Hoy la fuerza que define al Estado se encuentra sometida a la incapacidad de los administradores de los gobiernos locales y federales para dotar de un eficiente programa que por lo menos tenga una viabilidad de contención de los graves problemas que aquejan a la sociedad. Que existan grupos, células de criminales, rondando los caminos y municipios de entidades federativas nos permiten imaginar un cuadro que anteriormente no se había considerado, el crimen se encuentra en la raíz de la estructura de la organización política del Estado mexicano.
Veamos el siguiente escenario, con un primer vistazo tenemos que los recursos que van a caer a los municipios son utilizados en asuntos que van desde servicios públicos hasta el cubrir los sueldos de funcionarios municipales, pasando por el pago de la fuerza pública. Ya hace algún tiempo en la ciudad de Tijuana reportó que el equipo de los policías no era el más adecuado para enfrentar al crimen organizado, incluso se sospechaba que ellos eran miembros del grupo delincuencial o que proveía de seguridad a estos actores. El clamor de policías es la falta de equipo que permita hacer frente a los grupos que constantemente ponen en peligro su trabajo, que acechan sus cuarteles incluso atacándolos con armas de calibres exclusivos del ejército, recordemos el caso en algún municipio de Tabasco hace ya algunos años, o los bazucazos en ciudades del norte del país no sólo contra la policía estatal si no contra el propio ejército con lo que la amenaza de este poder con un brazo ejecutor tan amplio y letal está presente en todo el territorio nacional.
Incluso pareciera una estructura con una capacidad de trasmisión de datos e información que sobrepasa la capacidad de vigilancia de los gobiernos locales, hay demasiadas preguntas en el ambiente, por ejemplo ¿quién coloca las mantas con que los narcos anuncian sus actos que se convierten en acciones de fuerza? ¿Quién permite el despliegue de autos por las carreteras nacionales sin que se considere que en ellos pueden ir una decena de cuerpos acribillados?
Ante una situación tan complicada el dilema tanto de unidades territoriales conurbadas del Distrito Federal así como municipios tan lejanos del centro del país está en comprar patrullas para la prevención del delito o comprar equipo para prestar un óptimo servicio público. Mientras tanto, el crimen sigue realizando ejecuciones que reproducen un alto grado de inestabilidad que en el espacio ciudadano generan un temor generalizado que impacta en la percepción de eficacia del gobierno.
Así hoy tenemos una tensión permanente entre programas de lucha contra el crimen organizado y las cifras que arroja el enfrentamiento entre el crimen organizado y las fuerzas del orden las cuales en esta guerra van perdiendo a pesar de que la publicidad oficial nos diga lo contrario. Sería bueno saber cuanto se gasta en estos mensajes y compararlo con los recursos que los municipios aplican en cuestiones de seguridad pública, seguramente no sería ninguna sorpresa saber que el gasto gubernamental en sus campañas mediáticas en proporción al gasto municipal ni siquiera se equiparan en porcentaje. Estamos en presencia de acciones que desde el centro no resuelven nuestro problema de seguridad, por el contrario los municipios están atados de manos entre satisfacer las necesidades básicas de servicios públicos o enfrentar al crimen organizado. Y hasta el día de hoy ya sabemos cuál es el resultado.
