LAS DOS CARAS DEL SUJETO

El sujeto es la cara de Jano, en él existe una cara que mira al pasado y otra al futuro, advirtiendo dos momentos que en procesos de cambios sociales, generan incertidumbres, que se institucionalizan a nivel de las organizaciones, y en el individuo genera miedo, una inestabilidad que no debe obviar el grado de indefensión a la que también se enfrenta el ciudadano.
Si a esta idea agregamos el dilema al que se enfrenta el sujeto frente a la indeterminada función estatal, tenemos un escenario poco plácido, veámos, el informe Latinobarómetro para el año 2007 ha mostrado que la imagen del Estado como actor fundamental para solucionar los problemas sociales, en México, ha mantenido una percepción social baja para atacar los problemas que aquejan a la sociedad nacional. Aún hay más datos, en 1998 año de la primera evaluación el índice de manera favorable presentó que las capacidades estatales eran del orden del 31% de los encuestados, el año de 2007 registró un porcentaje de aceptación al papel protagónico del Estado de 26%. La reducción en esta percepción salta a la vista. Sin embargo, lo interesante de esta valoración numérica es la consistente caída en la percepción social de la capacidad que los gobiernos tienen para encontrar los mecanismos gerentistas para ofrecer respuestas a los dilemas que aquejan el entorno social.
Destaco sólo dos, el desempleo y la inseguridad pública, elementos que reafirman una posible tesis altamente individualista, elemento donde más ha pegado un discurso altamente privatizador pues la percepción más intima de la persona se ve expuesta a esta cultura competitiva y poco solidaria, con lo que nos enfrentamos con un complicado mundo colectivo. En este sentido, regresando sobre el individuo, en él existe la certeza de que hay una injusta distribución de la riqueza, lo cual siempre genera un desequilibrio colectivo, en la medida de que no se puede generalizar una solidaridad que internalice los valores de la libertad en un ambiente de mutuo reconocimiento que sólo brinda la categoría universal del ciudadano.
Es decir estamos ante la presencia de un ciudadano fragmentado, que adolece de una gramática que internalice valores como la tolerancia y el sentido de comunidad política, que ante la pobreza de contenidos, la idea de democracia no logra sintetizar, de nada sirve que pensemos en una ciudadanía democrática como elemento que permite frenar la intrusión y sobreprotección del Estado (Habermas, 2008:20). Si los valores conformadores de una identidad democrática no tienen cabida como proyecto político hegemónico de inclusión.
Así el principal dilema la que se enfrenta el individuo, es apostarle a la democracia como proyecto ético, del que se derive la autonomía del sujeto como un proyecto de libertad, que se traduce en la existencia de una correspondencia entre las libertades individuales, razón constitutiva del individuo en su presencia privada, y el fortalecimiento de los atributos políticos del sujeto en tanto actor del espacio público, donde su más nítida expresión es su capacidad de participación en los asuntos de incumbencia colectiva.
Para decirlo en palabras de Alain Badiou, la democracia es el lugar del problema (Badiou, 2008:21), en el que el protagonismo del ciudadano como del individuo representa un ambiente de difícil restitución en momentos en los que la corporeidad estatal se diluye como institución instituyente de valores, para ello se piensa en la política como arena regeneradora de la multiplicidad de éticas que convergen en su interior, sin embargo mientras esto no ocurre no pensemos en comportamientos moralizados en el ámbito privado.
Un espacio privado que de la misma forma que ocurre en lo público, las libertades no son ilimitadas, se condicionan al reconocimiento del derecho del otro, de ahí que la política se convierta en un ejercicio ciudadano, ya no más en una identidad con el gobierno. Hoy en día la crítica a los partidos preocupa no porque asuman la representación de las sociedades, por el contrario se evalúa su presencia como parte del nuevo margen de acción de la política representativa que coexiste con proyectos participativos, en los que movimientos sociales y organizaciones civiles tienen mucho que ofrecer en un marco global de colaboración en un mundo social compartido ajeno a las fronteras nacionales.
De esta forma nuestro interés es revalorar una política como proyecto ético de cooperación e interacción colectiva que restituya capacidades de deliberación al sujeto, y que a su vez sea el motivo de comprensión de lo público más allá de la política representativa, pues la ética no se representa fuera del individuo, como las libertades no tienen sentido si el hombre no las implementa en un fin mediado por la idea de bienestar y desarrollo. He ahí el dilema de un proyecto democrático.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DESCONFIANZA CIUDADANA

La percepción negativa hacia los partidos políticos es un fenómeno que se ha generalizado en los últimos años, pues tenemos diversos ejercicios demoscópicos que han tratado de mostrar fotografías donde se valora el papel de los partidos en el entorno ciudadano. Como tema que impacta el desempeño de los gobiernos, el grado de aprobación para este sustantivo actor para la democracia es de suma importancia, pues referir a la función y papel que desempeñan las fuerzas políticas tanto de izquierda y de derecha determina la fortaleza y calidad del gobierno representativo. Es preocupante que el desempeño de los partidos sea evaluado a la baja por los ciudadanos, sobre todo en tiempos en que la discusión nacional y local se encuentra inmersa en posibles cambios constitucionales, pues los partidos han asumido el compromiso de llevar a cabo la discusión sobre asuntos como la “reforma petrolera”, la llamada Reforma del Estado, de ahí que surge una interrogante ingente de respuesta, debido a que la legitimidad de la acción política de los partidos puede estar a debate por ello, ¿qué tan válido es el acto de la representación y los actos que acometan en su calidad de representantes los partidos políticos, si los ciudadanos ponen en duda su capacidad para asumir legítimamente esta actividad política?
Es a partir de la pregunta anterior que, el problema escapa como un asunto de partidos, pues involucra el sentido de la representación, de la calidad de la democracia en tanto proyecto que busca vigorizar la vinculación ciudadano/gobierno, ciudadano/valores democráticos, como agenda vivificar este par de binomios nos ponen frente a elementos que hoy son importantes para un adecuado desarrollo de los Estados, estos elementos son en alguna medida indicadores de las deficiencias que la democratización política de la sociedad ha implicado, uno de estos valores es el elemento de la accountability ya sea en las distintas dimensiones en que ha sido valorada, pues la rendición de cuentas es un proceso de interacción y de responsabilidad de los cuerpos representativos ante el ciudadano, bajo un marco de respeto al imperio de la ley. Esta situación se hace extensiva a los partidos, quienes no adoptan los mecanismos de la accountability como elemento clave para establecer una relación intensa con los ciudadanos, por el contrario en una actitud reduccionista los partidos políticos han seguido estableciendo puentes de comunicación desde la variable electoral con la población, lo cual nos invita a pensar que la falta de confianza de la que hoy sufren, es en parte, producto de esta pobre visión que tienen sobre la ciudadanía. Es decir, los partidos siguen manejando un ciudadano en su cualidad más básica; esto es, los ciudadanos más allá de la acción electoral están eliminados como eje de la política.
La dimensión social, económica, cultural del concepto ciudadano al no formar parte de la gramática de los políticos, no sólo significa el desconocimiento del novísimo debate que prima en las ciencias sociales, sino que advierte un asunto más delicado, la nulidad de estos elementos más allá de la esfera política, también anulan agendas y temas que hoy perviven en el ámbito social y que representan nuevos referentes y problemas de los que se requiere atención por parte de la política institucional.
De ahí que podamos precisar que la calidad de la gestión de gobierno se ve impactada por los derechos ciudadanos, derechos que en su ejercicio van moldeando un ambiente de sociabilización que no puede escapar a cualquier actor u organización presente en la sociedad. No hay que olvidar que el sostenimiento de una democracia al requerir de demócratas, también requiere de cuerpos intermedios de representación que asuman los principios y valores que definen al régimen en cuestión, a saber: igualdad, tolerancia, pluralidad, libertad. Con estos valores y principios reproducidos y ejercidos por los miembros activos y pasivos seguramente se modificaría de manera sustantiva la percepción que los ciudadanos tienen sobre los partidos políticos, al abrir a la observación ciudadana los espacios y toma de decisiones. Esto significa que la democratización que beneficia la cotidiana vida del ciudadano, requiere generalizarse como un ejercicio permanente de hacer de la democracia un rasgo definitorio de la estructura organizacional de los partidos.
Más allá de la corrupción, de la falta de transparencia de sus actividades cotidianas, los partidos requieren atender la llamada de atención que estos estudios demoscópicos representan, como el reciente estudio titulado Encuesta Nacional 2008. Gobierno, Sociedad y Política elaborado por la Consultoría Gabinete de Comunicación Estratégica, donde se muestra que los partidos en una escala de cero a 10, rondan en un promedio nacional de 4.3 puntos de aceptación ciudadana, hecho a considerar pues entre las instituciones que mejor salen evaluadas se encuentra la familia, la iglesia, el ejército y las universidades.
Si hacemos uso de la definición funcional de los partidos como actores que tienen como objetivo la sociabilización de valores democráticos, la movilización de la opinión pública, así como coadyuvar en la creación de una cultura política, tenemos frente a nosotros un dilema si la ciudadanía se siente ajena a los partidos, al mostrar desconfianza producto del comportamiento que estos cuerpos de representación han manifestado frente a los asuntos públicos de gran calado en la opinión de la población. La tarea que resulta es de difícil resolución en tiempos en que el debate nacional tiene que asumirse como una actividad coordinada entre partidos y ciudadanos, para contrarrestar los proyectos altamente impopulares que tratan de conformar un nuevo rostro de país, alejados de la dimensión histórica y de los principios de justicia social que las tesis republicanas de buen gobierno han significado en el desarrollo nacional.