Los territorios perdidos del Estado podría titularse el capítulo de la violencia en México pues como hemos venido señalando en artículos pasados, la inoperancia de los programas contra la inseguridad al ponerlos a prueba, han mostrado su fracaso, con lo que tenemos frente a nosotros una crisis de la función y capacidad de gestión del Estado como categoría. El fin del Estado como medio para la consecución de fines específicos como es el cuidado y la defensa de la propiedad privada, así como la defensa y protección de la vida de los integrantes de la comunidad política requiere de un análisis más profundo para observar las débiles redes de legitimidad y de apoyo con que cuenta.
Una de las tesis más socorridas para ver esta pérdida de legitimidad y por ende de apoyo social ha sido el proyecto económico que la clase gobernante ha operado para lograr los niveles óptimos de equilibrio, esto ha traído como consecuencia que se valore que el Estado se ha desentendido de su responsabilidad social en tanto cuerpo intermediario de las relaciones colectivas; es decir, la falta de solidaridad social, de certidumbre en el individuo en cuanto a la materialización de sus expectativas de vida han sido fracturadas producto a que los proyectos de empleo y bienestar individual han sido anulados ante la falta de políticas sociales con programas universales que doten de servicios de bienestar al conjunto de la sociedad.
Las causas pueden ser muchas pero destaco la ineficiente política para constituir proyectos productivos que doten de empleo al creciente número de población trabajadora que se incorpora a la índice de población en edad para laborar. Ante el poco número de población económicamente activa que se vuelve cautiva del fisco tenemos un insostenible marco de prestaciones sociales, así ante un Estado poco imaginativo para captar los recursos suficientes para implementar programas sociales universales se construye un escenario crítico ampliamente receptivo para un desequilibrio social que deriva en un malestar individual lo cual impacta en el ámbito de las instituciones, en esos valores que conforman la identidad y pertenencia a ese mismo Estado que hoy se desentiende de la función social inmediata para el sostenimiento de la idea social.
Por eso, cuando apelan a la unidad nacional, los actores que podemos definir como parte de la política formal, ante eventos tan devastadores como el acto de terrorismo que sufrió la ciudad de Morelia no tenemos que detenernos en un programa coyuntural y de corto alcance para evaluar la utilidad del Estado, consideramos que este fenómeno de retroceso del Estado de asuntos sociales, económicos e incluso políticos ya advertían del peligro de este peligro. Advertimos que los grupos que miran al Estado como su enemigo perciben su debilidad porque compran a sus integrantes los someten a sus proyectos de manera sencilla porque tienen hambre, porque en el interior de la sociedad no encuentran el espacio adecuado para un desarrollo integral. Encuentran apoyo, recuérdese al narco regalando material para reconstruir una comunidad en algún estado de la República después de haber sufrido un evento metereológico, esto es la percepción social para soportar la presencia de estos poderes fácticos no se resuelve con denuncias sino al mismo tiempo debemos evaluar con quien vamos a llenar los espacios vacíos de apoyo, recursos, protección. No estamos hablando de que los poderes fácticos brindan bienestar, no lo creemos, consideramos simplemente que cuando el Estado se retiró aparecieron espectros que utilizaron a este sujeto depauperado -de valores, de expectativas- para sus intereses, para sus proyectos, lo que construyó una red de complicidad no social, si no más bien basada en el solapamiento. Esto ha sido producto de, volvemos a señalar, que el Estado no prosiguió su función primordial como ya lo hemos mencionado, ahora que adolece incluso de fuerza para contener la violencia recarga aun más en la sociedad para allegarse de apoyo para defender a la propia sociedad. ¡Qué contradicción!
Haciendo un sumario histórico, el Estado se retiró del mercado, de la política corrió al ciudadano, se exento de su obligación social para dotar de un plan de bienestar a la sociedad en su conjunto mediante programas educativos incluyentes garantizadores de la diversidad pluricultural del país, de programas de empleo que permitieran un nivel de vida considerado como aceptable, de un plan de salud y de vivienda finalmente; hoy el Estado es inoperante para generar protección, ampliar el manto de seguridad pues es incapaz de ampliar el principio de la ley como herramienta para generalizar nuestro orden y vida colectiva.
Así el narcoterrorismo es heredero de este fenómeno que por lo menos vivimos desde hace veinte años en que se han profundizado la desigualdad social entre los mexicanos de una política amoralizada que ha adoptado los mismos códigos de la mafia, aceptando sus recursos, de un gobierno que se comporta como una clase política ajena a los problemas de corrupción, extorsión, contrabando; esto es, cuando desaparecen los valores de la política, cuando se elimina el código ético del orden social, cuando se pierde la capacidad de asombro ante los crímenes estamos ante un Estado ineficiente, ante una clase política sin capacidad para lograr que su debilidad se convierta en fortaleza el país sufre como lo dice Samuel González un Estado fallido.
