionar los problemas sociales, en México, ha mantenido una percepción social baja para atacar los problemas que aquejan a la sociedad nacional. Aún hay más datos, en 1998 año de la primera evaluación el índice de manera favorable presentó que las capacidades estatales eran del orden del 31% de los encuestados, el año de 2007 registró un porcentaje de aceptación al papel protagónico del Estado de 26%. La reducción en esta percepción salta a la vista. Sin embargo, lo interesante de esta valoración numérica es la consistente caída en la percepción social de la capacidad que los gobiernos tienen para encontrar los mecanismos gerentistas para ofrecer respuestas a los dilemas que aquejan el entorno social.
Destaco sólo dos, el desempleo y la inseguridad pública, elementos que reafirman una posible tesis altamente individualista, elemento donde más ha pegado un discurso altamente privatizador pues la percepción más intima de la persona se ve expuesta a esta cultura competitiva y poco solidaria, con lo que nos enfrentamos con un complicado mundo colectivo. En este sentido, regresando sobre el individuo, en él existe la certeza de que hay una injusta distribución de la riqueza, lo cual siempre genera un desequilibrio colectivo, en la medida de que no se puede generalizar una solidaridad que internalice los valores de la libertad en un ambiente de mutuo reconocimiento que sólo brinda la categoría universal del ciudadano.
Es decir estamos ante la presencia de un ciudadano fragmentado, que adolece de una gramática que internalice valores como la tolerancia y el sentido de comunidad política, que ante la pobreza de contenidos, la idea de democracia no logra sintetizar, de nada sirve que pensemos en una ciudadanía democrática como elemento que permite frenar la intrusión y sobreprotección del Estado (Habermas, 2008:20). Si los valores conformadores de una identidad democrática no tienen cabida como proyecto político hegemónico de inclusión.
Así el principal dilema la que se enfrenta el individuo, es apostarle a la democracia como proyecto ético, del que se derive la autonomía del sujeto como un proyecto de libertad, que se traduce en la existencia de una correspondencia entre las libertades individuales, razón constitutiva del individuo en su presencia privada, y el fortalecimiento de los atributos políticos del sujeto en tanto actor del espacio público, donde su más nítida expresión es su capacidad de participación en los asuntos de incumbencia colectiva.
Para decirlo en palabras de Alain Badiou, la democracia es el lugar del problema (Badiou, 2008:21), en el que el protagonismo del ciudadano como del individuo representa un ambiente de difícil restitución en momentos en los que la corporeidad estatal se diluye como institución instituyente de valores, para ello se piensa en la política como arena regeneradora de la multiplicidad de éticas que convergen en su interior, sin embargo mientras esto no ocurre no pensemos en comportamientos moralizados en el ámbito privado.
Un espacio privado que de la misma forma que ocurre en lo público, las libertades no son ilimitadas, se condicionan al reconocimiento del derecho del otro, de ahí que la política se convierta en un ejercicio ciudadano, ya no más en una identidad con el gobierno. Hoy en día la crítica a los partidos preocupa no porque asuman la representación de las sociedades, por el contrario se evalúa su presencia como parte del nuevo margen de acción de la política representativa que coexiste con proyectos participativos, en los que movimientos sociales y organizaciones civiles tienen mucho que ofrecer en un marco global de colaboración en un mundo social compartido ajeno a las fronteras nacionales.
De esta forma nuestro interés es revalorar una política como proyecto ético de cooperación e interacción colectiva que restituya capacidades de deliberación al sujeto, y que a su vez sea el motivo de comprensión de lo público más allá de la política representativa, pues la ética no se representa fuera del individuo, como las libertades no tienen sentido si el hombre no las implementa en un fin mediado por la idea de bienestar y desarrollo. He ahí el dilema de un proyecto democrático.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DESCONFIANZA CIUDADANA

La percepción negativa hacia los partidos políticos es un fenómeno que se ha generalizado en los últimos años, pues tenemos diversos ejercicios demoscópicos que han tratado de mostrar fotografías donde se valora el papel de los partidos en el entorno ciudadano. Como tema que impacta el desempeño de los gobiernos, el grado de aprobación para este sustantivo actor para la democracia es de suma importancia, pues referir a la función y papel que desempeñan las fuerzas políticas tanto de izquierda y de derecha determina la fortaleza y calidad del gobierno representativo. Es preocupante que el desempeño de los partidos sea evaluado a la baja por los ciudadanos, sobre todo en tiempos en que la discusión nacional y local se encuentra inmersa en posibles cambios constitucionales, pues los partidos han asumido el compromiso de llevar a cabo la discusión sobre asuntos como la “reforma petrolera”, la llamada Reforma del Estado, de ahí que surge una interrogante ingente de respuesta, debido a que la legitimidad de la acción política de los partidos puede estar a debate por ello, ¿qué tan válido es el acto de la representación y los actos que acometan en su calidad de representantes los partidos políticos, si los ciudadanos ponen en duda su capacidad para asumir legítimamente esta actividad política?
Es a partir de la pregunta anterior que, el problema escapa como un asunto de partidos, pues involucra el sentido de la representación, de la calidad de la democracia en tanto proyecto que busca vigorizar la vinculación ciudadano/gobierno, ciudadano/valores democráticos, como agenda vivificar este par de binomios nos ponen frente a elementos que hoy son importantes para un adecuado desarrollo de los Estados, estos elementos son en alguna medida indicadores de las deficiencias que la democratización política de la sociedad ha implicado, uno de estos valores es el elemento de la accountability ya sea en las distintas dimensiones en que ha sido valorada, pues la rendición de cuentas es un proceso de interacción y de responsabilidad de los cuerpos representativos ante el ciudadano, bajo un marco de respeto al imperio de la ley. Esta situación se hace extensiva a los partidos, quienes no adoptan los mecanismos de la accountability como elemento clave para establecer una relación intensa con los ciudadanos, por el contrario en una actitud reduccionista los partidos políticos han seguido estableciendo puentes de comunicación desde la variable electoral con la población, lo cual nos invita a pensar que la falta de confianza de la que hoy sufren, es en parte, producto de esta pobre visión que tienen sobre la ciudadanía. Es decir, los partidos siguen manejando un ciudadano en su cualidad más básica; esto es, los ciudadanos más allá de la acción electoral están eliminados como eje de la política.
La dimensión social, económica, cultural del concepto ciudadano al no formar parte de la gramática de los políticos, no sólo significa el desconocimiento del novísimo debate que prima en las ciencias sociales, sino que advierte un asunto más delicado, la nulidad de estos elementos más allá de la esfera política, también anulan agendas y temas que hoy perviven en el ámbito social y que representan nuevos referentes y problemas de los que se requiere atención por parte de la política institucional.
De ahí que podamos precisar que la calidad de la gestión de gobierno se ve impactada por los derechos ciudadanos, derechos que en su ejercicio van moldeando un ambiente de sociabilización que no puede escapar a cualquier actor u organización presente en la sociedad. No hay que olvidar que el sostenimiento de una democracia al requerir de demócratas, también requiere de cuerpos intermedios de representación que asuman los principios y valores que definen al régimen en cuestión, a saber: igualdad, tolerancia, pluralidad, libertad. Con estos valores y principios reproducidos y ejercidos por los miembros activos y pasivos seguramente se modificaría de manera sustantiva la percepción que los ciudadanos tienen sobre los partidos políticos, al abrir a la observación ciudadana los espacios y toma de decisiones. Esto significa que la democratización que beneficia la cotidiana vida del ciudadano, requiere generalizarse como un ejercicio permanente de hacer de la democracia un rasgo definitorio de la estructura organizacional de los partidos.
Más allá de la corrupción, de la falta de transparencia de sus actividades cotidianas, los partidos requieren atender la llamada de atención que estos estudios demoscópicos representan, como el reciente estudio titulado Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política elaborado por la Consultoría Gabinete de Comunicación Estratégica, donde se muestra que los partidos en una escala de cero a 10, rondan en un promedio nacional de 4.3 puntos de aceptación ciudadana, hecho a considerar pues entre las instituciones que mejor salen evaluadas se encuentra la familia, la iglesia, el ejército y las universidades.
Si hacemos uso de la definición funcional de los partidos como actores que tienen como objetivo la sociabilización de valores democráticos, la movilización de la opinión pública, así como coadyuvar en la creación de una cultura política, tenemos frente a nosotros un dilema si la ciudadanía se siente ajena a los partidos, al mostrar desconfianza producto del comportamiento que estos cuerpos de representación han manifestado frente a los asuntos públicos de gran calado en la opinión de la población. La tarea que resulta es de difícil resolución en tiempos en que el debate nacional tiene que asumirse como una actividad coordinada entre partidos y ciudadanos, para contrarrestar los proyectos altamente impopulares que tratan de conformar un nuevo rostro de país, alejados de la dimensión histórica y de los principios de justicia social que las tesis republicanas de buen gobierno han significado en el desarrollo nacional.

LA VIOLENCIA NUESTRA DE TODOS LOS DÍAS

“La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles”
Élmer Mendoza

El medio ambiente nacional presenta a la sociedad una permanente violencia que se generaliza en los distintos ámbitos del desarrollo individual de las personas, no asombre que hoy, de acuerdo a datos otorgados por el INEGI, los niños menores de 15 años consuman 7500 escenas de crímenes, que como parte de los contenidos de la televisión algo tendría que hacer la instancia gubernamental encargada de regular los contenidos televisivos.
Asimismo, la violencia ha representado un viejo debate en el que se pone a consideración, si la violencia genera más violencia, no es de suponer que tendremos una respuesta absoluta que valide tal idea, pero si consideremos el tema como parte de un problema que nos empieza a circundar en cada uno de los espacios de la vida colectiva.
Es decir, el problema está cuando evaluamos que esta exposición a la violencia provoca una alta receptividad a estos sucesos, forman parte de nuestra cotidianidad, así la tolerancia que se va cimentando en el sujeto a este ambiente crítico, también determina que desaparezca la capacidad de asombro y al mismo tiempo provoque que no exista un rechazo absoluto a esta situación anómala que socialmente afecta al conjunto de los miembros que integran a la comunidad. El nuevo espacio de convivencia trae consigo nuevas gramáticas, que constituyen espacios determinados por una cultura que favorece el crimen, el terrorismo, estados de emergencia, militarización.
Un mundo citadino y rural que se determina por un lenguaje que avizora el sometimiento y la coacción, asuntos que nos hablan de un regreso a discursos autoritarios en el que la ley del más fuerte fuerza la conducta y norma espacios de excepción en el que se constituyen espacios territoriales donde las falencias de la ley permiten la violación no sólo de derechos sociales, sino de derechos humanos y políticos, así como los llamados derechos individuales se ven trastocados, pues la garantía de libre tránsito se ve altamente impactada al no existir las garantías necesarias para que las actividades ordinarias de los múltiples sectores que integran a la sociedad puedan realizarse, así cualquier actividad que crean conveniente estos sectores acometer en el espacio de la calle, de la ciudad, es difícil llevarla a cabo, producto de estos fenómenos inestables de los que el gobierno tanto federal y estatal son incapaces de encontrar soluciones eficaces.
Cuando referimos a este ambiente de violencia, atendemos a una situación en la que el tratamiento de este tema, ha extendido sus tiempos de transmisión en los programas de noticias, sin duda es un asunto que no puede ser soslayado, el periódico La Jornada y El Universal han mostrado que el fenómeno se ha desbordado, ambas publicaciones hacen hincapié en que la generalizada violencia es producto de la inadecuada estrategia de combate al crimen organizado. Es de suma preocupación que en lo que va del mandato de Felipe Calderón (18 meses), han habido 4044 ejecuciones en el país, es decir un promedio de 7.6 muertos cada 24 horas, sean muertos inocentes o delincuentes, las acciones gubernamentales no generan el consenso necesario para este tipo de acciones, sin duda no es con más violencia como cederá este fenómeno social.
Pues, mientras ocurren estos crímenes, los desplegados aparecidos en puentes y zonas de ciudades como Culiacán, advierten de que esta espiral continuará presente, al mismo tiempo las denuncias de corrupción o de colaboraciones entre gobierno y grupos delincuenciales que aparecen en esos desplegados, no es un asunto menor, por lo que hay que estar alerta, para esperar una respuesta que aclare si esos mensajes son falsos. La búsqueda de solidaridad a las campañas contra el crimen requiere de la mayor transparencia y de una publicitación de las estrategias que el gobierno instrumente para ese fin.
Nada justifica que poblaciones enteras vivan secuestradas o víctimas del terror de las redes que grupos del crimen organizado han creado en municipios del norte del país. Un aviso claro de que las estrategias gubernamentales de silenciosamente militarizar regiones está fallando, es que los crímenes siguen ocurriendo, junto con los enfrentamientos en los que los criminales están mejor armados que los cuerpos habilitados para la protección de la sociedad. Son focos rojos, de los que no sólo necesitamos declaraciones del Procurador Medina Mora señalando que vamos ganando la batalla al narco, también requerimos de las estrategias de prevención, de proyectos que sean soluciones integrales para limitar el espacio de la violencia.Una más, los proyectos de recuperación de los espacios públicos no sólo requiere de acciones en el que se busca que la población asuma como suyos los sitios recuperados, se requiere de las garantías de que los principios que regulan una convivencia democrática primen con sus normas las relaciones que se realicen en su interior. Para ello, el gobierno no sólo tiene que pensar que la guerra contra el crimen organizado requiere que la lucha sea en varios frentes con el objetivo de restituir la civilidad y la paz en los espacios que han sido penetrados por la violencia, sino también se requiere de un pleno Estado de derecho como garante de la sociedad misma, es decir una plena sociabilización de los valores de tolerancia, igualdad, libertad, valores que regeneren el tejido social.

LOS LÍMITES AL DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO

La implementación de proyectos como el e-gobierno no están ajenos a la lógica que determina otro tipo de proyectos gubernamentales, pues no debemos dejar de lado que la propia condición vertical del ejercicio del poder determina modelos de implementación de programas que no son sometidos a los miembros de la comunidad política, de ahí que se advierta el alto déficit de legitimidad que estos proyectos adolecen, asimismo son proyectos que adolecen de un correcto diagnóstico para su aplicación. Por ejemplo, el proyecto gubernamental e-gobierno impulsado desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estableció como uno de sus objetivos inmediatos, consolidar un cambio significativo en el tiempo empleado en los procedimientos administrativos, así como en los requisitos reglamentarios y legales que el gobernado debía satisfacer para obtener una respuesta gubernamental en los trámites y asuntos de su incumbencia.
Sin embargo, la propuesta del gobierno electrónico desde el sexenio de Ernesto Zedillo tuvo frente una cultura digital que en México ha creado debates de importante consideración, pues el desarrollo del gobierno electrónico se ha materializado no como un modelo que sustituya al gobierno de facto, sino es un proyecto que se ha implementado como una herramienta más, que lejos de ser familiar al conjunto de la sociedad es por decir lo menos en cuanto sofware poco amigable y al hardware a veces de difícil acceso.
El caso se agrava si además ponemos a consideración las estadísticas que demuestran que en el país sólo existen 14.8 millones de computadoras para más de 103 millones de habitantes (INEGI, 2007), es un dato importante a considerar, pues siguiendo con datos estadísticos según datos de la AMIPCI 8.7 millones de estas computadoras tienen acceso a internet, en términos porcentuales sólo el 59%(AMIPCI, 2007) de las PC’s de los usuarios nacionales tienen acceso a este servicio básico para una herramienta tecnológica de la que referimos. Esta limitante, vuelve complicado el acceso a la red, pues un óptimo desempeño de los equipos de cómputo requieren de protección, debido a que su sistema de seguridad está protegido desde terminales alejadas de sus capacidades personales del usuario, al realizarse un trámite virtual puede llegar a presentarse una pantalla arroja que es una ventana que avisa que el sistema está protegido o aparece una alarma que en su color púrpura genera un shock evidente en el usuario pues, el tránsito a la era digital también potencia estas diminutas computadoras en verdaderos almacenes de información, que por un descuido (llamemos así a la falta de precaución a la no renovación o actualización del antivirus), puedan ser infectadas por archivos de procedencia sospechosa.
Así el problema de esta herramienta tecnológica no se detiene en esta apreciación, sino que se complica debido a que el acceso a internet desde los datos de AMIPCI indican que sólo el 45% de las pc’s lo hacen desde su hogar y el 55% restante es desde el sector comercial, lo que nos advierte que el ambiente familiar no ve aun en la computadora una herramienta tecnológica útil en casa. Los motivos por los que la computadora y el internet no forman parte del ambiente familiar, pero sin duda consideramos que el bajo nivel de penetración de este medio se debe a aspectos que son “… atribuidos al bajo nivel del PBI per capita de México y a la continuada ausencia de créditos al consumidor a precios accesibles…”(KOSSIK, 2003:9)
Ahora bien, también se puede entender que la computadora para el 41% restante de la población es una herramienta que vino a sustituir a la máquina de escribir entonces el proceso se revierte, sin embargo, ante la eventualidad de no tener un dato preciso sobre la causa que impide el acceso a internet, podemos apelar a que estas computadoras se encuentran en grupos sociales donde las carencias económicas impiden adquirir algún servicio de internet.
Así las limitaciones para acceso a Internet (LUCAS MARIN, 2000:73) impiden que el impulso que se pretende dar a e- gobierno sea un proyecto que debe reconsiderar estos factores que imposibilitan la viabilidad de un modelo que no porque contenga cualidades evidentes deja de ser un proyecto que por su diseño aun no puede ser proyectado con un próspero futuro, muy a pesar de que hoy en día se ofrezca en línea servicios de consulta de información gubernamental, prestación de servicios en línea, pago de impuesto, etc.
Sin embargo, no podemos evitar las recomendaciones que realizan empresas como CompTIA (Asociación Mundial de la Industria Tecnológica), Nathan Associates y Sallstrom Consulting, para impulsar un proyecto de gobierno electrónico viable, muy a pesar de que no exista una suficiente infraestructura per capita, al respecto la recomendación reparte tareas y una de las más importantes se la concede al gobierno, quien debe “… asumir un rol de usuario líder en tecnología, y eso se puede lograr a través del desarrollo de un programa de e-goverment o realizando inversiones que ayuden a reducir la brecha digital…” (GÓMEZ,2007), como se vera tarea nada fácil, pero evidente necesaria si como observamos líneas abajo se ha generado una expectativa fuerte sobre el gobierno electrónico.

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL PETRÓLEO

El mundo de lo público no requiere de que veamos al petróleo como un instrumento del bien común, en todo caso es un patrimonio nacional que forma parte de los bienes públicos con que cuenta una nación, es cierto tampoco es un Dios (dixit Martínez Cázares), pero la historia nos remitirá que como fuente de ingresos cubrió por muchos sexenios esta función, como caja gubernamental para financiar los proyectos presidenciales. Es así que el debate sobre el petróleo no requiere de entrampados debates o posturas grotescas como las que asume Germán Martínez Cázares, en entrevista concedida al periódico El Universal. No es la defensa de un proyecto de una posible reforma lo que está a debate, si no es todo el cambio constitucional que envuelve trazar un modelo de Estado que deja de tener injerencia en la rectoría del Estado por la falta de recursos económicos suficientes para hacer frente a las condiciones de desigualdad que hoy vive México.
El proyecto de defensa del petróleo no sólo manifiesta un discurso nacionalista, no puede ser de otra forma si es un bien público que está establecido como patrimonio de la nación, por ello advirtamos que la crítica al proyecto de reforma construye sus argumentos desde un planteamiento estratégico que presenta como botón de muestra las condiciones desventajosas que contiene y que nos colocarían como una nación con altos déficits en cuestiones de energía, además de que es unproyecto del que no habrá una extensión de los beneficios de manera general.
Decir no, significa contener una reforma que establece el fin de la rectoría del estado sobre este bien público, es la resistencia, que se construye a partir de la sospecha, de una memoria lastimada, que recuerda la venta de empresas inoperantes en manos gubernamentales que al ser recibidas por particulares han reportado ganancias insospechadas, como muestra sirva el caso TELMEX, empresa que hoy en día representa la joya de la corona del consorcio CARSO.
Por otro lado, el debate incluso trasciende la apertura al capital privado, pues coloca a PEMEX en una situación complicada, pues dejaría de ser un sector estratégico del desarrollo nacional, pasaría a ser una empresa gestora de contratos, que es decir nada, para la otrora poderosa empresa.
Hoy volvemos un camino ya avanzado, ante el discurso de esos enanos políticos que presentan escenarios catastróficos si la reforma no llega al puerto deseado, otra vez es el presidente nacional del PAN quien ha advertido que si no hay reforma le darán cuello al país, me parece francamente una frase irrisoria, pues de los debates, que bien ganado espacio han encontrado en la opinión pública nacional, obtenemos algunas observaciones que podemos generalizar como el reflexivo análisis o diagnóstico de la situación que guarda la empresa, aquí el recuento: hay un problema en el futuro inmediato con respecto a obtener las suficientes reservas petroleras; requerimos de nuevas alternativas en fuentes de generación de energía; favorecer proyectos que eficienten el desempeño operativo y la eficacia que impacte en un equilibrio financiero al interior de la empresa con el objetivo de generar que PEMEX tenga la capacidad de generar una industria petrolera más allá de la extracción de petróleo, es decir, hay que proyectar una empresa que busque desarrollar un área de petroquímica sólida que evite la compra excesiva de productos que pudiéramos producir en el país.
El debate tiene que subir el nivel, que daño le hacen esos políticos enanos a un asunto que rebasa la lógica mercantil y se convierte en un debate de nación.

MANIFIESTO DE LA CUESTIÓN PÚBLICA

La cuestión pública es un proyecto social de restituir los espacios de debate al ciudadano, es al mismo tiempo el momento de fundación de la acción republicana de una vida social corresponsable de los problemas globales, que sin olvidar los conflictos nacionales, el nuevo espacio de convivencia tiene como punto inclusivo geográfico el espacio de lo global como una dimensión local y lo local como una dimensión global. En la que los problemas son compartidos como un asunto glocal de difícil resolución dentro de las fronteras que el modelo estatal surgido en el siglo XVI venía determinando.
Es así que, la cuestión pública es un espacio donde confluyen los problemas sociales, donde convergen los diversos actores que se ven impactados por la inercia del proceso de transformación social, muy semejante en impacto a los sucesos producto de la naturaleza, hoy tenemos que entender a lo social como un ámbito en rápidos procesos de cambio. Atendamos que los cambios sociales deconstruyen el orden establecido, modifican el medio ambiente social, provocando que el mundo se convierta en un amplio espacio que se define por su complejidad. Una complejidad que determina la imposibilidad de dominar el mundo, en el que la capacidad del conocimiento hasta hoy acumulado es incapaz de interpretarlo, para ello, la reducción de esta complejidad a partir de un proceso de distinciones establece nuevos criterios para abordar los problemas de lo social, como un asunto que inicia en el desacoplamiento del sistema político y del sistema económico del propio sistema social, con lo que estamos en la presencia de un camino sin salida de lo social. Atendamos que si mantenemos una interpretación en la que lo social es un punto intermedio entre el poder y el mercado, se diluye el valor de lo social como un espacio de deliberación que instituye los diversos órdenes de la vida colectiva, ante ello si persiste este error, la pregunta es y será ¿el surgimiento de la categoría política y economía si no derivan de la acción y actividad que el hombre realiza en el ámbito de lo social, de dónde surgen?
De esta manera tenemos un asunto más importante a resolver, pues la cuestión pública es la expresión de los asuntos sociales vueltos problemas, es el rostro de la ilustración sociológica que permite “… la ampliación de la capacidad de observación de los sistemas sociales…”(Corsi, Esposito y Baraldi,1996:91) Estamos en un proceso de construcción de conocimiento sobre el espacio público, buscando los elementos latentes que permitan la distinción con lo manifiesto en la realidad.
Así, presenciamos la conformación de un análisis que restituye la frontera entre lo público y lo privado como dos categorías que se determinan por las funciones y operaciones que instituyen producto de la acción en el ámbito de lo social. En virtud de lo anterior, lo social establece un orden ético y moral de los asuntos sociales para ello construye el ambiente idóneo para que la cuestión de lo público se materialice en códigos que determinan el sentido de lo social como una esfera constitutiva de la acción humana.
La cuestión pública entonces, está determinada por las instituciones socialmente constituidas, por lo que una de sus características principales es posibilitar la discusión de los sujetos en un ambiente libre y reflexivo en el ánimo de conculcar bajo el convencimiento y la razón, definiciones comunes que permitan superar los razonamientos privados que constituyen la individualidad moderna basada en la defensa de los intereses particulares de cada sujeto. El campo de la cuestión pública, es por tanto,el espacio del debate, de la deliberación y la búsqueda de los puntos convergentes para restituir a la identidad colectiva el sentido de inclusión que constituye a los asuntos públicos en un problema de la democracia, de la pluralidad y de la tolerancia.

EL MIEDO DE LA SOCIEDAD

Nuestro miedo a un mundo abierto, que contradictoriamente, forma parte de nuestro mundo de las libertades, es la restricción de nuestra convivencia a partir de una fragmentada vida que generalizada se expande por el espacio de la ciudad. Es la vida colectiva la víctima de este ambiente de generalización del miedo, desde una perspectiva arquitectónica, las garantías individuales son restringidas o nulificadas para el conjunto de los individuos. La privación es el sinónimo de seguridad conjuntada con el principio de una noción de libertad restringida, que apela al nacimiento de un mundo cerrado. Un mundo que clasifica las áreas públicas de protección a partir no sólo de la recuperación de los espacios públicos, a partir de programas gubernamentales como los establecidos por el Gobierno del Distrito Federal en los que las actividades culturales tratan de regresar al individuo, al ciudadano al espacio de la ciudad. Sin embargo, esto no es así, el público asistente se mantiene atento en el oasis que la música y la luminosidad del espacio recoge un ambiente íntimo en el que el individuo no se ve amenazado.
De la misma manera, los llamados centros comerciales mantienen la individualidad del sujeto al garantizarles su integridad con el establecimiento de sistemas de seguridad las 24 horas del día con lo que se busca que se restituya la confianza en la habitación de los espacios públicos. Pero aclaremos que, la utilización de estos espacios no materializa un mundo que incluye y que a la vez, reconstituye la convivencia colectiva, la seguridad es un deseo individual que materializa una plenitud del sujeto para sí mismo. Para ello, la presencia de los mecanismos físicos de protección como las cámaras de video, son inútiles por los espacios que escapan a los ojos electrónicos, para ello, hay la revitalización del hombre-seguridad, quien toma un rol en este sistema de inhibición que no sé si logran cumplir esta función debido a que provocan un ambiente estresante en el consumidor, al aparecer como un vigía que de manera constante interfiere en la intimidad del consumidor para circundarlo con su radios de comunicación, su voz histerizante de vigilancia, es así que se gana en seguridad pero se pierde en intimidad.
Por otra parte, las zonas restringidas a la circulación al ser redefinidas por sus propios habitantes en zonas cerradas, establecen un ambiente que es manipulado para evadirse de la violencia, esta consciente y deliberada acción de exclusión, establecen una representación que no necesariamente sustituye el hecho real, por el contrario sobrepone un ambiente altamente inestable, pues lo que se establece con esta acción de autoexclusión es reducir los riesgos, que cuando se sale ese campo selectivo, se potencia el miedo, la inseguridad. Es de esta nueva situación de la que las empresas de seguridad se ven beneficiadas, así surge la economía de la desconfianza como un campo en constante expansión en un mundo altamente complejo, producto de la otra exclusión que es producto del mercado, que da nacimiento a los parias de la modernidad (dixit Bauman).
El nuevo rostro de la convivencia es en las barreras de un mundo que está sujeto a los márgenes de la seguridad y a la reducción de la compeljidad del miedo, es decir hay un ambiente que debe ser regulado. Sin embargo, esta regulación es ficticia pues se cierran las puertas de la casa, de la calle hoy vigilada, pero se abren las puertas a la violencia de los medios de comunicación y el cine, quienes generalizan y son la fuente de motivación para configurar una sociedad inclinada a la seguridad a partir de la compra de equipos de seguridad, quizá el más destacado de todos ellos sea la compra de armas, con lo que la sociedad del miedo se universaliza como una sociedad de la violencia, contradictoriamente. Es así que aquel ambiente que anima a la exclusión, el de la violencia citadina, es por el que se estimula instituir un ambiente propicio para el hombre violento.
Ante este fenómeno social, la gran perdedora es la sociedad como ese espacio de convivencia fraternal, quedando un mundo de consumidores de la violencia.

EL NARCOTRÁFICO COMO UNA FATALIDAD

Señala Carlos Monsiváis que la atmósfera del narcotráfico es un componente esencial del México del siglo XXI, en su afirmación no existe ningún dejo de falta de verdad, pues la cultura de la violencia se ha asentado en el país generando desequilibrios sociales que impactan en la convivencia cotidiana, redefinen acciones gubernamentales que, sin embargo resultan inoperantes ante el grado de penetración que los recursos emanados de esta actividad delictiva impregnan las esferas de justicia.
Ante la presencia del narco los gobernantes son actores incapaces de brindar respuestas, su optimismo manifiesta una incomprensión de la problemática que envuelve el tema, pues desde su espacio territorial el narcotráfico es un asunto que merece atención si este alcanza proporciones de ingobernabilidad, y ni siquiera ahí el gobernante tiene la respuesta contundente, es entonces cuando aparece el ejército para “resolver” lo irresoluble. El narco no es conflicto menor, como problema alcanza cada uno de los tejidos sociales que componen al país. Los asesinatos alteran la composición de la familia, en el ámbito del individuo este problema se complica como esa figura mítica de jano, sin embargo, a pesar de múltiples ítems que se ven reflejados, el narco es sin duda una industria con capacidades de operación que rebasan los distintos ámbitos de gobierno.
La estrategia de combate no sólo manifiesta deficiencias, las políticas de prevención adolecen de una amplia difusión en el núcleo de población expuesta, la población joven del país reconoce su consumo, reconoce que el tráfico de drogas forma parte de su acontecer diario. Para ello, no mostremos un indicador de combate al crimen como un asunto de guerra genérica, donde una buena pregunta es siempre ¿cuántos muertos más señor presidente?, para cambiar la estrategia, para modificar los programas y en lugar de combate permanente, establecer la prevención permanente.
El error de combatir al narco desde la lógica de la violencia, sin desconocer que el narco ha tratado de constituirse en una fuerza que genera sus propios espacios de influencia y de control de zonas del territorio nacional, es a partir de valorar que una profesionalización del trabajo de prevención y combate requiere de una fuerza del orden con salarios dignos, de profesionalización, no sólo en los cuerpos de élite, o los cuerpos creados ex profeso para apoyar en las acciones de combate a la delincuencia. Señalamos lo anterior en momentos en que el reclutamiento de ex miembros del ejército para formar parte de los grupos delictivos es una actividad que no se oculta. El narco ha generado su propia estructura en la misma tendencia que una empresa lo realiza con miras de establecer escalafones, bonos, y una serie de prestaciones de los que la prensa ya ha hecho mención en varias ocasiones.
EL NARCO Y LA POLÍTICA
Desde novelas ficción, hasta crónicas periodísticas el dinero caliente ha sido parte de los temas que la política no ha podido erradicar de sus agendas, las diversas reformas que se han llevado a cabo en los últimos veinte años han buscado resolver el problema, del cual la política no escapa en la medida de que hay una relación intensa con el poder económico. El alto costo de las campañas electorales, los vínculos personales de políticos y delincuentes son hoy parte de los archivos periodísticos, donde aparecen actores de la izquierda como de la derecha en franca convivencia. El dinero del narco no hace distinciones.
El narco compra, cobra, asesina o por lo menos esa es una de las vetas que llevan a los investigadores a llevar procesos en los que políticos se ven involucrados. Desde esta perspectiva, en donde existen nexos de complicidad y cooperación, entre narco y política, o de solapamiento de acciones delictivas, al interior de la actividad política, son muestra de que la atmósfera del narco forma parte del ambiente de la vida del México del siglo XXI, donde sin duda los perdedores en esta guerra es la sociedad, son las víctimas inocentes que se encuentran en medio de las balaceras, que se encuentran desprovistas de protección luego de que el ejército acaba sus campañas de combate al narcotráfico. En pocas palabras los espacios que el gobierno deja vacíos no los llena las fuerzas del orden locales debido a la débil estructura de protección con que cuenta. Es por eso que, la batalla es desigual.

El autoritarismo que no es

La forma de hacer política después del 2 de julio de 2006 manifiesta la inutilidad de las garantías individuales, sustentar que la difamación es parte del derecho que tiene toda persona para disentir y presentar su punto de vista en público, no sólo es un acto arbitrario, sino al mismo tiempo habla de la ineficiente función de la ley para regular dichos actos de clara intolerancia.
¿Qué hacer? ¿A quién se reclama de este acto vandálico propio de la intolerancia que ha venido manifestando la derecha hacia los sectores sociales que se oponen a las formas de hacer política, en tiempos en que se adolece de la legitimidad de los actos gubernamentales? En este ambiente de intolerancia, el presidente Calderón asume la defensa de sus proyectos en un tono provocador incitando a que se vea la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados como una acción violenta, de sinrazón, cuando en realidad lo que advierte la toma de la tribuna es la errónea percepción que se tiene sobre la regla de mayorías, la cual no quiere decir que los proyectos gubernamentales son los más viables ni que representan al conjunto de la sociedad mexicana. Los proyectos políticos emanan sus fortalezas del consenso y la negociación, lo que en la actualidad demuestra la postura del gobierno de Calderón es el desconocimiento de ese núcleo de población que voto en favor del candidato opositor, que la fuerza de los actos de Andrés Manuel López Obrador no provienen de la acción individual de un hombre sino de la acción que se sustenta en la colectividad que identifica a López Obrador como un actor representativo para el momento de cambio que vive México.
Que entienda Calderón, que la política es de adversarios, no de enemigos, que en el México actual gobernar implica el reconocimiento de las partes, que la pluralidad se funda en la diversidad de los argumentos, que la política está para generar el espacio común de la convivencia. Entonces la tarea del político tiene como objetivo ensanchar los espacios de participación, y no rodearse de personeros, grupos, élites que comulgan en el argumento, pues sólo aparecen en el momento en que hay ganancias, es decir, se crea un clima en el que los intereses particulares se anudan en miras de obtener un dividendo. Que no se confunda, la suma de intereses no hace lo colectivo, hace una banda hermanada por sus intereses, por eso en estos tiempos habla el dinero donde los empresarios no toman la tribuna, toman los medios de comunicación en horarios de mayor audiencia, para mentir.
El autoritarismo no es parte del México de 2008, en el acto del Frente Amplio Progresista se encuentra un mensaje del cual hay que hacer eco, ante la imposibilidad del diálogo la única salida es utilizar todas las herramientas con las que el legislador cuenta, el debate no es por tiempo, no es por meses, ¿cuándo debe terminar?, en el mismo momento en que se vea agotado el tema, en el momento en que la discusión haya sido generalizada al conjunto de la Nación mexicana, la cual se vea involucrada en el proyecto de transformaciones que el país necesita, con el pleno objetivo de generar los acuerdos que se requieren para insertarse en los procesos de desarrollo. Nadie duda de las reformas, pero hay mecanismos a tomar en cuenta, no es la solicita participación de un sector de legisladores, es la totalidad de la Cámara quien debe advertir de un pleno consenso. Es manifiesto que la oposición no se opone por oponerse, su acto de desobediencia está en los marcos de la civilidad que reconoce la ley, un acto autoritario rebasaría los criterios institucionales establecidos para la convivencia.
Por ello, la democracia no está en peligro, muy al contrario vigoriza su papel como único espacio de decisión donde los representantes populares agrupados en la FAP, son la expresión de un núcleo de población que tienen la posibilidad de expresarse, pero no con calumnias como sí lo hace ese sector que Velasco Arzac encabeza. Hace falta la responsabilidad de los actores que están involucrados en el proceso de la reforma energética, pues no sólo está el derecho a manifestarse, sino también a que haya un compromiso ético y responsable de lo que se expresa. Que organismos autónomos hagan uso de sus facultades para determinar la violación de la ley de estos spots, es bienvenido, pero al mismo tiempo se requiere del gobierno detenga está campaña de confrontación, que habilite espacios de discusión que rebasen las fronteras de la política institucional, que difunda la propuestas en los diversos ámbitos de la vida cotidiana de los habitantes de la Nación mexicana, pues es un momento en el que se requiere de la mayor transparencia y consenso posible. Es el futuro de México el que está en juego.