Conforme al artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en materia de garantías judiciales tiene todo ser humano se ha sustentado la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ordenar que el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes registre y reconozca los derecho políticos del ciudadano Martín Orozco quien será a partir del día de hoy candidato a Gobernador del estado de Aguascalientes por el Partido Acción Nacional.
El motivo que derivó en la decisión del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes se basó en que el ex presidente municipal Martín Orozco competidor por la gubernatura, está inmerso en un proceso judicial del que espera sentencia. El aludido sigue en libertad debido a que goza de un amparo que le permite seguir el proceso en esta condición. Dicho amparo le garantiza que evite pisar la cárcel ya que el juez le dictó auto de formal prisión por tráfico de influencias y uso indebido de la función pública.
El delito en cuestión, de tráfico de influencias, implica que cuando era presidente municipal adquirió unos terrenos propiedad del municipio, hasta aquí podríamos decir que no habría ningún problema pero en aquel momento que vino la compra Martín Orozco era un funcionario público en activo, con una responsabilidad pública que requiere un comportamiento ético y apegado a derecho. El desconocimiento de los procedimientos administrativos para la desincorporación o enajenación de bienes por parte del ahora ex presidente nos pone en una severa situación, y nos hace preguntarnos ¿qué gobernante desconoce los procedimientos administrativos materia de su cargo que desempeña?
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