jueves, 2 de marzo de 2017

Los movimientos sociales en el contexto democrático y la garantía de la libertad de expresión

El momento de la democracia acompaña al nacimiento del nuevo movimiento social, con agendas que reflejan nuevas circunstancias sociales , incluso las formas de interacción implican intercambios y relaciones en los que podemos considerar que a mayor democracia la diversidad posibilita que se logren una serie de confluencias de partidos políticos, grupos de poder, presión y movimientos sociales. Bajo lo anterior consideramos que no debe ni creemos que una agenda altamente democratizada evapora la presencia de movimientos sociales. Por el contrario, entendemos que debemos atender las contingencias de la política representativa como factor que permite que el atributo de desempeño que un movimiento social manifiesta a partir de “... redes que pueden incluir organizaciones formales o no, dependiendo de las circunstancias...” (Della Porta y Diani, 2011: 48) le permite al MS superar la crisis de representación de intereses, a partir de una interacción directa con el tomador de decisiones: el gobierno.
De ahí que nos interese analizar qué ocurre y cómo se desarrolla esta relación en un contexto de confrontación política. Para ello retomamos las categorías analíticas de Tilly en torno del tema de la violencia, represión política, coerción, incluso identificamos la existencia de los profesionales de la violencia,  quienes en un contexto de régimen neoliberal determinan formas de acción que lesionan un modelo democrático.
Desde luego no desconocemos que en el contexto de la protesta hay tres tipos de acciones que puede realizar un gobierno a decir se destaca: acciones prescritas (adhesión a través de ceremonias de lealtad); toleradas (cuando no afectan de forma directa a los gobernantes y los recursos del gobierno); y prohibidas (suponen amenazas contra los gobernantes y los recursos gestionados por el gobierno). En virtud a las variables señaladas arriba podemos tipificar el tipo de régimen yendo de uno democrático de alta capacidad a otro no democrático de capacidad alta, a un régimen democrático de baja capacidad a otro no democrático de baja capacidad. Los tipos de régimen permiten sacar conclusiones útiles que describen formas de interacción entre el poder político y los actores sociales, destacamos las conclusiones siguientes:
             “... las actuaciones toleradas aumentan con la democracia y disminuyen con la       capacidad de gobierno . La violencia es elevada en regímenes no democráticos de          capacidad baja, alcanza cotas moderadas en regímenes no democráticos de   capacidad alta y democráticos de capacidad baja, y es reducida en regímenes             democráticos de capacidad alta.” (González Calleja, 2011)
Si leemos los tipos descritos tenemos que valorar que tanto la desigualdad incentivada o promovida desde los espacios de decisión política son generadores de violencia, es así que la desigualdad alimenta a la violencia que se convierte en un mecanismo ejecutado desde el poder vía el uso de especialistas de la violencia, quienes se colocan en las zonas grises del Estado (Auyero, ) al hacer uso de prácticas ilegales apara garantizar cierta normalidad y uso del espacio público –pensamos en la represión de la protesta, en la prohibición del uso de explanadas públicas que son claros ejemplos de acciones inhibitorias del uso del espacio lesionando de facto derechos de manifestación y de expresión por parte de núcleos poblacionales que deberían contar con la respectiva garantía de sus derechos. El objetivo de garantizar su derecho es porque la manifestación guarda un principio en el que guardar una posición crítica ante el gobierno debe reforzarse como un derecho y su ejercicio en un contexto en el que el protestante es además un individuo vulnerable socialmente.
En manos de los jueces la garantía debe ser una obligación pues


            “... proteger la expresión de los críticos del gobierno, y en especial la de aquellos    críticos que se encuentran en una posición vulnerable, merece reforzarse todavía       más en países como la Argentina [pero no sólo en México], en donde la palabra, y sobre todo la palabra pública, está distribuida de acuerdo con el dinero que cada uno     tiene...” (Gargarella,2006:29)

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