por Salvador Mora Velázquez
Tiquicheo es un pueblo
michoacano del oriente del estado que como municipio es clave porque está
situado en una zona estratégica al colindar con Guerrero y el Estado de México,
en donde la delincuencia organizada se ha convertido en un factor clave de
inseguridad. Por eso, el pasado marzo de este año el gobierno federal,
encabezado por el presidente de la República Felipe Calderón y el secretario
general de la Defensa Nacional Guillermo Galván
pusieron en operaciones el 25 Regimiento de Caballería Motorizado. Con
600 hombres y 60 vehículos el regimiento dependerá de la zona militar 21 con lo
que Michoacán se ha convertido en uno de los estados con mayor miembros del
ejército emplazados, con ocho mil elementos castrenses. En aquella ocasión, Felipe Calderón señaló
que con la nueva instalación “estamos diciéndole a las y a los
michoacanos que no están solos, que el Gobierno Federal, a través de las
Fuerzas Armadas, está aquí para proteger a sus familias...” Incluso el
secretario Galván indicó que el Ejército entraría en operaciones inmediatamente
ya que la amenaza del crimen organizado atenta contra la paz , que no había
sido una decisión unilateral que las autoridades estatales lo solicitaron,
remató la seguridad interior está
amenazada.
El gobernador Fausto Vallejo apeló a la coordinación con
el objetivo de hacer frente al combate frontal a la criminalidad. Estos tres
actores, advirtieron de la inseguridad que enfrenta Michoacán, que enfrenta la
población.
Sin embargo, el asesinato de la ex presidenta municipal,
no acusa los cuidados preventivos que la acción militar se planteó cuando se
propuso que el Campamento móvil del 25 Regimiento de Caballería se instaló en
esa localidad. La respuesta militar en el estado, con la muerte de la militante
perredista, es en el espacio micro regional, la misma historia que en la
totalidad de la República Mexicana hoy determina un fenómeno del que no podemos
escapar y nos lleva a hablar de la inexistente estrategia de prevención de la
violencia a la que la población civil se ve expuesta en esta lucha frontal
contra grupos delictivos que encuentran complejas formas para someter a las
autoridades políticas, rebasar los controles y medidas que las fuerzas
policiales y militares han establecido para mantener su “gramática del terror”
y esta vez quitarle la vida a María Santos Gorrostieta. Presidenta municipal (de
2008-2011), en donde a raíz de su encargo recibió amenazas de grupos
delincuenciales, antes de su asesinato sufrió dos atentos previos en uno de
ellos asesinaron a su marido; el pasado 12 de noviembre fue plagiada, dos días
después fue encontrado su cuerpo sin vida, las autoridades policiales del
estado señalaron que la muerte de la ex alcaldesa fue por traumatismo
craneoencefálico severo. No es la primera vez que asesinan a un presidente
municipal el pasado noviembre de 2011, el alcalde panista de la Piedad Ricardo
Guzmán fue asesinado a balazos, entonces el presidente de la República condenó
el acto cobarde. Esta vez no hay noticias de alguna declaración, ni siquiera el
gobierno del estado.
Los asesinatos de ambos políticos nos obligan a valorar
que los protocolos de seguridad son exigüos porque no garantizan la protección
de la vida y bienes, no blindan a la población de peligros subjetivos, no
existe un ambiente de seguridad extendido que refiera a condiciones de
comodidad y estabilidad personal, es decir de percibir una vida segura. También
ambos ejemplos nos hablan de que la violencia se ha convertido en un factor que
alcanza a los tres órdenes de gobierno. No sólo es el factor financiero, o la
corrupción, los únicos factores que deben ser preocupación gubernamental,
también es la seguridad subjetiva que está amenazada por la violencia
cotidiana, que ni siquiera los regimientos móviles pueden detener o siquiera
considerarse que con esta acciones se está generando un clima de protección de
la población. Lejos de ser una ex presidenta municipal, el asesinato de una
mujer más en México, debe hacer un llamado a órganos de defensa de Derechos
Humanos, incluso hay que repensar si la exposición de los presidentes
municipales a la violencia o amenaza del crimen organizado es con mucho
producto a su trabajo próximo a la violencia de la que la población está
“secuestrada”; es decir, así como las políticas ciudadanas nos ofrecen que es
en el municipio el espacio para dinamizar la vida colectiva, es también un
espacio –el municipio- que está amenazado por actores que de facto han
doblegado a este orden de gobierno.
Por eso, ante una estrategia de seguridad en donde la
estructura más endeble se ve expuesta a que las federalizadas sean exitosas
quizá estaremos ante una recurrente déficit de seguridad ciudadana y subjetiva
que no sólo afecta a un núcleo de actores sino amenaza al conjunto de la sociedad.
