domingo, 28 de agosto de 2011

El pequeño hombrecito

Veo la foto y la falda de su esposa no reposa enjuta al cuerpo, el porte marcial de un secretario que maneja una dicción inadecuada es lo primero que recuerdo de su mensaje para condenar el ataque terrorista en Monterrey, "un hecho ominoso que atentó contra la vida de gentes...", así califica un crimen que desafía las estructuras de los tres órdenes de gobierno mexicano. No es Monterrey, es el Estado mexicano, es el gobierno constitucional de Nuevo León, es el municipio de Monterrey a quienes se amenaza, incluso el análisis de un expresidente considera que -en una lectura sesgada- estos actos obligan a buscar acuerdos, pactos, "con el narco". Volver al narco un interlocutor con el Estado es una de las propuestas que de ser ciertas nos obligan a considerar que las estructuras político-administrativas se encuentran rebasadas. Pero no se piensa en la restitución del espacio social como medida gubernamental. El pequeño hombre que ha declarado desde un punto lejano, al lugar donde ha ocurrido la catástrofe, tres días de luto nacional no claudica en su empeño de pensar que la violencia no estatal se contiene, se aniquila desde acciones bélicas, por eso convoca a su cuerpo de élite -policía federal- a ocupar el territorio de Monterrey, de la misma forma como lo implementó para el caso de Ciudad Juárez. Son comisionados a la nueva zona de guerra 3000 efectivos.

Mientras tanto el nuevo rostro del político estatal, el gobernador constitucional de Nuevo León va más lejos, no sólo declara luto en el estado si no “los días 25 al 27 de agosto de cada año” se izará la bandera nacional a media asta en señal de duelo. No hay porque regatear la solidaridad pero, no es un atentado ajeno a las condiciones cotidianas que vive el país, sí es un momento complejo el que vive Nuevo León mas las víctimas siguen apareciendo cada día, hay un apocalipsis que renueva su fuerza y horror, ayer fue el bar “nuevo sabino gordo” donde murieron 16 personas, hoy es el casino Royale. Los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas en agosto de 2010, ¿no merecen ser reconocidos con la misma sensibilidad política?

Otra ciudad norteña del país ocupada bajo ejes no de prevención si no de reacción, el enemigo nos dice la lógica lleva mano. Somos rehenes de enanos, de la gramática de la violencia como único medio de relación, por ende es una relación desigual, en donde el más grande no necesariamente triunfa, porque los otros el enemigo se trasmuta, se mimetiza, se parece a mi, a ti, a otros. Quizá en este argumento encontremos una pequeña respuesta al empecinamiento en el discurso de la guerra, el gobierno da palos de ciego al no reconocer al criminal si se enmascara con un rostro ciudadano.

El pequeño hombre apela a la fuerza, incluso indaga -al menos en su discurso- en los oscuros propósitos y alcances de estos criminales, pero no dice, no ofrece una respuesta hasta dónde y qué estatura tiene como político para dar respuesta no al conflicto que él en otrora señaló desconocer, hoy lo sabe quizá, pero no en su justa proporción porque hay que agregar las fosas clandestinas con cuerpos de mexicanos, de migrantes, de seres humanos que a lo largo de la frontera se han venido descubriendo, los colgados, los descabezados, los sin nombre, los que caen como víctimas colaterales, los huérfanos de una guerra desigual, porque las víctimas potenciales son los civiles, estamos a doble fuego. Sí porque los criminales a la población civil le exigen cuotas para seguir desarrollando una economía de subsistencia como en Neza donde a la señora que vende quesadillas le piden cuota, por ende la línea de investigación que se reconoce como parte del crimen perpetrado en el casino en Monterrey no quiere de mucha indagación, volvemos sobre una política delictiva que nos ofrece lo que ya sabemos, lo que queremos saber no lo que verdaderamente ocurre. Incluso somete al escrutinio público -a pesar de que lo negara el gobernador constitucional y el secretario de Gobernación como posible investigación- la indagación judicial del cohecho para otorgar el permiso para la apertura de un casino que no cumplía con las reglas básicas de protección civil. Como siempre las líneas secundarias se vuelven más relevantes -el amarillismo o dentro de lo rojo lo más rojo- se vuelve noticia. ¿Qué es más importante frente al acto terrorista, la corrupción o dar cauce a las investigaciones que lleven a detener a los responsables de este crimen?

Es una duda no inocente, los medios también son corresponsables, la corrupción no es un asunto unilateral, involucra un amplio espectro social, no es que favorezcamos un tema si no el orden de posibles respuestas nos obliga a que intentemos encontrar a los responsables, que condenemos un crimen que lesiona nuestra calidad de vida -nadie puede vivir con el miedo en los hombros-, habitar requiere reocupar el espacio de discusión, criticar y condenar las situaciones de tensión y violencia vengan desde el Estado o desde el círculo del crimen organizado.

La foto sigue presente el pequeño hombre tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia el frente, sobresale entre la mujer y los hombres que participan en la ceremonia luctuosa una corona de gran dimensión, atrás como escenario faústico las ruinas de un lugar al que protección civil le otorgó el aval para funcionar como un proyecto de una empresa de sanitarios y azulejo. El abogado, representante de las empresas Conexiones y Mangueras y Entertainment Enterprises of Mexico dueñas del casino, deslinda de la tragedia a sus representados, el motivo: “la empresa no dio lugar a esos hechos, no es su responsabilidad”, suponemos que el no contar con salidas de emergencia no es parte de las acciones preventivas y de seguridad que debe brindar una empresa de entretenimiento a sus asiduos visitantes, por eso se atreve a declarar esta argucia legal. lo que es claro es que los permisos para operar no están, no los presenta la empresa, l incendio no dejó nada “sin quemar”.

Las víctimas, nos negamos a considerarlos como muertos, ascienden a más de 61 seres humanos que forman parte de los daños colaterales de una guerra que se ha focalizado en acciones unilaterales, el otro tentáculo apenas asoma la cabeza de lo que esconde un proyecto político que lo consumió la ambición y la soberbia; la corrupción hoy forma parte de las posibles explicaciones para que el número de seres humanos calcinados sea de tal proporción.

La foto no miente sobran palabras de la magnitud del crimen perpetrado en un par de minutos en un horario en que la sociedad está despierta, la seguridad está vulnerada, no hay temor del delincuente por ser reconocido, la luz del día dejo de significar un manto protector para el ciudadano común, el Estado vive un ocaso, nuestro hombre pequeño lo veo en la foto y es más pequeño todavía, su discurso es irrelevante ante más de 42000 muertos que el país arrastra desde que asumió la presidencia de la República. Esa tarde había viento.


martes, 7 de junio de 2011

La decisión del Tribunal: los candados a los partidos en el Df

El 21 de diciembre de 2010 entró en vigor el nuevo Código Electoral para el Distrito Federal en el que se reguló –aumentando- de manera más estricta los requisitos para constituir un partido político. Los elementos que se consideraron involucran el aumento en el número de afiliados al pasar de .5% de la Lista nominal a alcanzar el 2% de la lista en cada una de las 16 demarcaciones del país.

Como requisitos el artículo 214 del Código –Ley Ebrard- el Tribunal fue considerado excesivo, dicha resolución se dio a petición de que el Partido Revolucionario solicitó una acción de inconstitucionalidad con número 2/2011. La exposición de motivos puede valorarse en dos ángulos básicamente: a) la que guía Arturo Saldivar quien planteó su posición bajo un argumento que podemos resumir como parte de las reflexiones dominantes en los discursos académicos ante la crítica de la democracia representativa y propiamente ante la partidocracia, pues asume el ministro Saldivar que se exceden los requisitos para la creación de partidos políticos. Es decir, si vemos el tema desde la partidocracia, el sistema electoral ha tratado de cerrar el sistema de partidos a fuerzas políticas dominantes. Esta práctica que el partido gobernante del Distrito Federal implementó y que el Jefe de Gobierno avaló se toman como prácticas antidemocráticas, ya que el sistema de partidos a la larga se vuelve esclerótico al no estar abierto a las nuevas correlaciones políticas que la sociedad vive. Incluso podemos hablar que esta ley electoral olvida que los partidos políticos mexicanos contemporáneos se consolidaron en los últimos treinta años, gracias a que el sistema electoral fue sensible a esta apertura, por eso podemos decir que como código que regula la vida electoral y política de la ciudad capital del país ha sido un la Ley regresiva. excesivo que inhibe y complica en exceso la posibilidad de creación de nuevos partidos políticos”.

El segundo argumento que ha estado presente en la decisión del tribunal el 6 de junio de 2011 gira entorno de una crítica visión sobre la Ley misma, por eso el inciso b) hay que apelar a los efectos mecánicos que el sistema electoral provocaría, Fernando Franco González Salas señaló que tal disposición provocaría acciones contradictorias ya que habría delegaciones en que el 2% de afiliados llegaría a 28 mil ciudadanos y mientras en otra sólo alcanzaría mil 700 ciudadanos, este criterio bastaba para que en un hipotético caso un partido que no lograra en una demarcación delegacional el mínimo solicitado por la ley electoral no obtuviera el registro, así lo signó Guillermo Ortiz Mayagoitia. Por ende negar el registro a una agrupación política en un universo de más de siete millones era una acción factible de ocurrir si este grupo de ciudadanos no cumplían con un trabajo político en las dieciséis delegaciones. Un ejemplo de este trabajo concentrado en una demarcación lo representó René Arce y Víctor Hugo Círigo, quienes a su salida del Partido de la Revolución Democrática, han buscado capitalizar su dominancia en el escenario público-político de Iztapalapa. Sin duda no es un triunfo sólo para estos actores, ni para el PRI quien ha sido el demandante, al final es la democracia representativa y propiamente los ciudadanos del DF quienes encuentran en la decisión del Tribunal a un órgano garante que ha hecho valer el derecho ciudadano a determinar la vigencia de los partidos políticos.

jueves, 26 de mayo de 2011

¿Acuerdo en Michoacán?

Cuando la violencia se convierte en un factor de cohesión los partidos políticos se alían, buscan protegerse, incluso generan acuerdos contra la violencia, y finalmente señalan culpables por fuera del sistema político. Rechazan la violencia para ratificar la política, sí, aquella en que partidos tienen el monopolio de la representación, por eso quizá asumen que como emisarios de la democracia, como pro hombres democráticos pueden-deben omitir el espíritu democrático en que el voto determina al triunfador en una elección. Su determinación no es ajena a situaciones o respuestas de las que el modelo político mexicano es proclive a ejecutar, en 1994 año en que derivado del alzamiento zapatista en Chiapas los candidatos presidenciales y los dirigentes de los partidos políticos firmaron el Acuerdo por la paz, la justicia y la democracia, sometiendo el ejercicio de religitimación política a un entorno meramente electoral.

Los problemas sociales desde esta dimensión, están diluidos, los espacios de expresión y propiamente las acciones no son reconocidas, fuera de la esfera electoral.

Esta observación sobre las prácticas públicas de la clase política para encontrar respuestas a la emergencia social (bien puede decirse inestabilidad) que vive el país, se resume en una frase: los actores resuelven un problema de legitimidad de origen como un asunto transicional. Se invierte la ecuación de los componentes consensuales que dieron existencia a las instituciones del sistema político mexicano cuando los partidos asumen que bajo acuerdos interpartidistas se puede resolver la selección y nominación de un gobernante, porque si advertimos que un gobierno representativo se conforma bajo el principio de consentimiento del mando, al presentar su oferta de candidato así como la agenda posible de gobierno, todo partido en competencia no asume que existe una contradicción en el seno de la democracia ya que no necesariamente el político nominado para competir por el cargo público en disputa emana del pueblo sino responde al interés y principios políticos que definen a la organización política. Ante ello, ¿qué argumento permite que el partido político acuerde con otra fuerza política quién y cómo se debe competir por un cargo público?

Si se privilegia este procedimiento estamos ante el fortalecimiento de un nuevo modelo de selección político, de un plumazo en el estado de Michoacán, con base en argumentos que no corresponden a una clase política capacitada para leer los hechos sociales que hoy determinan situaciones extraordinarias a la cotidiana realidad que hasta ayer México vivía, asumen que es posible adoptar un procedimiento oligárquico-representativo con lo que se violenta el marco democrático representativo.

El modelo democrático-representativo tiene a los partidos nominando candidatos y en una competencia abierta exponen ante los electores sus proyectos y programas políticos con el ánimo de allegarse su preferencia y su voto. Mientras tanto el modelo oligárquico-representativo tiene a los partidos como actores que nominan y anterior al proceso deciden al futuro triunfador, dejando fuera de este ejercicio el principio original de la democracia que se constituye a partir de que al ser una elección individual, es decir en la que cada voto representa la intención de un ciudadano se anima un principio de certeza y fiabilidad en las elecciones y por tanto en el gobierno que de este proceso emane. Sin embargo, al ser oligárquica la selección e identificando a los partidos como los actores responsables de este ejercicio tenemos que advertir una contradicción de la representación, pues se parte que representar implica proponer y por ende se da implícitamente un consentimiento a que el gobernante surge de este derecho que los partidos se arrogan inmanente a su acción pública. Derivado de lo anterior podemos problematizar esta situación si consideramos la siguiente pregunta ¿qué pasa política y procedimentalmente si el candidato que por consenso se ha designado no satisface a la sociedad? Como podrá verse la pregunta es un post más que un ante por ende la pregunta no afirma el problema de origen, ¿dónde los partidos fundamentan que la nominación del futuro gobernador puede ser consensual y que sea por encima de las preferencias de la ciudadanía?

Otro problema es la advertencia que proviene del propio sistema de partidos en la que el espectro ideológico es una variable determinante para juzgar negativamente una alianza del tipo que se pretende conformar en Michoacán, ya que la izquierda y la derecha e incluso el partido que hoy funge como centro en nada comparten principios, políticas o programas, mucho menos estrategias que permitan resolver los diversos problemas que en el citado estado hoy vive recurrentemente. Automáticamente se traduce en una alianza o acuerdo anti natura que no se resuelve su contradicción de origen (ideológica) considerando que el programa de gobierno será sensible a las demandas ciudadanas, ya que la experiencia inmediata que hemos tenido con las alianzas es la falta de mecanismos para rendir cuentas cuando el gobernador aliancista coloca a miembros de su familia en cargos públicos (Guerrero), cuando la capacidad de negociación es nula para resolver problemas que aquejan a la entidad en cuestiones educativas (Oaxaca), cuando los problemas de violencia aquejan y disminuyen la capacidad de acción del gobierno y la respuesta gubernamental se reduce a limitar la reproducción de narco corridos o en el caso extremo prohibir las minifaldas (Sinaloa), en suma administrativamente o políticamente un acuerdo no es una acción garante para que un gobierno sea eficiente, dotándose de las herramientas para que lo políticamente deseable sea administrativamente factible.

Por ende, una coalición de partidos que piensa en el Pacto de la Moncloa como mecanismo de solución de un problema sociológico, no político como fue la transición española es desconocer que la solución requiere un gobierno fincado en la sociedad, en el que los partidos son sólo unos agentes mediadores que posibilitan transformaciones legales, políticas y culturales para cimentar una sociedad basada en valores democráticos.

jueves, 28 de abril de 2011

¿QUIÉN ES ARELY GOMEZ?

El nombramiento de los tres consejeros electorales del IFE que se ha venido posponiendo desde el 30 de octubre de 2010 nos impone una evaluación que rebase las posturas que semejan pronósticos o quiniela que los partidos políticos han manifestado al presentar a sus “favoritos” para ocupar estos importantes espacios.

El perfil del candidato no es suficiente para determinar su inclusión pero tampoco es de poca monta desdeñarlo ya que se puede derivar que su desempeño o posicionamiento se ve influido por la carrera que este miembro ha tenido en su desarrollo profesional vinculado o con cierta relación a alguna de las fuerzas políticas que los nominan. Esta relación candidatos-partidos políticos nos expone a un fenómeno en el que los cargos en el Instituto Federal Electoral son entendidos como un “botín” en el que el partido mayoritario en la Cámara de Diputados lleva mano en la selección y propuesta.

La Junta de Coordinación Política como órgano encargado de lograr el acuerdo que permita la nominación de los tres nuevos miembros para el Consejo General del IFE tiene el reto de lograr que haya unanimidad en la decisión evitando rupturas que provoquen de nueva cuenta un déficit de confianza que los partidos transmitan al árbitro electoral.

Sin embargo, los legisladores encargados de esta encomienda parece que no guardan memoria del accidentado proceso de nominación del año 2003 donde vía el mayoriteo PAN-PRI excluyeron al PRD de la nominación e integración del entonces nuevo Consejo General, hoy (abril de 2011) nos exponemos a que ocurra un escenario semejante si el PRI como partido mayoritario no deja fuera argumentos negativos que se oponen a buscar el mayor consenso en la designación de estos miembros que por lo demás han sido pospuestos desde hace casi seis meses.

Por eso el perfil cobra relevancia pues los partidos están en su derecho de vetar candidatos que abiertamente son proclives a que en su potencial desempeño como consejeros manifiestan sesgos políticos que repercuten en el desempeño de las actividades del órgano electoral. La principal observación la formulamos con base a que el Instituto se expone a ejercer un parcializado trabajo si sus miembros no son actores con capacidad de independizarse de los partidos que los han propuesto, el daño inicia hacia el Instituto en la falta de confianza que los partidos pueden manifestar ante el trabajo electoral, prosiguiendo con los ciudadanos quienes mantienen una posición que ha sido difícil de superar después del proceso electoral de 2006. Es menester contar con un árbitro confiable para los actores en competencia y para el ciudadano.

La propuesta de Arely Gómez resulta contradictoria si entendemos que el Partido de la Revolución Democrática la avala ya que cuando fue nombrada como nueva titular de la FEPADE en el año de 2007 y posterior a su renuncia aplaudió su salida de este espacio, el motivo que expuso Jesús Ortega fue que Arely Gómez y propiamente la Fiscalia no atendía “con eficacia y prontitud las quejas” . Este partido al día de hoy avala a una cercana protagonista pro gubernamental que estuvo involucrada en el desafuero de López Obrador e incluso en los video escándalos al lado del entonces presidente de la Suprema Corte de la Nación del Poder Judicial Federal, Mariano Azuela, pues fungía como secretaria de la presidencia y luego como oficial mayor en ese espacio judicial. Arely Gómez es hermana de Leopoldo Gómez alto directivo de Televisa y cadena de televisión que ha mostrado un denodado esfuerzo por demeritar el papel de los partidos así como del propio Instituto, Jenaro Villamil ha propuesto que este simple vínculo filial la ubica como una funcionaria cercana a este monopolio y quien al mismo tiempo es parte de la estrategia del proyecto Televisa Enrique Peña Nieto para –como dice Fermín Alejandro García columnista de la Jornada de oriente-, ganar las elecciones presidenciales de 2012.

A lo largo del último trienio del gobierno de Felipe Calderón 2009-2012 hemos visto un activo papel de las televisoras para atacar al árbitro electoral ya que ha ejecutado acciones legales que han implicado cobros millonarios por su antitético papel con la difusión de los spots electorales al que están mandatados por la ley electoral a transmitir. Por esta otra razón Arely Gómez debe verse como una candidata de la que se tienen que presentar severas dudas sobre su autonomía e independencia para manejarse en un cargo de tal envergadura.

Sin embargo, como hemos señalado tal parece que la memoria de los partidos es corta, ya desde octubre de 2010 la ex fiscal de la FEPADE era la propuesta del PAN y PRI pero no así del PRD quien ha mantenido a Emilio Álvarez Icaza como su propuesta pero que al sumarlo como la propuesta del grupo opositor minoritario compuesto por el PAN, PRD, Convergencia lo expone a no ser seleccionado, ya que si hay algo seguro debido al lugar de preferencia que han manifestado los dos grupos más fuertes en la Cámara de Diputados Arely Gómez se ubica como la más sólida candidata. El PAN y el PRD la han colocado en su primera preferencia seguida de David Gómez y de Emilio Álvarez Icaza, mientras tanto el PRI y PVEM la colocan en la segunda posición por detrás de Enriqueta Ochoa y precedida de Cecilia Tapia.

Cuidar al IFE es un objetivo que los partidos tal parece que no asumen, por lo que la decisión entorno del nombramiento de los próximos consejeros se ve expuesta a ser rehén del proceso electoral venidero en donde se juega más que la permanencia del PAN en la presidencia sino la posible victoria del PRI con un entorno favorecido por apoyos en diversos ámbitos de influencia en el escenario electoral.


jueves, 14 de abril de 2011

La Jornada: Llama el Ifai a revalorar las bondades de la transparencia

La Jornada: Llama el Ifai a revalorar las bondades de la transparencia La redefinición de lo público como un asunto que debe federalizrse, un factor clave para la democratización del país.

miércoles, 6 de abril de 2011